“Depende de la lucha social”. Reportaje a Claudio Pandolfi, abogado de 40 heridos de bala en el juicio por la masacre del Puente Pueyrredón.
Germán Suárez
Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina – CEICS
¿Qué pudieron probar en cuánto a las responsabilidades políticas?
Hay que tener en cuenta que, más allá de que se lograra o no demostrar que podrían existir responsabilidades políticas, el marco de este proceso penal impidió que ello se debatiera.
Eso lo teníamos claro, por lo que no pretendíamos involucrar, en este juicio, las responsabilidades políticas. Nuestra estrategia fue demostrar que las responsabilidades políticas debían ser investigadas, lo cual es diferente. Desde el punto de vista procesal, sabíamos que el tribunal no iba a fallar condenando las responsabilidades políticas. Los que estaban presentes eran sólo los autores materiales de determinados hechos. No todos, porque hay, por lo menos, veinte autores dando vueltas.
Intentamos que en el debate saliera a la luz el tema de las responsabilidades políticas, no sólo por nuestros dichos sino también por los testigos y la prueba, pero nunca esperando que la sentencia se pronunciara sobre las responsabilidades políticas. Ese objetivo, creo que lo conseguimos. Si se analizan las querellas, cuando pedimos la citación de Duhalde, de Atanasoff y de Álvarez, los requerimos como testigos. No podíamos solicitarlos en el debate como imputados, porque no habían sido elevados a juicio. Pretendíamos, con ello, obligar a la justicia de Lomas de Zamora a que se definiera si eran testigos o imputados que debían ser investigados. Las garantías constitucionales impiden que el que esté siendo investigado declare como testigo. Cuando el fiscal se vio obligado a plantear que Duhalde, Atanasof y “Juanjo” Álvarez no podían declarar como testigos, porque estaban siendo investigados, para nosotros, fue muy importante: ya no éramos nosotros ni los piqueteros los que afirmábamos que debían ser investigados, sino un fiscal. La resolución del tribunal haciendo lugar al fiscal no fue para nosotros una derrota, sino un triunfo: implicó reconocer que no podían ser citados como testigos, porque debían ser investigados como autores intelectuales. Esa es una definición muy fuerte, que pasó desapercibida por la acción de los medios y por el error de algunos sectores que entendieron que se había suscitado una derrota. La justicia, a la que nadie puede tildar de piquetera, dijo lo que nosotros afirmábamos desde hacía tres años. Esa resolución fue un éxito jurídico y político. Claro que queda un segundo paso, que es que la investigación avance. Pero eso lo teníamos claro, no se iba a lograr en el debate. En la sentencia, el tribunal ordena extraer testimonio certificado de la declaración de muchos funcionarios para remitirlo a la justicia federal, a los efectos de que se investiguen las responsabilidades políticas. Ese mismo juzgado, el Tribunal Oral Criminal n° 7, es el que dispone que las declaraciones de Cafiero, de Jaunarena, de Vanossi y de algunos funcionarios más presentan elementos que ameritan una investigación. En definitiva, logramos que el tribunal ordene investigar responsabilidades políticas. Otro tema fue el tratamiento de la sentencia respecto de la “teoría del loco”, en relación a lo cual es muy contundente. El Código requiere que el tribunal sentencie si el hecho ha sucedido o no y quién es el autor, no exige que la sentencia explique por qué se cometió el delito. El tribunal jugó con eso y afirmó que no tiene necesidad de explicar por qué Franchiotti o Acosta hicieron lo que hicieron. Sin embargo, en algunos párrafos (la sentencia es muy larga), lo analiza. Trata de hacerlo en función de que a Franchiotti lo habrían agredido, que le habrían pegado un palazo y que eso motivó que se enojara y comenzara a disparar. Si bien el tribunal no afirma esto en forma contundente, lo hace en términos de “podría ser”. De todos modos, de la lectura de la sentencia, esta motivación se cae. La cacería que instrumentó Franchiotti es de más de quince cuadras y durante más de cuarenta minutos, con lo cual no estamos hablando de una persona que “perdió el control”. Por otro lado, si fuere así, es llamativo que el tribunal lo condene sin atenuantes.
