Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional – CEICS
El 2018 fue un año turbulento en Brasil. La intervención militar de Río de Janeiro, el asesinato de Marielle Franco, la prisión del expresidente Lula da Silva y, finalmente, la victoria electoral de Jair Bolsonaro fueron algunos de los episodios que sacudieron al país. Frente a este escenario, la izquierda brasileña y argentina demostraron su incapacidad (¿o su falta de voluntad?) para delimitarse de nuestros enemigos, especialmente del Partido de los Trabajadores (PT). Por un lado, denunciaron la “proscripción política” que se habría impuesto sobre Lula y, pocos meses más tarde, frente a la supuesta “amenaza fascista” que se alzaba en el país, llamaron a votar abiertamente al candidato del PT, Fernando Haddad. Pues bien, vamos a ver a quiénes se estaba apoyando en realidad. Por eso, en este artículo vamos a examinar a las fuerzas represivas durante la gestión de Lula (2003-2010).
Más armas
Entre el año 2004 y el 2011, la cantidad de agentes que componen las fuerzas represivas del Estado pasaron de 909.230 a 979.303, lo cual representó un incremento del 7,7%. Durante ese mismo período, el crecimiento de la población brasileña fue menor (5,9%), pasando de 181.581.024 a 192.376.496 habitantes. Ello significa que en el año 2004 había un agente de las fuerzas represivas por cada 200 habitantes, mientras que en 2011 se registró un agente por cada 196 habitantes, lo cual pone de manifiesto que en este aspecto se registró un fortalecimiento del aparato represivo del Estado en relación con la población.
Ahora bien, durante el período observado, el crecimiento que se observa en la cantidad de agentes no fue el mismo en cada uno de los cuerpos que componen las fuerzas represivas del Estado. En efecto, el incremento más notable se observa en las fuerzas encargadas de la Seguridad Pública, que pasaron de 563.216 a 630.716 agentes, registrando un aumento del 12%, claramente superior al crecimiento poblacional que se observa en esos años. Y de todos los cuerpos que se ocupan de la Seguridad Pública, los que registraron un mayor crecimiento fueron las Guardias Municipales (22,2%), seguido de la Policía Federal (21,4%) y la Policía Rodoviaria (15,1%). Cabe destacar que mientras en el año 2004 había un agente de Seguridad Pública cada 322 habitantes, en el 2011 se registró un agente por cada 305 habitantes, lo cual expresa, una vez más ,el reforzamiento de estas fuerzas en relación con la población. Por su parte, si se considera la cantidad de agentes que componen los cuerpos encargados de la Defensa, se observa un incremento notablemente menor. En efecto, entre el año 2004 y el 2011, el personal militar pasó de 346.014 a 348.587 agentes, marcando un crecimiento del 0,7%, inferior al que se registró en las fuerzas de Seguridad Pública (12%) y en el conjunto de la población (5,9%).
Como se ha observado, entre 2004 y 2011, el reforzamiento del aparato represivo no pasó por las Fuerzas Armadas, sino por las Fuerzas de Seguridad. Ello se evidencia con mayor claridad si se considera que en el año 2004 los cuerpos encargados de la Seguridad Pública tenían un 63% más de agentes que los ocupados en Defensa, mientras que para el 2011 esa cifra había aumentado a 81%. Frente a la ausencia de conflictos externos, las fuerzas encargadas de la Defensa prácticamente no incrementaron su personal. Como veremos más adelante, ello no impidió que en varias ocasiones Lula recurriese a estas instituciones para aplacar conflictos internos.
Por su parte, también es importante considerar la evolución de los fondos destinados a Defensa y Seguridad entre el año 2004 y el 2011. El presupuesto asignado a esas funciones, a precios constantes de 2018, pasó de R$ 80.667.420.968 a R$ 129.725.070.628, lo cual representó un incremento del 61%. Una vez más, al igual que cuando se examina la magnitud del personal empleado, la distribución de los fondos destinados a ambas funciones y el incremento que se registró en cada una de ellas no fue similar. En efecto, entre 2004 y 2011, los gastos realizados en Defensa crecieron un 64%, mientras que los de Seguridad Pública se incrementaron un 59%. Pese a ello, el total de gastos realizados en Defensa fue inferior a lo largo de todo el período bajo análisis. De acuerdo con los datos publicadospor la Secretaría del Tesoro Nacional, desde el año 2004, los fondos destinados a la Seguridad Publica son considerablemente mayores que los de Defensa, siendo que lo superan por aproximadamente un 70%. Este aspecto vuelve a mostrar la importancia y el peso que tienen las fuerzas de seguridad interna en el conjunto del aparato represivo del Estado.
Considerando los datos que se han presentado hasta aquí, es posible calcular la relación entre la magnitud de los fondos destinados a Seguridad Pública y Defensa por cada agente que se ha desempeñado en las fuerzas represivas del Estado durante el período bajo estudio. En el año 2004, el Estado destinaba R$ 88.720 a las funciones de Defensa y Seguridad Pública por cada agente ocupado, mientras que en 2011 esa cifra ascendió a R$ 132.466, lo cual marcó un incremento del 49%. Esta es otra de las dimensiones en que manifiesta el fortalecimiento del aparato represivo y el notable crecimiento de los recursos que se destinan a esa función.
