Presentado en las Mesas de Trabajo «Del Rosariazo a la democracia del 83″ realizadas en la Fac. de H. y Artes de la UNR, 21 y 22 de octubre de 1994 y en las Jornadas de Sociología “36 años de la carrera de Sociología de la UBA», Bs. As., 10, 11 y 12 de noviembre de 1994. Publicado originalmente en el libro Del Rosariazo a la democracia del 83, (Irma Antognazzi y Rosa Ferrer, comp.) Fac. de H. y A. UNR, Rosario, 1995.
Por Irma Antognazzi (titular de Problemática Histórica, de la Fac. de H. y A., UNR. Directora del Grupo de Trabajo HACER LA HISTORIA)
«La libertad está de este lado»
(Frase grabada con la uña en una puerta y
descubierta la madrugada de la detención)
Introducción
No abordamos la problemática planteada en este trabajo desde el ángulo de descubrir la «microfísica» del poder, aunque no desconocemos los aportes de Foucault sobre dicho fenómeno adentro de las cárceles. Ubicamos la cuestión del enfrentamiento cotidiano de los presos políticos durante la dictadura militar del 76 en Argentina desde el marco de la teoría de la lucha de clases, haciendo una aproximación empírica para descubrir las formas y los contenidos que adoptó en dicho período.
Podría decirse que se trata de un análisis «micro» por lo reducido del espacio en el que se desarrolló el fenómeno o por referirse a unos pocos miles de personas. Sin embargo un enfoque meramente cuantitativo ocultaría el peso que jugó el enfrentamiento a los planes de la dictadura militar. Llevado adelante por miles de presos políticos y sus familiares, logró hacer trascender el problema fuera de los muros de la cárcel e incluso fuera del país y obstaculi-zar en gran medida el propósito de aniquilamiento total y masivo de los prisioneros políticos. Por esto colocamos la lucha dentro de las cárceles junto a la resistencia a la dictadura que llevaban adelante otros sectores y organizaciones sociales.
El trabajo de los diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales ha dado a conocer nutrida y valiosa información sobre la forma en que actuaba uno de los polos del enfrentamiento. Nos referimos a las formas represivas que aplicaba la dictadura militar sobre los presos políticos a los que mantenía en condiciones de legalidad o clandestinidad. Pero hay otra parte de la realidad -las políticas y formas organizativas implementadas por los presos políticos en esa etapa (1976 a 1983) dentro de los centros de detención- que no se han destacado o se han ocultado, presentando la vida en la cárcel como una respuesta individual y espontánea. Por eso muchos de los trabajos sobre el tema llegan sólo al nivel de denuncia, pretendiendo quizás un efecto agitativo y de concientización, pero que se queda a mitad de camino si no se centra la investigación en el núcleo clave: las contradicciones, las diversas gamas de contradicciones que hicieron que esa realidad, a pesar de lo aparente, se moviera, cambiara, tuviese una rica historia. Y este sesgo de los análisis se puede superar, entendemos, con la aplicación de los principios teóricos del materialismo histórico dialéctico que conduce a descubrir las formas y tipos de las contradicciones dando cuenta del fondo de los enfrentamientos sociales donde se alojan los intereses de clase y su compleja trama de expresiones subjetivas.
Este trabajo pretende mostrar los pasos en la conciencia y la forma en que las prisioneras políticas alojadas en la cárcel de Villa Devoto (Buenos Aires) -llevadas en sucesivos contingentes a partir de 1975, legalizadas, provenientes o no de lugares clandestinos de detención- fueron organizándose para enfrentar en una batalla cotidiana a la dictadura militar y a sus mentores ideológicos, representados por el personal penitenciario y demás expresiones del aparato represivo.
Al centrar la cuestión en torno a la teoría de la lucha de clases, se hace necesario especificar cuáles son los polos en pugna, cómo se presentan y con qué formas se enfrentan; cuál es la correlación de fuerzas en ese contexto particular como la cárcel, uno de los aparatos materiales del poder del estado;[1] cómo se fueron «moviendo» ambos campos en pugna, contando las innumerables contradicciones internas de cada uno, en el escenario de la lucha de clases a nivel del país e incluso en el marco internacional en lo que atañe al problema planteado. Esta apertura del tema excede los marcos de esta ponencia que se va a centrar principalmente en describir los ejes del enfrentamiento aludido: por un lado un heterogéneo y creciente número de militantes políticos y dirigentes sociales prisioneros y por el otro, un sector de la burguesía -la oligarquía financiera- creando condiciones para asegurar sin tropiezos el control del proceso de concentración del capital.[2]
Mientras en las fauces del estado terrorista se iba desarrollando esta lucha política, afuera, se iban ejerciendo otras formas de resistencia a pesar de las duras condiciones represivas: luchas sindicales, organismos de DDHH., expresiones del arte y la cultura, espacios abiertos por educadores, por exiliados y familiares, y algunos sectores de la iglesia, temas que exceden los marcos de este trabajo.
El contexto histórico: la oligarquía financiera versus campo popular
El período constitucional iniciado con el gobierno del presidente Cámpora en mayo de l973 permitió crear la ilusión para la mayoría del pueblo argentino de que se abría una etapa de gobierno popular. Se sucedieron tomas de fábricas, de escuelas y universidades, movilizaciones barriales, de profesionales, etc, con el objetivo de conquistar los espacios perdidos desde la caída del gobierno peronista en el 55. Esa ilusión fue rápidamente desvanecida cuando, particularmente después de los hechos de Ezeiza[3] quedaron en claro las profundas diferencias entre los sectores que estaban de acuerdo en llevar adelante el programa de gobierno que la ciudadanía había votado mayoritariamente y las cúpulas partidarias y funcionarios de gobierno que estaban dispuestos a usar todos los medios para impedirlo.
El capitalismo en Argentina se hallaba en la etapa de concentración monopólica, lo que generaba un sector de la burguesía que iba desplazando a otros de su participación en el poder económico y político, que no abandonaban el espacio sin resistencia. Aún no se había constituido la oligarquía financiera en una fuerza política capaz de disponer de todos los aparatos del estado; no había elaborado su proyecto económico; y el partido justicialista instalado en el gobierno en el 73, y las modificaciones con Perón presidente o Isabel Perón después, no le resultaron una herramienta idónea para representarlo, sobre todo por las expectativas que despertaba en amplias capas sociales.
