En El Aromo nº 29 editamos un dossier sobre la justicia burguesa. En el mismo, publicamos una entrevista a Roberto Gargarella y una crítica a su posición, en el artículo introductorio a cargo de Germán Suárez, “La justicia burguesa en el banquillo”. Gargarella nos envió una carta con varias observaciones a nuestras críticas. A continuación, reproducimos la nota de Gargarella con la respuesta de Suárez. Obviamente, el debate continúa abierto a quien quiera sumarse.
Respuesta de Gargarella
A través de esta carta, quería agradecer, en primer lugar, las consideradas palabras de Germán Suárez en su artículo “La justicia en el banquillo”, en donde comenta brevemente algunos aspectos de mi trabajo. Al mismo tiempo quería dejar en claro, también, que resisto su premura por identificar mi trabajo con posiciones que no suscribo. Ante todo, entiendo que mis escritos no suponen, sino que cuestionan un modelo económico como el vigente en la Argentina, un modelo que me resulta inatractivo, con el cual no me siento comprometido, y respecto del que tengo mucho para decir en contra y nada a favor. Sugeriría, en tal sentido, que Germán completara la lectura del libro de mi autoría que cita en su trabajo (en particular, capítulos como “Liberalismo, socialismo y derechos”).
Tampoco creo, como él sugiere sobre mi trabajo, que la resolución de los grandes problemas nacionales pase por la realización de algunos pocos ajustes institucionales. Más bien, diría exactamente lo contrario: lo que quiero es destacar que dichas cuestiones institucionales son también parte de una agenda de reconstrucción colectiva. Señalo esto contra la idea, muchas veces sostenida, de que un programa reconstructivo debe ocuparse exclusivamente de la introducción de cambios de tipo económico, como si las cuestiones que exceden a dicho marco fueran superfluas, meros apéndices de aquellos.
Finalmente, y como le manifestara personalmente a Germán, me atrae la idea de que en un futuro cercano discutamos la “agenda” de los cambios que defendemos. Y me interesa este debate, justamente, para evitar que mutuamente presupongamos en el otro, ideas a las que el otro no adhiere, o ideas que el otro directamente repudia.
Sin más, y esperando la ocasión de un próximo encuentro, los saludo cordialmente,
Roberto Gargarella
El justo derecho a la Revolución. Respuesta a la carta de Roberto Gargarella
En primer lugar, queremos agradecer Roberto Gargarella por su disposición al debate. No es común, en estos ámbitos, encontrar intelectuales de renombre que se expongan a la crítica de su propio trabajo y, en este sentido, Gargarella se ha comportado con la mayor honestidad intelectual. Con esa misma honestidad, intentaremos avanzar en la discusión planteada.
Gargarella realiza dos afirmaciones que me interesa responder prioritariamente. En primer lugar, su acusación a mi falta de lectura del texto comentado, El derecho a la protesta. El primer derecho.1 En segundo lugar, y probablemente basado en lo anterior, mi ligereza o prejuicio en la caracterización de su programa político.
Con respecto a la primera observación, quisiera dejar en claro que quien suscribe ha leído por completo el libro que reseñó. Ningún miembro de Razón y Revolución opina sobre ningún material, de ninguna índole, sin su previo estudio. Nuestra organización no fomenta la diletancia, sino la crítica especializada. Ello nos obliga a abordar en profundidad aquello que vamos a discutir. Éste caso no fue la excepción. Puede ser, como intentaré probar, que no estemos de acuerdo en cuál es eje del problema en discusión.
Con respecto al descuido o apuro con que identifiqué al autor con el reformismo, cabe señalar que este término no es una descalificación, sino un programa político. Un reformista no necesariamente es un explícito defensor del sistema tal como es. Por el contrario, plantea una crítica. Puede intentar mejorar la situación de los explotados e incluso la construcción del socialismo. En los papeles, puede llegar a proponer la transformación radical de las relaciones sociales (que luego relativizará llamándolo “programa de máxima”). Pero la característica específica del programa reformista es que confía en los mecanismos propios del régimen burgués para llevar a cabo sus objetivos. El programa revolucionario, en cambio, sostiene el antagonismo y la irreconciliabilidad de los intereses históricos de la burguesía y el proletariado y, por lo tanto, la imposibilidad de destruir el orden vigente con sus instrumentos y sus normas, que son, obviamente, las de la clase dominante.
