La casa en orden. La represión del gobierno peronista a la corriente sindical montonera
Clausurar el proceso revolucionario requería no sólo eliminar del terreno político a las organizaciones revolucionarias sino también a las reformistas, que tenían cierta encarnadura en la clase obrera, y cuyo programa de Liberación Nacional no estaba en los planes de Perón.
Guido Lissandrello
Grupo de Estudio de la Lucha de clases en los ‘70.
Desde sus comienzos, Montoneros se identificó con el peronismo y desplegó una estrategia reformista. Se consideraba como parte del Movimiento Peronista, buscando disputar en él la dirección de la clase obrera, dentro de un conglomerado de fuerzas que incluía a la burguesía y el liderazgo del General, elementos que Montoneros no cuestionaba. Con la campaña de “Luche y vuelve”, en 1972, y el triunfo electoral del peronismo, esta estrategia cobró mayor fuerza.
El crecimiento acelerado de Montoneros en esa etapa representó una seria amenaza para las estructuras del Movimiento Peronista. Por eso, desde la propia perspectiva de retorno de Perón, comenzó un enfrentamiento y, desde Ezeiza, un operativo represivo en todos los planos.
La represión se tornó más severa cuando Montoneros amenazó disputar la dirección sindical, a través de la creación de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP. Mucho se ha escrito sobre la represión del peronismo a Montoneros, pero poco sobre el combate del gobierno de Perón a la corriente sindical. Eso es lo que examinaremos aquí.
Lejos de casa…
A pesar de lo que la organización pensaba, Perón no venía a iniciar un proceso reformista, ligado al programa de Liberación Nacional, sino a cerrar el proceso revolucionario. Así, la reacción del líder y su Movimiento ante el crecimiento de la influencia montonera no se hizo esperar.
Desde que Montoneros esbozó el proyecto de construcción de la JTP, la burocracia sindical peronista comenzó a actuar. Hacia fines de 1972, Lorenzo Miguel (dirigente de la UOM y de las 62 Organizaciones) se reunió con parte de la dirección montonera para proponer un pacto de “no agresión” a partir de una división organizativa: la rama juvenil del movimiento quedaría en entera dirección para Montoneros a cambio de no avanzar en el plano sindical.1 Decidida ya a conquistar la rama gremial del Movimiento, la organización desistió de la propuesta y en enero de 1973 hizo pública su voluntad de avanzar en ese terreno.2 La respuesta de la burocracia no se hizo esperar: el 23 de febrero, una solicitada anunció la constitución de la Juventud Sindical Peronista (JSP), integrada por agrupamientos sindicales vinculados a las 62 Organizaciones.3
En agosto de ese mismo año, Perón convocó a los gobernadores a los efectos de plantear su voluntad de “institucionalizar el movimiento”, creando una Consejo Superior provisorio como órgano de dirección y sometiendo a todas las ramas a un proceso eleccionario. Explícitamente reconoció que el problema era la pata juvenil: “debemos encaminar a una juventud que está, por lo menos, cuestionada en algunos graves sectores […] tenemos una juventud maravillosa, ¡pero cuidado con que ella pueda tomar un camino equivocado!”.4 Continuando con estos planes, un mes más tarde convocó a todos los sectores de la juventud y reconoció que serían excluidos del sector sindical: “el Movimiento tiene su Rama Masculina organizada, Femenina organizada, la CGT y ‘las 62’ perfectamente organizadas, porque están organizadas, no hay lugar a dudas… Muy bien… Falta la juventud, que está un poco dispersa”.5 No tardó en advertir, además, que esa rama no quedaría en manos de quien tuviera mayor capacidad de movilización sino en quienes tuvieran a los “mejores” dirigentes, entendiendo como tales aquellos que se subordinaran a sus directivas.