El campo popular, todos los sectores sociales excluídos del poder, golpeado por la profundización de las políticas de «ajuste», estaba hondamente dividido para enfrentar al enemigo real -la oligarquía financiera- a quien todavía no visualizaba como su enemigo. Peronismo y marxismo; cristianismo o revolución; democracia burguesa o socialismo; lucha parlamentaria o lucha armada, eran algunas de las contradicciones que estaban al rojo vivo en la juventud obrera y estudiantil de la época.
Pero la cosa no quedaba en un debate ideológico. Las grandes movilizaciones de masas de fines de los 60 (los “rosariazos” y los “cordobazos”) habían mostrado niveles de violencia de calles nunca vistos antes en la Argentina. Constituyeron duros empellones a los planes de los mentores ideológicos y materiales del golpe de Onganía (l966) y abrieron el cauce para un crecimiento de la voluntad de grandes sectores por emprender la lucha revolucionaria, no sólo por la derrota de la dictadura militar, sino por la conquista del poder para el pueblo y la construcción del socialismo. Los ejemplos cercanos de la Revolución cubana, de la guerra de Viet Nam, de la guerrilla del Che en Bolivia y de numerosos grupos armados en casi todos los países de América Latina, así como las movilizaciones del estudiantado en el Mayo francés, o en Tlatelolco, México, daban un marco de entusiasmo a miles de jóvenes, que, orientados por una intelectualidad revolucionaria que se iba gestando, se decidieron a emprender una lucha total por una sociedad más justa.
Se agudizó el enfrentamiento de clases durante los 70 que superó los niveles reivindicativos económicos, para poner frente a frente por primera vez en la Argentina la cuestión del poder en primer plano, la caducidad del capitalismo y la necesidad del socialismo, aún cuando se trataban de lecturas insuficientes del proceso histórico que no permitían conocer científicamente los planes y posibilidades de cada uno de los campos en pugna.
Mientras se consolidaba el polo de la oligarquía financiera y se afinaban sus aparatos de poder represivo, el campo popular, golpeado brutalmente por la represión terrorista y sumido en profundas diferencias internas, no había logrado construir un proyecto propio ni herramientas políticas idóneas como para ponerse en condiciones de tomar el poder.
El gobierno de Isabel Perón fue tolerado por el poder financiero mientras iba creando las condiciones para hacerse directamente del poder del estado. El golpe militar estaba «cantado» desde mediados del 75, y algunos sectores sociales y políticos lo esperaban haciéndose eco de la necesidad de «orden». Ya se habían dado importantes pasos represivos: miles de presos políticos colmaban las cárceles y cientos en todo el país habían sido secuestrados y muertos por las TRES A (Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial) y otras organizaciones terroristas clandestinas impulsadas desde el estado. Cuando Martínez de Hoz tuvo listo el proyecto económico de la oligarquía financiera a la que pertenecía y expresaba, éste sector de la clase burguesa, utilizando su brazo militar, las Fuerzas Armadas de la Nación, dio el golpe de estado.
Quiénes fueron los presos políticos
En los años 70 hubo dos organizaciones políticas con gran desarrollo a nivel nacional pero disímiles en cuanto a sus objetivos e ideología: Montoneros -que hizo su aparición en l969 y que se fusionó con FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1973- y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque más conocido por el Ejército Revolucionario del Pueblo, (organización militar que dirigía políticamente), y que había surgido en l965.[4] Además, numerosas más reducidas como FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), OCPO (Organización Comunista Poder Obrero), entre otras. Sería un error confundir sus grandes diferencias políticas e ideológicas con el común denominador de «organizaciones armadas». Sin embargo la represión en todas sus formas cayó sobre sus militantes de la misma manera brutal provocando miles de muertos, desaparecidos y prisioneros hasta que lograron desbaratarlas como fuerzas organizadas y producir la dispersión de los militantes y contactos que habían logrado escapar de la mira del represor.
La represión fue selectiva en algunas etapas e indiscriminada en otras, lo que dio por resultado que las cárceles y sitios de detención se fueran colmando durante el gobierno de Isabel Perón con dirigentes de las organizaciones, cuadros de responsabilidad política y militar así como de una nutrida periferia, amigos, simpatizantes, colaboradores con distintos niveles de adhesión y compromiso. A partir del golpe de estado de marzo del 76, los dirigentes tomados prisioneros no eran llevados a las cárceles sino que iban a aumentar las listas de los secuestrados-desaparecidos. En cambio, el número de presos políticos «legales» aumentaba, aunque más lentamente, pero se trataba de contactos o familiares de los dirigentes secuestrados, con escaso nivel de formación, compromiso y experiencia política.
Con el golpe de estado, más que aumento en cantidad de los presos políticos se produjo un cambio de localización: se aplicó un plan de concentración de los presos políticos de todo el país en grandes centros «legales» de detención y un ajuste severo en las condiciones del régimen carcelario.
Un hecho distinto con respecto a todas las etapas anteriores de represión masiva lo constituyó el abultado número de prisioneros calculado en varios miles al inicio de la dictadura militar y particularmente, dentro de ellos, el gran número de mujeres, menor con respecto a varones pero notoriamente superior a todos los períodos represivos anteriores. Eso justificó la habilitación de la cárcel de Villa Devoto Unidad Penitenciaria N’ 2, en Capital Federal, para alojar exclusivamente a prisioneras mujeres.
Las cárceles se llenan. Algunos antecedentes
Hasta la fuga del penal de Rawson en agosto de 1972,[5] los prisioneros políticos «legales» de la dictadura Onganía-Lanusse (l966-1973) contaban con un régimen carcelario semejante a la práctica que llevaba el Servicio Penitenciario con los llamados «presos comunes». La única diferencia real era que, en su gran mayoría habían sido sometidos a torturas y diversos vejámenes y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), lo que los colocaba en situación de ser trasladados permanentemente a distintas cárceles, sacándolos de la jurisdicción de sus jueces naturales y del ámbito de sus relaciones familiares y otorgándoles la opción constitucional de seguir presos o salir del país cuando no estuvieran con causa judicial abierta. A partir de la fuga mencionada, el poder militar de turno implementó un régimen de «máxima seguridad» al interior de las cárceles, donde había concentrado la totalidad de los presos políticos (particularmente en Rawson -Chubut- y Villa Devoto en Capital Federal).