Gargarella, como aclara en su carta, no es un apologista del “modelo económico vigente”. Sin embargo, en ningún momento, se pronuncia expresamente por la destrucción de las relaciones sociales fundadas en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, del capitalismo. Estamos en presencia, creo, de una confusión entre “modelo” y “sistema”. Como puede objetársenos que puede tratarse de un error de omisión, veamos, entonces, sus propuestas concretas para resolver los conflictos de clase:
“Si uno reconoce, por ejemplo, los efectos trágicos (en términos de libertades individuales) del desequilibrio de poder entre empresarios y trabajadores, luego, no puede sino (y al menos) reclamar la presencia de una autoridad externa, capaz de mediar entre ambos grupos, para asegurar que los justos derechos de nadie sean violentados”.2
En esta cita encontramos tres elementos que definen, claramente el carácter reformista de su argumento. En primer lugar, supone que los diferentes intereses de las clases sociales pueden reconciliarse, que no hay antagonismo inconciliable entre ellas. Gargarella desconoce la explotación: desde su punto de vista, la existencia misma del sistema salarial no presupone ninguna “injusticia”, ningún intercambio desigual. Cree, entonces, que el capital tiene “derechos” que brotan de alguna contribución real a la creación de la riqueza social. Los revolucionarios -desde el descubrimiento de la teoría del valor trabajo- sabemos que no hay ninguna distribución “justa” de la riqueza, porque el capital es simplemente trabajo enajenado.
En segundo lugar, el programa de Gargarella apunta a la protección de los derechos sociales por parte del Estado (o alguna otra entidad) como un tercero neutral planteada. Es más, asegura que el Estado puede ser el que vehiculice esa conciliación. Pretende resolver el “desequilibrio entre trabajadores y empresarios”, es decir, conciliar a la burguesía y el proletariado, a partir de un ente neutral, que opere como mediador, por fuera de ambas clases. Desconoce, por lo tanto, que es imposible que alguna institución u organismo esté exento de la lucha de clases, menos que menos el Estado, que es, precisamente, el instrumento que asegura el dominio social y político de la burguesía.
Por último, Gargarella busca asegurar los “justos derechos” de todos y evitar que éstos sean violentados. Dentro del capitalismo, el justo derecho del burgués es explotar al obrero, cuyo único “justo derecho” es vender su fuerza de trabajo, resignando, por lo tanto, el trabajo excedente producido durante la jornada, eso que llamamos plusvalía. No se trata, entonces, de conciliar esos “justos derechos”, sino de construir otra sociedad y, por lo tanto, de violentarlos. Precisamente, los socialistas revolucionarios planteamos la tarea de expropiar a la burguesía de sus instrumentos de dominación: los medios de producción y el Estado, y esto implica desconocer los “justos derechos” individuales de la clase dominante. El único medio históricamente efectivo, para lograr una transformación real, es la revolución, lo que requiere la organización en un partido de la clase llamada a liberar a la humanidad del yugo capitalista.
En su carta, recomienda la lectura del capítulo XII de su obra, titulado “Liberalismo, socialismo y derechos”. En el mismo, el autor se propone fundamentar la importancia del socialismo como corriente de pensamiento impugnadora del liberalismo. Resulta llamativo que en ningún momento aluda al marxismo, mientras se limita nuevamente a defender la importancia de la discusión colectiva, la protección de los “grupos tradicionalmente desaventajados” y a criticar los “sistemas de ‘libre mercado’”. Sin embargo, según Gargarella, “Esto no significa sostener que la economía deba ser plenamente planificada, ni que el ‘mercado’ no merezca tener un lugar importante a la hora de pensar la organización económica de la sociedad. Lo que el socialista pretende es que la comunidad intervenga en las decisiones sobre qué iniciativas económicas alentar o desalentar…”.3
Aquí, otra vez, expone su política reformista, en tanto su crítica parece limitarse a las “políticas neoliberales”. Dado que Gargarella no plantea en ningún momento la superación del capitalismo, pareciera propiciar una versión más “humana”, igualitaria y democrática de este sistema, que ya ha demostrado en varios momentos históricos sus limitaciones insalvables. De esta forma, Gargarella se encuentra indudablemente a la izquierda del liberalismo, pero dentro de las vallas del capitalismo. Postular el debate colectivo sin plantear previamente la destrucción de las relaciones sociales es idealismo y, como tal, incapaz de poner fin a realidades que indudablemente Gargarella condena.
Para concluir, quisiera dejar planteado el debate que deberíamos darnos: Gargarella cree que la constitución que nos rige es sabia y contempla los derechos de todos. Nosotros creemos que la constitución es burguesa y condena la acción política de la clase obrera. Esperamos poder profundizar esta discusión y proponemos los medios que tenemos a nuestro alcance para ello: nuestra revista Razón y Revolución, nuestro mensuario El Aromo y las Jornadas de Investigación que organizamos todos los años, en diciembre.
Germán Suárez
Notas
1 Suárez, Germán: “La justicia (burguesa) al banquillo”, en El Aromo n° 29, junio-julio de 2006.
2 Gargarella, Roberto: El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, pp. 247-248.
3 Idem, p. 261.