La huelga de la Policía Militar de Bahía y de la situación política en Brasil
David Maciel
Colaborador-Universidad Federal de Goiás
Este verano, el norte de Brasil se vio conmovido por una huelga policial que duró algo más de un mes. Aquí se explica el contexto de ajuste y crisis de la estructura estatal en la que se ubica el enfrentamiento. Si quiere saber por qué se amotinó una de las policías más represivas del Brasil, lea este artículo.
La huelga de la Policía Militar (PM) de Bahía, que se inició el 31 de enero y finalizó el 11 de febrero, revela la situación política imperante en Brasil desde que Rousseff ganó las elecciones presidenciales. En términos generales, el eje político en torno al cual se organizó y movilizó a las fuerzas políticas y sociales giró más a la derecha, en comparación con el segundo mandato del gobierno de Lula, fortaleciendo aún más la perspectiva conservadora, que busca aislar y criminalizar a los movimientos sociales. Guiados por una perspectiva neoliberal cada vez más determinada por el impacto de la crisis mundial en la economía brasileña, el gobierno de Rousseff refuerza un ambiente político hostil a la movilización de los trabajadores por los derechos sociales y contra los efectos nocivos de esa crisis, que cuenta con el apoyo de los partidos de la coalición de gobierno e incluso con el apoyo de sus oponentes de la derecha (PSDB, DEM, PPS, etc.).
El año pasado, hubo varias ocasiones en que los gobiernos federal y estatal de distintos colores partidarios enfrentaron a los movimientos sociales mediante la persecución política y penal, e incluso la violencia. La huelga de los bomberos en Río de Janeiro, en junio, una huelga del personal técnico y administrativo de las instituciones federales de enseñanza superior entre junio y septiembre, la huelga de los estudiantes de la Universidad de San Pablo en noviembre y la expulsión violenta de miles de familias sin techo que ocuparon desde el año 2004 la zona de Pinheirinho en la ciudad de Sao José dos Campos en enero de 2011, son los ejemplos más llamativos, que se suman a la huelga de la PM de Bahía.
La huelga de la PM de Bahía es una de las 300 huelgas policiales ocurridas en Brasil desde 1997. Además de los bajos salarios, que incita que una parte significativa de las tropas participe en actividades paralelas, como la seguridad privada, el tráfico de drogas y varias formas de corrupción, sigue siendo muy fuerte en la PM un concepto heredado de la dictadura militar, en virtud del cual los conflictos sociales se deben resolver “militarmente” con disciplina y control, y los movimientos sociales vinculados a la lucha de los trabajadores deben ser reprimidos con violencia. No es extraño que la población de Bahía no expresara su solidaridad con la huelga de la policía, porque es una de las policías más violentas del país. Los bajos salarios y malas condiciones de trabajo contribuyen a fortalecer el escenario catastrófico de la seguridad pública en el país.
Originalmente, la huelga fue desencadenada por la PM de Bahía para obligar al gobernador Jacques Wagner, del PT, a cumplir con el acuerdo alcanzado con el gobierno del Estado, en 1997, que preveía la incorporación de la bonificación recibida por los militares a sus salarios. Por otra parte, la policía exigió aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y la creación de un plan de carrera. Sin embargo, la huelga de la policía de Bahía es parte de la presión ejercida por las Policías Militares y los cuerpos de bomberos de varios estados, tales como las huelgas en Ceará, Maranhão, en Rio de Janeiro y Brasilia, solicitando la aprobación de un proyecto de enmienda constitucional en tratamiento en el Congreso Nacional que dispone la creación de un salario mínimo nacional para los oficiales de policía y bomberos.
