Futuro se busca. La rebelión estudiantil en Chile y los proyectos oficiales para “destrabar” el conflicto

La rebelión estudiantil y docente en el país trasandino lleva ya cuatro meses. El conflicto lejos de desactivarse crece y gana adeptos. Tal vez eso sea lo que terminó de decidir la vía de la represión directa por parte del Estado. A lo que originariamente era un “problema estudiantil” se han plegado los trabajadores. En un primer término, los trabajadores del cobre quienes, junto a los estudiantes, piden por la nacionalización de una de las principales riquezas chilenas -el cobre- y su puesta bajo control obrero. Unos y otros entienden que sólo así se dispondrán de los recursos necesarios para la educación. En segundo lugar, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que, confluyendo con los docentes, convocó a un paro por 48hs realizado el 24 y 25 de agosto en donde barricadas y piquetes estuvieron a la orden del día. El pedido de mayores recursos para la educación ingresó en la agenda de demandas de la CUT. También un problema común al de la educación es el de las jubilaciones, ya que Chile dispone de un sistema de fondos de pensiones en manos exclusivamente privadas.

La articulación de los estudiantes con otros sectores de la sociedad ha quedado registrada en los numerosos cacerolazos que se replican cada vez que las marchas estudiantiles son reprimidas por los carabineros, al igual que en 2006, cuando los vecinos ofrecían refugio en sus casas a los estudiantes de las fuerzas represivas.¹

El gobierno de Sebastián Piñera incrementó la escalada represiva: a cada marcha masiva le siguen cientos, y miles, de estudiantes detenidos tal como ocurrió el 4 y el 9 de agosto y, en menor medida, el 23 de agosto y el pasado 24 y 25 en donde la represión se cobró la vida de Manuel Gutiérrez mientras otro joven, al momento de escribir esta nota, aún pelea por su vida. Sin embargo, como a cada estocada le sigue una nueva marcha de mayor envergadura en solidaridad con los estudiantes, Piñera intenta destrabar el conflicto por la vía legislativa: cambio de gabinete generalizado, reemplazo del ex Ministro de Educación Lavín por Felipe Bulnes y puesta en escena de proyectos de reforma de la Ley General de Educación. Uno y otro intento sólo constituyen una salida por la vía administrativa sin que ello implique un cambio de fondo en las políticas educativas estatales.

Un largo camino

Una de las consignas de la protesta estudiantil es la nacionalización del sistema educativo como puntapié inicial para un mayor presupuesto. Si bien entre 1973 y 1974 comenzaron a desarrollarse las bases de la reforma administrativa y regional para la descentralización en Chile, fue hacia 1980 cuando se realizaron los primeros traspasos a los municipios de la administración de los servicios de salud primaria y educación básica. La municipalización implicó que los trabajadores de la salud y los educadores pasaran a ser contratados por los municipios. El resultado del proceso fue la creación de condiciones de contratación diferentes de municipio en municipio con la consiguiente fragmentación salarial. Como consecuencia, el poder de negociación del sindicato docente a nivel nacional se vio debilitado. Asimismo, el traspaso del financiamiento de la educación a los municipios implicó que el sostenimiento material de la educación se ató al eslabón más débil de la cadena. No extraña que, en este contexto, el impacto de la crisis se hiciera sentir hondo en el sistema educativo. Una muestra de esto fue la crisis económica de principios de los ochenta en donde la inflación creciente se tradujo en un desfinanciamiento del sistema general, que impactó con mayor fuerza en los municipios más pobres. Un año más tarde, en 1981, se dispuso un sistema de subvenciones, que tenía por finalidad impulsar, en contexto de crisis, la creación de escuelas por parte de “sostenedores” comunales o privados.