La amnistía que se vio obligado a conceder el presidente Cámpora como primer acto de gobierno[6] vació las cárceles de presos políticos. Sin embargo, a pocos meses del gobierno peronista[7] las cárceles empezaron a poblarse de presos políticos, a la vez que formas aberrantes de terrorismo eran implementadas por comandos parapoliciales y paralimilitares después denominados TRES A (Alianza Anticomunista Argentina) dedicados a provocar la muerte y secuestro- desaparición de dirigentes fabriles, estudiantiles, villeros, barriales y abogados defensores de los militantes políticos- y amedrentamiento en la población.
Los servicios penitenciarios provinciales y nacional no habían adecuado sus estructuras, edificios, ni personal a las nuevas situaciones de un creciente poblamiento carcelario en número y calidad de combatividad no conocido antes. Si bien la represión terrorista clandestina se incrementó, paralelamente iba aumentando el número de presos reconocidos legalmente, número que ascendió a varios miles entre hombres y mujeres hacia fines del gobierno de Isabel Perón. Para alojarlos se habilitaron comisarías, alcaldías de jefaturas de policía, asilos del Buen Pastor para mujeres y diversas dependencias improvisadas que no cumplían los requisitos de «máxima seguridad» requeridos por las necesidades del poder.
La normativa oficial aún antes del golpe de marzo del 76 fue concentrar a los presos políticos en grandes establecimientos carcelarios. Durante el gobierno de Isabel Perón, la mayoría de los presos políticos fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, haciendo uso abusivo de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional en el marco del estado de sitio. Una parte fue puesta a disposición del Poder Judicial. En la mayoría de los casos coinciden las figuras de causa penal y puesta a disposición del PEN bajo decreto de la presidente de la Nación, por entonces María E. Martínez de Perón, o de la Junta Militar después, quien definía, en última instancia, la suerte del prisionero, por mecanismos de los que todavía se ignora gran parte.
El decreto de «aniquilamiento a la subversión» dictado por Luder -presidente del Senado en ejercicio de la presidencia- dio carta libre a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de los prisioneros políticos y desde entonces, antes del golpe militar, las cárceles provinciales y nacionales, comisarías, dependencias militares, etc, quedaron a cargo de las FFAA obrando conjuntamente o por separado en el marco de la represión interna, para la detención y traslado de las personas sindicadas como «subversivas» o «terroristas».
Con el aumento numérico de prisioneros, se implementaron cambios en el régimen carcelario. En primer lugar destinaron una cárcel exclusiva para mujeres prisioneras políticas (U.2 de Villa Devoto, Capital Federal) y varias para hombres (Resistencia, Coronda, Sierra Chica, La Plata, Rawson) y asignaron zonas (pabellones) propios para los prisioneros políticos aislados de los «comunes», convivencia que llegó a darse hasta fines del gobierno de Isabel y en contados casos hasta los primeros momentos después del golpe militar de marzo del 76.
La dictadura militar abrió un nuevo régimen carcelario, destinado al deterioro físico y al aniquilamiento moral, intelectual, ideológico y político de los prisioneros. Para lograr tal objetivo necesitó formar personal especializado del Servicio Penitenciario Nacional y de los Servicios de Inteligencia del Estado, que fuera capaz de aplicar las distintas técnicas que requería la implementación de la política de aniquilamiento. Dicho personal fue poco a poco reemplazando al antiguo, acostumbrado al trato con los llamados presos comunes. Para ellos también la situación era nueva, no sólo por las cantidades por miles de prisioneros políticos, sino por la calidad de los mismos y la magnitud de las experiencias vividas por ellos, tanto en su militancia como en las formas de brutalidad de la detención y el cautiverio. Se vieron obligados, además de formar personal, a sancionar nueva legislación, habilitar nuevos espacios, y prontamente, debieron enfrentar las presiones que sobre todo a nivel internacional se ejercían por lograr condiciones de vida dignas dentro de las cárceles y por la libertad de los presos políticos.
Así como el poder real -los grupos financieros y los represores a su servicio-, debió resolver problemas nuevos, los prisioneros también se enfrentaron con condiciones diferentes para afrontar las cuales no resultaba totalmente válida la experiencia acumulada en anteriores experiencias carcelarias. Los espacios para reconocimiento de reclamos por mejores condiciones de vida y por acciones judiciales; el régimen de lectura, estudio, visitas y trabajo que habían conocido los presos en etapas anteriores, poco de eso se podía dar igual en un marco altamente represivo como el implementado para aniquilar al campo popular dando un escarmiento en la persona de los presos políticos.
Cárcel de concentración de mujeres prisioneras políticas: U.2, la vidriera del régimen
La Unidad N’2 del Servicio Penitenciario Nacional de Villa Devoto en la Capital Federal se convirtió desde el golpe militar de 1976 en la cárcel de concentración de mujeres prisioneras políticas. El proceso se había iniciado antes, con el traslado de prisioneras de Capital Federal y prov. de Buenos Aires, y el primer contingente del interior proveniente de la Alcaidía de la Jefatura de la Policía de Rosario, y un segundo grupo inmediatamente después, en diciembre del 75. Hacia mediados del 76 la cárcel de Villa Devoto concentraba unas mil prisioneras mujeres de los diversos rincones del país para lo cual fueron desalojando la población carcelaria masculina, tanto presos comunes como políticos.