Este proyecto sufre la oposición de muchos gobernadores y del Gobierno Federal, alarmados ante la posibilidad de aumento de los costos de la administración pública en un momento de recorte del gasto y el aumento de metas de superávit primario. Estas medidas apuntan a remunerar a aquellos que especulan con la deuda brasileña. Repitiendo el procedimiento adoptado a principios de 2011, cuando se redujo 50 mil millones de dólares del presupuesto anual, el 15 de febrero el gobierno de Rousseff anunció un nuevo recorte, esta vez de 55 mil millones en el presupuesto de 2012. La mayoría de los recortes afectan al gasto en salud y seguridad pública, el sector más sensible para la policía a nivel nacional. Por lo tanto, la huelga de la PM de Bahía no se limita a un movimiento social de una categoría profesional concreta, sino que encaja en la lucha política más amplia en torno a las alternativas que deben adoptarse contra el empeoramiento de la crisis económica.
Con la ocupación de la Asamblea Legislativa por 245 huelguistas de la policía y sus familias, que se produjo a principios de la huelga, el gobierno del Estado provocó una violenta ofensiva contra el movimiento en lo que fue apoyado sin duda por el Gobierno Federal y la justicia, argumentando que la ola de violencia que afectó a las principales ciudades de Bahía, principalmente su capital (Salvador), fue organizada por el comando huelguista. Además de la negativa a negociar mientras que la Asamblea estuviera ocupada, se decretó la ilegalidad de la huelga y envió órdenes de arresto para 12 líderes del movimiento. Asimismo, se rodeó la Asamblea Legislativa por tropas del Ejército y la Fuerza de Seguridad Nacional, en una demostración de fuerza dirigida no sólo los huelguistas de Bahía, sino a las organizaciones de la policía de otros estados, lo que demuestra el interés directo del Gobierno Federal al final de la huelga y el fracaso del proyecto de reforma constitucional. Durante varios días, el edificio de la Asamblea Legislativa tuvo sus sistemas de agua y energía cortados y se le prohibió la entrada de alimentos y medicinas, dificultando la resistencia de los policías y sus familias.
Ni siquiera la reducción de los reclamos a dos puntos (la amnistía a los oficiales con prisión decretada y el pago de las bonificaciones) cambió la actitud del gobierno y la justicia, lo que obligó a los huelguistas a abandonar el edificio y aceptar la detención de sus líderes. Después, la huelga terminó con un incremento salarial del 6,5%, la promesa del gobierno del estado de incorporar las bonificaciones a los salarios para el año 2015, la amnistía administrativa para los huelguistas, pero no para los 12 dirigentes detenidos. El resultado de la huelga de Bahía contribuyó a debilitar la huelga de los policías y bomberos de Río de Janeiro, el movimiento de policías más organizado en el país. Se anunció el 10 de febrero y se suspendió dos días más tarde, debido a la baja adherencia y el anuncio de un reajuste salarial previsto para octubre de 2013.
Un síntoma de lo que deben esperar los trabajadores fue el empeoramiento de la conducta de los gobiernos federales y estatales en la huelga de la policía en Bahía. Decapitaron el movimiento a través de las órdenes de aprehensión en contra de sus líderes, el cerco militar a la Asamblea Legislativa y una agresiva campaña de los medios de comunicación, con el temor de la población a la ola de violencia para criminalizar el movimiento. Incluso la amenaza de suspensión de los actos programados para el carnaval en Salvador generó la movilización de la industria del turismo y el público en contra de la policía. A su vez, el Ministerio de Justicia llegó a Salvador para liderar la ofensiva y represión del Ejército y de la Fuerza de Seguridad Nacional.
La ley prohíbe el derecho de huelga en las categorías que prestan servicios esenciales, especialmente los funcionarios públicos, un remanente de la dictadura militar mantenido y mejorado por las instituciones democráticas. Esta ley ha sido ampliamente utilizada para reprimir y criminalizar a los movimientos huelguistas de las distintas categorías de trabajadores, no sólo la huelga de Bahía. En el caso de la PM de Bahía esta función se utilizó en las huelgas de 1992, 2001 y 2009, provocando un vacío en la dirección del movimiento y la división de la categoría, ya que la huelga ordenada por Aspra (Asociación de Oficiales de la Policía y los bomberos y sus familias del Estado de Bahía) no fue apoyada por AOPMBA (Asociación de Oficiales de la Policía Militar de Bahía).
