Más allá del NO. El plebiscito y la crisis política de Colombia
Lo que se intentó votar en Colombia, fue la reconstrucción de la hegemonía del Estado burgués, que hace décadas no logra controlar la totalidad de su territorio, ni establecer un vínculo fuerte con las masas.
Nicolás Grimaldi
Laboratorio de Análisis Político -CEICS
El pasado 2 de octubre, se realizó en Colombia un plebiscito para decidir la aprobación o no de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC. Como es sabido, el NO se terminó imponiendo, por lo que se ingresó en un impasse de las negociaciones. Sin embargo, por el contenido de los acuerdos, por el desarrollo del plebiscito y por la dinámica de la política en Colombia, el resultado es solo un botón de muestra de la crisis de hegemonía que se desata. La primera pregunta que debe hacerse para entender lo que se votó en el plebiscito, es entender qué son las FARC y en qué consistían realmente los acuerdos.
De la selva al Palacio de Nariño
Las FARC se formaron en el año 1966, y son portadoras de una estrategia guerrillera con un programa reformista, centrado en la reforma agraria y en la creación de un gobierno “democrático de liberación nacional”. Su estructura se desparrama en 20 departamentos de los 32 que tiene el país y se divide en 7 bloques y una Comisión Internacional compuesta por ocho miembros encargados de labores como el activismo y la recaudación de fondos.1 En cuanto a la cantidad de miembros y armas, para la inteligencia colombiana, en el 2002 tenían 20.766 miembros, de los cuales 9.000 serían milicianos, y para el año 2014, había 6.700 milicianos. Se estima también que poseen unas 20.000 armas. De aprobarse el acuerdo, el Gobierno cree que se desmovilizarían en total unas 17.500 personas, 7.500 hombres en armas, y 10.000 milicianos.2En concreto, hasta el momento las FARC entregaron un listado de 5.700 miembros. Respecto a la cantidad de territorio que ocupan, según sostuvo el embajador colombiano en España, Alberto Goldstein, el 14% del territorio colombiano, unos 8 millones de hectáreas, fueron abandonadas por sus habitantes u ocupadas por las FARC.
El acuerdo comenzó a discutirse en el año 2012 en Noruega, se cerró en La Habana y se firmó en Cartagena.3 Entre sus principales puntos, se encuentra la Reforma Rural Integral, donde se plantea la creación de un fondo de tierras para su distribución gratuita, disponiendo de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años. Las fuentes de estas tierras serán aquellas que tengan extinción judicial de dominio a favor del Estado, tierras recuperadas, reservas forestales, inexplotadas. También el Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, mediante créditos subsidiados del gobierno colombiano, y también contarán con eximiciones fiscales y programas de estatales de comercialización. Los destinatarios, serían los miembros de la población sobrante que aparecen bajo la forma de población rural afectadas por el conflicto. Otro de los puntos importantes es el referente a la participación política, donde se plantea que las FARC conformarán un nuevo partido y se integrarán a una comisión para realizar un seguimiento de la situación política. El acuerdo también buscaba aumentar la participación electoral de la población, mediante una mayor pedagogía sobre la importancia de las elecciones, y una mayor interlocución entre el Estado y los movimientos sociales. Asimismo, abre las puertas a la regulación de la protesta mediante el acompañamiento de las mismas por parte del Ministerio Público. En cuanto a la desmovilización de las FARC, se establece cuestiones vinculadas con la logística, la entrega de armas, y amnistía para todos los miembros que no hayan participado en delitos de lesa humanidad, todo bajo supervisión de la ONU. Finalmente, propone la creación de Economías Sociales del Común, para la inserción económica de los miembros de las FARC, al mismo tiempo que se propone que estos últimos participen en programas ambientales y sociales del Gobierno. Es decir, el acuerdo apuntaba a fortalecer la hegemonía del Estado colombiano, el control del territorio, y al reciclamiento, dentro del mismo, de los miembros de las FARC. Esta búsqueda por adaptarse al régimen no es nueva, sino que puede rastrearse desde 1984, con el lanzamiento electoral de la Unión Patriótica, que terminaría en el acribillamiento de 4.000 dirigentes, pasando por la búsqueda por establecer un candidato a Presidente de consenso, incluyendo a la Iglesia y al Ejército, en 2003.
Uribe contra el mundo
Desde un comienzo, el acuerdo era apoyado por casi todo el arco político internacional y nacional. El Papa había dicho que iría a Colombia, en caso de que se impusiera el SI en el referendo. A la firma del acuerdo en Cartagena asistieron representantes de los gobiernos de Venezuela, Cuba, EE.UU., Bolivia, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, México, España, entre otros, así como también los secretarios generales de la OEA y la ONU, y los presidentes del Banco Mundial y del FMI. Contaba también con el apoyo de los sindicatos colombianos, como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Trabajadores de Colombia, el “Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas”, y sectores empresariales nucleados en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Consejo Gremial Nacional.
