Durante los últimos meses la llamada “industria del juicio laboral” fue un tema candente. Desde distintos sectores burgueses, se juzgó a abogados, jueces y trabajadores, calificándolos de “mafiosos” y atribuyéndoles la responsabilidad por el desempleo, la quiebra de PyMes y la falta de “lluvias de inversiones”. La realidad es que se trata de un ataque velado (y no tanto) a los trabajadores, que forma parte de una estrategia para avanzar sobre las conquistas laborales de la clase obrera.
Para verlo, atendamos a una serie de datos. Según los propios informes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), los accidentes y enfermedades laborales dentro del sector formal (trabajadores en blanco) llegan al número de 713 mil, sobre un total de 9 millones de trabajadores cubiertos. De esa cantidad, apenas un 14% llegan a juicio. Pero hay más: si contamos los trabajadores en negro, sumaríamos 312 mil accidentes y enfermedades laborales más. En este último caso, se trata de trabajadores sin otra posibilidad de reclamo más que apelar a la Justicia para recibir un mínimo indemnizatorio.
Tampoco tenemos que perder de vista que si la cifra de juicios laborales ascendió, fue porque también lo hicieron los siniestros. En el 2015, tanto los juicios como los siniestros treparon a más de 100 mil casos. Es más, gran cantidad de trabajadores tienen que recurrir a la justicia dado que ni las Comisiones Médicas ni las ART reconocen a sus enfermedades como laborales. Incluso, mientras el promedio mundial indica que las enfermedades profesionales representan el 38% del total de los siniestros laborales, para la SRT ese número desciende al 2%. Es decir, el número de accidentes y enfermedades que reconoce la SRT es bastante inferior al que existe en la realidad.
Como se ve, no hay ninguna “industria” del juicio laboral. Los trabajadores inician demandas judiciales porque se accidentan, porque las extensas e insalubres jornadas laborales a las que los someten terminan enfermándolos. Los capitalistas no invierten en prevención porque la salud de los obreros no les importa. Los exprimen, destruyen su cuerpo y su salud mental, y luego pretenden que no reclamen. Sin embargo, las demandas judiciales son, muchas veces, la única manera en que estos trabajadores pueden obtener un resarcimiento de la patronal. De esta manera, las patronales intentan culpar a quienes no son responsables.
Así, la burguesía prepara el terreno para seguir avanzando sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Lo hace hoy, lo hizo ayer y lo hará mañana. Tanto Mauricio como Cristina y todos los partidos patronales escuchan las demandas de la burguesía y se adaptan a su agenda. Cristina les entregó la inmunidad civil (haciendo que las denuncias contra los empresarios cayeran escandalosamente), así como reafirmó el Listado de Enfermedades Profesionales acotado del menemismo. Recordemos que ella misma arremetió contra “la industria del juicio laboral” en 2012, mientras anunciaba una reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo en una cena de la UIA, presidida por De Mendiguren, y donde todo el sector empresario aplaudió con fervor. Mauricio impuso la obligatoriedad de las inconstitucionales Comisiones Médicas (recuerde lo que explicamos en el número 2), haciendo que la llegada del trabajador a la instancia judicial sea aún más dificultosa. Y ahora viene por la reforma laboral. Para ninguno de ellos la salud obrera es una prioridad. Los trabajadores debemos tenerlo en claro y rechazar cualquier intento de hacernos creer lo contrario.