El grueso de la población carcelaria fue incorporado hasta mayo de 1976. A los nuevos contingentes del interior se agregan casos aislados de nuevas incorporaciones durante el 77 e incluso 78, que provienen de haber sufrido largas y dolorosas experiencias en los campos de concentración y «legalizadas». Por esas circunstancias, son quienes están en condiciones de informar sobre la represión clandestina, aspectos que el gobierno insistía en negar y ocultar. Justamente, este hecho hizo que fueran las prisioneras políticas, las más aisladas de la sociedad, las que se nutrieran de precisa y detallada información de los llamados «campos de concentración» o «chupaderos» y que buscaran afanosamente los medios de lanzar dicha información afuera, a través de los familiares y al exterior del país a través de las escasas libertades otorgadas y expulsiones de extranjeros que se dieron en los primeros años del período.
Un hecho nuevo lo constituyó la gran cantidad de mujeres prisioneras. El fenómeno da cuenta de que la mujer se había incorporado en una medida significativa a la lucha política junto al hombre. A pesar de que se mantenían prejuicios y discriminaciones, la práctica dentro de organizaciones que se definían revolucionarias y en lucha por el socialismo, conducía a nuevas formas de hacer política con el concepto de «compañeros», hombres y mujeres hermanados en la lucha donde iba en juego la vida con nuevas formas de concebir la familia, la crianza de los hijos, la amistad.[8]
La concentración de la población femenina en la cárcel de Villa Devoto permitió darle a ésta el carácter de «vidriera» del régimen, la cárcel con mejores condiciones de vida de los prisioneros si se compara con las cárceles de hombres. Fue preparada para ser mostrada a las delegaciones de organismos internacionales de derechos humanos, quienes planteaban demandas por la libertad, aceleración de los juicios y mejora de las condiciones de vida de los prisioneros en general pero específicas por el hecho de tratarse de mujeres, madres, jóvenes, ancianas o enfermas.
El golpe militar del 76 significó un cambio fundamental en el régimen de vida en la cárcel: obligación de entregar a las familias a los hijos pequeños y los que habían nacido en cautiverio que hasta 1976 convivían con sus madres; control de horarios (de sueño, de descanso, de comidas, de recuento, etc); disminución de recreos (horario y frecuencia de celdas abiertas o salidas al patio); vestimenta uniforme; un régimen más severo de sanciones; un régimen de visitas más riguroso en cuanto a horario, frecuencia, lazos familiares que podían hacer las visitas; control y restricción de correspondencia; prohibición de entrada de alimentos por parte de familiares; prohibición de ingreso de diarios y revistas; restricción y control de libros; control y restricciones para los abogados hasta la prohibición total; limitación primero y prohibición después de atención religiosa, y, sobre todo mayor aislamiento entre los prisioneras entre sí y con el mundo exterior. Sin embargo, a pesar de la rigurosidad, el régimen impuesto, fue mucho más flexible que el aplicado a los hombres. Devoto era la cárcel para mostrar a los organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Cruz Roja y la OEA. Aunque, no se mostraba todo e incluso se preparaba la «vidriera» cuando se iba a hacer efectiva una visita de los organismos internacionales con limpieza y comidas especiales. Pero no se permitió, salvo raras excepciones, el diálogo con las delegadas de la organización que las prisioneras habían constituído.
La caracterización de la población carcelaria de mujeres
El papel de la mujer en la política y particularmente en las luchas revolucionarias de los 70 es todo un tema en sí mismo que aquí sólo dejamos planteado. La política de los 70, en alguna medida reproducía y conservaba los valores de discriminación entre hombres y mujeres, aunque había ampliado la participación de la mujer junto al hombre creando formas nuevas de relaciones que se fortalecían en una militancia compartida. Sin embargo la mujer ejercía menos puestos de dirección y su formación y compromiso político fueron en general menores. Lo cual no significó que no se mostrase aguerrida en la tortura y en la vida carcelaria y que pudiese avanzar hasta convertirse en mujer política dentro del ámbito de la cárcel. Generalizar conductas es un reduccionismo muy fuera de nuestra intención. Entendemos que sobre el papel del género en estas situaciones hay que procesar información y profundizar los análisis.
Una característica de la población carcelaria femenina fue la heterogeneidad social, política y cultural así como la diversidad de las provincias de origen, contándose incluso con extranjeras latinoamericanas (paraguayas, chilenas, uruguayas y brasileñas) y europeas en menor medida, algunas con doble nacionalidad española e italiana. Además, grandes diferencias en edad (desde niñas de 14 años hasta mujeres de más de 70 habiendo una franja más numerosa entre 22 y 35 años).
La heterogeneidad más significativa fue la política. La cárcel reproducía en alguna medida las controversias políticas del conjunto de la sociedad de entonces: peronistas y marxistas con una ancha franja de «independientes» que se definían contra la dictadura y antiimperialistas, simpatizantes de alguna de los organizaciones pero sin militancia o compromiso, (cuyas detenciones habían tenido distintos orígenes, pero que en el fondo adscribían a alguna u otra línea política según fuese la militancia de su pareja) o con resentimiento hacia las organizaciones a quienes hacían cargo de su detención, sin llegar a comprender, a veces durante un tiempo largo, el fondo de la cuestión.
Otros motivos de enfrentamiento que, aunque secundarios, dificultaban la convivencia entre las garras del aparato represivo, fueron las siguientes: militantes y no militantes; militantes de organizaciones armadas o no armadas; con causa judicial o sólo PEN, todas manifestaciones exteriores de contradicciones más profundas que costaba resolver debido a insuficiencias teóricas y políticas y al acoso permanente del personal penitenciario que en ocasiones llegaba a situaciones limites.
La población carcelaria era heterogénea desde el punto de vista de los orígenes de clase. Las mujeres campesinas, obreras, estudiantes, artistas, profesionales, docentes, amas de casa de distintos estratos sociales, eran todas expresión de los sectores sociales afectados por las políticas de ajuste económico y de represión, pero sin haber advertido todavía la cuestión objetiva que las unía. Por eso durante los primeros meses del proceso en las cárceles se antepusieron las diferencias al punto que llevó un tiempo implementar una política propia del conjunto.