La represión institucional abierta dentro del Movimiento se hizo visible tras el ajusticiamiento de José Ignacio Rucci por parte de Montoneros y FAR, el 25 de septiembre de 1973. Cuatro días después, en una conferencia de prensa, Perón llamó a “derrotar a este enemigo que es el marxismo” y convocó a los dirigentes peronistas a “una acción y activa y decidida […] para sanear las filas partidarias”.6 Esa propuesta se concretó dos días después, en una reunión a puerta cerrada en casa de gobierno, de la cual se filtró un documento reservado, donde quedaban expuestos los lineamientos centrales de la tarea represiva que debía encarar. Allí se diagnosticaba una situación de guerra contra el peronismo, en cuyo escenario el ajusticiamiento de Rucci sería el peldaño más alto de una progresiva agresión hacia el Movimiento. Estos sectores buscarían en el fondo actuar “contra el país” e “impedir la constitución y actuación del gobierno que presidirá el general Perón”.7 En tal sentido el documento denuncia la
“infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes.”
La “infiltración” sería la culpable de las campañas de desprestigio a dirigentes para generar “desconfianza entre nuestros cuadros, y a intimidar a la población en general” y, finalmente, del asesinato de dirigentes.
Frente a este cuadro de situación, el documento balancea la necesidad de asumir la defensa, pero también “atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión”. A tales efectos, establece una serie de directivas: decreta el estado de movilización del Movimiento, la inmediata expulsión de quien no colabore en la campaña, obliga a que todos los grupos o sectores que adhieren al peronismo y al General se pronuncien públicamente, y llama al acatamiento vertical indiscutido de las orientaciones y directivas de Perón, sin posibilidad de pronunciar disensos públicamente. Todos los recursos del Movimiento deberían ser destinados a la reafirmación doctrinaria y al combate del enemigo. La reafirmación tenía que centrarse en una intensa campaña de difusión de los principios doctrinarios, estableciéndose de manera clara sus diferencias con el marxismo, pero imposibilitando a su vez, el debate con esta corriente, excluyéndolo de cualquier tipo de reunión y del uso de los medios de difusión del peronismo. En cuanto al combate, se establecía que “en las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación”. Asimismo, se promoverían sistemas de inteligencia en todos los niveles que reportarán a un organismo central, y se buscaría el involucramiento de la población. Finalmente, se extienden estas disposiciones a todo el personal peronista que ocupaba cargos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a los efectos de poner el aparato del Estado al servicio de impedir “los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor”.
Como puede apreciarse, las directivas represivas exceden lo meramente “institucional”, fijan como objetivo una represión que va más allá del propio Movimiento. Efectivamente estas directrices se convirtieron en acciones concretas contra la pertenencia institucional de Montoneros en el encuadramiento orgánico del Movimiento, en particular el sindical. En noviembre el Consejo Superior Peronista (CSP) decretó que las únicas organizaciones gremiales reconocidas como integrantes del Movimiento serían la Confederación General del Trabajo (CGT), las 62 Organizaciones y la Juventud Sindical Peronista. Asimismo, se pronunció a favor de combatir el “desviacionismo ideológico” por lo que dictaminó sanciones contra el periódico montonero El descamisado, un órgano afín ¡Ya! Es tiempo de pueblo, y la revista ligada al Peronismo de Base, Militancia Peronista para la Liberación. Más tarde algunas de ellas serían definitivamente clausuradas: El Descamisado, en abril de 1974 y sus sucesoras, El Peronista lucha por la liberación, en mayo, y La causa peronista, en septiembre de ese mismo año, mientras que Militancia… lo sería en junio y su sucesora, De frente, no duraría más que unos pocos números. Igual suerte corrió el diario de tirada masiva de Montoneros, Noticias, clausurado en agosto de ese mismo año. Con todo, el avance sobre la prensa no fue privativo del movimiento peronista, como lo atestigua el cierre del diario El Mundo, vinculado al PRT-ERP, en marzo de 1974. La mayoría de estas clausuras estuvieron precedidas de ataques con armas de fuego y explosivos a las redacciones e imprentas.
