Silvina Pascucci (Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina – CEICS)
Sobre «Operación política» de Fernando De la Rúa
En los últimos días ha cobrado actualidad la causa de las famosas “coimas del senado”, que se habrían pagado en abril del 2000 para la aprobación de la Ley Laboral, conocida como “Ley Banelco”. La nueva sacudida provino de las declaraciones de una testigo, Sandra Montero, por entonces secretaria del ex senador justicialista Constanzo. Ella asegura haber visto en su despacho un maletín con dinero y haber sido amenazada de muerte si no mantenía silencio. Esta reapertura de la causa ha llevado al fiscal, Federico Delgado, a pedir la elevación de juicio oral y público que caería sobre nueve funcionarios acusados.1
En este contexto, tomó relevancia también el libro escrito por De la Rúa, recientemente editado por Sudamericana.2 Allí, el ex presidente denuncia que la causa del senado fue una operación política del Partido Justicialista y la prensa para desacreditar su gobierno y preparar un golpe civil que, en diciembre de 2001, lo obligaría a escapar por los techos de la Casa Rosada y en helicóptero. Luego de seis años, las acusaciones cruzadas vuelven a ser tapa de los diarios y se agita el debate sobre la honestidad y la transparencia de los funcionarios políticos argentinos. Sin embargo, todos se cuidan de que el tema no alcance ribetes peligrosos. En efecto, nadie ha puesto sobre el tapete el verdadero trasfondo político y económico de esta historia: nadie discute la legitimidad de las instituciones ni el contenido de la legislación, que más allá de las situaciones de cohecho, continúa vigente. Con lo cual, lo que se votó (con o sin sobornos) en el 2000, sigue funcionando actualmente (con o sin sobornos también).
Para asegurar la inexistencia de las coimas, De la Rúa quiere probar que todo fue un invento, y traza una línea directa y causal entre este episodio y su caída. Pero, tanto él como los que defienden la existencia de actos de corrupción no discuten este balance político, no van más allá de las denuncias individuales y no ven que, efectivamente, existe una relación entre la causa de senado y el Argentinazo. Pero que, por supuesto, está muy lejos de ser la que el ex presidente supone. El libro de De la Rúa no tiene muchas virtudes, pero ha puesto un par de cartas sobre la mesa que, interpretadas correctamente (y no como él lo hace), pueden ser interesantes por sus implicancias. Hicimos un enorme esfuerzo, leímos el libro y lo comentaremos brevemente.
Un libro aburrido e indignante
El texto escrito por De la Rúa es, ante todo (y como no podría de ser de otro modo), aburrido. Los argumentos, las descripciones y los datos se repiten en forma desordenada hasta el hartazgo, dando la sensación de estar frente a alguien que sufre del mal de Alzéimer. La tesis de De la Rúa es simple: como no se comprobó que faltó dinero de la SIDE, no hubo rastro de enriquecimiento repentino de los senadores y las declaraciones de los testigos están llenas de contradicciones y errores, entonces, el hecho no ocurrió. Todo fue una operación política montada por el PJ y la prensa para desestabilizar su gobierno. Esta argumentación se repite una y otra vez a lo largo de las casi 600 páginas, en las cuales transcribe declaraciones judiciales, entrevistas realizadas en los medios de comunicación, crónicas, y minuciosos detalles que, De la Rúa debería saberlo, por repetidos no son más convincentes.
Pero la lectura del libro provoca otro efecto, más molesto aun, que el aburrimiento: la indignación. Porque sus afirmaciones sobre las causas de su caída no difieren de las que dan los progresistas. La única diferencia es el signo puesto al gobierno aliancista. Al asegurar que su caída en 2001 fue el resultado de esta operación política, se desconoce y ningunea la voluntad y el protagonismo de miles de trabajadores y sus organizaciones, que realizaron una de las experiencias más importantes en la historia de la lucha de clases en nuestro país: el Argentinazo.
