Fabián Harari

El costo de la política

Suele decirse que las provincias menos prósperas conforman una estructura de tipo feudal: Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, estarían en manos de “señores feudales” y los problemas que las aquejan no serían, entonces, producto del capitalismo. En realidad, menos suculentas para el capital privado, estas provincias tienen como principal fuente de trabajo al empleo público, exigiendo fuertes desembolsos del presupuesto nacional bajo la forma de coparticipación. De hecho, San Luis es la provincia que mayor superávit per cápita registra en su balance con la Nación (La Nación, 21/03/04, p.8). El gobierno nacional financia esas provincias, que de otro modo se disolverían, a cambio de apoyo político. La coparticipación federal es la llave de una de las claves del sistema de dominación política: el Senado. Allí las provincias más chicas están sobrerepresentadas: Buenos Aires, con millones de habitantes, tiene tres senadores, los mismos que Santa Cruz, por ejemplo, cuya población cabe toda en un barrio de Capital. A su vez, el mandatario provincial utiliza ese presupuesto para poner en funcionamiento la provincia y sus lealtades políticas. Como es el único empleador, su familia y sus amigos dominan todos los cargos, controla los medios de comunicación y el otorgamiento de subsidios y préstamos. El que no es oficialista queda fuera del sistema y se transforma en un paria. Esa es la base del poder de los Saá, los Saadi, los Juárez, los Kirchner. No se trata entonces de feudalismo sino de la conformación de alianzas políticas a nivel nacional, en un país donde sólo una parte de él es viable para el capital privado. Un sistema de dominación cuyo origen se remonta a la Organización Nacional.

Este sistema de político tiene un enorme costo, que generalmente deben pagar los asalariados de las provincias más prósperas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé). Otro de los descontentos es el FMI y los grandes capitales, que exigen que esos fondos se usen para pagar la deuda externa y subsidiar al capital. En virtud de estos últimos reclamos es que se atacan los subsidios a estas provincias, comenzando por el desmantelamiento de las bases de su influencia política nacional: la eliminación del Colegio Electoral, el establecimiento de un tercer senador por la minoría por provincia y el pase de la atribución de aprobar los jueces al Consejo de la Magistratura. Detrás de esto está también el proyecto de regionalizar, unificando varias provincias en una (en su momento, el alfonsinismo llegó a acariciar la idea de eliminar el Senado). Las consecuencias políticas se manifiestan siempre como explosiones provinciales donde suele caer la familia gobernante y restaurarse el sistema por la vía de la intervención. Sin embargo, el interventor simplemente cambia el signo político de la provincia, sin poder realizar una cirugía definitiva, habida cuenta de que ella imposibilitaría la existencia de prácticamente la totalidad del proletariado provincial y de buena parte de la pequeña burguesía asociada al estado. El resultado final termina postergando el problema en vistas de la magnitud de la crisis que provocaría. La burguesía se encuentra, entonces, en la virtual imposibilidad de reformar un estado que es tan costoso como necesario para el mantenimiento de la dominación social. He ahí la raíz de las crisis y explosiones provinciales recurrentes.

Qué pasa en San Luis

Este año Kirchner se comprometió con el FMI a aprobar una nueva ley de coparticipación para reducir los envíos. San Luis es una de las provincias más perjudicadas por el ajuste. La Nación le adeuda $1.080 millones de pesos. Siendo una de las provincias que no emitió bonos, debió pagar, con una quita de los envíos, el rescate a los bonos provinciales, mientras el gobierno le congeló sus cuentas en el Banco Nación. Adolfo Rodríguez Saá intentó una alianza con Kirchner para mantener la vigencia del Régimen de Promoción Industrial, pero ambos fueron doblegados por De la Sota, Obeid, Duhalde y Solá. En este contexto, los Rodríguez Saá debieron buscar una salida política al presupuesto menguante, el cierre de empresas provinciales y a su aislamiento a nivel nacional.