La organización política dentro de la cárcel
Vivir en tales condiciones de encierro extremo, donde todo estaba prohibido; con incertidumbre ante la libertad pues no existían reglas del juego claras ni defensa en juicio, en peligro permanente para la vida de sí mismo y de sus familiares, amigos y compañeros, requirió de los prisioneros políticos un largo proceso de adaptación y de resolución creativa. Las primeras formas de organización que se implementaron fueron reproducir de alguna manera el estilo de militancia política de “afuera”. Mientras entraban subrepticiamente informes políticos y orientaciones de trabajo de las direcciones de las organizaciones políticas, hubo elementos para mantener cohesionadas a las militantes en sus respectivas estructuras, pero, paradójicamente, fue la época de mayor aislamiento con el conjunto de las prisioneras de menor nivel de compromiso o conciencia política. A medida que la represión fue diezmando a las organizaciones y cortando los vínculos con el exterior, tuvieron que resolver situaciones nuevas, siempre cambiantes, mientras que el aparato represor del poder iba perfeccionando sus políticas para lograr el aniquilamiento ideológico (no sólo físico) de las prisioneras.
Uno de los grandes debates ideológicos entre las prisioneras fue cómo encarar una etapa incierta y una situación tan peligrosa para la integridad de las personas: (¿se debía esperar que pase el tiempo, dejarse estar, hasta el dia de la salida?; ¿o era necesario actuar, crecer, organizarse para defenderse y prepararse para resistir y poder salir íntegras?). Colectivamente se aprovechó la experiencia de quienes habían conocido las cárceles de otras dictaduras, quienes, a pesar de las grandes diferencias en esa etapa, estuvieron en condiciones de transmitir una clave: había que organizar el tiempo para dar cabida a distintas actividades grupales o individuales que permitieran conocer el terreno y sus variaciones y que dieran como resultado un fortalecimiento integral del prisionero. Quedaba claro que esa experiencia acumulada provenía de situaciones diferentes en que se podía visualizar como más cercana la apertura democrática y la continuidad de la lucha revolucionaria y en las que el régimen carcelario no era tan severo. Contando con que todas las actividades propias de un ser humano estaban prohibidas, la resistencia pasaba por aprender a sortear esos obstáculos sin ser sancionadas, pues esto provocaba situaciones más penosas y de difícil o nulo control por el conjunto. Y en esas condiciones, la única manera de resistir era colectiva a través de fuertes vínculos de solidaridad que se fueron desarrollando y manifestando en múltiples aspectos.
La gran diversidad de orígenes e historias de vida, permitió abordar una gama inmensa de enseñanzas y aprendizajes, de intercambios de conocimientos, de puntos de vista, como vasos comunicantes, que en un corto tiempo habían elevado al conjunto cualitativamente: ya no quedaban analfabetas, ya todas sabían algo de historia, de política, de sicología; hacer habeas corpus y recursos de amparo, notas de reclamo, responder interrogatorios, etc.; hacer gimnasia, dibujar, diversas manualidades, cantar, hacer teatro, escribir poemas, etc. a la vez que las descripciones de los modos de vida de cada una fueron ayudando a tener una visión global del país y de su gente.
Esos fructíferos intercambios entre campesinas, maestras, abogadas, profesoras de gimnasia y de música, bailarinas, artistas de teatro, enfermeras, sicólogas, estudiantes de diversas carreras y niveles, servicio doméstico e hijas de industriales, todas viviendo las mismas experiencias de dolor, miedo, miseria, hambre, enfermedades, incertidumbre, permitieron en los dos primeros años hacer crecer la unidad política, ayudando a superar las diferencias provenientes de sectarismos, abriendo un espacio pluralista que sorprendía comparándolo con las vivencias de enfrentamiento en la sociedad. En este proceso más que la prédica de las organizaciones revolucionarias sirvió la política del represor que golpeaba por igual, sin hacer distinciones, porque tenía claro que, desde sus intereses objetivos, todas las prisioneras eran su enemigo a quien había que aniquilar. Y para hacerlo mejor y en menos tiempo, se proponía dividir y enfrentar entre sí.
Un gran descubrimiento: el carácter de rehenes
Cuando las prisioneras políticas descubrieron su carácter de rehenes del régimen concretaron un salto en su nivel de conciencia y de organización política. Un rehén no es un detenido político sometido a la legislación penal constitucional ni pasible de defensa alguna. Es un objeto político a merced de la arbitrariedad del poder. “Persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones”, dice el diccionario. Llevó tiempo, numerosas discusiones y tristes experiencias para que las prisioneras llegasen a esta caracterización que significó un gran paso en cuanto a objetivizar las expectativas de libertad, orientando las acciones jurídicas, la relación con los familiares, y las pautas de vida que se adoptaban en prisión. No se trataba de presos políticos, categorización jurídica de alcance universal en los diversos códigos. Una prisionera era considerada un objeto, un expediente, una herramienta para dar escarmiento, una pieza para el chantaje, una ficha en medio de un tablero que era movida con reglas de juego que desconocía. Pero el descubrimiento de la calidad de rehén estuvo asociado a que estaba en el medio del enfrentamiento por las libertades, por los derechos humanos, por la justicia, por la dignidad, por la democracia. La calidad de rehén, hacía advertir la necesidad de la lucha colectiva y no aislada o meramente individual.
Decíamos que la realidad misma se encargó de convencer a la gran mayoría de las prisioneras sobre su carácter de rehenes. Los casos en que algunas detenidas fueron sacadas violentamente del penal y sin explicación alguna a ellas ni a quienes quedaban sumidas en la zozobra, y trasladadas encapuchadas hasta sitios desconocidos donde se les informaba que serían fusiladas si se produjese algún atentado contra el General Videla (presidente de facto en ese entonces); o las negativas a conceder la opción para salir del país o la libertad, aún cuando la hubieran otorgado los jueces; o el caso en que fueron sacados de las cárceles de varones grupos que después aparecían muertos como represalia por alguna acción guerrillera; fueron elocuentes muestras del carácter de rehenes. Otro indicador de la calidad de rehenes era el accionar del aparato judicial supeditado al poder político que rechazaba los habeas corpus, los recursos de amparo o desconocía la defensa en juicio y daba condenas «aleccionadoras». O los Consejos de Guerra, aparatos montados en los distintos Cuerpos Militares, parodia de juicio, manipulados, donde el prisionero no llegaba a conocer ni siquiera las acusaciones y por supuesto no tenía derecho a la defensa.