Párrafo aparte merece el examen de las Policías Militares durante el período. Esta es una de las instituciones más importantes dentro del aparato coercitivo del Estado, puesto que se emplean para desempeñar una amplia variedad de tareas, como la represión de protestas, el desalojo de ocupaciones y la intervención violenta de las favelas en operaciones especiales. Entre 2004 y 2011, las Policías Militares pasaron de 382.800 a 428.396 agentes, lo cual constituye un incremento del 11,9%, notablemente superior al crecimiento poblacional. Además, durante ese mismo período, los gastos que se destinaron exclusivamente a estas fuerzas, a precios constantes de 2018, pasaron de R$ 26.072.221.003 a R$ 44.730.616.933, marcando un aumento del 71,5%. Este aspecto evidencia con claridad cómo se ha fortalecido el aparato represivo en general y las Policías Militares en particular. El aumento de la cantidad de agentes activos y el incremento de los fondos destinados a esta fuerza muestran la importancia que reviste al momento de garantizar el orden interno. Esta misma institución, ampliada y fortalecida durante estos años, será la que reprimirá ferozmente las grandes manifestaciones que comenzaron en 2013, cuando el gobierno estuvo a cargo de Dilma Rousseff y Michel Temer.
Más asesinatos
En cuanto se examina la represión ejercida sobre la clase obrera y sus militantes, se advierten una serie de indicadores alarmantes. De acuerdo con las fuentes disponibles para el período 2003-2010, en estos años se registraron al menos 311 asesinatos, resultado de la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado y, sobre todo, por acción de milicias privadas. En general, la raíz de estas sangrientas disputas se encuentra en la lucha permanente que emprende la sobrepoblación relativa para acceder a una porción de tierra o simplemente para que se reconozcan sus derechos elementales. La gran mayoría de las muertes son provocadas en el marco de conflictos que se desarrollan en el campo, enfrentando a trabajadores que viven en condiciones miserables y a grupos armados paraestatales que actúan al servicio de propietarios rurales y empresas privadas. Así, las movilizaciones, reclamos y ocupaciones de tierras son acompañados de desalojos, persecuciones, amenazas de muerte y asesinatos perpetrados por milicias privadas y por la acción (u omisión) de las fuerzas públicas.
Lejos de constituir una novedad, la ejecución de trabajadores y los conflictos violentos en el ámbito rural son un fenómeno que tiene décadas en Brasil. En los últimos treinta años, la gran mayoría de los responsables por los asesinatos no fueron castigados por la Justicia. Esto pone en evidencia dos importantes aspectos. En primer lugar, la necesaria complicidad que existe entre las autoridades públicas y los ejecutores de estos crímenes, quienes pueden matar con total impunidad sabiendo que no serán juzgados. En segundo término, estos hechos demuestran la total compatibilidad que existe entre la democracia (burguesa) y la violencia sistemática contra la clase obrera. El período de gobierno de Lula no fue una excepción en este sentido, habiéndose registrado más muertes en el campo durante estos años, 305, que en la supuesta gestión “neoliberal” de Fernando Henrique Cardozo (1995-2002), que tuvo 292.
Por otra parte, entre 2003 y 2010, la violencia permanente que se descargó sobre la clase obrera también se manifestó en los innumerables casos de maltratos, torturas y ejecuciones extrajudiciales efectuadas por las distintas fuerzas represivas del Estado. A modo de ilustración, vale señalar que entre 2005 y 2010 se registraron 6.528 muertes que resultaron de la acción policial en el Estado de Río de Janeiro, incluyendo tanto a los casos en los cuales los agentes mataron para defenderse como la enorme cantidad de ejecuciones que aplicaron impunemente. Las operaciones especiales que se desplegaron en la supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado tuvieron como consecuencia episodios de altísima violencia, como en noviembre de 2010, cuando Lula autorizó la intervención del ejército en favelas de Río de Janeiro y, como resultado los enfrentamientos, se registraron por lo menos cincuenta muertos. Durante el período de gobierno de Lula, en al menos otras tres ocasiones los miembros del ejército intervinieron en las favelas para realizar operativos de seguridad: marzo de 2003, marzo de 2006 y junio de 2008. Esto demuestra que el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno es más frecuente de lo que parece.
Delimitarse del enemigo
A lo largo de este artículo, hemos visto que el aparato represivo del Estado se amplió y fortaleció durante el gobierno de Lula, especialmente las fuerzas ocupadas de la Seguridad Pública. Además, se observaron algunos de los datos que ilustran la violencia con las que intervinieron estas fuerzas para controlar a la clase obrera y reprimir sus reclamos. Lula es el primer responsable por ello. Oponerse a su encarcelamiento, reivindicar su libertad y su derecho a participar de las elecciones es defender a un verdugo de los trabajadores. Para construir una alternativa revolucionaria, la primera tarea es delimitarse de este sujeto y de su partido, el PT. Eludir este primer paso solo fortalecerá a nuestros enemigos y extenderá las filas de nuestros muertos.
Notas
2Perfil das instituições da Policía Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, https://goo.gl/HU7ePf.
3Los datos correspondientes al período 2003-2010 fueron extraídos de “CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT” y de la “Cronología del Conflicto social” elaborada por el Observatorio Social para América Latina, CLACSO.
5CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT
7Folha de S.Paulo, 29/10/2010.
