Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de investigación de Crímenes
Sociales – CEICS
Kheyvis, diciembre 1993: otro crimen del capitalismo
El 20 de diciembre de 1993, se incendió en Olivos una discoteca en la que se celebraba una fiesta de egresados. Allí murieron 17 personas y otras 25 resultaron gravemente heridas. La discoteca se llamaba Kheyvis. Luego del 30 de diciembre de 2004, el caso fue rescatado del olvido y quedó permanentemente asociado a lo que sucedió en Cromañón. En el sentido común ha quedado instalado que la responsabilidad por estas muertes recae sobre dos jóvenes de 15 años, nunca identificados, que encendieron intencionalmente un sillón dentro del local. Y aquí las asociaciones con Cromañón, donde el dueño del lugar y los funcionarios públicos encargados de controlarlo aparecen directamente vinculados a las muertes, se desvanecen. Según lo medios de comunicación, en Kheyvis, los culpables se-rían estos dos jovencitos. Sin embargo, a poco de indagar en el hecho salta a la vista que el sentido común ha borrado de la historia una serie de elementos que habilitan la comparación, y que los jóvenes que supuestamente incendiaron el sillón no son más que el eslabón más débil de una larga cadena de causalidades y culpabilidades. Al igual que quienes en Cromañón encendieron la bengala, no son más que los chivos expiatorios que la justicia y la prensa burguesa encontraron para desviar la atención del verdadero culpable.
Tras los pasos del asesino
Las pericias han demostrado que el incendio de Kheyvis se inició por la combustión de un sillón, causada por una acción humana.1 Sin embargo, este no es el hecho que genera las muertes. Ese incendio podría haber sido extinguido, o en su defecto, el boliche podría haber sido evacuado sin víctimas fatales. Pero esto no sucedió porque en este crimen intervinieron otra serie de factores causales actualmente olvidados. En primer lugar, el local estaba recubierto de materiales altamente inflamables: el techo de chapa estaba cubierto por una capa de brea de 10 cm. de espesor. El cielorraso y las paredes estaban recubiertas de madera. Había telas plásticas como decorado, las alfombras eran de fibra sintética y los sillones eran de goma espuma, material que al arder emana cianuro. Los matafuegos eran escasos y gran parte de ellos no funcionaban. Por estas razones, a menos de diez minutos de iniciado el foco, el boliche se encontrara completamente en llamas.
También, al igual que en Cromañón, la puerta de emergencia de Kheyvis se encontraba cerrada con un candado. La salida principal también se encontraba obstruida, ya que frente a ella se estacionaban motocicletas. Las ventanas estaban selladas con bulones para evitar que el sonido se filtraran al exterior. La capacidad del boliche, 280 personas según la habilitación, se encontraba esa noche excedida en más de un 200%, ya que los concurrentes oscilaban entre las 600 y las 800 personas, según diferentes versiones.
Fue cuestionado también el accionar de los bomberos, quienes, según algunos vecinos, habrían llegado 45 minutos tarde. A ello se debe que 11 de los 17 muertos hayan sido empleados del boliche que fallecieron a fuerza de entrar una y otra vez a rescatar gente del interior. Los testimonios señalan, además, que los bomberos no contaban con la suficiente presión de agua en sus autobombas para apagar el incendio. La atención médica no se quedó atrás: los testimonios señalan que la primera ambulancia llegó 50 minutos tarde, por lo que las víctimas debieron ser trasladadas a los hospitales en vehículos particulares, detenidos a la fuerza por los sobrevivientes sobre la Avenida del Libertador. Las similitudes con Cromañón no se acaban aquí. Posteriormente, fueron apareciendo las irregularidades en el sistema de control municipal que posibilitaron que un boliche funcionara en tales condiciones. El boliche había sido inspeccionado diez veces en el año y medio anterior al incendio. La última, nueve días antes del crimen. No era para menos: el local se encontraba emplazado frente a la residencia presidencial. Sin embargo nada se detectó en esas inspecciones. Los empleados del lugar han denunciado que los inspectores llegaban, estaban unos minutos, hacían algunas observaciones superficiales y se retiraban, previo paso por la oficina pagos al personal. Los empleados solían escuchar las quejas de los dueños por las coimas que debían pagar.2 A pesar de sus regulares visitas, los inspectores nunca denunciaron la incongruencia entre los planos habilitados, según los cuales había cinco puertas de salida, y el lugar que sólo contaba con dos puertas, una de ellas clausurada. Por estas irregularidades -y las sospechosas omisiones- fueron procesados once inspectores, uno de los dueños del boliche, una arquitecta que trabajaba en la municipalidad y la Jefa de Habilitaciones de la comuna.
A pesar de hechos tan evidentes, no faltaron quienes intentaron culpabilizar a las víctimas. El Obispo de San isidro, Monseñor Jorge Casaretto, señaló que era necesario revisar estas fiestas estudiantiles, que normalmente escapan al control de los padres y los colegios.3 Más allá fue el secretario de Seguridad bonaerense, Eduardo Petiggiani, quien señaló que “son los padres quienes deberían controlar cómo se divierten sus hijos”.4 Junto a ellos, la prensa burguesa se ocupó de poner el foco sobre las personas que encendieron el sillón, la principal línea de investigación que siguieron la policía y la justicia.
