Ezequiel Flores
TES – CEICS
Mucho se ha escrito, documentado e incluso ficcionado sobre las condiciones vida y trabajo de los tareferos en Misiones. Sin embargo, aún hay problemas fundamentales por abordar ¿Cuántos son realmente? ¿Cuántos están registrados? ¿De qué vive un tarefero cuando se acaba la cosecha? ¿Cuál es el resultado de las políticas estatales hacia este sector?
Condiciones de vida y trabajo
Uno de los problemas que encontramos es la falta de precisión respecto a la cantidad de tareferos que se desempeñan en la región yerbatera: el 90% de la producción nacional de yerba mate se concentra en Misiones mientras el restante 10% se realiza en Corrientes. Esta ausencia resulta significativa puesto que estamos hablando de una actividad cuya cosecha no se ha mecanizado y demanda una importante masa de fuerza de trabajo. Una forma de aproximación, utilizada sobre todo por los académicos locales, es calcular la cantidad tareferos necesarios para levantar determinado volumen de cosecha. Así, para cosechar 700 millones de kilos al año, volumen cercano a la cosecha de 2017, se necesitarían entre 15.000 y 17.000 tareferos. Por otra parte, referentes sindicales señalan que el número real se acercaría a 20.000.
En la década pasada, se ha intentado avanzar en un registro más preciso. En el marco de la disputa interburguesa de 2008, el gobierno misionero, en ese entonces alineado con el kirchnerismo, sancionó la ley provincial 4.450 que creó el Registro Único de Tareferos de la provincia de Misiones. El objetivo del mismo era contar con un conocimiento base que permitiera “elaborar, desarrollar y destinar programas sociales para mejorar las condiciones de vida de los cosecheros de la yerba mate y sus familias”. Durante los años siguientes, contando con financiamiento provincial, el área Estadísticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones inició el Relevamiento Provincial de Tareferos. En 18 localidades, se censaron 5.925 tareferos, que junto a sus núcleos familiares totalizaron 17.000 personas. La primera muestra del relevamiento realizada en el municipio de Jardín América donde se encuestaron 1.131 tareferos. En base a ella se presentaron los primeros datos en 2010[1]. Recientemente, se ha publicado un análisis sobre la totalidad de los datos recabados que, aunque siguen siendo parciales, ayudan a entender el panorama general[2]. Puesto que las variables analizadas no son exactamente las mismas, cruzaremos los datos haciendo el señalamiento pertinente para obtener una mejor visión del cuadro general.
Comencemos por las condiciones de vivienda. El 37% declaró ser propietario de la vivienda y el terreno donde vive. Un 39% sólo de la vivienda. El 23% restante se reparte entre ocupantes e inquilinatos/préstamos o cesión. El 88% viven en casas y un 10% en casillas. El análisis general no incorpora el grado de la precariedad y las condiciones de hacinamiento, algo presente en la muestra relevada en Jardín América. Allí, de los 801 hogares censados, el 84% lo constituyen viviendas precarias, construidas con materiales de baja calidad, o deterioradas y ubicadas en tierras fiscales o de terceros. Más del 55% no son propietarios del terreno en el que viven. El 52% de las familias viven en condiciones de hacinamiento. Solo un 39% cuenta con agua corriente de red pública con conexión domiciliaria, el 15% la consigue de red pública sin conexión domiciliaria y el 46% de otras fuentes que no son garantes de la potabilidad como ser pozos, ríos, arroyos, etc. El 82% posee letrina, el 18% baños y el 3% ninguna de las anteriores.
A nivel provincial, sólo la mitad cuenta con conexión a red pública de agua potable. El resto no lo hace y obtiene agua de pozos (24%), ríos (5%), red pública sin conexión (18%) y otras (3%). El 86% accede a una conexión de energía eléctrica mientras el 14% no.
La población tarefera de Misiones tiene bajos niveles de escolarización. El 88% declara saber leer y escribir, pero solo el 24% terminó la primaria y un porcentaje aún mucho menor, 1,5%, logró terminar estudios secundarios.
