El lado oscuro del Estado.
Por Valeria Sleiman
La muerte del fiscal Alberto Nisman y la crisis política que esta desató pusieron en el centro de la escena la cuestión sobre qué son los servicios de inteligencia del Estado, para qué sirven y qué intereses representan. Veamos.
Los servicios de inteligencia constituyen el corazón del Estado, pues en ellos se deciden los extremos más relevantes de la política nacional. Es decir, de allí parten las decisiones más importantes, como acuerdos comerciales, militares, objetivos de la represión, información sobre opositores y demás.Los resultados que se obtienen de la actividad de inteligencia son los que respaldan las grandes decisiones.Suele creerse que el poder de los servicios es tal que gozan de autonomía respecto del gobierno. Lo cierto es que no son ajenos a él ni a su personal político.
Las tensiones actuales muestran una crisis en su interior que sólo ha producido una modificación en torno del personal al que responden, pero deja intactos los intereses de clase que encarnan: podrán romper con el kirchnerismo, pero se realinean detrás de Sergio Massa o Mauricio Macri, según cada caso.Con independencia de ello, siempre responden al Estado. La causa Amia es un hecho testigo en ese sentido. Todos los gobiernos de turno, desde el atentado, han sido encubridores. Lo han hecho alineados con los intereses de la Embajada norteamericana y han contado con la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) para ello.
La desaparición de la famosa pista “siria” y el énfasis en la pista “iraní” fueron producto de esta vinculación con el bloque Estados Unidos-Israel, íntimamente ligado al atentado.Esto evidencia, además, que los servicios se encuentran infiltrados por organismos internacionales. Es sabido que Nisman pedía el aval de los cursos de investigación a la Embajada norteamericana, y que respondía a Antonio Stiuso, quien es agente de la agencia de inteligencia norteamericana (CIA) y el Mossad.En este sentido, no es casual que la crisis de inteligencia detonara luego de la cuestión de los fondos buitre, cuando el Gobierno comenzó a alinearse crecientemente con Rusia y China.
En octubre de 2014, Cristina Fernández firmaba cinco convenios de cooperación con Vladimir Putin sobre el uso pacífico de la energía nuclear, asistencia recíproca y extradición en materia penal y comunicación masiva.
También firmó acuerdos con la República Popular China relativos a cooperación económica e inversiones en ferrocarriles, agro, industria naviera, infraestructura, energía, minería y la autorización para instalar una base espacial en Neuquén.
Esta transformación de las alianzas internacionales del Estado produjo un quiebre dentro del aparato de inteligencia y una readecuación de fuerzas en su interior. Había que barrer con el sector fiel al bloque Estados Unidos-Israel, comandado por Stiuso, y garantizar uno nuevo: así surge Fernando Pocino y compañía como agentes clave de inteligencia.
A espaldas de la sociedad
El otro elemento constitutivo de los servicios es su carácter secreto, su accionar a espaldas del conjunto de la población. La actividad de los servicios es secreta en varios aspectos. Primero, por su contenido, pues no sabemos qué se investiga, a quién ni para qué.
La información no se desclasifica, o se desclasifica con algún fin determinado (por ejemplo: a requerimiento de la Justicia), por lo que tampoco se convierte en pública sino sólo para quienes son parte en la causa en la que se solicita. Segundo, el secreto alcanza al personal político que compone la inteligencia del Estado. No sólo no sabemos quiénes son sino que tampoco los elegimos, cuestión que aparece como fundamental si recordamos que ese personal va a ser el que interviene en las decisiones centrales.
¿Por qué la democracia no alcanza a los servicios de inteligencia? La respuesta es sencilla y se encuentra en lo que señalábamos al principio: resguarda los intereses del Estado y es la base sobre la que descansan sus grandes decisiones. Son, por lo tanto, el reaseguro de los intereses de una minoría: la minoría que nos gobierna.
Este hecho queda demostrado con sólo hacer un breve repaso de su accionar en los últimos 40 años: la Side participó en el plan Cóndor en la década de 1970 para la represión de las fuerzas revolucionarias en América latina; inventó la pista Telleldín para encubrir la causa Amia; pagó coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa para aprobar la llamada ley Banelco, que avanzaba en la flexibilización laboral, y participó en la represión de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Cuando los que gobiernan lo hacen en función de los intereses de una minoría, buena parte de sus maniobras deben permanecer ocultas a la mayoría. Y cuando esa minoría no puede poner orden en sus propios servicios de inteligencia estamos frente a un proceso de descomposición del Estado, que es lo que ocurre en estos momentos.
El principal rehén de esta descomposición es la población, que ve peligrar sus derechos políticos básicos en un país donde el homicidio político empieza a aparecer en el horizonte. Una “mejicanización” de la Argentina es una tendencia posible.
Frente a ello, la única salida posible es una sociedad que encarne los intereses de la mayoría. Con ella, no será necesario mantener ocultas las maniobras del Estado, porque no atentarán contra la vida de la mayoría, sino que serán su salvaguarda.
