En octubre pasado, el Gobierno presentó el Programa de Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Se trata de un programa coordinado y financiado por la Anses de Emilio Basavilbaso, que lo instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley y el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, cuyo objetivo sería relevar viviendas ubicadas en barrios precarios, a los cuales no llegan varios de los servicios más elementales. Mediante el Decreto 358/2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Desde mayo, supuso la creación de un Certificado de Vivienda Familiar para las casas relevadas de unos 4 mil barrios. Asimismo, prevé dar cuenta de los niños que no acceden a la Asignación Universal por Hijo y los adultos mayores que carezcan de jubilación. Del mismo programa participan organizaciones sociales como la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, Cáritas y la Organización Techo. Las mismas proveen relevadores de viviendas que deben cargar datos en una aplicación de celular. Es decir, el Estado terceriza el relevamiento.
Más allá del carácter limitado del programa, varios testimonios indican que gran parte de sus encuestadores se encuentran en precarias condiciones laborales. Por caso, el personal subcontratado por la organización Techo se encuentra en negro y trabajando sin contrato. Se trata de un empleo por el cual los encuestadores cobran recién a partir de los 60 días hábiles, según la cantidad de encuestas realizadas y rondando apenas la ínfima suma de 8 mil pesos mensuales. La modalidad de pago implica que ante casos de enfermedad o días de lluvia, los trabajadores no tienen mayor opción que “perder” el día. Asimismo, todas las promesas de blanqueamiento del personal y del pago de un sueldo fijo se desvanecieron rápidamente.
El asunto se agrava además por la reciente suspensión de los viáticos y la carencia de mínimas condiciones de seguridad. En efecto, los trabajadores no cuentan siquiera con ART y apenas deben llenar un formulario que contaría como seguro de vida. Sin embargo, ante los problemas más elementales, los encuestadores no poseen ningún tipo de cobertura. Pensemos en casos comunes: desde un esguince hasta la mordedura de un perro. Varios testimonios agregan que ante la situación de hurto de celulares, el programa dispone solamente de una donación de celulares viejos y con fallas provista por Personal. Es decir, se reducen brutalmente los costos, llegando incluso a achicar gastos en los medios indispensables de trabajo.
A eso debemos sumar que en varias ocasiones, los encuestadores deben ingresar a barrios y asentamientos que los mismos vecinos reconocen como “tierra de nadie”, sin ningún tipo de conocimiento del terreno, sin contactos adentro y sin protección efectiva alguna, lo que los expone a situaciones de violencia que ponen en riesgo su integridad física.
Denunciamos la precarización a la que la ONG Techo y el Estado someten a los trabajadores del Programa de Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Exigimos sueldo fijo, en blanco y el pase en planta permanente del Estado para todos los encuestadores del programa, junto con el cumplimiento de todos sus derechos laborales.
Por favor, difundir para que el reclamo de estos trabajadores se conozca.
