Obreros del cementerio que almuerzan sobre los ataúdes, choferes que manejan vehículos municipales sin frenos… Lea aquí las condiciones en que trabajan los contratados de General Rodríguez, un municipio, como tantos de la Provincia de Buenos Aires.
Nahuel Audisio
TES-CEICS
El gremio de los empleados estatales, al igual que los docentes, es uno de los más movilizados del país. También fue uno de los más activos en el proceso que dio lugar a la insurrección de diciembre de 2001. Los trabajadores que dependen de los municipios y del Estado provincial se encuentran en peores condiciones respecto de los empleados de Nación, debido a que no los ampara la Ley de Contrato de Trabajo1.
Específicamente, a los obreros municipales los regula la ley 11.757, vigente desde el menemismo y conocida como Ley Duhalde-Atanasoff. Sancionada en 1996, esta norma deroga los estatutos-convenio en cada uno de los distritos. En consecuencia, los empleados municipales no tienen paritarias. La estabilidad del empleado y sus negociaciones salariales quedan sujetas al arbitrio del intendente de turno.
Respecto de la norma anterior, la Ordenanza General 207, los empleados municipales aseguran que la ley 11.757 empeoró sus condiciones de trabajo. El porcentaje de antigüedad que cobraban antes de esta ley era del 3%, mientras que ahora es del 1% anual. También se perdió estabilidad laboral y se eliminó la posibilidad de hacer una carrera administrativa. Antes había una Junta de Disciplina y Calificación que tenía representación sindical. Según la puntuación, automáticamente se subía de categoría. En la actualidad, el Departamento Ejecutivo regula los concursos para el ingreso a la función pública. De este modo, la voluntad del intendente puede bloquear cualquier expectativa de carrera profesional. Por su parte, las mujeres tenían 135 días por maternidad, que luego se redujeron a 90.
En el plano salarial, la norma que regula el empleo municipal no dictamina como piso de ingresos el salario mínimo, vital y móvil. Por este motivo, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y el interior del país obtienen sueldos muy bajos. En febrero de este año, por ejemplo, los trabajadores municipales de La Plata exigieron un aumento del 52% del salario básico para equiparar el mínimo, vital y móvil. Estaban percibiendo 1.660 pesos.
Por estas razones, uno de los reclamos históricos del sindicado de los empleados municipales es la derogación de la ley 11.757. Pero no es el único. Entre los años 2007 y 2011, en Capital Federal y provincia de Buenos Aires hubo una elevada cantidad de manifestaciones de trabajadores del sector de salud. En términos generales, los reclamos fueron por el aumento de salarios, mejora en la infraestructura, pedido de insumos y mayor cantidad de personal de enfermería y camilleros. A su vez, las exigencias de los médicos muestran la precariedad en sus condiciones de empleo. En la ciudad porteña, una de las demandas que se reitera es el pase a planta de profesionales y becarios y su inserción laboral post residencia. También es frecuente el pedido de equiparación salarial de los médicos residentes con el personal de planta y la reapertura de la carrera hospitalaria.
Si bien existe un reclamo del sindicato por efectivizar a trabajadores contratados, esa incorporación es muy lenta y limitada2. En General Rodríguez, se estima un ingreso de entre 30 y 40 personas por año a planta. Esto significa que se tardaría 10 años más en incorporar a los 400 contratados que aún se encuentran en esa condición. Eso, sin contabilizar a los trabajadores del Plan Argentina Trabaja y de otros programas que efectúan las mismas tareas que los empleados, en peores condiciones.
En el número anterior de El Aromo, mostramos el crecimiento del empleo público en Argentina luego del año 20023. Señalamos que el Estado absorbe la mano de obra que el sector privado no puede ocupar, es decir, la sobrepoblación relativa. Aquí publicamos una entrevista realizada a Pablo Oviedo, delegado de ATE-General Rodríguez, para conocer las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Como veremos, cuando el Estado actúa como patrón no elude la precariedad en el empleo.
¿Cuál es la trayectoria laboral de los actuales empleados municipales?
La mayoría de los que estamos en la municipalidad venimos de la fábrica. De La Serenísima o de ConSer, la segunda empresa que maneja La Serenísima, que tiene que ver con los fletes y camiones. De las mil personas, un 15% ó 20% pasamos por La Serenísima. Fuimos echados en los ‘90.
¿Qué porcentaje de contratados existe en los diferentes municipios?
En Rodríguez, de una planta de mil trabajadores, 400 son contratados. En San Miguel es peor, de una planta de 2.000 trabajadores hay 1.500 contratados y 500 en planta. En José C. Paz hay 1.500 en planta y 2.000 contratados.
En Rodríguez, ¿en qué área se concentra la mayor cantidad de trabajadores?
En el palacio Municipal es dónde más trabajadores se encuentran porque está la administración, contaduría, tesorería, cobro de impuestos, etc. Hay unos 500 trabajadores aproximadamente en la Municipalidad. El 40 o 50% de los contratados trabaja ahí. En el sector de enfermería, más del 60% son trabajadores por contrato.
¿Cuánto tiempo hace que están trabajando los que hoy están contratados?