Un mes más tarde, Ricardo Otero, en su triple rol de Ministro de Trabajo, miembro del peronismo y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en un plenario de ese gremio atacó abiertamente a la JTP poniendo en cuestión su composición obrera y afirmando su ajenidad al peronismo: “de juventud puede que tenga algo, pero de trabajadora muy poco y de peronista nada […] a los peronistas nunca nos gustaron los bichos, así que aplastamos al bicho colorado con el mejor insecticida nacional”.8 En diciembre de 1973, el CSP resolvió el congelamiento de las estructuras y reconoció como Unidades Básicas sólo aquellas fundadas antes del 11 de marzo de 1973, lo que dejaba fuera a la mayoría de las que estaban ligadas a Montoneros. Finalmente, hacia fines de mayo de 1974 se dispuso la disolución de la rama juvenil del Movimiento.
Estas iniciativas muestran que efectivamente el Movimiento Peronista cercenó crecientemente los espacios en los que Montoneros intentaba ganar influencia. El “Documento reservado” constituye una declaración de guerra que se traduce en una expulsión, en la medida que le desautoriza las “credenciales peronistas” y llama a unificar a todo el movimiento en un cuerpo único que enfrente y liquide a la “infiltración”.
… y cerca del cementerio
En su última reunión política pública Perón, reunido con dirigentes de la CGT, señaló:
“Ahora ya no se sabe quiénes son los que asaltan, quiénes son los que roban. Algunos dicen que son políticos, otros dicen que son delincuentes. Yo creo que son todos delincuentes. […] Hasta ahora no hemos querido sumar a la violencia de ellos, la violencia nuestra. Pero, policialmente, se va a ir resolviendo este problema […] Tenemos que erradicarlo de una u otra manera. Intentamos hacerlo pacíficamente con la ley. Pero si eso no fuera suficiente tendríamos que emplear la represión un poco más fuerte y un poco más violenta también.”9
La declaración era todo un reconocimiento público de la necesidad de emprender una represión fuera de la ley. Sin embargo, la violencia paraestatal ya había comenzado antes y no estaba circunscripta a las acciones “violentas” o “delincuenciales”, es decir, aquellas que se le adjudicaban la “guerrilla”.
Circunscribiendo nuestro análisis a la represión física del frente sindical montonero, nos encontramos con una realidad muy distinta. Elegimos ese observable toda vez el frente sindical es aquel espacio en el que la organización va a al encuentro con la clase obrera. Asimismo, se trata del espacio que ponía en amenaza a un puntal de la estrategia de Perón: la burocracia sindical. Nótese que el recorte excluye otros frentes de masas de Montoneros (dentro del cual se destaca la JP, que alcanzaba a movilizar varios cientos de miles de jóvenes) y al resto de las organizaciones que formaron parte de la fuerza social revolucionaria y desplegaron diferentes formas de inserción en las masas. Es decir, se trata de un análisis recortado que, sin embargo, muestra las formas y el alcance de la represión física.
