A fines del año pasado se llevó a cabo el segundo operativo Aprender 2017 en todo el país, pese al rechazo de numerosos sindicatos docentes. ¿De qué se trata este operativo? Se trata de un programa censal. Todos los alumnos de cursos determinados de todo el país deben responder a un mismo cuestionario. Por eso se dice que las pruebas son “estandarizadas”. También se dice que son “externas”: no emergen directamente de las actividades de evaluación que cada docente hace a su grupo de alumnos durante el año, sino que se trata de un cuestionario que fue pensado por “especialistas” que están fuera del espacio escolar de trabajo y que se aplicará por única vez.
A este tipo de operativos no le faltan antecedentes: desde los ’90 para acá, se repitieron diferentes operativos evaluadores, bajo el menemismo y el kirchnerismo. También hubo un proyecto “PRO” que no se implementó. En 2011, Bullrich proyectaba una evaluación-diagnóstico en CABA, a la que condicionaba estabilidad laboral y plus salariales.
Pero, ¿qué busca el operativo? El gobierno dice que su fin es “mejorar”: obtener información periódica y estratégica, para diseñar políticas públicas. Pero, por lo bajo, desliza que el problema de la calidad se origina en el gran ausentismo docente y una deficiente selección de los futuros maestros. A esto agregan que tomarles examen a los graduados sería una buena idea. Todo para concluir lo que ya tiene pensado de antemano: que necesitamos una “escuela” del “futuro”. Aquí entra en juego la reforma educativa, que como vimos en números anteriores, busca degradar aún más la escuela, con el verso del “cambio de paradigma”.
La realidad es que el gobierno usará los resultados como variable de ajuste sobre los docentes y como justificativo para sus planes educativos. Las Aprender van a arrojar los mismos resultados que en los últimos veinte años, con mayor nivel de detalle: uno de cada tres tiene dificultades serias de lecto-comprensión y no puede realizar operaciones matemáticas elementales, uno cada dos no puede resumir ni inferir información no textual. Esos resultados se agravan en las provincias más pobres de nuestro país: la mitad no comprende lo que lee. Esa es la educación que recibe la población que para este sistema social “sobra”.
Ahora bien, para levantar una política contra este operativo no basta limitarse a predicar la filosofía K: “no te lo cuento para no estigmatizar”, tal como Kicillof hizo con la pobreza. Al contrario: tenemos que mostrar que los docentes no tienen la culpa, sino el Estado y la clase que nos gobierna. Tenemos que adueñarnos de esos resultados para responsabilizar al Estado que degradó la educación poniendo en marcha la descentralización educativa, Ley Federal, La Nueva Secundaria, la del futuro y el Fines 2. Hay que evaluar a los evaluadores. Con o sin pruebas, los problemas van a seguir ahí. Tenemos que explicar que el origen del problema está fuera de la escuela: está en este mismo sistema social, que lleva a un desastre educativo. La burguesía no quiere obreros calificados, quiere obreros baratos y embrutecidos. Así, con o sin evaluación, las escuelas públicas para los hijos de los trabajadores van a seguir sumergidas en el mismo desastre educativo.
De este modo, se vuelve más urgente que nunca un congreso de educadores en el marco de un plan de lucha para discutir las verdaderas causas de la degradación. Una de las formas posibles para empezar a reagruparnos y dar un paso ofensivo.