El episodio de la huelga de la PM de Bahía muestra el comportamiento que el gobierno de Rousseff y sus socios de los gobiernos estatales han tenido en relación a los movimientos sociales en general y el movimiento de los funcionarios públicos en particular. El conservadurismo político que prevalece en el país, favorecido por la adhesión a los gobiernos neoliberales del PT, contribuye poderosamente a esta situación. La profundización de la orientación reaccionaria se produjo de forma preventiva, incluso antes de que la crisis económica mundial descargue su intensidad en el país, evidenciando que se adoptará nuevamente en Brasil la prescripción que la comunidad financiera internacional ha impuesto a todo el mundo para salvarse de su propia crisis. Sólo la resistencia de los trabajadores puede hacer frente a este proceso.
La huelga de la PM de Bahía es una de las 300 huelgas policiales ocurridas en Brasil desde 1997. Además de los bajos salarios, que incita que una parte significativa de las tropas participe en actividades paralelas, como la seguridad privada, el tráfico de drogas y varias formas de corrupción, sigue siendo muy fuerte en la PM un concepto heredado de la dictadura militar, en virtud del cual los conflictos sociales se deben resolver “militarmente” con disciplina y control, y los movimientos sociales vinculados a la lucha de los trabajadores deben ser reprimidos con violencia. No es extraño que la población de Bahía no expresara su solidaridad con la huelga de la policía, porque es una de las policías más violentas del país. Los bajos salarios y malas condiciones de trabajo contribuyen a fortalecer el escenario catastrófico de la seguridad pública en el país.
Originalmente, la huelga fue desencadenada por la PM de Bahía para obligar al gobernador Jacques Wagner, del PT, a cumplir con el acuerdo alcanzado con el gobierno del Estado, en 1997, que preveía la incorporación de la bonificación recibida por los militares a sus salarios. Por otra parte, la policía exigió aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y la creación de un plan de carrera. Sin embargo, la huelga de la policía de Bahía es parte de la presión ejercida por las Policías Militares y los cuerpos de bomberos de varios estados, tales como las huelgas en Ceará, Maranhão, en Rio de Janeiro y Brasilia, solicitando la aprobación de un proyecto de enmienda constitucional en tratamiento en el Congreso Nacional que dispone la creación de un salario mínimo nacional para los oficiales de policía y bomberos.
Este proyecto sufre la oposición de muchos gobernadores y del Gobierno Federal, alarmados ante la posibilidad de aumento de los costos de la administración pública en un momento de recorte del gasto y el aumento de metas de superávit primario. Estas medidas apuntan a remunerar a aquellos que especulan con la deuda brasileña. Repitiendo el procedimiento adoptado a principios de 2011, cuando se redujo 50 mil millones de dólares del presupuesto anual, el 15 de febrero el gobierno de Rousseff anunció un nuevo recorte, esta vez de 55 mil millones en el presupuesto de 2012. La mayoría de los recortes afectan al gasto en salud y seguridad pública, el sector más sensible para la policía a nivel nacional. Por lo tanto, la huelga de la PM de Bahía no se limita a un movimiento social de una categoría profesional concreta, sino que encaja en la lucha política más amplia en torno a las alternativas que deben adoptarse contra el empeoramiento de la crisis económica.
