Por Cristian Lovotti
Cotidianamente, las obreras y obreros nos hallamos expuestos a las más variadas situaciones de riesgo para nuestra salud. En la escuela, la obra, en el taller, en las casas que limpiamos y en las calles que pedaleamos con un cubo de mochila, se nos asignas tareas en condiciones peligrosas que pueden resultar –y a menudo resultan– en un “accidente de trabajo”: una enfermedad, una lesión en el cuerpo y aun la muerte. La pérdida de la audición por el ruido de una máquina que zumba sin cesar, las tardías consecuencias en el cuerpo de alguna labor realizada en el pasado, problemas en la voz por el esfuerzo de una garganta que trata de ser escuchada por un grupo de estudiantes, o la explosión de una garrafa por una conexión defectuosa en una escuela, son sólo algunos de los ejemplos de algo que ocurre habitualmente. En nuestro quehacer diario, más allá del lugar de trabajo, el peligro se extiende a nuestras condiciones habituales de vida: dónde vivimos, qué comemos, qué vestimos; la pobreza, el hambre, el frío, la necesidad de encontrar trabajo y las consecuencias de perderlo…
Esas situaciones que parecen tragedias, en realidad, no lo son. No son obra de la poca fortuna, la impericia o la casualidad. Cuando la enfermedad y la muerte son consecuencias de la propia organización de la sociedad, cuando es lo que obliga a vivir en condiciones de riesgo permanente para la salud es la forma en que se organiza la sociedad, entonces lo que ocurre no es una tragedia: es un crimen social. Detrás de la enfermedad y la muerte está la clase que organiza nuestras vidas, la burguesía, y sus representantes en el Estado. Poner de relieve esa verdad, a ellos los condena. Los hace responsables de nuestros padecimientos. Por eso, la ocultan. Por eso nos dicen que las escuelas son seguras, que no es allí donde hoy se producen los contagios por coronavirus, a la vez que no pueden (o no quieren) explicar el aumento de casos ni la muerte de más de 66 compañeras y compañeros trabajadores de la educación desde la vuelta a la presencialidad en febrero.
¿Por qué nos mandan al matadero?
La pandemia producida por el coronavirus profundizó las contradicciones existentes en nuestra sociedad. A nadie se le escapa que, desde la llegada del Covid, se agudizó la tensión existente entre las necesidades de protección y cuidado de la salud de la población por un lado y, por el otro, las limitaciones que, en este aspecto, generan las relaciones sociales de producción capitalistas. De este modo, mientras lo que se impone como necesario es la asistencia del Estado y el aislamiento hasta que se consiga la vacunación masiva de la población, amplios sectores de la clase obrera nos vemos empujados a romper el confinamiento para subsistir. No depende de nuestra voluntad quedarnos en casa. Dependemos del dinero para vivir. Y nadie nos garantiza el trabajo que nos provee ese dinero.
Un obrero vive su vida al día ¿quién le asegura su empleo? ¿quién le garantiza que, si mañana es despedido por su patrón por cualquier buena o mala razón, podrá salir bien del apuro, él y su familia, hasta que encuentre otro empleo que le “asegure el pan”? Nadie. El obrero es un esclavo que debe encontrar su amo.
El actual desarrollo de las fuerzas productivas (saberes, condiciones y destrezas que componen el conjunto de potencias humanas que permite producir y reproducir la sociedad) pone a nuestra disposición riquezas que habrían permitido a todo el mundo sostener la cuarentena y hoy, con la vacuna disponible, mejorar las condiciones de toda la población mundial ante el virus. Si no ocurre es a causa de la actual configuración de la sociedad, que concentra la mayor parte de los medios de vida y subsistencia en manos de propietarios privados (la burguesía). Dicho de otro modo, teniendo en cuenta los conocimientos y los logros aportados por la ciencia y la tecnología en la lucha contra el virus, el contagio y la muerte de una trabajadora o de un trabajador se convierten en algo evitable y no representan ninguna tragedia. Estamos asistiendo a un nuevo crimen social.