A nivel provincial, de los empleados durante el período de zafra, el 37% fue empleado por contratista, un 32% por una cooperativa o empresa y el 29% directamente por un productor. El 97% cobró en efectivo mientras que el resto alternó mercaderías o vales. El 91% afirmó trabajar cinco días a la semana, mientras el restante 9% trabaja semana completa. La mayoría, 85%, tiene trabajo seis meses o menos, es decir, hasta que se termina la zafra. El restante 15% trabaja siete o más meses, empleándose en la zafriña de verano[3] y tareas de mantenimiento de yerbales. El grado de informalidad es muy alto, el 67% no está registrado en RENATRE. El 81% no pertenece a ninguna organización de trabajadores sea sindical, cooperativa o asociación.
Las condiciones laborales se reflejan en la muestra tomada en Jardín América. Esta detalla que la jornada promedio es de 9 horas por día, cosechando en promedio cerca 500 kilos de hoja verde. Hay que tener en cuenta que en muchos casos este monto se alcanza con el trabajo de todo el grupo familiar (pareja, hijos). Además, la cantidad cosechada depende de una serie de factores que escapan la voluntad de los tareferos y sus familias, como ser, estado del yerbal y las condiciones climáticas. Los datos de Jardín América, también señalan que la mano de obra tarefera es mayoritariamente masculina y joven, más de la mitad tiene entre 18 y 39 años. No obstante, se constató que los adolescentes de entre 11 y 17 años resultan el 10% de la fuerza de trabajo. No extraña que el promedio de edad inicial en la tarefa sea de 13 años. Hay que tener en cuenta también que es común que las mujeres tareferas no reciban el pago por su trabajo, sino que este sea cobrado por el varón lo cual tiende a no contabilizar, en el registro, la cantidad de mujeres que se emplean en la actividad.
Debido a sus duras condiciones de trabajo, durante años los tareferos desarrollan padecimientos de cintura, columna, huesos, rodillas, hernias. Estos problemas se deben no solamente al desarrollo de la tarea en sí misma, sino también al acampe en los yerbales a la intemperie, expuestos a inclemencias climáticas, ataque de animales. Pareciera raro entonces que sólo el 27% manifestó tener problemas de salud derivados de su trabajo. Este porcentaje es similar al de trabajadores que accede a cobertura de salud por obra social, 24%. La razón de que el 73% no declare tener problemas de salud debe radicar en que la mayoría no accede frecuentemente al sistema de salud. La muestra en Jardín América parecería indicar esto, si bien se trata de un número más reducido, allí sólo el 59% accedió alguna vez a una consulta médica.
Retomando el análisis de los datos provinciales para el período interzafra, el 36% reconoció no haber trabajado la semana anterior. Del restante 64%, más de la mitad trabajaron en changas (66%). Es decir, tras terminar la zafra, la mayoría de los tareferos censados se encuentra abiertamente desocupado o sin un empleo fijo. Frente a esta situación ¿Qué hace el Estado?
Administrando miserias
El censo también constato que el 88% no percibe Plan Social alguno mientras que sólo un 7% cobra el subsidio interzafra. Respecto al Programa de Seguridad Alimentaria, implementado por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, solo lo percibe el 29%. El 91% de los trabajadores no registrados tampoco percibía ningún programa social. Es decir, el gobierno kirchnerista le ofreció poco y nada a una masa de población que se encuentra en las más precarias condiciones.
Años más tarde, con el macrismo, la situación no solo no se revierte, sino que empeora. Para empezar, debido al alto grado de informalidad, solo 7.000 tareferos se encuentran en condiciones de cobrar el subsidio interzafra que hoy es de $2.500, una miseria. De estos solo, 3.000 accedieron al subsidio. Es decir, de casi 20.000 tareferos, solo el 15% accede al interzafra. Además, este año, luego de que tareferos acamparan frente a la Casa Rosada, el gobierno se había comprometido a entregar un bono especial por «emergencia productiva» de $2.000. Se entregarían entonces ambos subsidios totalizando $4.500. Pero luego, argumentó que no eran complementarios, fragmentando así a los tareferos, puesto que unos cobraron el interzafra y otros el subsidio de emergencia[4].