Con la ocupación de la Asamblea Legislativa por 245 huelguistas de la policía y sus familias, que se produjo a principios de la huelga, el gobierno del Estado provocó una violenta ofensiva contra el movimiento en lo que fue apoyado sin duda por el Gobierno Federal y la justicia, argumentando que la ola de violencia que afectó a las principales ciudades de Bahía, principalmente su capital (Salvador), fue organizada por el comando huelguista. Además de la negativa a negociar mientras que la Asamblea estuviera ocupada, se decretó la ilegalidad de la huelga y envió órdenes de arresto para 12 líderes del movimiento. Asimismo, se rodeó la Asamblea Legislativa por tropas del Ejército y la Fuerza de Seguridad Nacional, en una demostración de fuerza dirigida no sólo los huelguistas de Bahía, sino a las organizaciones de la policía de otros estados, lo que demuestra el interés directo del Gobierno Federal al final de la huelga y el fracaso del proyecto de reforma constitucional. Durante varios días, el edificio de la Asamblea Legislativa tuvo sus sistemas de agua y energía cortados y se le prohibió la entrada de alimentos y medicinas, dificultando la resistencia de los policías y sus familias.
Ni siquiera la reducción de los reclamos a dos puntos (la amnistía a los oficiales con prisión decretada y el pago de las bonificaciones) cambió la actitud del gobierno y la justicia, lo que obligó a los huelguistas a abandonar el edificio y aceptar la detención de sus líderes. Después, la huelga terminó con un incremento salarial del 6,5%, la promesa del gobierno del estado de incorporar las bonificaciones a los salarios para el año 2015, la amnistía administrativa para los huelguistas, pero no para los 12 dirigentes detenidos. El resultado de la huelga de Bahía contribuyó a debilitar la huelga de los policías y bomberos de Río de Janeiro, el movimiento de policías más organizado en el país. Se anunció el 10 de febrero y se suspendió dos días más tarde, debido a la baja adherencia y el anuncio de un reajuste salarial previsto para octubre de 2013.
Un síntoma de lo que deben esperar los trabajadores fue el empeoramiento de la conducta de los gobiernos federales y estatales en la huelga de la policía en Bahía. Decapitaron el movimiento a través de las órdenes de aprehensión en contra de sus líderes, el cerco militar a la Asamblea Legislativa y una agresiva campaña de los medios de comunicación, con el temor de la población a la ola de violencia para criminalizar el movimiento. Incluso la amenaza de suspensión de los actos programados para el carnaval en Salvador generó la movilización de la industria del turismo y el público en contra de la policía. A su vez, el Ministerio de Justicia llegó a Salvador para liderar la ofensiva y represión del Ejército y de la Fuerza de Seguridad Nacional.
La ley prohíbe el derecho de huelga en las categorías que prestan servicios esenciales, especialmente los funcionarios públicos, un remanente de la dictadura militar mantenido y mejorado por las instituciones democráticas. Esta ley ha sido ampliamente utilizada para reprimir y criminalizar a los movimientos huelguistas de las distintas categorías de trabajadores, no sólo la huelga de Bahía. En el caso de la PM de Bahía esta función se utilizó en las huelgas de 1992, 2001 y 2009, provocando un vacío en la dirección del movimiento y la división de la categoría, ya que la huelga ordenada por Aspra (Asociación de Oficiales de la Policía y los bomberos y sus familias del Estado de Bahía) no fue apoyada por AOPMBA (Asociación de Oficiales de la Policía Militar de Bahía).
El episodio de la huelga de la PM de Bahía muestra el comportamiento que el gobierno de Rousseff y sus socios de los gobiernos estatales han tenido en relación a los movimientos sociales en general y el movimiento de los funcionarios públicos en particular. El conservadurismo político que prevalece en el país, favorecido por la adhesión a los gobiernos neoliberales del PT, contribuye poderosamente a esta situación. La profundización de la orientación reaccionaria se produjo de forma preventiva, incluso antes de que la crisis económica mundial descargue su intensidad en el país, evidenciando que se adoptará nuevamente en Brasil la prescripción que la comunidad financiera internacional ha impuesto a todo el mundo para salvarse de su propia crisis. Sólo la resistencia de los trabajadores puede hacer frente a este proceso.