Pero juntamente con estos elementos se agregaban otros que también daban cuenta de la calidad de rehenes: se iba advirtiendo que las luchas populares, no sólo las que se realizaban por la libertad de los presos, sino las denuncias sobre el régimen de terrorismo de estado que se hacían en el país y en el extranjero, sumado a las dificultades económicas que el proceso de concentración monopólica iba produciendo en amplios sectores sociales, irían abriendo camino al fin de la dictadura y a la necesidad de una apertura electoral. La convicción de que las propias contradicciones del poder y las presiones del pueblo lograrían abrir las cárceles (aún en un sentido figurado, en relación con un esperado fin de la dictadura) fue el principal aliciente de los presos, que organizadamente fueron orientando su labor en el sentido de ampliar las denuncias a través de los familiares y de las escasas salidas a Tribunales como resultado de campañas masivas de habeas corpus y recursos de amparo.
Cuando llegaron a asumirse como rehenes políticos del régimen militar, habían creado las bases materiales para la unidad en la acción. La gran mayoría de las prisioneras comenzó a vivenciar una situación común a todas: cómo encarar la vida dentro de las condiciones de encierro en un marco temporal incierto; y, segundo, cómo encarar la búsqueda de la libertad. Dos ejes generales válidos para el conjunto de las prisioneras pero que para ser asumidos, protagonizados e implementados, exigían política y organización adecuadas.
La caracterización de rehenes llevaba a reconocer que se estaba en manos del enemigo de clase, y que la lucha entablada en la sociedad, sus propias contradicciones internas aunque secundarias en el seno del bloque de poder y la presión internacional no le dejaba las manos totalmente libres para el aniquilamiento inmediato físico, psíquico, intelectual de miles de personas. Se tenía la convicción de que en el largo plazo, la correlación de fuerzas se hacía desfavorable para los prisioneros, víctimas de un desgaste no sólo físico. El objetivo entonces era obstaculizar ese avance hasta tanto las condiciones externas obligasen a una apertura democrática y por ende, una liberalización del régimen carcelario hasta la libertad de todos.
Estas cuestiones mantenían a las presas políticas en permanente actividad, una intensa lucha que permitió ir destacando a algunas que fueron capaces de mostrar cualidades de dirigentes y ser reconocidas por el conjunto. Se requería una caracterización actualizada de la situación política nacional, de la política del penal, de cada guardia, hasta de cada personal; pero también del estado del conjunto de las prisioneras, de los procesos que cada una experimentaba como consecuencia de las presiones que ejercía la política represiva y estudiar las formas de lucha por las mejores condiciones de vida y por la libertad. Y el gran desafío, cómo ir dando pasos que mantuvieran la unidad de acción del conjunto de las prisioneras.
Allí también, como en otros espacios de la sociedad, la lucha se daba día a día adoptando formas especiales pero a pesar de que era eminentemente ideológica y política tenía su parte de lucha reivindicativa, económica se podría decir, por las reivindicaciones que hacían a la vida cotidiana y la relación con el mundo exterior para mantener vigente los derechos humanos más allá de las intenciones en contrario de los que aplicaban una política de aniquilamiento total.
Una de las primeras formas de organización que se dieron las prisioneras políticas fue reconstruir sus propias organizaciones con sus contenidos ideológicos y políticos. Si bien resultaba difícil adentro de las fauces de quienes las habían detenido por ejercer una acción política revolucionaria o sindical, las organizaciones funcionaban, procurando adaptar sus debates, su formación política, etc, a las condiciones atípicas en que se encontraban. Esto no siempre se lograba pues se caía en traslados mecánicos de formas organizativas de «afuera» en condiciones condiciones represivas tan severas. Estas propuestas organizativas resultaban, cuanto menos, demasiado exigentes para muchas prisioneras que no habían comprendido totalmente el carácter represor del enemigo de clase y la causa de las políticas brutales que se implementaban en su contra y les costaba asumir la posibilidad de resistir colectivamente para defenderse.
Las organizaciones políticas mayoritarias, PRT-ERP y Montoneros, se dieron sus direcciones y formas de funcionamiento a pesar de que en el marco de las prohibiciones del régimen carcelario, la vida política era el eje central de las proscripciones. Las militantes de ambas organizaciones tan distintas política e ideológicamente, fueron haciendo un proceso de acercamiento. Preocupadas por incorporar a la política colectiva de resistencia a la totalidad de las prisioneras, acordaban ciertas medidas reivindicativas sobre aspectos que resultaban de interés para el conjunto, aún cuando las diferencias ideológicas no se habían saldado. El primer éxito en ese sentido fue lograr el reconocimiento -hacia el conjunto de las prisioneras y hacia las autoridades del penal- de delegados generales y de pabellón. Las prisioneras debieron resolver la cuestión de cómo elegir al delegado pues las diferencias políticas, sobre todo en la primera etapa eran tan marcadas que no se podía consensuar un delegado único.
En los hechos resultaban representantes de las organizaciones mayoritarias Montoneros y PRT quienes eran el vocero de las demandas del conjunto. Los ejes de reclamos se modificaban sobre algunos que fueron permanentes: recibir visitas de contacto con los familiares y particularmente con los hijos (ya que colocaron locutorios con separaciones de vidrios); autorización de visitas de abogados, apoderados, representantes extranjeros; mejorar la alimentación, la atención médica, conseguir recreos más prolongados (salidas al aire libre), atención religiosa, lectura de diarios, libros, regularización de la correspondencia, liberalización del régimen de control de las visitas, autorización para realizar habeas corpus y recursos de amparo que permitieran denunciar los atropellos de las requisas, vejatorias para las prisioneras y sus familiares, amenazas, golpes, etc.
La lucha por las reivindicaciones del conjunto de las prisioneras era considerada como una forma fundamental para flexibilizar el régimen de detención obstaculizándolo, sabiendo que cuanto más se demorasen sus avances represivos, más posibilidades había de mantener la salud integral de mayor cantidad de prisioneras. Esa política de obstaculización y resistencia se concretaba en medidas colectivas masivas y en muchos casos unánimes, como notas de reclamo, de denuncia, rechazo de comidas, «jarreos», gritos, campañas de habeas corpus y recursos de amparo, gestiones masivas de visas, rechazo a acceder a ciertas imposiciones como requisas vejatorias y caminar con la cabeza baja y las manos atrás, etc.