El crimen social de la presencialidad escolar en pandemia
En particular, la asistencia efectiva a las escuelas por parte de los docentes representa un caso paradigmático. Si tenemos en cuenta las características propias de la actividad en cuestión, marcada por el trabajo en distintos establecimientos, con profesores que dan clases en distintos niveles en un mismo colegio, que genera la circulación de alrededor de 20 millones de personas en todo el país; y si a eso le sumamos que la gran mayoría de la población aún no está vacunada, se advierte cómo el sistema educativo expone deliberadamente a docentes, estudiantes y familias a un proceso cuyo resultado no es ningún misterio: es el propio Estado el que juega a la ruleta rusa con nuestras vidas.
Veamos qué dicen los números. En primer lugar, la curva de contagios da cuenta de que, desde que comenzaron las clases, los casos de coronavirus aumentaron diez veces. En segundo término, allí donde las clases se dictan de manera virtual, los casos descendieron o, al menos, se estabilizaron. Hasta el momento, contabilizamos 66 trabajadoras y trabajadores de la educación que, en cumplimiento presencial de sus actividades escolares, se contagiaron, enfermaron y murieron. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, las clases se realizan con asistencia efectiva desde mediados de febrero; lo mismo en Jujuy. Desde esa fecha y hasta el momento, se registran al menos 10 muertos en el marco de la presencialidad. A principios de marzo, la movilización de la comunidad educativa se extendió al resto del país, y las consecuencias son las que usted ya supone. En la provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde las clases a distancia se implementaron en forma tardía y únicamente en el primero, segundo y tercer cordón, la presencialidad acumula 15 muertos. En Jujuy, donde la suspensión está limitada a ciertos departamentos, se contabilizan hasta el momento 16 muertos por presencialidad criminal. Mendoza, 5 muertos. A la lista se suman Salta (6), Tucumán (4), Entre Ríos (1), La Rioja (1), Chaco (1), Misiones (2), Santa Fe (1) y Córdoba (1), Santiago del Estero (2). De este modo, con las evidencias disponibles, a nadie se le escapa la relación existente entre la circulación provocada por dicha actividad y la masacre social en curso.
Como en los crímenes sociales de Cromañón y de Once, se revela aquí un crimen que no tiene un autor definido y, por eso mismo, se nos presenta como obra de la casualidad o del destino. De allí, la necesidad de revelar el carácter social de un hecho cometido por el conjunto de una clase: los capitalistas. Sin embargo, a diferencia de los casos recién mencionados, la presencialidad en pandemia tiene dos agravantes. En primer término, a diferencia de Once y Cromañón, donde los indicios previos de lo que ocurriría se pusieron de manifiesto en un único acontecimiento, aquí las consecuencias se aprecian todos los días, frente a los ojos de una clase dirigente que no puede tomar el problema en sus manos y resolverlo. En segundo lugar, es el propio Estado el que, por medio del brazo de la ley, somete a los docentes a esos crímenes. Se trata de muertes evitables y ocasionadas por la presencialidad. Requieren una cuenta específica porque podrían haberse evitado si la burguesía y su personal político privilegiara la vida por encima de las funciones de guardería social de la escuela. Ellos necesitan esta última y nosotros, los trabajadores, enfrentamos sus consecuencias. Desde que comenzó la pandemia acumulamos ya casi 77.000 fallecidos. Seguramente muchos de ellos fueron docentes, pero se trata de ver ese número específico absurdo y evitable, esos muertos que podríamos no contar si se hubiera garantizado la virtualidad mientras la población era vacunada.
Por eso, tomando como referencia este criterio metodológico, las compañeras y compañeros que integramos la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro de Razón y Revolución venimos llevando un registro de estos crímenes sociales. Esto nos permite, por un lado, comprender que lo que ocurre no es ninguna tragedia, si no la consecuencia esperable de una sociedad cuya clase dominante no puede asegurarles a los obreros ni siquiera el cuidado de la vida; por el otro, este conteo da cuenta de la magnitud del crimen social perpetrado hasta ahora: 66 muertos en tres meses, uno cada 33 horas. Desde el comienzo de la pandemia impulsamos una campaña por la suspensión de las clases presenciales en todo el país y la vacunación masiva de la población. Al mismo tiempo, exigimos la implementación de la educación virtual con todos los recursos necesarios para garantizar una educación a distancia de calidad. Porque las muertes de nuestras compañeras y compañeros eran evitables. En su memoria escribimos esta nota.