Ahí se contradice, porque habla de una agresión que motivó su conducta, pero no la toma como atenuante. Por otra parte, el juzgado alude a un plan elaborado entre Franchiotti y Acosta para cargar munición de plomo en forma alternada. No es que cargaban los siete cartuchos de plomo: por momentos cargaban plomo y por momentos goma. Esto fue acreditado por el tribunal. Lo llevaban a cabo en forma planificada: cuando se adelantaba uno, disparaba, recogía el cartucho, se adelantaba el otro y así sucesivamente. Estamos hablando de una planificación muy detallada, con los ejecutores refugiándose detrás o alrededor del personal que los acompañaba. A la vez, cuando la sentencia se sigue desarrollando, da muestras de que ese “loco” no estaba suelto, porque ordena investigar a más de diez policías por encubrimientos desarrollados ese mismo día, por lo que tendríamos dos “locos” y, por lo menos, veinte encubridores de “locos”. A la vez, ordena investigar a personal policial de la Comisaría 2da de Avellaneda, de la 1ra y del Comando Patrulla. Así, tenemos dos “locos”, veinte encubridores y personal de tres comisarías distintas. Siguiendo la teoría, concluiríamos que todos los “locos” de la bonaerense fueron destacados a tres Comisarías en el año 2002. Es insostenible. Aparte, en el desarrollo final de la sentencia, cuando el tribunal relata cómo fue el caos de la Comisaría después de las muertes, te describe un accionar corporativo: sostiene que los fiscales departamentales tenían que apersonarse a las Comisarías porque el personal policial, más de setenta personas, no obedecía las órdenes de los fiscales de turno. Otra: detuvieron a más de ciento sesenta manifestantes. Con el objeto de obstaculizar la investigación, los tenían detenidos en diferentes comisarías e, intencionalmente, los llevaron a una sola dependencia, para generar caos, a sabiendas de que eso iba a provocar que llegaran abogados, vecinos, amigos y políticos con el justo derecho de saber qué ocurría con los detenidos. La sentencia añade que los policías se negaban a responder las preguntas de la fiscalía, a la vez que destruían la prueba de los delitos. Nos habla de toda una actuación planificada. Así, la “teoría del loco suelto” que el tribunal intenta esbozar en cuatro o cinco renglones se cae por la misma sentencia. De hecho, se ordenó investigar al Comisario de la 1ra de Avellaneda, a más de quince policías que están identificados y se ordenó identificar a otra cantidad de policías por diferentes delitos que surgieron en el curso del debate.
En ningún momento esperamos que el tribunal declarase un derecho a hacer la revolución social. Los tribunales que tenemos son los del sistema. Si los analizamos como tales, adónde fuimos a llevar la disputa y quiénes son los que resuelven, el fallo fue bueno. Sobre todo, porque hay una teoría conspirativa, en la cual los jueces conspiran para destruir las luchas sociales y los movimientos de desocupados. Los jueces tienen un pensamiento jurídico formado en su concepción del sistema y resuelven desde esa posición. No se sentaron a ver como destruir al movimiento piquetero. A partir de su concepción ideológica, basada en su formación jurídica, resuelven. No creo en tres jueces y un fiscal planificando como obstruir a la querella. Hay tres jueces, algunos con más de veinte años en la justicia, que tras veinte años de una justicia del sistema, tienen una determinada concepción jurídica. Sabíamos ante quién estábamos litigando, qué posición ideológica y qué visión jurídica tenían y, en función de ello, hasta dónde podíamos llegar. Como autocrítica, no se pudo investigar la responsabilidad política, no porque el fiscal no quiso, sino por que no logramos tomar la fuerza para hacer avanzar la investigación. Si no, caemos en la tesis de que la revolución la hacen las luchas de masas y todo lo arruina un fiscal malvado que no quiere investigar. La fuerza, en esta etapa, nos dio para esto. No fue poca cosa: condena perpetua a un Comisario Inspector (que llegó a ser el cuarto de la bonaerense), condena de cuatro años del Jefe de la departamental y todo lo que se ordenó investigar. Hay que tener en cuenta que los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio del 2002, el fiscal investigaba a los piqueteros que supuestamente se mataban entre ellos. Si eso se dio vuelta, fue por toda la lucha social. El juicio no está cerrado. Terminó el proceso a éstos siete policías. En Abril empieza el juicio a siete policías que reventaron el local de Izquierda Unida y las causas que el tribunal ordenó abrir para investigar los apremios ilegales y encubrimientos. Va a durar varios años.
