Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional-CEICS
Temer sabe que si pierde las elecciones irá preso, por eso quiere evitar la candidatura de Lula, que lejos está de encabezar algún tipo de lucha. Es una riña entre representantes de la misma clase. Por esta razón, es
necesario delimitarse de ellos e intervenir de forma
independiente creando una herramienta que estructure y dirija el conjunto de las luchas. De no ser así, tarde o temprano la burguesía procederá a resolver su crisis.
El 3 de diciembre de 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputado de Brasil, Eduardo Cunha, aceptó uno de los pedidos de impeachment contra la presidente del país. Dilma Rousseff era acusada de emitir decretos que alteraban el presupuesto y de tomar préstamos de la banca pública sin autorización del Congreso. De este modo, el gobierno habría mejorado artificialmente el estado de las cuentas públicas a espaldas del parlamento, lo cual constituye una infracción a la ley de presupuesto. Pues bien, al no conseguir el apoyo político que necesitaba en ambas cámaras, Dilma terminó siendo desplazada definitivamente del poder nueve meses más tarde. Fue la segunda vez desde el retorno a la democracia que un mandatario es destituido por el Congreso, luego del impeachment a Fernando Collor de Mello en 1992, que había sido acusado de corrupción.
El episodio tuvo lugar en el marco de la enorme crisis política que atraviesa Brasil desde el 2013. En todo el país se venían desarrollando gigantes movilizaciones como respuesta al ajuste que estaba imponiendo el gobierno de Dilma y a las escandalosas revelaciones sobre el esquema de corrupción en torno a Petrobras, que salpicaban a todo el arco político burgués. Frente a este escenario, la izquierda argentina se posicionó y, una vez más, dio muestras de su dificultad para proponer una salida política obrera. Ante cada vuelta de tuerca de la crisis -como la revelación de los audios que involucraban a Miche Temer o la condena a Lula da Silva-, la izquierda no propuso ningún tipo de intervención real para capitalizarla, sino que apeló a la recomposición del PT y del régimen mediante salidas democráticas. Veamos.
La posición de la izquierda
Para el Partido Obrero (PO), la inestable situación política en Brasil es la consecuencia de una crisis en las alturas. La burguesía local, que hizo jugosos negocios durante más de una década, le habría quitado el apoyo a Dilma porque ésta ya no contaba con la capacidad para imponer el ajuste que exigían las circunstancias. Era preciso pasar de un régimen político de contención a uno de ataque frontal contra las masas y, para cumplir esta tarea, el gobierno del Partido de los Trabajadores ya no tenía nada que ofrecer. La destitución de Rousseff constituyó, entonces, un «golpe» promovido por la burguesía vernácula para sacarse de encima a unapresidente que ya no le servía. Apostó todas sus fichas a Temer para encarar la transición y esperó que el nuevo mandatario encare la reestructuración de las relaciones entre las clases. Pues bien, el PO omite dos elementos claves a la hora de explicar la crisis política brasileña. Por un lado, parece desconocer el violento ajuste que ya venía aplicando el gobierno de Dilma. En consecuencia, tampoco tiene en cuenta las gigantescas movilizaciones que se produjeron para rechazar este tipo de medidas, mucho antes de que se iniciara el proceso que culminó con el alejamiento de la presidente.
Sin embargo, la caracterización que ofrecen no termina aquí. El PO reconoce que el PT ha articulado un gigante esquema de corrupción y que sus gobiernos se han puesto al servicio de los grandes capitales, como las constructoras brasileñas que hacían negocios con las empresas del estado. El supuesto “golpe” y las pretensiones judiciales de castigar la corrupción se inscriben en un plan de “colonización imperialista” que se extiende por toda América Latina. En este sentido, la operación Lava Jato habría sido impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de terminar con la hegemonía de los “campeones nacionales” de la burguesía brasileña. Es decir, por un lado, como hemos visto, para el PO el “golpe parlamentario” fue promovido por la industria local porque los gobiernos del PT no estaban en condiciones de llevar adelante el ajuste que necesitaban. Y, por otro lado, la destitución de Dilma y operación Lava Jato han sido orquestada por el imperialismo, con el propósito de quebrar la hegemonía de esa misma burguesía local. Toda una contradicción.
Por último, cabe señalar que el PO llamó a derrotar tanto el “golpe” contra Rousseff como también la condena a Lula, puesto que ambas operaciones formarían parte de una “tentativa reaccionaria” por parte de las variantes capitalista más extremas. Es decir, reconocen que el PT es un obstáculo a la victoria de la clase obrera contra sus explotadores y, aun así, llaman a derrotar las condenas contra sus dirigentes. Denuncian la descomposición del sistema político burgués, pero se oponen al castigo que se impone sobre una de sus variantes.