Toda esa febril actividad se encuadraba en el marco de la lucha política e ideológica del conjunto de las prisioneras, lo que requería precisiones sobre quién era el enemigo real y cómo se expresaba la política terrorista desde el estado aún generándole un elevado costo político. En este plano también trabajaba el represor, procurando caracterizar con más precisión a cada una de las prisioneras pretendiendo un control psicológico, intelectual e ideológico en cada momento con un seguimiento de sus conductas, correspondencia, actitudes e interrogatorios periódicos realizado por personal penitenciario, de los servicios de inteligencia o de los cuerpos militares de donde dependía cada una por razones de jurisdicción. Aplicó la categorización DTS (delincuente terrorista subversivo) con distintos grados que iban desde «irrecuperable» a «recuperado» para asignar a cada una, después de severos interrogatorios y análisis de las conductas, los regímenes de vida dentro del penal. Utilizó esas caracterizaciones como mecanismos para romper la unidad gestada tratando de separar entre las prisioneras las que tenían antecedentes militantes y las demás y poniendo señuelos o formas de chantaje para ir separando, desgranando la unidad lograda.
En la medida en que se iban resolviendo contradicciones internas crecía la fuerza para enfrentar las políticas represivas en un proceso que tuvo su punto de culminación hacia 1979. La organización política y las actividades que involucraban a todo el conjunto originaban un clima de trabajo y creatividad que era capaz de burlar los controles y saltar por sobre las prohibiciones. La organización de las prisioneras hacía posible una gama increíble de actividades- todas, absolutamente todas prohibidas, y por ende, sancionadas quienes eran descubiertas en infracción. Se organizaba el tiempo, de manera tal que hasta resultaban cortos los días. Todo eso, permitió mantener intelectual y psíquicamente y con gran fortaleza ideológica a la gran mayoría de las presas políticas durante todo el período, e ir sorteando en el estrecho marco de las condiciones físicas los problemas de salud que se presentaban, en la gran mayoría de los casos. No por buena atención médica, sino por la organización que permitía resolver problemas con los familiares, el reparto de la comida y del economato (caja única con los depósitos en efectivo que hacían los familiares), el cuidado de las enfermas, etc. La lucha por la salud se convertía en uno de los frentes de batalla para obstaculizar la campaña de desgaste y deterioro físico de las prisioneras.
Pero el tiempo contado en largos y dolorosos años, fue haciendo entrar otras variables en juego: el deterioro físico obligaba a algunas prisioneras -que llevaban varios años de duro encierro- a optar por el régimen de «beneficios» que ofrecía el sistema carcelario; el desgaste psíquico, la debilidad ideológica, los requerimientos de contacto con los hijos, el sentimiento de desaliento ante la derrota de las organizaciones revolucionarias, y sobre todo la política de hostigamiento permanente de parte del represor que aplicaba un concienzudo plan para dividir creando desconfianza, fueron abriendo brechas en la unidad alcanzada, debilitando la fuerza del conjunto. Las libertades selectivas y con cuenta gotas iban aumentando la incertidumbre de las que quedaban. La cárcel, uno de los soportes más importantes del poder, iba avanzando con el concurso de las servicios de inteligencia, la iglesia, psiquiatras, médicos, policía federal y fuerzas armadas para lograr definiciones por escrito o declaraciones de culpabilidad, pedidos de perdón o solicitud de regímenes de privilegio.
Hacia los años 80-8l, se empezaron a visualizar algunos indicios de que la dictadura militar estaba siendo jaqueada por las crecientes dificultades económicas, y las denuncias internacionales que obligaban a los gobiernos de otros países a expedirse por las libertades de los presos y la vigencia de los derechos humanos en Argentina. Por otra parte el “trabajo sucio” de acelerar la concentración monopólica a punta de una sangrienta represión estaba cimentado. Sin embargo, en esos momentos, hacia el 81, la fuerza política de las prisioneras ya se había ido debilitando, aflojándose las lazos de organización y por ende de respuesta colectiva. Las libertadas otorgadas -«vigilada» en el país u opción en país extranjero- habían reducido sensiblemente el número de prisioneras que, de mil hacia el 76 había quedado reducido a pocos cientos en el 80.
Conclusiones
La resistencia no fue una suma de actitudes individuales sino una política implementada orgánica y democráticamente por las prisioneras en la cual jugaron un papel destacado militantes de las organizaciones políticas, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Montoneros, organizadas internamente con autonomía del exterior de la cárcel. A pesar de numerosos errores y esquematismos, jugaron un papel preponderante las prisioneras que recogieron las banderas de lucha de tantos caídos en nombre de sus organizaciones políticas e intentaron mantener vigentes sus objetivos de justicia y liberación.
La situación era difícil. Había que vencer el desaliento, la incomunicación, la inseguridad, la incertidumbre, el individualismo que alimentaba la normativa del régimen carcelario impulsado, a ojos vista, por especialistas en el control ideológico de prisioneros políticos. Las formas concretas de resistir las imposiciones del régimen carcelario se fueron aprendiendo en la práctica llegando a constituirse verdaderos frentes políticos de organizaciones partidarias con la participación de independientes o tratando de contemplar la voluntad de las no militantes.
El eje político que se procuraba implementar era lograr la unidad en la acción más allá de las diferencias ideológicas que se arrastraban particularmente entre las organizaciones que se definían marxistas revolucionarias (PRT) y las de origen peronista, particularmente Montoneros. Se buscaba hacer un frente común al enemigo dirimiendo las contradicciones y diferencias de rejas adentro, para enfrentar como un bloque, de las rejas para afuera. Se procuraba resolver democráticamente las medidas, aún cuando las escasas experiencias en el seno de la sociedad y en las organizaciones mismas, lo hacía dificultoso, lo que creaba o agudizaba fricciones entre los distintos bloques de prisioneras que se iban conformando por afinidades diversas.
