Un día antes de que se realice la Marcha Federal que movilizó a 400.000 docentes el 22 de marzo, al gobierno nacional “se le ocurrió” anticipar parte de los resultados de las pruebas Aprender 2016. La exclusiva la tuvo el diario Clarín el día lunes 20, con una nota donde anticipaba “datos”: el 50% de los alumnos que terminan la escuela secundaria no logran alcanzar conocimientos mínimos de matemática y el 70% no puede operar con conceptos básicos, solo logra resolver problemas sencillos. El 40% de esos cuatro que llegan a terminar en tiempo y forma apenas si puede sumar, restar, multiplicar y dividir. En lengua, el panorama no es muy diferente. Solo la mitad tiene niveles satisfactorios de lectura. El gobierno aduce que los resultados dieron algo mejor en la primaria porque solo un tercio tiene resultados malos.
En general, advierten correspondencias entre nivel socio-económico y el rendimiento académico. Resultados “sorprendentemente malos”, dijo Macri. Es difícil corroborarlo o refutarlo porque el gobierno apeló a una vieja estrategia K: el secreto estadístico.
La única información disponible es la que el gobierno difundió en las dos conferencias de prensa del día 21 de marzo y la que, de forma suelta, antojadiza y parcial, le proporciona a los medios de comunicación. Inclusive en la última reunión del Consejo Federal de Educación del 29 de marzo, Bullrich, avisó que no van a publicar los resultados de las pruebas desagregados por provincia. Tal como en las paritarias, le tira el problema a otros: cada jurisdicción decidirá si publica y, en ese caso, qué. El gobierno nacional juró que toda la información sería pública, accesible y abierta.
Inclusive lo dejó asentado en la web oficial de Aprender. La presentación de los datos no permite examinar de forma seria el problema. Hasta que la información no se dé a conocer de modo desagregado no sabemos cuánto nos están mintiendo.
Culpar al docente
El único objetivo de la pantomima oficial, fue sumar una nueva acción a la campaña de desprestigio de los docentes. Van a apelar a cualquier cosa con tal de quebrar la huelga docente. A la artillería de voluntarios, bonos, amenazas
judiciales y policiales, le suman ahora el resultado de las pruebas. El argumento es muy burdo: como las escuelas estatales no garantizan la continuidad escolar rinden peor que las privadas donde no se hace paro. ¿Son mejores las escuelas privadas? Por un lado, no tienen razón porque los resultados de la escuela privada distan de ser un lecho de rosas. Según los antojadizos datos publicados, un tercio de los alumnos del circuito privado tiene resultados bajos en
todo el país, es decir, no alcanza un mínimo de conocimientos; otro 28,5% solo alcanza los conocimientos básicos.
Solo el 40% tiene conocimientos satisfactorios o avanzados, lo que implica afirmar que el otro mayoritario 60% no los tiene. Ahora bien, así englobados los resultados, no se puede ver la fragmentación en el interior del circuito: la escuela parroquial de San Justo no rinde igual que el Northlands. La composición de clase de esos alumnos no es comparable, por lo tanto, no lo son sus condiciones de vida materiales ni culturales. Pretender que “rindan” igual es fantasioso. Lo mismo ocurre en la escuela pública: las asociadas a la universidad rinden mejor que la mejor escuela de Villa Lugano o Bajo Flores.
Es cierto que el bajo rendimiento es un problema de la escuela pública. Y la explicación es sencilla: la mayoría de la población estudia en escuelas públicas. Por lo tanto, el problema de la escuela pública y sus resultados es responsabilidad de los gobiernos que nos han manejado en los últimos 50 años, porque el problema no es de ahora.
Todos dicen que van a priorizar la educación, pero cuando llegan al poder hacen lo contrario. El mismo gobierno que hoy se “sorprende” de los resultados, es el que prorroga el Fines 2 hasta 2019 e introduce la “promoción acompañada”, es decir, que fomenta una secundaria degradada de dos días por semana.
El gobierno pretende mostrar un “doloroso” sinceramiento, pero esa es otra mentira. Hace más de veinte años que
nuestros alumnos son sometidos a pruebas nacionales e internacionales, de forma regular, similares a las Aprender:
ONE, PISA, TERCE. Esos test ya mostraron hace rato los mismos resultados que las Aprender. Incluso, los datos aislados de pruebas similares implementadas en CABA durante el año 1985 arrojaban resultados similares y lo mismo para la provincia en Córdoba en 1983. En aquella oportunidad, se intentó algo similar a lo que ocurre hoy: responsabilizar a los docentes de ese resultado.
¿Y ahora qué?
Hasta que no muestren los resultados, todo forma parte de una fachada para atacar a los docentes. Por eso, hay que
defender nuestro derecho a la información. Los sindicatos deben exigir se les entregue toda la información vinculada a las pruebas. La información debe ser precisa, desagregada, y debe permitir cotejar la veracidad del procesamiento oficial. Hay que entender que el momento del “boicot” a las pruebas ya pasó. Ahora hay que ir a disputar los resultados y no podemos hacerlo desde el oscurantismo. El gobierno torpemente ya mostró sus cartas. Debemos ahora nosotros preparar nuestro juego. Tomemos los resultados y mostremos cómo nosotros sabemos mejor que nadie cuál es la explicación.
No se trata de ninguna “sorpresa” sino más bien el reflejo de las políticas educativas que los gobiernos vienen
implementando durante décadas. La consecuencia es la degradación. La descentralización destruyó el sistema educativo, fragmentó la escuela, los salarios docentes, la infraestructura, el currículum. Son esas políticas las que convirtieron a la escuela en un contenedor, a los docentes en asistentes sociales, a la escuela en un espacio degradado (en lo material, en lo curricular) y a la tarea que allí se realiza en inútil y degradante. Son esas políticas y los límites de un sistema social que se descompone, las que abaratan la escuela cuando la equiparan con club de barrio, al docente con tutor o tallerista, al currículum con sentido común. Se extiende la obligatoriedad vaciando contenidos.
Gracias al Fines 2 se crean “escuelas” que funcionan en “sedes conveniantes” que van desde casas de familia a clubes, comedores, iglesias, ONG y sedes político partidarias, donde se cursa apenas 2 días. Se extiende la jornada escolar sin garantizar la infraestructura. Se pide a los docentes que garanticen la permanencia y el egreso y que hagan pasar de grado compulsivamente a sus alumnos; persisten las escuelas rancho y quincho, el salario del docente cubre la mitad de la Canasta Básica Total y la lista podría seguir. Todos ellos son los límites de la sociedad capitalista y la degradación de la vida social misma que reconoce a la escuela como un caja vacía.
Son sus políticas (y no las nuestras) las que nos llevaron a la situación actual; son sus intereses, no los nuestros. Los
sindicatos deben exigir la información de las pruebas para organizar en cada una de las escuelas asambleas para discutir la política educativa de las últimas décadas y cómo ella se expresa en los resultados. Las conclusiones deben reunirnos en un gran Congreso Educativo. Hay que evaluar a los evaluadores. No podemos abandonar esa trinchera. No podemos dejar que hablen de nosotros sin prepararnos para el contraataque en su propio terreno.