Para el PTS, la destitución de Rousseff constituyó un “golpe institucional” articulado por el poder judicial, los grandes medios de comunicación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la oposición de derecha, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y la clase media. El objetivo habría sido imponer el programa “neoliberal” derrotado en las elecciones del 2014.Si bien Dilma puso en marcha un ajuste durante su segundo mandato, éste no habría sido lo suficientemente severo como para satisfacer al mercado. La “derecha” brasileña, entonces, aprovechó las revelaciones sobre el esquema de sobornos en torno a Petrobras e inició una cruzada contra la corrupción que terminó con el desplazamiento de Rousseff fuera de la presidencia. Al igual que el PO, el PTS omite el papel que tuvieron las gigantes movilizaciones que se venía desarrollando en contra del gobierno del gobierno del PT y, en consecuencia, considera que la destitución de Dilma solo fue una maniobra perpetrada por la oposición burguesa.
La idea de “golpe institucional” es un oxímoron: un golpe es la apelación a la acción directa por fuera de la legalidad institucional. Lo que el PTS no quiere reconocer que Dilma fue desplazada por un mecanismo que perfectamente cuadra con la democracia burguesa.
Por otro lado, el PTS reconoce que una parte de la burguesía brasileña ha venido obteniendo enormes ganancias durante los últimos años, y que para ello cuenta con la complicidad de todo el sistema político. En este marco, la operación Lava Jato y los intentos por castigar a la corrupción sonconsiderados una maniobra al servicio de los “monopolios imperialistas” para avanzar sobre la competencia local. Entonces, el supuesto “golpe institucional” fue impulsado tanto por la burguesía local como por los monopolios imperialistas, aunque solo estos últimos se verían beneficiados con el desplazamiento del PT, puesto que se proponen liquidar a las competidoras locales. Al igual que el PO, la explicación que ofrecen es contradictoria.
Por su parte, una de las principales razones por la cual el PTS dice oponerse a la destitución de Rousseff y a la condena contra Lula es el hecho de que no se haya garantizado el “debido proceso”, esto es, que se los haya juzgado arbitrariamente sin respetar todos sus derechos. Estas maniobras sentarían un precedente que más tarde podría ser utilizado contra la clase obrera. Además, también denuncian que esta operación del poder judicial estaría violando el derecho democrático de los trabajadores de votar a quienes quieran. Es decir, el PTS reconoce que el PT ha gobernado al servicio de la burguesía, que ha sido participe de un sistema de corrupción perverso, que constituye el principal obstáculo a la movilización de las masas, que ha mentido durante su campaña presidencial y que ha impuesto un violento ajuste contra la clase obrera, y sin embargo, se preocupa porque Lula y Dilma hayan sido castigados “arbitrariamente”, en lugar de pedir lo que debería pedir cualquier defensor de la clase obrera: que los criminales vayan presos. Como si esto fuera poco, se preocupan por el peligro de que se sienten precedentes que en el futuro perjudiquen a la clase obrera, como si la burguesía necesitara de este tipo de antecedentes para castigar a los luchadores.
Por último, cabe preguntarse qué propone el PTS frente a la crisis política en Brasil. La salida que han proclamado es la formación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, conformada por diputados que hayan sido elegidos mediante el voto. Este órgano se encargaría, dicen, de ponerle fin los privilegios de jueces y políticos, de anular todas las medidas retrogradas impuestas por Temer, de reducir las horas de trabajo manteniendo el nivel de los salarios, de expropiar bajo control obrero las empresas, de ponerle fin al pago de la deuda externa; en fin, de revisar toda la estructura económica de Brasil poniendo los recursos del país al servicio de los trabajadores. El PTS comete dos errores. Primero, propone una Asamblea Constituyente formada mediante el voto, lo que significaría encauzar la crisis política dentro de las instituciones burguesas y colocar a la clase obrera detrás de Lula, que es el candidato que mejor mide en el país. En segundo lugar, espera que un órgano de esa naturaleza cumpla con un conjunto de tareas (cuya naturaleza no queda clara) y que solo pueden alcanzarse bajo el Socialismo, política que para el PTS está negada.