Para el año 1973, la cifra de militantes sindicales de la JTP caídos asciende a nueve. Los asesinatos comienzan a producirse en el último cuarto del año: uno en agosto, uno en septiembre, dos en octubre, cuatro en noviembre y uno en diciembre. De ellos, cuatro fueron bajo la de secuestro y posterior aparición del cuerpo sin vida, en ocasiones con signos de tortura, o fueron tiroteados a la salida de su lugar de trabajo. Esa fue la suerte que corrieron José Damiano, organizador de la Agrupación Peronista de Trabajadores de Taxis; Pablo Fredes, dirigente de JTP en UTA y delegado en Transporte Centenera; Lorenzo Perino, de quien no hallamos mayores datos; y Hugo Jaime, activista en la planta metalúrgica FITAM. Se trata de casos de aniquilamientos selectivos, en razón del trabajo gremial que estos militantes desarrollaban. Otros tres asesinatos se produjeron en el marco de movilizaciones por conflictos laborales o en defensa de sedes gremiales que fueron atacadas por matones o fuerzas represivas regulares. Así murieron Juan Carlos Bache, quien se encontraba defendiendo la sede del gremio ceramista de Villa Adelina (dirigido por la JTP) de un ataque de la burocracia sindical; Adrián Sanchez, activista minero que fue asesinado por Gendarmería en el marco de un conflicto por mejoras salariales; y Juan Ávila, activista en UOCRA que cayó defendiendo la sede de la CGT cordobesa de un ataque de matones al servicio de Alejo Simó (dirigente de la UOM). Los dos casos restantes corresponden a dos militantes que concurrían a un acto de la JTP y fueron asesinados por fuerzas policiales, que alegaron haberlos “confundido” con delincuentes. En la mitad de los casos, los atacantes forman parte de matones de la burocracia sindical o fueron adjudicados por la Triple A, pero estas fuerzas de represión irregular son las que asumen la totalidad de los episodios de aniquilamiento selectivo, mientras que las fuerzas regulares (Policía y Gendarmería) sólo aparecen en los casos de asesinatos en medio de movilizaciones. A estos guarismos debe sumarse la captura, tortura y posterior liberación de dos activistas del gremio del transporte, y la detonación de explosivos en un local y en la terminal de una línea de colectivos que amaneció con pintadas que rezaban “No queremos a la JTP”.
En 1974, la represión física continuó. Contabilizamos en ese año cuatro asesinatos, todos ellos de carácter selectivo por bandas paraestatales: Manuel Yapura, militante en Ingenio San Pablo, Silverio Mazzolini y Francisco Martínez activistas en UOCRA, y Rodolfo Achem, directivo de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP). Tampoco faltan los ataques y secuestros con posterior liberación. Eso le ocurrió a José Rosemberg, activista bancario en Mar del Plata, torturado con picana eléctrica en tres días de cautivero. En la misma ciudad, fue secuestrado Rafael Martínez, de la agrupación “Evita” del Sindicato Obrero del Pescado. Por su parte, Carlos Balietto, delegado sindical de la empresa química Doex sufrió una balacera de la Triple A, de la cual sobrevivió.
Lo que recrudece notablemente este año son los ataques a locales de la JTP. No es un dato menor, toda vez que estos funcionaban no solo como un espacio físico donde se podía desplegar la vida interna de la organización, sino también como un polo de atracción para agrupaciones sindicales sin referencia partidaria o para activistas obreros que buscaban apoyo.10 De modo que el ataque a estos espacios permitía inutilizarlos y amedrentar al activismo que en ellos se nucleaba. En la madrugada del 28 de enero detonaron 19 artefactos explosivos que dinamitaron unidades básicas ligadas a la JP y JTP en todo el país, y en la sede porteña del Sindicato de Gas del Estado, que dirigía la corriente sindical montonera. Una semana después, era allanado el local de la JTP en la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza. Nuevamente, en horas de la madrugada cien efectivos de la Policía Federal y la Guardia de Infantería ocuparon el edificio con tanquetas, carros de asalto y armas de guerra. A pesar de no encontrar material suficiente para declarar a la organización como “Asociación ilícita”, amparándose en el nuevo Código Penal, el local fue clausurado y una decena de militantes fueron detenidos.