En efecto, De la Rúa considera que la sociedad fue engañada y manejada por el justicialismo y los medios de comunicación. Se presenta como el salvador que ha llegado para correr el velo que cegaba a los argentinos. Al suponer una relación directa entre la causa del senado y la caída del gobierno, niega, además, un conjunto de elementos tanto o más importantes para comprender la insurrección de diciembre. En particular, las medidas económicas aplicadas por el gobierno, que atacaron las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y la pequeña burguesía, en una magnitud sin precedentes en la historia argentina, y que provocó una reacción popular masiva y de alta combatividad. Ya desde la década del noventa, la sociedad comenzó a entender que sólo con medidas de fuerza como los piquetes, cortes de calle y movilizaciones, y mediante la organización colectiva, se podía luchar contra las injusticias a las que era sometida. Este aprendizaje implicaba que cada vez más sectores, imitando al movimiento piquetero, utilizaron la acción directa como metodología de protesta y que avanzaron en su radicalización y su conciencia.3
Con la llegada de De la Rúa, los que habían confiado en una renovación política y económica a partir del cambio de gobierno, sobre todo la “clase media”, no tardaron mucho en corregir su posición. Diciembre de 2001 constituye la punta del iceberg de este largo proceso de ascenso de la lucha de clases, en el cual la pequeña burguesía, bajo la dirección moral del movimiento piquetero, sale a las calles decidida a echar al gobierno que ella misma había votado. Y no sólo porque está sospechado de corrupción, sino porque tiene la certeza de que las políticas aplicadas son contrarias a sus intereses. Por mucho que al ex presidente le angustie, su gobierno no cayó por un complot del PJ (aunque de hecho existía una fuerte crisis interburguesa, por lo cual no puede descartarse maniobras de este tipo). El factor principal del desenlace de la crisis fue la lucha organizada y radicalizada de una buena parte de la pequeño burguesía en alianza con fracciones de la clase obrera.
Con o sin Banelco, la ley siempre está
Otro aspecto del libro que causa fuerte indignación es el análisis que realiza De la Rua de la Ley 25.250, o Ley Banelco. La caracteriza como una norma “progresista”, destinada a aumentar el empleo y modernizar las relaciones laborales. Pero, si bien en el libro no hay una descripción detallada de la normativa, ni un análisis más profundo de sus artículos, su verdadero carácter antiobrero resulta claro. En primer lugar, la forma de aumentar el empleo en blanco es reducir las contribuciones que el empleador debe pagar y simplificar los trámites de blanqueo, léase flexibilizar las condiciones de trabajo que debe garantizar el empresario. Por modernización de las relaciones laborales, se entiende descentralizar las negociaciones colectivas (limitando la fuerza de negociación de la clase obrera) y acabar con la ultraactividad de los convenios, lo cual obliga a los trabajadores a firmar uno nuevo, aunque no se logre consenso y éste sea más desfavorable que el anterior. Durante todo el libro, De la Rúa repite como un loro necio, que esta ley era progresista, y que no había motivos para el pago de coimas, ya que “no existían intereses particulares o sectoriales” para su aprobación. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que un sector de la sociedad (la burguesía) estaba particularmente interesado en lograr una legislación que permitiera reducir el costo de la mano de obra para aumentar su competitividad. Además, no se debe olvidar, como lo hace el ex presidente, que el gobierno estaba presionado por el FMI para aprobar esta ley, de lo cual dependían futuros préstamos otorgados por el organismo.
Pero, más allá de todo esto, De la Rúa nuevamente pone sobre la mesa una verdad que nadie ha salido a discutir. El ex funcionario denuncia, precisamente, que el contenido de la ley sigue vigente en la actualidad. Y esto es completamente cierto. Sin embargo, a diferencia de lo que él sostiene, esta confirmación no es un argumento que explique la inexistencia de las coimas, o el carácter progresista de la norma, sino que da cuenta de que un gobierno radical o peronista, como representante político de los intereses burgueses, está obligado a gobernar para su clase, y por lo tanto a legislar en su favor. Con o sin corrupción de por medio, el senado delarruista y el kirchnerista votan leyes antiobreras. Esa es la verdad que se oculta detrás de esta historia.