La caracterización que ofrece el Nuevo MAS sobre la situación política de Brasil es ligeramente diferente a las que hemos abordado, aunque no menos confusa. De acuerdo con este partido, la destitución de Rousseff no constituyó un “golpe”, puesto que no se ha alterado el régimen político vigente, la democracia burguesa. El desplazamiento de Dilma, y la condena contra Lula un año más tarde, forman parte de una ofensiva reaccionaria que tiene como objetivo imponer políticas neoliberales, esto es, un severo ajuste contra los trabajadores. La burguesía necesitaría, entonces, que la correlación de las fuerzas entre las clases sea la misma a la que prevaleció antes del año 2013, momento en el cual se inicia una ola nacional de luchas políticas encabezada por los “trabajadores y la juventud”. Por esta razón, el PT estaría siendo atacado en su punto más débil, a saber, sus funcionarios involucrados en escándalos de corrupción. Pues bien, frente a este escenario, el Nuevo MAS desaprueba la consigna “Fuera Todos” porque considera que sería funcional a la ofensiva burguesa. Además, por este mismo motivo, se oponen a la condena de Lula, puesto que se trataría de una maniobra del establishment político para despejar el terreno y profundizar el ajuste. Finalmente, la salida que proclaman es impulsar Elecciones Generales y formar una Asamblea Constituyente Democrática y Soberana.
El Nuevo MAS reconoce que Rousseff mintió durante su campaña y que implanto un feroz ataque contra los trabajadores antes de ser desplazada. Asimismo, sostiene que el PT ha saboteado la lucha de los trabajadores, que el sistema político en su conjunto esta corrompido y que, por lo tanto, es preciso construir una salida obrera independiente. Pese a todo ello, se opone a la condena que pesa sobre Lula. Y como si eso fuera poco, proponen la formación de un órgano con el que solo se logrará canalizar la crisis política dentro del campo burgués.
Por salida obrera a la crisis
La destitución de Rousseff no fue un golpe de Estado. En primer lugar, porque esta noción hace referencia a al desplazamiento de un gobierno por medios que escapan al marco legal vigente, y por lo general supone el quiebre del régimen político. Este no es el caso de Brasil. Los que impulsaron el juicio político contra la presidente son partidos constitucionales -como el PMDB y el Partido de la Social Democracia Brasileña-, que apoyan la democracia burguesa y que han gobernado Brasil desde hace años mediante acuerdos con el PT. En segundo lugar, cabe aclarar que el proceso de impeachment esta contemplado por la constitución de ese país, y que ya tuvo lugar en 1.992, cuando se desplazó de la presidencia a Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. Para entonces el PT no hablaba de “golpe”, sino que acompañaba las movilizaciones en las calles. Por último, la idea de una “golpe institucional” es francamente ridícula, porque supone una acción ilegal y disruptiva, que a la vez se ajusta a las normas del régimen. En realidad,lo que el PTS y el PO no logran ver es que a Rousseff se la ha desplazado para rescatar el régimen democrático, puesto que atraviesa una profunda crisis como producto de la impugnación popular.
Por otro lado, como hemos visto, la izquierda ha salido a repudiar la sentencia contra Lula. Para ello, apelaron a la idea de que esta maniobra estaría al servicio de la “derecha extrema” o, lo que es peor aún, sostienen que se estaría restringiendo a la población su derecho al voto. Es decir, de una u otra manera, se considera que el PT es portador de elementos progresistas y, en consecuencia, esto lo ubica como un mal menor frente a Temer. Esta idea es falsa. Los escándalos de corrupción salpican a ministros, gobernadores, diputados y senadores de todo el espectro partidario burgués. Además, todos ellos están de acuerdo en la necesidad de ajustar, como lo venía haciendo el gobierno de Dilma, que veto el reajuste de la Bolsa de Familia, atacó el seguro al desempleo, las pensiones por fallecimiento y por enfermedad. El PT es tan corrupto y ajustador como los otros partidos patronales. Frente a este escenario, el único partido que adoptó una posición diferente fue Izquierda Socialista, que se delimitó del PT y se negó a defender a Lula.
La izquierda no reconoce la crisis política en curso, esto es, que el vínculo entre representantes y representados se ha quebrado.Y ello se debe a que subestima la capacidad de la clase obrera, que ha dado muestra de grandes manifestaciones en rechazo al grupo de ladrones que la gobierna y al ataque de sus condiciones de vida. Que la oposición haya querido apoyarse sobre este reclamo, no le quita su legitimidad original. Ahora bien, mientras Dilma resistió gigantes movilizaciones hasta que fue expulsada, durante el gobierno de Temer las protestas entraron en reflujo, y eso le permitió mantenerse en el poder. Lamentablemente, la izquierda no logra distinguir que detrás de ambas figuras está la burguesía. Temer sabe que si pierde las elecciones irá preso, por eso quiere evitar la candidatura de Lula, que lejos está de encabezar algún tipo de lucha. Es una riña entre representantes de la misma clase. Por esta razón, es necesario delimitarse de ellos e intervenir de forma independiente creando una herramienta que estructure y dirija el conjunto de las luchas. De no ser así, tarde o temprano la burguesía procederá a resolver su crisis.
