Tamara Seiffer y Nicolás Villanova
TES – CEICS
Mucho se habla sobre la política social, todo el mundo parece tener algo para decir y, sin embargo, poco se sabe de ella. Abundan las lecturas que presentan a las políticas sociales como constitutivamente “buenas”. El sentido común suele tomar a cualquier acción a la que se le pone el adjetivo de “social” como algo bueno: la política económica es mala, la política social es buena; la economía a secas es mala, la economía social es buena. Veamos qué función cumplen actualmente las políticas sociales.
A diferencia de otros sistemas sociales, bajo el capitalismo la reproducción de los trabajadores no está asegurada. En la antigüedad clásica era impensable que un esclavo se muriera de hambre o que estuviera desempleado. Tanto su empleo como su reproducción física estaban garantizados. Bajo el capitalismo en cambio, esto no ocurre. Los obreros venden su fuerza de trabajo en el mercado, pero pueden no encontrar comprador y por eso verse forzados al desempleo. También ocurre que vendan su fuerza de trabajo por un salario que no sea suficiente para asegurar su reproducción. Cabe aclarar que asegurar su reproducción implica, por un lado, reponer todas las condiciones necesarias para que este trabajador pueda continuar trabajando, y, por otro, asegurar el sustento de su familia y particularmente de sus hijos de tal modo que el capital se garantice trabajadores en las futuras generaciones.
Sin embargo, es un interés general del capital asegurarse que la fuerza de trabajo que no emplea hoy permanezca disponible en caso de que la actividad económica requiriera de ella. De esto se ocupa el Estado como representante de los intereses generales de la burguesía a través de las políticas sociales. Es posible que a empresarios particulares estas políticas sociales les resulten onerosas o no funcionales, pero no lo son desde el punto de vista del conjunto de la burguesía en el largo plazo. Este punto de vista es el que encarna el Estado. Cabe aclarar también que pese a las incesantes quejas de los capitalistas individuales o de fracciones completas de la burguesía sobre el costo de estas políticas, en realidad ellas son financiadas con plusvalía arrancada a otras fracciones de la clase obrera. Incluso en el momento de mayor desarrollo de las políticas sociales, los dorados años ’50, no es posible hablar de un verdadero “salario social” o “Estado de bienestar”, tal como se los entiende como transferencia a la clase obrera por vía estatal de ingresos extraídos a la burguesía. En sus estudios, Shaikh ha demostrado que el Estado no otorgaba ingresos extra a la clase obrera, puesto que lo que le quitaba por vía de impuestos era más de lo que le entregaba por vía de subsidios y políticas sociales.(1) Claro que las principales fracciones de la clase obrera que tributan al Estado no son las mismas que las que reciben subsidios. Las capas receptoras de los subsidios pertenecen a la sobrepoblación relativa, es decir, las fracciones obreras que el capital no explota en condiciones medias de productividad y que por ende no tienen fuentes de ingresos por encontrarse desempleados o que perciben salarios por debajo del nivel de subsistencia en actividades como el trabajo a domicilio, changas, etc.
La política asistencial del primer gobierno kirchnerista se erigió sobre tres grandes planes asistenciales a nivel nacional: el “Hambre más Urgente”, el “Familias por la inclusión social” y el “Manos a la Obra”. El primero se dirige fundamentalmente a aquellas fracciones de la clase obrera que sólo se reproducen al límite de su existencia biológica. En tanto carecen de salario, no logran conseguir las mercancías que constituyen sus medios de vida y, por tanto, deben recibirlos de manera directa. El Plan “Familias” se dirige a mujeres que, por un lado, carecen de un salario, no tienen esposo y se encuentran a cargo de niños; y, por otro, trabajadoras ocupadas o que conviven con alguien que trabaja, pero que venden su fuerza de trabajo por debajo de su valor. El Plan “Manos a la obra” se dirige en primer lugar a trabajadores jóvenes, calificándolos para el trabajo en caso de que haya demanda. Es también una compensación para los sectores que venden su fuerza de trabajo de forma permanente por debajo de su valor y un subsidio para aquellos que no pueden acceder a los medios de vida por el salario obtenido. Como vemos, el perfil de los beneficiarios de planes evidencia una situación irregular en su actividad laboral, así como también, su condición de desempleo. Una encuesta realizada a personas que pidieron el Plan Familias llega a los siguientes resultados: del total de jefes beneficiarios, el 64% era ocupado mientras que el resto se encontraba como inactivo o buscaba trabajo sin éxito. De los ocupados, el 18% realizaba tareas en el servicio doméstico y un 36% en trabajos temporarios (changas). A su vez, en el 6% de los hogares beneficiarios había, al menos, un niño de hasta 14 años que habría realizado alguna actividad con el fin de ayudar al sostén del hogar.(2) Algo semejante ocurre con el perfil de las mujeres que van a pedir la Asignación Universal por Hijo, según los resultados obtenidos a partir de la encuesta del TES.(3) Del 61% que no tiene trabajo estable, el 34% realiza alguna changa, mientras que el resto es desocupado pleno. De sus familiares con quienes conviven, sólo en el 58% de los casos algún miembro trabaja, mayoritariamente en negro, o realiza alguna changa. Las actividades que realizan tanto los trabajadores estables como inestables son, en general, los empleos en la costura, construcción y el servicio doméstico. Mientras que los primeros cobran en promedio 1.013 pesos mensuales, los changarines llegan a percibir 511 pesos.
Estos ejemplos muestran cómo las políticas sociales están destinadas a diferentes fracciones de la sobrepoblación relativa, buscando garantizar su reproducción y disponibilidad futura. Pero a pesar de que esto constituye un interés a largo plazo de la burguesía en su conjunto, ella no se decide a efectuar este “gasto” si no es bajo la presión de la lucha de clases. De este modo, en el momento de mayor avance político de la clase obrera (2001-2002) se consiguen políticas sociales de carácter más universal (Plan Jefes) y que otorgan un nivel de compra relativamente importante si se comparan con los subsidios actuales en pesos devaluados que soportan la escalada inflacionaria. A su vez, toda la ingeniería asistencial desplegada tras el Argentinazo representa un intento de la burguesía de restablecer su hegemonía reconstruyendo los vínculos con las fracciones de la clase obrera que componen la sobrepoblación relativa y que conformaron el movimiento piquetero. Pero la capacidad para desplegar este tipo de políticas está limitada por la crisis y la evolución de los precios agrarios puede impactar fuertemente sobre ella. Por lo pronto, el hecho de que la vedette de este año en cuanto a políticas sociales haya sido la Asignación Universal por Hijo, que claramente se financia con recursos que les pertenecen a otras fracciones de la clase obrera como son los fondos del ANSES, prueba lo que ya hemos dicho de los gastos sociales en general y lo poco que la clase obrera puede esperar de la burguesía.
NOTAS:
(1) Shaikh, A. y E. A. Tonak: “The Welfare State and the Myth of the Social Wage”, en R. Cherry, et. al.: The Emperiled Economy, URPE, Nueva York, 1987.
(2) Fuente: Encuesta realizada a beneficiarios del Programa por la Inclusión social. Datos Provisorios, julio de 2008, www.ciudadaniasocial.org.ar; y Ministerio de Desarrollo Social.
(3) Véase infografía en la página anterior.
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