Después de muchas idas y vueltas, y con complicidad de la CGT, el gobierno decidió presentar en cuatro tramos su proyecto de reforma laboral. Se trata de otro avance sobre nuestras condiciones de trabajo, que sucede a la reforma previsional votada en diciembre pasado. Como sabemos, más allá de que se apruebe, este tipo de reformas vienen avanzando a nivel de los convenios. Sin embargo, es una historia que no empezó ahora ni en los ’90. Los capitalistas argentinos quieren continuamente incrementar sus ganancias, para ponerse a tono con las ganancias capitalistas de otros países. Así, Perón, las dictaduras, los radicales, Menem, los Kirchner, y ahora Macri fueron todos (sin excepción) agentes de esta ofensiva. Buscando la lluvia de inversiones, Macri y las patronales buscan explotarnos mejor: aprovechar al máximo nuestra fuerza de trabajo, aumentar la jornada laboral y disminuir nuestro valor, tratando de equipararlos con los “costos” brasileros o mexicanos.
Incluso quieren parar con los juicios laborales a los que nos vemos obligados a apelar, porque trabajamos en condiciones pésimas de seguridad, higiene y estabilidad. El gobierno y la CGT acuerdan en el blanqueo, con el que la CGT aumenta su base de afiliación y el gobierno su base de recaudación para la ANSES. Este sería, de hecho, el primer tramo de la reforma. Además, Macri aumentará la fiscalización sobre los sindicatos, para limpiar las organizaciones que los “gordos” no controlan. Del mismo modo, quitará restricciones (sobre todo judiciales) a las patronales para avanzar individualmente sobre las condiciones de cada trabajador. Y si bien el trabajador mantiene la posibilidad de acudir a la justicia, el proceso no podrá tener carácter sumarísimo, lo que alargaría los tiempos de resolución.
Otras modificaciones apuntan directamente a abaratar los “costos” para despedir trabajadores: se reduce la base del cálculo de la indemnización (excluyendo bonos y aguinaldos) y se cambian las indemnizaciones del trabajador en negro por pequeñas multas depositadas en la ANSES (lo cual desincentiva los juicios laborales). Además, se crean fondos por cese laboral por sector, que quedarán en manos de sindicatos y cámaras patronales. La patronal podrá depositar en dicho fondo -mes a mes- un porcentaje del salario, en lugar de indemnizar.
Por sector, además, se podrá discutir la implementación del banco de horas, una medida ya generalizada en varios sectores (como las automotrices). Con el banco de horas, las patronales se ahorran pagarnos horas extras.
Macri crea además mejores condiciones para tercerizar, incluso mejores que las que garantizaba Cristina. En sectores típicos del subcontratismo (limpieza, mantenimiento o gastronomía), la empresa principal puede liberarse de toda responsabilidad solidaria. Del mismo modo, queda eximida toda empresa que cumpla con los controles sobre la tercerizada. Eso lleva entonces a que un trabajador tercerizado no pueda reclamar contra la empresa principal. También la reforma busca formalizar la contratación de “trabajadores autónomos” para evitar demandas por reforma laboral, rigiéndose por un estatuto especial.
Como se ve, se trata de un acuerdo hecho a medida de las patronales. Sin embargo, la reforma se coloca por detrás de la brasilera. En cierta medida, porque el gobierno sabe que no puede ir por todo. Macri nos abarata, pero a los capitalistas no les va a alcanzar: necesitarán incluso más, porque van a seguir corriendo de atrás a sus competidores. Nuestra degradación para nada. Solo una salida socialista puede sacarnos de ese callejón.