¿Qué pruebas hay contra el gobierno?
Quedó demostrado que en el mes previo a los hechos hubo un discurso de represión. Lo afirma la Jueza López Moyano, en su voto. Efectúa una descripción de la situación social, toma los índices del INDEC (que nosotros habíamos ofrecido como prueba), señala cuál era al veintiséis de junio del 2002 la tasa de desocupación, el índice de pobreza de toda la zona sur y explica que la mayor parte de quienes se movilizaron venían de esa zona. Señala que el Estado, en lugar de dar respuestas, llevó todo al terreno de la confrontación militar, a sabiendas de que era el que tenía el poder en ese espacio. Expresa que el Estado, en lugar de solucionar el reclamo social totalmente legítimo, violó todos los derechos y permitió (no dice “ordenó”) que algunos entendieran que la represión debía ser la respuesta. Incluso, señala que en ese momento había todo un discurso a favor de la criminalización protesta social. Critica esta postura, señalando la viabilidad de otro tipo de respuesta a la crisis que vivía el país. Se logró acreditar que el Estado, a través del presidente y sus ministros, instrumentó un discurso represivo: se escuchaban frases como “no se va a permitir el corte”, “si cortan será una declaración de guerra”, “esto se tiene que acabar”, gobernadores pidiendo represión. Duhalde armó un minigabinete con Atanasof, Matzkin, Vanossi y “Juanjo” Álvarez, encargado de la cuestión social. Jaunarena declaró que no le consta una planificación de la represión, pero sí un minigabinete que se encargaba de todo lo que fuese conflicto social. Afirmó que él, como Ministro de Defensa, no participó en esas reuniones. Añade que si hubo planificación fue ahí. Señala que Duhalde le encargó a Vanossi que elaborara la estrategia jurídica sobre la “recuperación del espacio público”. “Juanjo” Álvarez (como Subsecretario de Seguridad), Matzkin (como Ministro del Interior) y Atanasof (como Jefe de Gabinete) eran lo que estaban en esos temas. Todos los testigos fueron coincidentes en esto y en que Atanasof, las semanas previas, reiteraba la amenaza de reprimir ante cualquier protesta social. Así lo manifestó Genoud, Ministro de Seguridad de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, expresando –para salvarse él- que esas declaraciones generaban más conflicto. Desde el punto de vista jurídico, nunca vamos a encontrar la orden de disparar con munición de plomo. Además, no creo que haya existido. Lo que entiendo que hubo y trataremos de demostrar, es la existencia de una construcción social para esa orden. Lo define bien Juan Pablo Cafiero, al explicar que la policía es obediente al discurso político. Cuando lo interrogaron, declaró que, como ex Ministro de Seguridad, reconoce que si el discurso político es garantizar derechos sociales, la policía los garantiza. Si es reprimir, actúa en consecuencia. El 26 de Junio, entonces, la policía respondió a un discurso político. Ésta declaración es importante, más de alguien que en ese momento era Ministro de la Nación. Está afirmando que el 26 de Junio hubo responsabilidades políticas.
Esto es lo que vamos a demostrar en el ámbito jurídico, que no es proclive a éste tipo de imputaciones. El derecho argentino no tiene al instigador o autor intelectual como paradigma, no es algo que se incline a investigar. De hecho, la Junta Militar, no fue condenada como autores intelectuales sino como autores mediatos. Hasta donde lleguemos, depende del contexto social.
¿Cuál es la responsabilidad de gobierno actual?