A pesar de esas discrepancias, las presas políticas iban asumiendo conductas semejantes dando fortaleza al conjunto y por ende, a cada una que se sentía parte de un conjunto mayor. Sin embargo, nuevos embates del enemigo en su avance de políticas de aniquilamiento iban obligando a abandonar ciertas medidas de resistencia, colocando el umbral en un punto cada vez más bajo. Se procuraba mantener la unidad, aunque paulatinamente, después de tantos años transcurridos, se iban desgranando del conjunto numerosas prisioneras que no podían soportar más el régimen estricto a que sometían a las «irrecuperables», caracterizadas así porque mantenían la política de resistencia.
Ese era el objetivo del régimen para con aquellos prisioneros a los cuales no había matado en el secuestro. Era una forma dirigida directamente a minar el caudal ideológico del campo popular. Sin embargo, en el mayor número de casos la cárcel no las destruyó como personas pues mantuvieron viva la llama de la lucha por la vida, el estudio, el trabajo, la familia y sus objetivos sociales y políticos. Fue muy reducido el número de quienes abandonaron sus principios y quizás contándose con los dedos de la mano los que pasaron a las filas enemigas como informantes o colaboradores conscientes. Sin embargo el número de militantes que continuó en la lucha política partidaria es escaso. Quizás esto es más bien atribuible a que el conjunto de la sociedad todavía no ha hecho un balance de las experiencias y propuestas políticas de entonces y todavía no ha encontrado una forma superior que empalme con las necesidades actuales para que el campo popular en su conjunto se exprese.
Los ex-presos exiliados se han dedicado a hacer denuncias en foros internacionales y organizar la solidaridad internacional. En el país han integrado los organismos de DDHH, sindicatos, movimientos por la democracia, por la justicia, contra la impunidad. Todavía la sociedad no ha abierto canales para que toda esa riqueza de experiencia acumulada pueda ser utilizada por el campo popular como un potencial más. Se trata de miles de sobrevivientes de la tortura, prisioneros por años, que han mantenido la dignidad, el respeto entre la gente, porque supieron enfrentar al enemigo de clase, día a día, en sus propias entrañas. Hoy habría que ver si no estamos ante un despertar de esa conciencia de los mismos presos, una revalorización colectiva de los esfuerzos políticos de aquéllos que en ese momento supieron ponerse al frente de la organización de los prisioneros que posibilitó crear condiciones de vida digna dentro de la cárcel, darle sentido a los años allí como parte de la vida y no de las sombras, poder transmitir esas experiencias a las nuevas generaciones.
Aún hay muchos interrogantes abiertos. Estamos explorando un tema que pertenece a la experiencia del pueblo argentino. Adentro de las entrañas del aparato represivo del estado, hombres y mujeres estaban todos los días en el campo de batalla. Era una lucha desigual desde el punto de vista de las fuerzas físicas. Sin embargo la fortaleza ideológica del conjunto provino de los aportes de la teoría científica. La «conciencia de la necesidad», en el sentido materialista dialéctico, dio el margen de libertad, -paradoja, adentro de la cárcel- para encontrar las políticas que obstaculizaron y resistieron los embates destructivos del enemigo de clase.
Notas
[1] Lenin, V.I.: El estado y la revolución, Lautaro, Bs. As., 1946. En el capitulo titulado «Los destacamentos especiales de fuerzas armadas, las cárceles, etc» cita a Engels en El origen…: «… el segundo rasgo (del estado) es la institución de una fuerza pública que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial se hace necesaria porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la población… Esta fuerza pública existe en todo estado; y no está formada sólo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia (clan) no conocía».
[2] Asborno, Martín: Las relaciones de poder económico en la Argentina actual, CICSO, Estudios N’63, Bs. As., 1990. Idem: La moderna aristocracia financiera, El bloque Editorial, Bs. As., 1993.
[3] Verbitsky, H.: Ezeiza, Contrapunto, Bs. As., 1985
[4] Gillespie, R.: Los soldados de Perón. Montoneros, Grijalbo, Bs. As., 1982. Seoane María: Todo o nada, Planeta, Bs. As., 1993. Dirección del PRT: Historia del PRT, Ed. 19 de Julio, Bs. As., 1990
[5] Antognazzi, Irma: Trelew, 20 años después, Ed. 19 de Julio, Bs. As., 1992. Se refiere a la fuga del penal de Rawson, concertada entre el PRT-ERP, Montoneros y FAR, con apoyo externo, como forma de presionar al gobierno del Gral. Agustín Lanusse para llamar a elecciones nacionales abiertas sin proscripciones a la vez que volcar a la lucha revolucionaria a numerosos militantes. Los dirigentes que lograron concretar el plan de fuga exitosamente fueron: Santucho, Gorriarán Merlo y Menna (PRT); Osatinsky y Quieto (FAR) y Vaca Narvaja (M). Fueron asilados por el gobierno de Chile Salvador Allende y enviados a Cuba. Otros 19 fueron baleados en la base naval Almirante Zar de los cuales sólo 3 sobrevivieron. Más de cien no lograron concretar su objetivo debiendo volver a la cárcel, de donde salieron con la amnistía en mayo de l973. Urondo, Paco: La patria fusilada, Bs. As., Crisis, 1973
[6] Se conoce con el nombre de Devotazo a la gran movilización de masas que partiendo de la Plaza de Mayo el día en que asume el gobierno de Cámpora- Solano Lima, 25 de mayo de l973, exige la libertad de los presos políticos al punto que el primer acto de gobierno fue decretar la amnistía total para los presos políticos.
[7] Cámpora obligado a renunciar es reemplazado provisoriamente por Lastiri, entonces presidente de la Cámara de Diputados, yerno de López Rega, hasta que en setiembre se convoca a elecciones nacionales y triunfa en manera absoluta la fórmula Perón- Isabel Perón.
[8] Un opúsculo denominado Moral y proletarización, redactado por militantes del ERP en la cárcel de Rawson, desarrolla su concepción de la igualdad del hombre y la mujer ante la necesidad de la lucha revolucionaria.