El principal impulsor del NO era Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, quienes planteaban la concentración de las FARC en espacios seguros y con vigilancia para garantizar la efectivización del cese al fuego, del narcotráfico y la extorsión, y un alivio judicial para los miembros de las fuerzas armadas, acusados de “falsos positivos” (acribillamiento de personas al ser “confundidos” con miembros de las FARC). Cuestionaba también el financiamiento estatal al partido de las FARC y su adquisición de bancas parlamentarias.
El NO triunfó con el 50,2% de los votos contra el 49,8% del SI. Sin embargo, el principal dato de la jornada fue la abstención del 62,6%, la más alta desde la primera vuelta presidencial entre Pastrana y Samper en 1994 y un 10% por encima del promedio de abstención histórico de los últimos 20 años (52%). Esto quiere decir que, realmente, tanto Santos como Uribe obtuvieron entre el 17% y el 18% cada uno.
Estos datos nos muestran no solo un problema coyuntural, sino que hace por lo menos 20 años que la burguesía no logra establecer un vínculo significativo con las masas. En ese sentido, las altas abstenciones en las elecciones expresan, por un lado, cierta desconfianza con las diferentes direcciones burguesas y, por el otro, la falta de interés de la burguesía por fomentar su participación. Esta situación está mediada por la precarización de la vida y la negación de los derechos más elementales de la clase obrera durante los últimos años. Si bien la tasa de desempleo oficial es del 9%, el 42,4%, cerca de 9 millones de personas, trabaja como cuentapropista, sin aportes ni coberturas. La informalidad también alcanza niveles considerables, con una tasa del 67,1%, si se toman el conjunto de los departamentos, por lo que unas 14.773.407 de personas viven en la informalidad. En cuanto a la organización de la clase obrera, para el 2015 existían 5.230 sindicatos, mientras que la tasa de sindicalización era de 4,6%.4 Es decir, los trabajadores colombianos viven mayoritariamente en la informalidad, se encuentran poco organizados y muy disgregados. A pesar de esto, la clase obrera colombiana ha salido a luchar protagonizando, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), 2.627 acciones sindicales y laborales entre los años 1991 y 2014, de las cuales 1.411 ocurrieron en los últimos cinco años.5 La respuesta, ha sido una brutal represión por parte del Estado. Según la Central Única de Trabajadores, entre 1986 y 2014 fueron asesinados más de 3.500 sindicalistas. Esto da un promedio de 125 dirigentes sindicales asesinados por año. A esto, debe sumársele el llamado Plan Colombia, ideado por EE.UU., mediante el cual invirtió 9.000 millones de dólares en 15 años permitiendo, reforzar la infantería de la marina, otorgarle 6 helicópteros Black Hawk y 40 aviones UH para transporte de personal a la policía, siendo la primera del mundo en recibirlos, la incorporación de 10.000 policías para la dirección antinarcóticos, siendo un órgano de consulta a nivel mundial, y la inversión de 341 millones de dólares en radares, equipos aéreos, y aeropuertos.6 La otra cifra, son los 5.500 asesinados, principalmente jóvenes de zonas rurales, que se los vestía con trajes camuflados, haciéndolos pasar como guerrilleros dados de baja. Es decir, EE.UU. aportó para la reconstrucción del poder de coacción del Estado.
Otro viento mejor
Lo que se intentó votar en Colombia, fue la reconstrucción de la hegemonía del Estado burgués, que hace décadas no logra controlar la totalidad de su territorio, ni establecer un vínculo fuerte con las masas. En ese sentido, la derrota del SI, implica el inicio de una crisis importante, por el fuerte rechazo de las masas no solo a Santos, sino al plebiscito, y el sistema político de la burguesía en general. La clase obrera sufre la precarización, pero también la brutal represión del Estado. Reorganizarla con un horizonte socialista es el primer paso para salir del simple rechazo. De lo contrario, dirigentes como Uribe capitalizarán el descontento.
Notas
1El Espectador, 24/06/2016
2El Espectador, 15/03/2016
3El acuerdo está disponible en https://goo.gl/KokH63
4Datos extraídos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
5Colorado-López, Viviana; Pérez-Taborda, Pablo, “Dinámica de la protesta sindical y laboral en Colombia en 2014. Análisis y Cronología de la protesta”, en Anuario del Conflicto Social, 2015.
6https://goo.gl/HQGuhj
