La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) es actualmente una de las más importantes del país. El censo de su población da cuenta de ello. Tiene 23.000 estudiantes repartidos en alrededor de 60 carreras de grado y pre-grado. Dicha cifra representa el 22% del total de todos los estudiantes universitarios del Noreste Argentino (NEA). Más de la mitad de estos se concentran en las tres facultades de Posadas (Humanidades, Exactas y Ciencias Económicas).
Según datos oficiales de la universidad, el 48 % de los ingresantes efectúan cambios de residencia para cursar sus estudios en la UNaM, ya sea desde el interior de Misiones hacia Posadas y viceversa, y en menor medida desde otras provincias y países. Siendo que la mayoría de ellos son obreros y no pueden pagarse un alquiler, se explica, entonces, la importancia de los albergues estudiantiles costeados parcialmente por el Estado.
Si bien actualmente no existe un padrón unificado de estudiantes albergados, se puede estimar que en su conjunto son cerca de 800 estudiantes. Estas residencias dependen de distintas administraciones repartidas entre: la UNaM, la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia y los Municipios. No obstante, tienen como elementos comunes la tercerización y precarización de su infraestructura. Independientemente de cuál sea la dependencia, cualquier galpón es acondicionado como espacio de vivienda para estudiantes, sumado a que dichos alojamientos afrontan una constante degradación, exponiendo a los compañeros, a un grado cada vez mayor de hacinamiento y precariedad. Ejemplos hay muchos, pero podemos mencionar puntualmente el albergue provincial de Miguel Lanús, que funciona en un ex boliche de la ciudad de Posadas, o las casas del Barrio Universitario del Campus que, originalmente preparadas para una familia tipo, hoy albergan de seis a diez estudiantes.
En este tipo de establecimientos los problemas de infraestructura se profundizan año a año: puertas que no cierran, cerraduras rotas, instalaciones eléctricas precarias, techos con goteras, baños con filtraciones de agua, paredes a punto de derrumbarse y ventanas que se caen son moneda corriente en la vida de los estudiantes albergados por la provincia, la universidad y el municipio. En muchas ocasiones son los mismos estudiantes quienes deben pagar con su dinero los arreglos.
En este panorama, las distintas jurisdicciones se “pasan la pelota”. Al no quedar claros los límites que hay entre lo que corresponde a la universidad, a la provincia y a los municipios, dichas dependencias se deslindan de responsabilidades.
¿Significa esto que el Estado está ausente? Nada más alejado de la realidad. La provincia tiene una serie de funcionarios específicos cuya tarea es hacer un seguimiento minucioso de los albergues de su jurisdicción. De hecho, la presencia de estos funcionarios es parte de la vida cotidiana. Es aquí cuando el asunto se pone se pone aún más escabroso. La provincia no manda a estos punteros para hacer un relevamiento de las necesidades edilicias de los estudiantes con el fin de garantizar condiciones de vida decentes. No, estos sujetos están ahí para controlar, perseguir y apretar a cualquier estudiante que quiera hacer algún reclamo. En otras palabras, están para hacer cumplir el tan famoso “reglamento de convivencia” que, entre otras barbaridades, prohíbe a los albergados levantar cualquier reclamo. El incumplimiento del reglamento habilita a la provincia a expulsar al revoltoso. La vigencia de estas restricciones explica el estado actual de las instalaciones: como nadie puede reclamar, las autoridades no tienen que hacerse cargo. Ergo, los albergues se caen a pedazos, sin que nadie pueda decir nada.
La persecución a los estudiantes es solidaria con el uso clientelar que se le da a los albergues. En 2015, en el albergue San Vicente, de la localidad de Posadas, el Frente Renovador, a cambio de bolsones de mercaderías, llevó a los estudiantes a actos kirchneristas para repartir boletas. Algo similar se intentó hacer en el albergue de Miguel Lanús cuando Joaquín Losada, actual intendente de la Localidad de Posadas, lanzó su campaña.
Desde el inicio de este año nuestra agrupación viene organizando encuentros y asambleas de estudiantes albergados con el fin de dar vuelta la página. Fuimos un elemento activo en la constitución de un espacio de Estudiantes Albergados en Lucha, que se movilizó el día 10 de julio al Ministerio de Desarrollo Social para entregar un petitorio al Subsecretario de la Juventud. Además, tuvimos varias intervenciones en los medios, pero no tuvimos una respuesta concreta de parte de las autoridades. Al contrario, cuando se invitó al ministro de Desarrollos Social, Lisandro Benmaor, a rendir cuentas públicamente en la televisión, éste pegó el faltazo.
Para solucionar nuestros problemas habitacionales exigimos, ante todo, el cese inmediato del Reglamento. Esto a la provincia no le cuesta un peso. En segundo lugar, el establecimiento de un sistema estatal centralizado, para terminar con la tercerización. Convocamos, para eso, a una asamblea provincial de estudiantes albergados que vote una Comisión de Infraestructura que defina y ejecute un Plan Estructural Integral de Obras Públicas bajo control de la comunidad Educativa. Por último, llamamos a todos los estudiantes que habitan en albergues universitarios, en todo el país, a organizarse. Construyamos un gran Encuentro Nacional de Estudiantes Albergados.