Cambiar algo para que no cambie nada
La continuidad en la legislación actual se evidencia por un lado, en que el gobierno de Kirchner, frente a la sospechas de coimas, no anuló la Ley Banelco sino que la derogó. Esto implica que, en última instancia, no se reconoce totalmente la ilegitimidad de dicha normativa, y por lo tanto, no se anulan los efectos de las decisiones tomadas en su marco. Anular la ley hubiera significado que las contrataciones precarizadas realizadas bajo su amparo deberían haber quedado sin efecto. Por el contrario, éstas siguieron vigentes luego de la derogación, y volvieron a instalarse con la aprobación de la nueva ley laboral.
El nudo de la cuestión es que ambas legislaciones tienen como objetivo real, no la generación de mayor empleo en blanco, sino la reducción del costo de la fuerza de trabajo para aumentar la productividad el capital. Por ello promueven la reducción de las contribuciones patronales para nuevos empleos, la unificación del régimen de indemnización por despido sin justa causa, la unificación del régimen de preaviso y el mantenimiento del período de prueba y de modalidades precarias de contratación como las pasantías. Este contenido no ha variado, en términos generales, en la nueva ley. Los datos oficiales sobre empleo confirman que ni la Ley Banelco ni la kirchnerista cumplieron su supuesto objetivo, reducir el trabajo en negro: según el INDEC, el porcentaje de empleo no registrado ha continuado subiendo, de 36,2 % en 1997 a 44,8 % en 2003.4
El silencio de los culpables
Como hemos visto, ni De la Rúa, ni los medios de comunicación, ni el gobierno dicen una palabra sobre lo que verdaderamente importa. El ex presidente intenta, en su libro, utilizar algunos argumentos cercanos a la verdad, pero sin sacar las conclusiones correctas que de allí se derivan. Porque, hacerlo, significaría condenar a su propia clase, y por más resentimiento que tenga, a eso no está dispuesto.
El silencio respecto de la continuidad de las leyes antiobreras y de la verdadera relación entre la causa del senado y el Argentinazo se explica por el temor de instalar un debate que reanime las aguas rebeldes, que se pretenden aquietar desde estos sectores. La ley Banelco fue votada a favor no sólo por los seis senadores acusados de recibir coimas, sino por las dos terceras partes del Senado. ¿Por qué no se investiga al resto de los funcionarios que aprobaron la ley? ¿Por qué la aprobaron? Si no recibieron coimas, ¿son menos culpables por haber votado una norma que atacaba las condiciones de trabajo de la clase obrera? Las mismas preguntas pueden repetirse en relación a la nueva ley laboral. Por consiguiente, detrás de la causa del senado se esconde una historia latente, que en diciembre de 2001 salió a la luz con toda su fuerza: la historia de la lucha de clases.
Notas
1Clarín, 22 de agosto de 2006.
2De la Rúa, Fernando: Operación política. La causa del Senado, Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
3Véase Desalvo, Agustina: “Apagón, Buenos Aires, febrero de 1999”, en Razón y Revolución nº 13, invierno de 2004; Villanova, Nicolás: “Inundaciones en Capital Federal. La expropiación de la pequeño burguesía y su lucha”, en Razón y Revolución, nº 14, primavera de 2005; y Telechea, Roxana: “Una historia de los cacerolazos”, en Razón y Revolución, nº 16, 2do semestre de 2006.
4Véase Zuazua, Noemí: “La reforma laboral versus la necesidad de generar empleo y promover su insti-
, Serie de Análisis de Coyuntura, nº 2,CIEPP, mayo de 2005.
