Encrucijadas fiscales
Los límites del bonapartismo kirchnerista para sostener sus alianzas
Damián Bil – OME
Los defensores del modelo insisten en que el crecimiento llegó para quedarse. Sin embargo, los problemas de la administración amenazan el frágil equilibrio con las diferentes fracciones sociales. Vea en esta nota las contradicciones del gobierno para sostener las alianzas del bonapartismo del siglo XXI.
El superávit fiscal, en gran medida producto de la expansión de la renta de la tierra y el endeudamiento interno, le permitió al kirchnerismo contener a la mayor parte de las fracciones sociales gracias a la mediación estatal. No obstante, hacia 2008 comenzaron a manifestarse los primeros conflictos de peso que soportó el bonapartismo. La caja se comenzó a contraer, cayendo el superávit fiscal y el financiero, que durante los últimos años fue negativo. Por ese motivo debe echar mano a cualquier recurso existente: en principio, mayores impuestos y retenciones. Cuando estas fuentes se vuelven exiguas para sostener el nivel de gasto, debe recurrir a las extraordinarias: la caja de la ANSES o la emisión monetaria, con inflación [1]. Y aun cuando los recursos extraordinarios quedan cortos, se al endeudamiento, interno y en menor medida externo el cual necesita en forma cada vez más acuciante (ver artículo de Emiliano Mussi en este número).
Hasta el momento, estas fuentes le permitieron mantener los niveles de gasto público, sobre todo en subsidios a energía y transporte para mantener la operatoria mínima, y en gasto social, principalmente en prestaciones jubilatorias y diferentes tipos de planes. A octubre, el acumulado de ambos rubros supera los 155.000 millones de pesos (en valores de 2008), algo superior a lo acumulado al mismo período de 2011 [2]. Con estos servicios, y a pesar de ciertas alianzas deterioradas, el gobierno mantiene en parte, y con cada vez menos margen, la estructura material del bonapartismo. El interrogante es por cuánto tiempo podrá, en un contexto internacional incierto, mantener este armado.
Pateando la pelota
Lo que se observa es que mediante la apelación a recursos extraordinarios durante los últimos años, el gobierno evitó descargar el ajuste de conjunto, aunque se siente en algunos sectores. Aun no se ha planteado de lleno el “tarifazo”, puesto que una medida de esa índole conduciría a severos conflictos y a una probable ruptura con la base social del kirchnerismo. Pero además obligaría a aumentar los salarios, en tanto y en cuanto los servicios públicos forman parte de la reproducción obrera. Además, subirían los costos de producción para los capitalistas locales. Por ese motivo, no puede desmantelar sencillamente el esquema planteado, ya que debería aumentar las transferencias para sostener a la ineficiente burguesía local. Así, el anuncio de aumento de luz y gas parece más bien “cosmético”. Desde 2003, las tarifas estaban congeladas, es decir se abarataron con la inflación. El aviso del mes pasado apenas sí supera la inflación de este año. Con lo cual sigue siendo un subsidio. Los incrementos son menores, destinados antes que nada a descomprimir la situación con las prestadoras, cuyos últimos balances cerraron con elevadas pérdidas. Con esta medida, el gobierno gana tiempo ante las firmas, y a su vez aumenta los ingresos de caja, ya que los ajustes no irán de forma íntegra a las compañías sino que pasarán a integrar un fideicomiso destinado a la “modernización del servicio” [3].
Es la cuestión de los costos el quid de la cuestión. Como representante del capital, el Estado debe garantizar ciertas condiciones para la acumulación. El que acumula al interior de la Argentina es ineficiente a escala internacional, por lo cual precisa constantes transferencias mediadas por su Estado. Ante el achicamiento de los recursos para distribuir, el gobierno debe resignar ciertos vínculos, tanto para mantener las condiciones de acumulación como para sostener su base social. Por eso, por un lado confronta con el capital extranjero, a partir de las medidas de cepo cambiario. Pero sobre todo, con la fracción mejor paga de la clase obrera y la pequeña burguesía, que pierden su capacidad de ahorro mientras se licúan sus ingresos por inflación.
El mentado impuesto a las Ganancias expresa este problema de forma patente. La no actualización del Mínimo No Imponible (MNI) y las manipulaciones de las asignaciones familiares mantienen estancados los incrementos salariales. Lo conseguido en paritarias se licúa así con la inflación y lo extraído en concepto del gravamen (ver artículo de Viviana Rodríguez en este número). Por esta vía el Estado, como representante general de la burguesía, pone un techo a la suba salarial. Con ello, se busca no deprimir el nivel de competitividad del capital que acumula a escala nacional. De yapa, con la no actualización del MNI, el fisco se hace con un adicional de 6.000 millones de pesos [4]. Todo ello, al precio de ver pasar parte de la CGT a la oposición.
Serás lo que debas ser
Aun no se produjo el ajuste profundo que reclaman algunos sectores. A pesar de que las fuentes de ingresos se restringen o no aumentan al ritmo requerido, y de que el gobierno haya roto ciertos vínculos, el gasto público no se contrajo.
Un coctel de medidas de shock a lo Celestino Rodrigo (sinceramiento de tarifas, reducción de subsidios, devaluación e inflación) produciría un escenario social infinitamente más explosivo que el actual. El gobierno tratará de evitar esa salida. Ningún personal político se suicida, menos aun en un año electoral. Por el momento, adoptó la vía de seguir echando lastre. Ahora, se enzarzó con el sector mejor pago de la clase obrera y con fracciones del capital extranjero. Su carácter bonapartista lo lleva a ello: golpear para mantener su status. Debe sostener sus bases, pero la situación macroeconómica lo lleva a una salida por derecha. Reproduce el esquema de subsidios y el congelamiento tarifario, que lo conduce en este contexto a enfrentarse a los grupos sobre los que recae esta mochila. Por eso de forma paulatina, rompe vínculos que no puede mantener y salvaguarda el resto.
La situación plantea un atolladero de difícil solución. Por el momento, sorteó las dificultades, a partir de ingresos extraordinarios y emisión. No obstante, esas vías tienen un tope, ya porque las nuevas fuentes son limitadas, por los riesgos de desatar una inflación mayor. Por otro lado, el gobierno pagó deuda para volver a pedir prestado en el exterior. En definitiva, lo que queda en cuestión es la propia naturaleza del régimen: la forma y el tiempo en que puede sostener su carácter bonapartista (acotado), a pesar de que las circunstancias lo empujen a dejar de ser lo que es. El momento le exige ajuste, lo que sería impopular y minaría su apoyo. Cómo procesa la contradicción entre su necesidad y la obligación, y en que período de tiempo, es el meollo del asunto. Pero ni en una ni en otra los trabajadores tenemos lugar.
NOTAS:
[1] La base monetaria aumentó de 84.600 millones de pesos en 2007 a 236.375 en 2012; mientras que el índice de precios creció en 2,67 veces desde el mismo año. Cálculo OME en base a datos de BCRA (emisión) e INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis para cálculo de inflación.
[2] Cálculo OME en base a datos de Secretaría de Hacienda.
[3] Resolución 2407/12 de ENARGAS; Iprofesional, 5/12/2012. También se anunciaron aumentos en el precio a productores de gas para pozos nuevos, aunque el objetivo de esta medida es estimular la producción y reducir el déficit de la balanza energética por vía de la disminución de importaciones de Bolivia, Trinidad y Tobago y otros orígenes.
[4] IARAF: Informe económico n° 188, 14/11/2012.