Todos estos elementos nos permiten señalar que el incendio en Kheyvis es, al igual que Cromañón, un crimen social. Nuevamente vemos a la misma clase social culpable del crimen de Cromañón, la burguesía, repetir una línea de conducta. Actuó en Kheyvis de la misma manera que en Cromañón, anteponiendo
la obtención ganancias a la seguridad de las personas que usufructúan sus servicios. El Estado burgués muestra también su capacidad para hacer la vista gorda frente a los delitos de la clase dominante y su ineficiencia para hacer frente a las consecuencias de su acción.
Se desatan las voces
Lo sucedido en Kheyvis sacó a la luz una serie de denuncias que mostraron que el problema de la seguridad en los locales de baile no era exclusivo del boliche de Olivos. A los pocos días del siniestro, un concejal de la Capital Federal, Mario Grandinetti, salió a denunciar que en ese municipio los boliches no cumplían con la reglamentación contra incendios. El ombudsman porteño, Antonio Cartañá, denunció que muchas de las discotecas de Capital se encontraban “mal habilitadas” y que “en la Municipalidad no hay voluntad política para aplicar con rigor las ordenanzas vigentes”.5 Señaló, a su vez, que ya era común la práctica de permitir el ingreso de gente por encima de lo permitido por las habilitaciones. Algunos empresarios y productores de discotecas también salieron a denunciar a sus colegas. Uno de ellos afirmó que “en el medio, nadie ignora que las inspecciones son flexibles”. En el mismo sentido, Claudio Suárez, encargado de publicidad de la disco New York City, señaló que “algunas discos son verdaderas bombas de tiempo. En el último año se inauguraron no menos de 15 discos chicas […] y dudo que las habilitaciones hayan sido dadas cumpliendo las normas rigurosamente […]”.6 El director nacional de Defensa Civil afirmaba para la misma fecha que “en los lugares donde hay grandes concentraciones de gente no se respetaron ni se respetan las normas mínimas de seguridad pública”, señalando que esto se debe a que “hay una tendencia a evitar costos y los sistemas de seguridad cuestan caro”.
La prensa también se encargó de indagar en la historia de este tipo de “tragedias”. Entre los “accidentes” más importantes sucedidos en discotecas en los últimos 50 años, el incendio en Alcalá 20 en Madrid, España, en 1983, es uno de los más importantes. En esa ocasión un cortocircuito y las puertas de emergencia cerradas causaron la muerte de 83 personas. Posteriormente, en el 2003, en la discoteca Epitome de Chicago, Estados Unidos, 21 personas fallecieron producto de una estampida en un local que albergaba a 1.500 personas, el doble de su capacidad permitida. Nuestra investigación lleva contabilizados 9 hechos similares en la Argentina y 19 en el resto del mundo, en lugares tan insospechados de corruptos como Canadá, Suecia, Holanda o Estados Unidos. Los muertos se apilan por cientos y las “fallas de seguridad” se repiten. Detrás de ellos encontramos siempre a un mismo culpable, el capitalismo, que asume la forma de empresarios inescrupulosos y estados que no los controlan.7
Un final cantado
¿Qué sucedió, casi 13 años después, con los culpables del crimen de Kheyvis? Sólo fueron condenados algunos funcionarios menores y uno de los dueños del local, a penas mínimas que permitieron su excarcelación. Los inspectores acusados de corrupción quedaron libres con fianzas de $200 y no se les inició, siquiera, un sumario administrativo. No llegaron a ser condenados y siguieron desempeñando diversos cargos en el municipio de Vicente López. Uno de ellos, Manuel Ferreiro, fue ascendido a comienzos de 2005 a Director General de Seguridad del Municipio. Finalmente, la causa proscribió sin llegar a detectar responsabilidades en los niveles jerárquicos. Quien en ese entonces era intendente del municipio, Enrique “el japonés” García, de extracción radical, sigue desempeñando actualmente el mismo cargo, sin que su continuidad haya sido puesta en duda ni un segundo. El escándalo ni siquiera llegó a rozar a quien gobernaba entonces la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
Frente a la más reciente novedad en el caso Cromañón, el sobreseimiento de Aníbal Ibarra, podemos aventurar que el futuro que le depara la justicia burguesa a los culpables del crimen de Once no es muy distinto. Sin embargo, la situación en que la burguesía argentina se mueve luego del Argentinazo permite vislumbrar ciertas diferencias entre Kheyvis y Cromañón. Mientras que en 1993, en medio de un profundo reflujo, el reclamo de los padres de los chicos fallecidos casi no encontró eco entre la población, el crimen de fines de 2004 dio lugar a un enorme proceso de movilización y organización que sólo puede ser explicado a la luz de los sucesos de diciembre de 2001. La lucha consiguió la destitución de uno de los máximos culpables del hecho, Ibarra. Consiguió, también, tener en vilo a la justicia, que se vio obligada a mantener tras la rejas a otro de los culpables, Omar Chabán, y que debió esperar a que las aguas se aquietaran para comenzar a desligar a Ibarra y a sus funcionarios. La comparación de ambos hechos demuestra lo que es capaz de hacer la justicia burguesa cuando tiene las manos libres y cuáles son los métodos con que se puede obtener un mínimo de justicia bajo el capitalismo.
Notas
1Reconstrucción hecha en base a la información de los diarios Clarín, 21 de diciembre de 1993, 22 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2003; Página/12, 21 de diciembre de 1993; La Nación, 21 de diciembre de 2003.
2Página 12, 24 de enero de 2005. 3Clarín, 22 de diciembre de 1993. 4Clarín, 23 diciembre de 1993. 5Clarín, 26 de diciembre de 1993. 6Idem.
7Clarín 21 de diciembre de 1993, La Nación 21 de diciembre de 1993, www.infobae.com