El 18 de febrero, el objetivo fue el local en Valentín Alsina, sede de la Agrupación “17 de octubre” de Aceiteros, que dirigía la comisión interna de Molinos Rio de la Plata e impulsaba un reclamo contra el sistema de premios de la patronal. Tres días después fue el turno del local central de la JTP, en la calle San Juan (Capital Federal), cuyo operativo estuvo dirigido en persona por Alberto Villar y Luis Margaride, subjefe y superintendente de la Policía Federal, respectivamente y ambos miembros de la plana mayor de la Triple A. Los verdaderos motivos del allanamiento no son difíciles de explicar: allí se reunían importantes agrupaciones de la JTP, entre ellas las metalúrgicas “17 de octubre” y “Mussy-Retamar”, Telefónicos, el Bloque Peronista de Prensa de Prensa y la agrupación bancaria de Banco Nación. No es coincidencia que allí obraran las planillas de firmas de afiliados para las elecciones de Capital Federal, La Matanza y Morón de la UOM y que su sustracción posibilitara la descalificación de la Lista Azul y Blanca de la JTP en las primeras dos seccionales. Seis meses más tarde, este local volvió a ser objeto de un allanamiento, que se vio frustrado en esta ocasión dado que en su interior se desarrollaba un curso de formación sindical con más de 50 personas.
Los datos que hemos presentado no dejan lugar a dudas. Desde muy temprano, el aniquilamiento de militantes formó parte de la política represiva del gobierno peronista. No alcanzaba aún una escala generalizada, era una eliminación física selectiva. El blanco no fue exclusivamente la “guerrilla” como se presentaba oficialmente, sino que golpeó también en el personal que operaba como canal de comunicación entre la base obrera y la organización política. Intentaba, de ese modo, el amedrentamiento de la primera y el aislamiento de la segunda. Los perpetradores son las bandas paraestatales de la Triple A y de la burocracia sindical peronista, de la que la primera se nutre y cuya vinculación directa con Perón ya ha sido demostrada.11 Esta tendencia se acentuará en 1975, ascendiendo a 19 el número de bajas de activistas sindicales montoneros, casi un quíntuple del año anterior, emergiendo además la modalidad de desaparición.
Durmiendo con el enemigo
Como puede apreciarse, la estrategia de Montoneros chocó con serios límites: el propio Movimiento al que buscaba pertenecer se esforzaba por evitarlo a fuerza de palos y balas. Al intento de expulsión le siguió el aniquilamiento físico de militantes. A ello habría que sumarle la represión legal al movimiento obrero. En números anteriores, mostramos cómo la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales buscó salvaguardar a la burocracia sindical peronista y contener el ascenso del clasismo en las bases.12 En idéntico sentido, puede leerse la reforma del Código Penal, que criminalizaba las tomas de fábricas, y la sanción de la Ley de Prescindibilidad Laboral, que buscaba “sanear” la administración pública expulsando a los activistas.
Todo ello es prueba de la violencia que el peronismo debió ejercer sobre su propio movimiento, en virtud de que allí se desarrollaba una organización, Montoneros, cuyo programa reformista representaba un obstáculo para la estrategia bonapartista. Clausurar el proceso requería no sólo eliminar del terreno político a las organizaciones revolucionarias sino también a las reformistas, que tenían cierta encarnadura en la clase obrera, y cuyo programa de Liberación Nacional no estaba en los planes de Perón. En ese escenario, el reformismo movimientista facilitó la faena.
NOTAS
1Entrevista a Emiliano Costa, Archivo Oral del CEICS, 2016.
2Primera Plana, 9/1/1973.
3Clarín, 24/5/1973.
4Perón, Juan Domingo: 1973-1974. Todos sus discursos, mensajes y conferencias, Buenos Aires, 1974, citado en: Bufano, Sergio y Teixidó, Lucrecia: Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a Montoneros, Sudamericana, Buenos Aires, 2015, pp. 83-84
5Ídem, p. 118.
6La Razón, 29/9/1973.
7Consejo Superior Peronista: Documento reservado, 1973, citado en: La Opinión, 02/10/73. Hasta que se indique lo contrario, todas las citas corresponden a este documento.
8Noticias, 30/11/1973.
9Bufano y Teixió, op. cit., pp. 361-362.
10Costa, op. cit.
11Ídem.
12https://goo.gl/NIGdDN
