Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía
En la retórica Nac&Pop, la burguesía agropecuaria suele aparecer como un antagonista superpoderoso. Es una forma de magnificar un enfrentamiento que sirve para ganar adhesiones en el arco progresista. Sin embargo, la historia nos muestra que la “oligarquía” está muy lejos de esta imagen que nos venden.
El kirchnerismo se ha acostumbrado a agitar, frente a cada crisis política, el fantasma del golpe de Estado. En la lista de “desestabilizadores” suele ocupar un lugar destacado la “oligarquía agropecuaria”. El Gobierno recoge, de esta manera, una lectura de nuestra historia reciente propia de la intelectualidad Nac&Pop, que ubica a la gran burguesía agraria como responsable casi única de los golpes y beneficiaria exclusiva de sus políticas económicas. Aunque es cierto que la “oligarquía” promovió las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, no fue la única fracción de la burguesía que les dio su respaldo. A su vez, las medidas económicas, más allá de alguna concesión en el corto plazo, no la beneficiaron. Es que, por las características de la estructura del país, ningún gobierno puede renunciar a la apropiación de renta que opera como base de cualquier plan económico. Que, aún con gobiernos afines, la burguesía agropecuaria no haya podido evitar la exacción, nos habla más de su debilidad política que de ese fantasma todopoderoso que nos quieren vender. La historia de los funcionarios del área de Agricultura y Ganadería durante la “Revolución Argentina” es una muestra de ello.
Con amigos así…
El golpe de Estado de 1966, encabezado por Onganía, llegó al poder respaldado por una amplia coalición que incluía desde la burguesía industrial hasta la burocracia sindical. La burguesía agropecuaria, grande y chica, impulsó la acción y dio su respaldo. Sin embargo, el Gobierno la desairó al restablecer, de la mano de Krieger Vasena, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, en 1967. Este fue el motivo de una de las primeras crisis ministeriales de la dictadura, cuando el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Lorenzo Raggio, renunció en desacuerdo con la medida. La oposición del agro escaló entre 1967 y 1969: al rechazo a las retenciones, se sumó el cuestionamiento al aumento de los impuestos a la tierra y los controles de precios. Las corporaciones agropecuarias comenzaron a confluir en un frente opositor, dejando en el pasado los enfrentamientos internos. Sin embargo, el conflicto no volvió a expresarse en el gabinete hasta que la crisis política post Cordobazo obligó al Gobierno a dar cabida en su seno, nuevamente, a los intereses agrarios.
En 1969, Raggio volvió a ocupar el cargo que había dejado en 1967, aunque su gestión terminó nuevamente en un escándalo. Las fricciones en el gabinete alcanzaron un punto de no retorno en marzo de 1970, cuando comenzaron a discutirse medidas para contener el aumento de los precios de la carne. En este contexto, Raggio criticó públicamente la política agropecuaria seguida hasta ese momento, caracterizada por los bajos precios que habrían afectado a la producción. En su discurso en la Fiesta Nacional del Trigo señaló que tal política solo habría producido “frustración de esperanzas, producción estancada y pérdida de posiciones en los mercados.” Las medidas “de corto plazo” no solo no habían logrado contener la inflación, sino que diezmaban la producción, por la retracción de la oferta debido a los bajos precios.[1] A pesar de la agitación, el secretario no pudo frenar lo que se incubaba: la imposición de una veda al consumo de carne vacuna. Apoyándose en las corporaciones agropecuarias, Raggio salió a denunciar la medida, cuya implementación se demoraba por su negativa a firmar los decretos correspondientes. Luego de varios días de incertidumbre, el ministro de Economía, Dagnino Pastore, exigió a Raggio que firmara los decretos o renunciara. Raggio finalmente renunció, no sin antes denunciar públicamente que tras la veda se escondía un gigantesco negociado a favor de los frigoríficos exportadores, a quienes beneficiaría la caída de los precios. Señaló que en la maniobra estaría implicado el grupo DELTEC, del que era directivo Krieger Vasena, y parte del equipo de gobierno.[2] Los conflictos retornaron con la gestión del secretario Walter Kluger a comienzos de 1971. El motivo de la discordia fue, nuevamente, la veda a la comercialización de carnes, reimplantada (con mayores restricciones) por el ministro de Economía Aldo Ferrer. Luego de tres semanas de conflictos internos, finalmente Kluger terminó renunciando, presionado por Ferrer, por no comulgar con la política oficial.
