En medio de la campaña, apareció en el escenario político un nuevo conflicto entre el gobierno y la dirección de la CGT. Se dejó entrever que el kirchnerismo tenía un candidato para suceder a Moyano como secretario general, cuyo mandato finaliza en junio de 2012. El aspirante no era otro que Gerardo Martínez, ministro de Trabajo durante el menemismo. Sin embargo, desde el moyanismo no se quedaron con los brazos cruzados y filtraron a la prensa que Martínez habría integrado la nómina del personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura militar y que estaba siendo investigado por la justicia federal, entre otras cosas, por su participación en la desaparición forzada de cientos de trabajadores de la UOCRA.
En este contexto, la reacción de los periodistas del gobierno fue ridícula. Verbitsky señaló que el gobierno “sugería”, no “impulsaba” a Gerardo Martínez, y que “el gobierno nacional tiene un informe descalificatorio sobre la situación de Martínez durante la última dictadura militar”.1 Lo cierto es que ese informe nunca tomó estado público, ni fue presentado en el marco de la causa por la que se investiga a Martínez. Con todo, el gobierno tuvo que abandonar a su candidato y mirar a otros horizontes.
La estrategia de Cristina, luego de que salió a la luz la historia de Martínez, habría sido desgastar el vínculo entre Omar Viviani y Moyano. Se llamó a una reunión al primero sin la presencia del segundo. Allí se lo alentó a ser el heredero de Moyano. Sin embargo, los candidatos oficiales para sucederlo serían Caló, de la UOM, y Ricardo Pignanelli, del SMATA.2 Ambos pertenecen al sector “independiente” que se postula como prenda de unidad entre los “gordos” y el moyanismo. Aunque la sucesión debía esperar hasta el año que viene, el “gordo” Lescano, de Luz y Fuerza, salió a decir que el camionero debía retirarse de la CGT luego del 23 de octubre. No obstante, hubo un acuerdo para que Moyano termine su mandato.
Derrotado y amenazado
Moyano pergeñó su contraataque en la negociación por el salario mínimo. Para ello, incorporó, por primera vez, a la CTA, previa reunión con Yasky. Planeaba llegar cerca del 41% de aumento del salario mínimo y elevar el piso al impuesto a las ganancias. Sin embargo, fracasó y tuvo que conformarse con el 25% y una promesa de discusión de las asignaciones familiares. Un fracaso compartido con el ala kirchnerista de la CTA. A todo esto, se debe agregar que, en las paritarias de su gremio, había conseguido el 24% (un poco debajo de la inflación). En cambio, otros gremios lograron el 36% (visitadores médicos) y el 32% (UOM).
El único reclamo que unificaba a todos los sindicalistas era el reclamo de la deuda por las obras sociales de 9 mil millones de pesos. Sin embargo, Moyano recientemente sólo logró un compromiso de 1.000 y la amenaza de la estatización de las obras sociales.3 La pretensión del gobierno es transferir los fondos destinados a los sindicatos, para las obras sociales, al Estado, representado por un organismo oficial de salud que se encargaría de subcontratar los servicios, tal como hacen las obras sociales. Esto es, estatizarían los fondos de las obras sociales. Aun se desconoce cómo se llevará a cabo fehacientemente la medida, qué bloques impulsarían la reforma de la Ley de Obras Sociales (nº 23.660) y en su caso cuáles son las posiciones legislativas.
Curiosamente, los dos proyectos de ingerencia estatal en este aspecto son radicales. El primero es el del senador “Nito” Artaza, que prescribe las obligaciones de informar respecto del destino de la recaudación de las obras sociales, la presentación de informes, con el objetivo que tanto los asociados como los organismos del Estado puedan ejercer un control a ese respecto, pero nada dice de la transferencia de los fondos de los sindicatos al Estado.
Prácticamente en el mismo sentido se erige la propuesta de reforma de Gerardo Morales, titulada Proyecto de Transparencia Sindical. La propuesta establece el carácter de la recaudación de las obras sociales, la publicidad de su destino, las formalidades a cumplir en este sentido y demás cuestiones administrativas, pero nuevamente no menciona la transferencia de los fondos de las obras sociales al estado. Sin embargo, varios medios insisten en que existen otros borradores del proyecto que circulan entre economistas vinculados al Gobierno.[4] El objetivo parece ser la separación del patrimonio de las obras sociales del patrimonio de los sindicatos. Además, existe una idea alrededor de este proyecto de reforma. En este estado de cosas y frente al anuncio del gobierno, el secretario gremial de la CGT, Omar Viviani, defendió el sistema de obras sociales sindicales de acuerdo a la versión de la eventual estatización. Pero al mismo tiempo afirmó que estaban interrumpidas las comunicaciones entre el gobierno y la central obrera desde hace varios meses. Está todo dicho…
La estatización de las obras sociales puede ser un rumor echado a correr para amenazar a Moyano frente al Consejo y al reclamo de la deuda. En ese sentido, tuvo efecto. Pero también puede ser un instrumento para hacer caja y multiplicar una política de subsidios y manejo de presupuestos provinciales y municipales. Con todo, más allá de la dirección sindical, la estatización de las obras sociales es un ataque a una conquista de la clase obrera que permite que los trabajadores controlen, a través de sus dirigentes, la asistencia social que brinda el sindicato.
El ataque a Moyano no es reciente. Néstor, antes de morir, había pactado una reunión con Lescano para planificar la salida del camionero. Es público que el fin de semana de su deceso, el ex presidente discutió con el dirigente sindical y se negó a interferir por su causa judicial. Estos conflictos son una expresión de un proceso de cierre de la crisis política y del bonapartismo. Moyano representa, aún con toda su mezquindad, a la fracción más reformista, frente a los “gordos” y los “independientes”. Llegó a la CGT luego del 2001 y la lideró mientras se mantuvo abierta la crisis. Fue uno de los más conspicuos representantes del bonapartismo, en la medida que representaba, deformadamente, la fuerza de la clase obrera. Con la perspectiva y la intención del cierre del Argentinazo, sus funciones empiezan a agotarse. El cambio en la CGT puede implicar la salida del camionero, un “moyanismo sin Moyano” de Viviani o la continuidad del secretario, previa conversión. De cualquier forma que tome, la central va a empezar a perecerse a la de los ’90.
2 Véase http://www.lanacion.com.ar/1400509-para-el-gobierno-moyano-es-el-pasado
3 Véase http://www.ieco.clarin.com/economia/reforma-sociales-reavivo-pulseada-Moyano_0_542945764.html, entre otros.
4 Véase http://www.ieco.clarin.com/economia/reforma-sociales-reavivo-pulseada-Moyano_0_542945764.html