Por su parte, Alberto Rodríguez Saá (el gobernador) se dedicó a crear una base política propia y evitar la radicalización de la fracción obrera desocupada creando el Plan de Inclusión Social (PIS). Sus beneficiarios, los llamados “Pico y Pala”, cobran un subsidio de $300, con contraprestación (generalmente en empresas privadas), en cheques que sólo pueden utilizarse en comercios adheridos. Reuniendo una masa de 45.000 trabajadores desocupados, este proyecto insume algo más del 25% del presupuesto provincial. Para ponerlo en marcha, el gobierno se vio obligado a reducir sus gastos: quitó a la Iglesia la administración de los cuatro principales hogares para niños y los fondos comprometidos para la erección de una nueva capilla en La Punta, congeló ascensos en la policía provincial, intervino la Dirección de Vialidad Municipal, suspendiendo a todos sus trabajadores, detuvo todas las obras públicas y, por último, derogó el Estatuto Docente, dando paso, entre otras disposiciones, a que los cargos sean ocupados por trabajadores PIS, interviniendo las escuelas con delegados normalizadores.

De la lucha de camarillas a la lucha de clases

La crisis comienza con las elecciones para intendente de la capital provincial, en noviembre de 2003, arrojando el absurdo caso de una ciudad con dos intendentes: Daniel Pérsico (por la oposición) y María Torrontegui (por el oficialismo). Para garantizar su elección, Pérsico puso un ejército privado de 150 personas a custodiar las urnas. Por su parte, el gobierno provincial eximió a los contribuyentes de todo pago, dejando al intendente opositor sin arcas y al municipio en estado de parálisis. Los trabajadores municipales comenzaron sus marchas a la legislatura a exigir el pago de sus salarios junto con los trabajadores viales, en apoyo de Pérsico. Hasta aquí el conflicto entre dos intendentes.

En este contexto, la Iglesia comenzó a azuzar la movilización para la restitución de los institutos y el descongelamiento de fondos. Marchas con el crucifijo y en silencio, que tenían por protagonistas a la pequeña burguesía afectada por la suspensión de las obras públicas. Por su parte, la policía se autoacuarteló y hubo que votar e implementar en forma urgente los ascensos. Es cierto que el gobierno movilizó trabajadores del PIS contra sus opositores, pero tan sólo 1.500 de los 45.000.

El salto en calidad y cantidad lo dio la entrada de los docentes y los padres, quienes se opusieron a la intervención de las escuelas y al nuevo estatuto. Se llegaron a tomar 75 escuelas en toda la provincia, acompañados de cortes de ruta, con marchas de hasta 25.000 personas, logrando la expulsión de los normalizadores. Las medidas se discutían en asambleas donde participaban padres, docentes y alumnos, en una verdadera confluencia de la clase obrera. Las consignas apuntaron directamente a la expulsión de Rodríguez Saá, su asociación con Kirchner (a raíz de la exhortación de Aníbal Fernández de levantar las acciones antes de dialogar), y la referencia al Argentinazo (“paso, paso, paso, se viene el Puntanazo”). Ante la perspetiva planteada, llegó la orden de frenar la movilización: la CTA tomó la dirección que ejercía la Iglesia y, junto con el gobierno nacional y el provincial, resolvieron una tregua obligando a cada sector a negociar por separado. ¿Por qué no se intervino la provincia? Porque no se había logrado controlar políticamente la movilización y existía el peligro de que los interventores fueran también impugnados.

El gobierno logró una tregua y el disciplinamiento de los Rodríguez Saá. Pero la causa de la crisis, la falta de base material para sostener la estructura de dominación política, persiste.  El intento del gobierno de Kirchner de reconstruir el capitalismo argentino, desemboca recurrentemente en crisis cuya resolución se posterga apenas se percibe que los remedios a mano, en lugar de conjurar, invocan a cada paso al fantasma piquetero.