Kirchner tiene funcionarios que, en aquel momento, estaban en el gobierno. La responsabilidad está en el encubrimiento. Al ser parte de la misma clase, se encubren. Tampoco quieren avanzar, porque la situación política no los obliga a hacerlo. A la vez, usan la causa para extorsionar al otro sector. Por otro lado, están en las investigaciones. Le pedimos pruebas al Ministerio del Interior y al de Justicia y no contestaron. Nosotros también utilizamos el mecanismo de presión, con la citación de Kirchner, que nunca la desistimos, a pesar de que el tribunal nunca decidió efectivizarla. Nos permitió negociar: a cambio de demorar el testimonio, aparecieron pruebas. Los informes de la SIDE, entre ellos. Sólo nosotros los pedimos. Ni las otras querellas ni la fiscalía.
¿Qué encontraron ahí?
Poco. Hay un informe interesante, en el que declaró Segovia, Secretario de la SIDE en aquél momento. El Dictamen de la SIDE dice que el Estado debe dar una respuesta ejemplar que termine con el caos, en tanto estaban confluyendo en la protesta social sectores sociales que nunca protestaban juntos (piqueteros, algunos sectores de trabajadores ocupados y la clase media). Cuando Soria habló, expresó que en Argentina se vivían momentos convulsionados, que estábamos en una hipótesis de revolución y que era necesario poner fin al conflicto social, porque ello hacía prever una situación revolucionaria. Entonces, si se baja ese discurso hacia las fuerzas de seguridad (profundamente anticomunistas, antipiqueteras y anti reclamo social) se sabe qué actitud van a tomar. No hizo falta decir “muchachos: disparen con munición de plomo”, bastó con expresar “contamos con ustedes, que son la reserva moral del sistema, para frenar lo que parecería ser un proceso revolucionario que comenzaría en el Puente”. Me imagino que la conversación con Franchiotti preguntando qué hacía en ese caso, y los funcionarios contestándole “vos sabés lo que tenés que hacer para parar una revolución. No por nada, fuiste el cuarto de la Bonaerense. Si esto sale bien, podés llegar a ser el jefe. Resolvé vos. Si lo hacés correctamente, quiere decir que estás para ser el jefe. Si te sale mal, es porque no servís”. Este tipo de conversación yo la escuché. En los cortes de ruta, cuando estoy reunido con el Comisario y éste me dice “Espere, Doctor. Tengo que requerir instrucciones a la superioridad para ver si reprimo o no, si desalojo o no”. Llama por el handy y de arriba le responden: “Haga lo que tiene que hacer, Comisario”. La orden queda así sujeta a la interpretación de quien la lleva a cabo. Lo del puente fue eso. La SIDE operó en ese sentido: construyó en el cerebro de los gendarmes, la prefectura, la policía, los funcionarios políticos y de toda la sociedad.
Me acuerdo de que, en aquel momento se hablaba de infiltrados de las FARC en el movimiento piquetero. D’Elia aludía, en la semana previa al 26 de junio, a un tal “Comandante Nicolás” en los movimientos de desocupados, que no es ni más ni menos que Nicolás Lista, de Quebracho. Entonces, fijate: infiltrados a las FARC, proceso revolucionario, informe de la SIDE de que se avecinaba una revolución, sectores sociales que confluían, que hace seis meses derrocaron a un Gobierno y ahora vienen por éste… Ponete en la mentalidad de la policía. Como dijo “Juanjo” Álvarez: son perros de presa que si le construiste esa imagen del “tipo” que tienen adelante, lo toman como “el enemigo a matar”. Es su forma de vida occidental y cristiana contra la anarquía y el “caos” rojo. Debería resultar “muy divertido” para la policía que los rojos no tuvieran armas, no resistieran, que lo único que hicieran es arrojar piedras y que se les pudiese disparar a gusto. La policía, el 26 de junio, festejaba la represión. Yo los escuché celebrar el destrozo del local del Partido Comunista. Cuando llegué a la Comisaría, los que habían reventado el local, estaban festejándolo. Leiva gozaba reprimiendo con munición de plomo a manifestantes indefensos. Todo ese discurso que te comenté fue el que construyó la represión en el puente.
