Nota, con entrevista a Nicolás Villanova, sobre el problema de la vivienda. En AIM Digital (14/04/2014)

en Prensa-escrita

Advierten que el problema del acceso a la vivienda es real y tiende a agravarse

14/04/2014

La falta de condiciones de posibilidad para el acceso a la vivienda es un síntoma más del capitalismo como la relación social dominante que afecta a la clase trabajadora y la pequeña burguesía en Argentina y el mundo, denunció a AIM Nicolás Villanova, integrante del Taller de Estudios Sociales (TES) del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics). En ese marco, el sociólogo advirtió que el conflicto “se agravará con la profundización de la crisis”. Ante esta cartografía compleja planteó que la consciencia de clase es el eje vertebrador de un programa que busca arrancarle al Estado de clase políticas sociales y cambios estructurales.

Los gobiernos nacional y provinciales vulneran los derechos de muchos para proteger el de unos pocos; así la propiedad privada cercena la libertad de las mayorías desposeídas, principalmente de una fracción del proletariado, que más allá de su pugna diaria por la subsistencia está dispuesto a arriesgar su propia vida para extirparle al Estado de clase migajas para una vida digna.

Villanova explicó a esta Agencia que si se analizan las tendencias más generales a propósito del problema de la vivienda y déficit habitacional “se observa que bajo el régimen capitalista, que impera en el mundo y en Argentina, parece no haber cierto grado de reversión, es decir, cada vez es más problemático el problema de la vivienda porque se vive en peores condiciones, los obreros en las villas están más hacinados y es más difícil acceder a casa propia”.

En ese marco, el investigador detalló que desde el Taller de Estudios Sociales se realiza desde el 2009 un relevamiento nacional, que analiza diferentes variables entre las que se encuentran cómo los alquileres afectan a las fracciones más pauperizadas de la clase obrera. Precisamente, el estudio devela que en estos años “los precios de las viviendas en las villas, en las pensiones familiares que hay en Buenos Aires y en los departamentos más baratos en las zonas más accesibles, se incrementó anualmente entre un 35 y un 60 por ciento, lo que pone de manifiesto un incremento exponencial en los precios de los alquileres que afectan notoriamente a la clase obrera en general, pero, sobre todo, a las fracciones más pauperizadas de la clase”.

Al respecto, detalló que los desocupados, obreros precarizados, trabajadores en negro o los cartoneros “sólo pueden alquilar una pieza de tres por tres metros con piso de tierra y con baño compartido en una villa en Buenos Aires, que cuesta 1000 pesos, aproximadamente, ya que alquilar un mono ambiente en la zona de Lugano, que es una de las zonas más baratas de la ciudad hoy cuesta  2500 pesos, a lo que hay que sumarle expensas, dos garantías que hay que presentar y los dos depósitos que hay que anticipar a la inmobiliaria, lo que se torna inaccesible”.

Sin embargo, el conflicto se despliega más allá de los que el sistema considera como parias -la fracción más vulnerable del proletariado-, ya que “hoy por hoy ni clase obrera ni, incluso, una fracción de la pequeña burguesía puede acceder a la propiedad de la vivienda, cada vez está más caro”.

El gobierno de Macri, un ejemplo de marginalidad

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los tantos ejemplos de los Estados locales que sostienen la marginalidad, ya excluye a los obreros más precarizados en la periferia no solamente con los dispositivos coercitivos que crinan la ciudad sino mediante subsidios paupérrimos que yectan a los más vulnerables a las villas.

Ante ese panorama, Villanova detalló que “el Estado porteño otorga subsidios habitacionales muy bajos que no alcanzan para alquilar otro tipo de vivienda que no sea una pieza en una villa, a lo que se suma que se pagan en diez cuotas y no son renovables, de modo que la asistencia que otorga el gobierno es un paliativo que resuelve parcialmente por diez meses el conflicto, sin tener en cuenta que ese subsidio no alcanza para una vivienda digna”. Sin embargo, el sociólogo comentó que la asistencia estatal “tiende a crecer porque cada vez hay una mayor cantidad de personas en situación de calle que asiste a los paradores”.

“Acá hay que preguntarse qué pasará cuando se manifieste más agudamente la crisis, es decir, toda la población o quedará desamparada o los problemas de vivienda se multiplicarán, ya que hay un problema real que tiende a agravarse, por lo que, en principio, hay que apostar a una organización de la clase trabajadora para ver cómo se puede disputar un mayor presupuesto para el tema de la vivienda”.

En ese sentido se preguntó: “¿la persona que vive en una villa y tiene vivienda tiene los derechos garantizados? ¿De qué hablamos cuando hablamos de garantía de derechos? ¿Cómo, en qué condiciones? Esto es una contradicción que se plantea en la Constitución nacional cuando el derecho habla de ciudadanos y no de clases, porque, sin lugar a dudas, hay una clase que es propietaria y que vive en mejores condiciones y hay otra clase que es explotada, que vivi peor y que no tiene acceso a la vivienda”.