En mayo de 2015, entró en vigencia el convenio de corresponsabilidad gremial[5] en Misiones con el objetivo de formalizar el registro de los tareferos para que accedan a cobertura de salud, asignaciones familiares, aportes previsionales, ART, seguro de desempleo y sepelio. Sus términos fueron acordados por UATRE, Secretaría de Seguridad Social de la Nación, distintas asociaciones de «productores» primarios y secaderos de yerba, los Ministerios de Trabajo y del Agro y la Producción de Misiones y el INYM. Rige para los obreros rurales en relación de dependencia con: prestadores de servicios de cosecha y flete, secaderos y productores agrarios que no estén registrados en el RENAF. El CCG fue presentado como un gran avance para toda la «familia yerbatera» puesto que a la vez que incorporaría a la formalidad a 10.000 trabajadores tareferos y de secaderos representaría una «tranquilidad» para el sector productivo puesto que el «productor» abona una tasa o tarifa sustitutiva[6]. Se destaca que esta es producto de una relación entre la cantidad de mano de obra empleada y su remuneración, con el volumen de producción esperada[7]. Se oye muy lindo, pero este Convenio reemplaza el pago mensual de aportes y contribuciones patronales por el pago diferido que significa la «Tarifa Sustitutiva». Una especie de blanqueo a «destajo» atado a la productividad.
Los invisibles
Como vimos, los trabajos examinados dan cuenta de cierto esfuerzo en precisar las condiciones reales de existencia de esta población, tarea necesaria. Suele plantearse que los tareferos, junto a los “productores yerbateros”, son los invisibilizados del sistema. Sin embargo, este no es el problema central. Las precarias condiciones de vida y trabajo no se deben a que su situación no sea reconocida sino a su condición de sobrepoblación relativa en una rama en la que aumentar la tasa de explotación es una de las condiciones para que subsistan 17.128 productores yerbateros, es decir, burgueses. El Estado es consciente de esto y obra en consecuencia, ya sea por la vía de no registrarlos o elaborar políticas sociales que no solo no llegan, sino que, además, cuando lo hacen, son insuficientes. Resulta imperioso desarrollar una política que unifique todas demandas de los tareferos y permita pelear por algo más que migajas para los trabajadores.
NOTAS
[1] Figueredo, N., Espinola, M., Alemany, L., Bulloni, M. C., Pereira, S. P., y Oviedo, A: “Proyecciones del Relevamiento de Tareferos (cosechadores de la yerba mate)”, en Políticas Económicas y Desarrollo Rural, nº 43, 2010. https://goo.gl/xtr9yN
[2]Oscherow, Hugo: “Tareferos: condiciones de vida y vulnerabilidad social”, en Re, D., Roa, M. L. y Gortari, J.: Tareferos: Vida y trabajo en los yerbales, Editorial Universidad Nacional de Misiones, 2017.
[3]La zafriña consiste en sacar los brotes nuevos para elaborar una yerba de calidad inferior a la elaborada durante la zafra.
[4]https://goo.gl/FY5gnf, https://goo.gl/mKBkLR
[5] Hemos analizado estos convenios en: Harari, Ianina: “Tiro de gracia a la ANSES”, en El Aromo, nº 78, Mayo/Junio de 2014, disponible en: https://goo.gl/LBtDQw
[6]Prensa INYM, 21/11/ 2015
[7]https://goo.gl/8Mv1sU
Sumamente interesante el análisis que realizás. Hay muchos trabajos desde el Equipo de Mercados de Trabajo Agropecuarios del Gino Germani que profundizan sobre la vida de los tareferos.
Tambi{en desde la Unviersidad de Misiones han publicado un libro sobre la vida de los tareferos
Me parece muy atinado el análisis, pero sin embargo, como participante del Censo, en calidad de censista, puedo decirte que J.A fue, como vos también señalás, una sola de las localidades censadas. Además, el Censo fue realizado en el año 2010, cuando las pensiones por discapacidad, los programas alimentarios como Hambre Cero, o la AUH, recién comenzaban a nombrarse en la zona. Fue un proceso muy largo el acceso a estas políticas sociales, y en ese entonces todavía era muy dificil medirlo. Me parece inapropiado comparar la actualidad con el 2010, porque en medio hubieron muchísimos cambios. Quizás sería pertinente evaluar qué pasó unos años después, o entre el 2010 y el 2015, antes de elaborar una conclusión tan concluyente como la que realizás. He realizado trabajo de campo durante estos ocho años desde el censo y doy fe de que durante los últimos años, las políticas sociales son el principal ingreso y el más estable de los trabajadores rurales de la yerba mate, siendo además uno de los determinantes fundamentales (y «contra producentes» por decirlo de algún modo) para avanzar en la registración formal.