¿La década ganada? Los muertos de Néstor y Cristina

Es el “más grave, terrible y doloroso” de los sucesos, dijo Cristina en su acto electoral en La Plata, refiriéndose a la desaparición de Santiago Maldonado. A renglón seguido agregó: “Cuando lo menciono lo digo con cierto grado de autoridad.” No le falta razón, tiene una enorme autoridad, conocimiento y responsabilidad en la represión y asesinato de luchadores, militantes y activistas. Ella y Néstor.

Entre 2003 y 2015 el kirchnerismo se cargó a 45 compañeros. La placa que acompaña a esta nota los menciona uno por uno, con nombre y apellido. Se trata de activistas sociales, sindicales y políticos, de diferentes orientaciones, pero que fueron asesinados en razón de su militancia. En todos los casos, los perpetradores fueron las fuerzas represivas del Estado o grupos paraestatales (como las patotas sindicales) al servicio del mismo Estado.

Seguramente el lector recordará a Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que defendía el pase a planta permanente de los tercerizados del Ferrocarril Roca y fue asesinado por una patota de Pedraza, el empresario sindical que le daba cursos de formación a La Cámpora.

O de Jorge Julio López que desapareció dos veces, una en dictadura y otra en democracia, cuando estaba declarando contra el represor Miguel Etchecolatz. Cristina jamás pronunció su nombre, ni siquiera exoneró de la fuerza policial a Etchecolatz, que cobró su sueldo durante toda la “década ganada”.

Podríamos seguir con muchos casos más, quizás un poco menos conocidos. Como el de Daniel Solano, que fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido luego de protestar porque no le pagaban lo acordado. O Cristian Ferreyra, baleado cuando intentó resistir el desalojo de un campo de la comunidad lule-vilela en Santiago del Estero. ¿Parecido al caso Maldonado? Es que Macri no inventó nada nuevo, continúa la obra de Cristina.

A todo ello hay que sumarle los 3070 casos de gatillo fácil que, como se sabe, sus víctimas son siempre mayoritariamente obreras y, en particular, sus capas más empobrecidas. Todas cifras muy altas para alguien que dice no criminalizar la protesta y que se asombra por las desapariciones y represiones actuales.

Como si esto fuera poco, el kirchnerismo ha dejado una fabulosa legislación represiva. La más importante es la Ley Antiterrorista, una ley que se sancionó durante la presidencia de Néstor a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En concreto, la ley busca penar a cualquier persona por el hecho de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, imponiéndoles entre 5 y 20 años de cárcel a los miembros de una “organización ilícita”.

Va de suyo que cualquier movilización o marcha puede encuadrarse bajo esta formulación, básicamente porque todas le exigen algo al Estado. En definitiva, se trata de una herramienta represiva que tilda como “terrorista” a todo aquel que forme parte de una organización (sea la que sea: barrial, estudiantil, sindical, política) que luche por cualquier tipo de reivindicación. No casualmente, la Comunidad Pu Luf, a la que estaba defendiendo Santiago Maldonado, intentó ser desalojada haciendo uso de esta ley. Y a Cristina todavía le da la cara para posar de preocupada.

Como si esto fuera poco, el kirchnerismo también se encargó de reforzar la estructura de inteligencia. En 2006 se puso a punto el Proyecto X, una unidad especial de Gendarmería Nacional dedicada a infiltrar las movilizaciones y asambleas, para identificar activistas. Según Nilda Garré, que en aquel entonces era Ministra de Seguridad, el sistema fue utilizado en 285 causas judiciales desde el año 2006 hasta principios de 2012. Es evidente entonces que se trataba de un dispositivo para criminalizar las luchas.

¿Quién fue el padre de este proyecto? Milani, un probado represor, torturador y desaparecedor de militantes en los ’70, que Cristina nombró luego como Jefe del Ejército. Era un excelente cuadro para la tarea, dado que se había desempeñado desde 1975 en inteligencia. Cuando Cristina lo colocó a la cabeza de las Fuerzas Armadas, Milani se encargó de promover a posiciones de dirección a otros militares del Área de Inteligencia, algo poco usual en la tradición del Ejército argentino. Él junto a Agustín Rossi (reemplazo de Garré desde 2013) armó la estructura de Gendarmería implicada en la desaparición de Maldonado. Basta con mencionar que a Fabián Méndez, comandante principal del Escuadrón 35 que actuó en el operativo, lo pusieron ellos.

Con estas pruebas sobre la mesa, es evidente que Cristina ni el kirchnerismo pueden presentarse como jueces de las represiones actuales ni como defensores del derecho a luchar. Son parte en todo este asunto y hay que denunciarlos como responsables. Más ahora, cuando se quieren lavar la cara para las elecciones de octubre, actualizando el discurso de los “abanderados de los derechos humanos”. Usan la sangre de nuestros compañeros asesinados hoy, para ocultar sus propias manos manchadas de sangre.