El rol de la consciencia de clase en la lucha por una vivienda digna

En ese escenario, la lectura que hace el investigador es que la fracción pauperizada de la clase trabajadora “intenta resolver por sus propios medios el problema,  dicho de otra manera: frente a las promesas incumplidas de los gobernantes, ante la falta de vivienda y de presupuesto para mejorar infraestructura en las villas y las zonas más precarias, las fracciones más pauperizadas de la clase obrera se están organizando para decir que necesitan una vivienda y no la pueden conseguir de otra manera, por lo que ocupan un terreno para ver qué posibilidades hay de construir una casa, es decir, dejar de alquilar y tener una vivienda propia”.

Dos ejemplos de las reacciones del proletariado son las tomas de espacios públicos y las manifestaciones que llevan la protesta social a la calle para exponer crudamente el problema.

Sobre las tomas, Villanova dijo que quien la concreta “es la clase obrera más explotada y que en peores condiciones vive, por lo que no tiene nada que perder cuando ocupan un terreno, aún cuando ponen en riesgo su propia vida, porque ocurren represiones y no hay agua o comida, es decir, hay un conjunto de elementos que atentan contra su propia vida e integridad física”.  Sin embargo, alertó que en las tomas aún se presenta una aporía entre los trabajadores ya que hay una falsa representación producto de la ideología dominante que fomentó la clase burguesa al reforzar un imaginario de un Estado nacional, por lo que los trabajadores “deben identificar quién se moviliza y por qué, más allá de las nacionalidades, ya que todas estas personas que ocupan terrenos forman parte de una capa de la clase obrera más explotada y las que en peores condiciones viven”.

Villanova recordó que cuando fue la toma del parque Indoamericano (Buenos Aires) “muchos vecinos  decían que venían a ocupar los terrenos bolivianos o paraguayos y en realidad los que ocupan son obreros que trabajan en la argentina, más allá de la nacionalidad”, por lo que señaló que el planteo xenófobo es una barrera a superar porque “tiende a dividir la lucha” y a desconocer al otro, ya que niegan la explotación de su congénere pero se benefician con su miseria, ya que “cuando un obrero con un sueldo precario va a comprar ropa barata a la ferias de Flores o de Once desconocen que esa prenda se elaboró sobre la base de la explotación de sus pares inmigrantes, es decir, hay un elemento meramente contradictorio”.

Pero “no sólo hay ocupaciones, sino que también hay un porcentaje de villeros que se organiza para hilvanar un programa de reivindicaciones para mejorar su situación de vivienda y habitacional, de hecho el año 2014 comenzó con un conjunto de manifestaciones donde hay entidades políticas y sociales que encabezaron movilizaciones y, por ejemplo, hubo dos o tres días en la capital porteña donde se realizaron 17 cortes en simultáneo en diferentes puntos de la ciudad, lo que muestra un indicador”.

Sin embargo, a las metodologías de lucha en la pugna por el reconocimiento aún le falta interpelar al resto de los trabajadores que tienen una falsa consciencia, que aún no interpretan que “el problema no pasa por la nacionalidad de quienes ocupan terrenos sino que, el problema es el capital que explota cada vez más y crea cada vez más una masa de población precaria y más pobre”.

Ante este diagnóstico, desde el Ceics proponen “avanzar en la unidad en la lucha para que la propia clase obrera pueda resolver sus problemas en vivienda, disputando espacios para construir una vivienda, exigiendo al Estado que otorgue un mayor presupuesto para vivienda sociales, para que se pueda resolver el problema coyuntural en el seno de esta fracción de la clase obrera. Una respuesta que contempla las necesidades de distintas fracciones de la clase obrera y la pequeña burguesía que enfrentan hoy problemas de vivienda debe incluir: la renovación obligatoria de los alquileres y congelamiento de su precio; la ampliación de planes de vivienda social bajo control obrero; la expropiación de viviendas y terrenos  deshabitados y su destino a política públicas de vivienda; una política de créditos públicos para la compra de viviendas, sin requisito de que el comprador anticipe un porcentaje del valor del inmueble, la firma de una hipoteca es garantía suficiente. El crédito debe ser a largo plazo, en pesos, e indexable solo por el índice de aumento del salario mínimo vital y móvil”.

Pero aclaró que la resolución de este conflicto no alcanzará, “porque si a un obrero pauperizado o desocupado se le da una casa y no tiene trabajo tarde o temprano el problema se manifestará de otra manera, ya que no podrá acceder a los alimentos o no podrá tener otros beneficios, por lo que más allá de la resolución de la cuestión particular de la vivienda hay una cuestión más general que tiene que ver con un planteo de cambiar las bases de la estructura social”, afirmó.

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