Hay enfermeras que tienen 9 años de contrato y estamos luchando para que las pasen a planta. La mayoría de los contratados hace más de 12 meses que están en esa situación. Hay compañeros que van de 4 a 10 años que están bajo contrato.
¿Cuáles son las condiciones en que se trabaja para la municipalidad?
Por ejemplo, en el cementerio se trabaja sin vestuarios, nichos mal construidos y con metálicas truchas. El cuerpo fermenta, explota y los compañeros se tienen que poner a limpiar. Esto genera accidentes. En el interior del país, un compañero bajó un ataúd, le cayó líquido cadavérico, por las mucosas y por los ojos, le agarró una septicemia general y murió a las 24 horas. Deberían tener un equipo descartable para exhumar los cadáveres y trabajar con una máscara descartable con un filtro para no respirar el olor nauseabundo de los cuerpos. Sin embargo, hoy solo trabajan con guantes y con la misma ropa que después se la llevan para la casa. Los compañeros que trabajan en la planta depuradora no tienen duchas y se van con olor a podrido y gérmenes para su casa.
Las condiciones de seguridad son desastrosas. La mayoría de los vehículos municipales están sin la Verificación Técnica Vehicular. Los camiones salen sin freno y frenan con la caja o con el freno de mano. Algún día, un compañero va a pasar por arriba a alguien y le van a terminar echando la culpa, como al maquinista de T.B.A. En el sector de Obras Públicas es donde mayor cantidad de accidentes se produce por el tipo de trabajo que se realiza, debido a las malas condiciones en que se encuentran los vehículos.
Existe un programa que se llama “Médicos Comunitarios”. Son médicos y enfermeros totalmente precarizados, sin ART, que reciben los sueldos-beca entre 2 mil y 3 mil pesos. El municipio le paga 10 horas cátedra para que tengan IOMA y seguro de vida, el resto lo paga Nación. Cumplen jornada laboral completa y tienen muy poca estabilidad. Hacia afuera, la municipalidad tiene una normativa, pero hacia adentro la viola sistemáticamente.
Acá, en Rodríguez, hay gente trabajando en el ámbito municipal dentro del Plan Argentina Trabaja, que tiene que pasar a planta. Están trabajando por 1.200 pesos y tienen una hora más de trabajo que nosotros, aparte no tienen ni antigüedad ni aportes jubilatorios. Eso es precarización laboral bancada por el gobierno nacional. En el municipio de San Vicente, varios compañeros que eran del Plan Argentina Trabaja y cumplían tareas en la municipalidad fueron pasados a planta permanente.
En el resto de la provincia de Buenos Aires, ¿se observa la misma situación?
Sí, en el interior es peor. Lo mismo que te cuento acá sucede en Mercedes, Luján, Junín, Bahía Blanca o Pergamino. La precarización no es solamente municipal. En el Ministerio de Trabajo o en Sommer, un hospital nacional, también hay muchos precarizados. Entonces te dicen que están haciendo la inclusión social, la redistribución de la riqueza. Es un doble discurso constante. Y eso está fermentando.
Con el kirchnerismo hubo un crecimiento del empleo público, ¿en qué sectores hubo mayor crecimiento?
En líneas generales hay un crecimiento. Ingresan en plena campaña electoral, como pago político. Después algunos se quedan y otros se van. Se van los que los mandan a laburar. Los que están en el Palacio, en el Juzgado o en el registro civil se quedan. A nivel municipal también ingresan, pero no en gran cantidad como a nivel nacional. La mayoría de los que están tomando en Rodríguez van a las oficinas. Al corralón vienen muy pocos, donde hace falta personal para trabajos concretos.
Y respecto a los salarios, ¿cuál fue la evolución en los últimos años?
Hemos subido, pero nunca acorde al nivel de la canasta familiar. Desde al año pasado hasta ahora le hemos arrancado al nuevo intendente un 140%, pero siempre con lucha.
¿Qué diferencia salarial existe entre un contratado y un trabajador de planta?
Con 25 años de servicio estoy ganando entre 3.500 y 3.600 pesos y un compañero que tiene 20 años como contratado obtiene 2.600 a 2.700 pesos. Cobro un plus por riesgo, por manejar motoguadañas. El que trabaja en alcantarilla cobra un plus por insalubridad, un 20% de su sueldo. El que trabaja en el cementerio y el que trabaja en una planta depuradora municipal también. Los enfermeros cobran plus por tener el título, pero los contratados no cobran ninguno de esos adicionales. Son trabajadores de segunda haciendo el mismo laburo y, a la vez, hacen mucho, más porque quieren quedar en planta. Se viola el principio constitucional que dice que a igual trabajo, igual salario.
NOTAS
1 Para la realización de este informe colaboró Nicolás Viñas, miembro del TES-CEICS.
2 Sobre este punto ver, Kabat, Marina: “Los contratados en conflicto. La creación de una capa hiperexplotada de la clase obrera”, en El Aromo, n°57, noviembre/diciembre, 2010.
3 Rodríguez Cybulski, Viviana: “Hambre para mañana. Los límites del empleo público”; en El Aromo, n°66, mayo/junio, 2012.