Las dificultades de las corporaciones agropecuarias para imponer sus demandas al Gobierno, aunque pudieran influir sobre los secretarios del área, eran evidentes. Un simple ejercicio matemático pone de relieve la cuestión: entre 1966 y 1971 se sucedieron tres presidentes, cuatro ministros de Economía y ocho titulares en Agricultura y Ganadería. Las corporaciones comenzaron a evaluar que la dificultad estribaba en que no tenían un acceso directo al Poder Ejecutivo, ya que debían reportar a ministros de Economía que serían los impulsores de la tan cuestionada política para el sector. Por eso, ya desde mediados de 1969, comenzaron a exigir la “jerarquización” de la Secretaria de Agricultura, que debía transformarse en ministerio. Se trataba de un grave error de apreciación: el problema no era que el presidente desconociera los niveles de exacción que pesaban sobre el agro, sino que, por sus debilidades estructurales, el capitalismo argentino demandaba la transferencia de crecientes niveles de renta hacia la burguesía industrial ineficiente. Y la burguesía agraria no tenía fuerza política suficiente para evitarlo: la debilidad de los secretarios de área era expresión de la debilidad de esta fracción de la clase dominante.
El ministro del campo
La profundización de lo que consideraban una “política anti-campo” acentuó el enfrentamiento de la burguesía agropecuaria con “su” gobierno. Entre 1968 y 1970 se sucedieron las movilizaciones, las amenazas de paro y comenzó a gestarse la confluencia de las corporaciones (CRA, SRA, FAA y CONINAGRO) en una entidad unitaria. Así nació, a fines de 1970, la Comisión de Enlace[3], que expresaba la lucha del campo contra el avance gubernamental sobre la renta agraria. Intentando cerrar un frente de conflicto, en medio de lo que ya era una crisis de régimen incontenible, el tercer presidente de la Revolución Argentina, Lanusse, ofreció una tregua a los ruralistas. Como gesto de buena voluntad, restableció la jerarquía a la cartera de Agricultura, que se convirtió en ministerio, y le ofreció el puesto a uno de los dirigentes que impulsó la unidad del campo: Antonio Di Rocco, presidente de Federación Agraria.
El hecho fue celebrado como un resonante triunfo por el conjunto de las corporaciones agropecuarias y no era para menos. Di Rocco era un dirigente encumbrado del gremialismo agropecuario recientemente unificado. Durante once años, había presidido Federación Agraria. Estuvo a la cabeza de la oposición a la política agropecuaria de la Revolución Argentina y había sido uno de los impulsores del proceso de unificación. Las cosas parecían alineadas, esta vez, para que las corporaciones agropecuarias pudieran concretar sus reclamos. Sin embargo, no alcanzó. A poco de andar, Di Rocco comenzó a tropezar con distintos obstáculos para poder desarrollar su programa, que no era otro que el de la Comisión de Enlace. No pudo bajar las retenciones ni los impuestos, ni mejorar los precios. Ni siquiera se le permitió eliminar la veda al consumo de carne. Las urgencias económicas del gobierno y las políticas anti-inflacionarias se impusieron a cualquier intento de morigerar la carga impositiva sobre el agro. Finalmente, Di Rocco terminó renunciando sin haber logrado revertir aquella política hacia el agro tan cuestionada por la fracción social que representaba.
Los molinos de viento
Las dificultades de la burguesía agraria para imponer sus demandas, incluso con un gobierno “del palo” como la Revolución Argentina y con funcionarios que ellos mismos impulsaron, debería llamar la atención sobre la supuesta capacidad de la oligarquía para mover los hilos del poder. Lo expuesto aquí es solo una muestra de una conflictividad permanente entre la burguesía agropecuaria y los distintos gobiernos que se sucedieron a lo largo de la historia argentina. Esta disputa permanente, en la que invariablemente el agro siempre salió perdiendo, es expresión de dos fenómenos que no deberíamos perder de vista. El primer lugar, la importancia que tiene la renta agropecuaria para el sostenimiento de las relaciones capitalistas en la Argentina. Ningún gobierno puede renunciar, sin poner en riesgo la estabilidad política y social, a los mecanismos de apropiación de esta ganancia extraordinaria. Pero lo expuesto también nos habla de la debilidad política de esta fracción. A contramano de lo que nos venden los intelectuales Nac&Pop, el agro es un sector escasamente concentrado. Solo las explotaciones de mayor tamaño oscilaron, durante la segunda mitad del siglo XX, entre 5.000 y 7.000 unidades. Mucho más que las pocas empresas que concentran el grueso de la producción industrial. En términos políticos, es mucho más peligroso enemistarse con Techint, que con solo cerrar una planta pondría a centenares de obreros en la calle dispuestos a defender sus puestos de trabajo, que con un burgués agrario, que para lograr un efecto político similar tendría que ponerse de acuerdo con otros 4.999 “oligarcas”, que difícilmente podrán movilizar un solo obrero detrás de sus reclamos. El gobierno, que no desconoce estos hechos, elige muy bien a sus adversarios: se infla el pecho a la hora de enfrentar a la “oligarquía”, pero agacha la cabeza cuando los cuestionamientos vienen de los que realmente tienen la manija.
1Giapparelli, Raúl: “El sector agropecuario argentino y la caída del gobierno del General Juan Carlos Onganía”, mimeo, Circa, 1993.
2Ídem.
3Sanz Cerbino, Gonzalo: “Unidos y organizados. La unidad del campo en los ’70: el programa de la Comisión de Enlace”, El Aromo, nº 70, enero-febrero de 2013.