Antes de su salida, el régimen de Pinochet se encargó de promulgar la Ley Educativa que acompañaría al proceso de regionalización iniciado en la década pasada. Precisamente, el 10 de marzo de 1990 se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley nº 18.962), instrumento encargado de regular el funcionamiento del sistema educativo chileno que pervivió intacta hasta 2009, cuando otra nueva serie de protestas estudiantiles obligó a Michel Bachelet a introducir una serie de reformas cosméticas a la añeja ley castrense. La LOCE -como se conoce a la ley pinochetista- determinó, en su artículo 2º, que el derecho a la educación le corresponde, en primer lugar, a los padres siendo el Estado el garante último de ese derecho, mientras le correspondía a la comunidad, en general, el “deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”. Ese aspecto, resultaba coherente con la existencia del régimen mixto de educación -administrado por los órganos estatales y por un sector privado- y con la Ley de Subvenciones. De hecho, ambos aspectos son recuperados por la Ley General de Educación gestada al calor de la crisis educativa de 2006 y 2008. En relación a esos puntos, la “nueva” Ley mantiene a pie juntillas lo ya fijado por la LOCE. Es más, se especifica que el sistema educativo chileno es de naturaleza mixta (artículo 4º) y, aunque no lo especifica, mantiene la estructura regional-municipal de la administración educativa tanto pública como particular o privada. Los estudiantes han rechazado la reforma de 2009. Es por ello, que una de sus consignas actuales pide por el fin de la LOCE, clara evidencia de que entienden nada ha cambiado.

Santiago se ha colocado a la cabeza de las movilizaciones. Precisamente, es uno de las regiones más perjudicadas en lo que refiere al financiamiento en materia educativa. Mientras la región metropolitana, de la cual forma parte la Capital, concentra la mayor parte de la matrícula total (1.344.149) el monto de subvención por alumno, para 2006, es uno de los más bajos: 28.122 de pesos chilenos, lo que la ubica en el anteúltimo lugar del presupuesto. Valparaíso, en el último lugar del ranking, también ha sido epicentro de las protestas. En cambio, los niveles más elevados, con 71.426 de pesos chilenos, corresponden a la Región XI aquella donde el porcentaje de matrícula es el menor de todo Chile. Tal como puede verse, las diferencias regionales resultan notables. La cantidad de escuelas municipales estatales por región también muestra una seria desigualdad. En toda la Región Metropolitana, la matrícula potencial es un 30% mayor a la cantidad de escuelas municipales.

Gato por liebre

El 1º de agosto, el nuevo ministro de Educación presentó un proyecto de reforma a los estudiantes movilizados.²  La propuesta promete un aumento de aproximadamente 670 millones de dólares por año para el conjunto del presupuesto educativo y procura reafirmar el deber del Estado de promover “sistemas educativos diversos” a través del vigente sistema mixto y el sistema de subvenciones que promueve la “libre” creación de escuelas. Si bien el documento anuncia que acuerda “desmunicipalizar” la educación, la propuesta sólo rige para aquellos Municipios que demuestren bajos resultados en las pruebas de calidad. Asimismo, se indica, como una de las características, el dotarse de una pauta “descentralizadas, manteniendo sus raíces locales”, de allí que se promueva la participación de la comunidad. A su vez, de ser aprobada la propuesta se iniciaría como prueba piloto en una sola región para, en función de los resultados, extenderse en forma posterior. Dadas sus peculiaridades, no extraña que los estudiantes hayan rechazado este proyecto al igual que el anterior de Lavin, que ni siquiera incluía el punto de la municipalización.

Por si la intentona reformista no prospera, el régimen ha lanzado la vía aleccionadora. La muerte de Manuel Gutierrez da cuenta de ello. Queda por ver si el movimiento relanza su ofensiva aún con mayor fuerza. De desactivarse sólo postergará el problema por un tiempo. No obstante, la experiencia de lucha no se pierde y colocará la contienda en un nivel superior.

Notas

¹ Los registros pueden verse en el Documental Deseducados realizado en 2007 por el colectivo Novosur.
² “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, 1º de agosto de 2011.