Por Nahuel Audisio – Los planes sociales comenzaron siendo una conquista del naciente movimiento piquetero a mediados de los años 90. Con el objetivo de recomponer la hegemonía burguesa, y consciente de la necesidad de desactivar las organizaciones piqueteras, el gobierno kirchnerista intentó establecer un vínculo directo con los desocupados, a quienes había que incorporar al aparato estatal. La herramienta utilizada fue una nueva modalidad de planes sociales, asociados a la participación y trabajo en nuevas cooperativas.
Los planes sociales comenzaron siendo una conquista del naciente movimiento piquetero a mediados de los años 90. El gobierno neuquino, asediado por las movilizaciones de un creciente número de desocupados, negoció la asignación de $150 sin contraprestación alguna para quienes reclamaban mejoras en sus condiciones de vida. En los años siguientes, el movimiento piquetero creció exponencialmente: se expandió a nivel territorial y se conformó en el sujeto clave del Argentinazo, encabezando la fuerza social que lo protagonizó. Con el objetivo de recomponer la hegemonía burguesa, y consciente de la necesidad de desactivar las organizaciones piqueteras, el gobierno kirchnerista intentó establecer un vínculo directo con los desocupados, a quienes había que incorporar al aparato estatal. La herramienta utilizada fue una nueva modalidad de planes sociales, asociados a la participación y trabajo en nuevas cooperativas. Por esta vía el gobierno logró disminuir la conflictividad social, bajar los índices de desocupación y regimentar tanto a los municipios opositores como a las agrupaciones barriales mediante la asignación de recursos destinados a estos planes, los cuales, a su vez, les servían tanto a los desocupados como a los ocupados más pauperizados para paliar su situación económica.
Algunos autores, plantean que el kirchnerismo cambió la lógica de las políticas sociales en forma positiva:
“El énfasis en el trabajo –en lugar del ingreso- como categoría central para asegurar la protección social radicaría en la premisa de que no hay trayectoria que genere más empoderamiento para salir de la vulnerabilidad social que la implicada en la incorporación al mercado de trabajo formal: se accede a la cobertura de la seguridad social, a la posibilidad de tener representación sindical y, por ende, a la negociación colectiva de las condiciones salariales y laborales.”1
Contra esta idea, agrupaciones nucleadas en el movimiento piquetero, históricamente plantearon que los planes sociales que exigen una contraprestación laboral desnaturalizan la reivindicación principal. Dejan de ser un
“límite impuesto por la lucha obrera a la competencia entre los trabajadores ocupados y desocupados y se convierte en su opuesto: un salario miserable por un trabajo precario, flexibilizado, en negro y sin derecho a afiliación sindical que establecía un nuevo mínimo de miseria para el conjunto del movimiento piquetero.”2
Los primeros programas sociales del kirchnerismo
La política asistencial del primer gobierno kirchnerista se erigió sobre tres grandes planes: el Plan “Familias por la inclusión social”, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” y el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”.
Así, el Plan “Jefes y Jefas de hogar” fue reemplazado con el objetivo teórico de mejorar las condiciones de “empleabilidad” de los beneficiarios. Se dividió a los beneficiarios en dos segmentos. Por un lado, los que presentaban una situación de alta vulnerabilidad y no podían acceder al mercado de trabajo. Por otro, los que presentaban mejores condiciones de empleabilidad. Para los primeros se diseñó el “Seguro de Empleo y Capacitación”, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este seguro exigía, entre otros requisitos, no estar inscripto en ningún otro plan ni cobrar otra asignación social.
Para el otro segmento, se creó el programa “Familias por la Inclusión Social”, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de este plan, la jefa de familia recibe un subsidio por cada hijo en edad escolar y está obligada a cumplir con los controles sanitarios y la asistencia escolar de los niños. Se eliminaba la asignación de un subsidio directo ya que los beneficiarios pertenecientes a este segmento estarían en mejores condiciones de obtener un empleo. El objetivo general del programa sería promover el desarrollo, la salud y permanencia en el sistema educativo de los niños, y evitar la exclusión social de la familia en situación de pobreza. Para ello se establecía un ingreso mediante un mecanismo automático y directo a las familias en situación de pobreza con hijos menores de 19 años. Dicho ingreso “promovería adicionalmente tanto el acceso de todos los integrantes de las familias beneficiarias –especialmente de las mujeres- a los servicios, como así también a actividades de participación y organización de la comunidad”. Todo esto se conseguiría con $215 en el caso de que la mujer tenga tres hijos. Por otro lado, un beneficiario integrante de este segmento, podría formar parte de una cooperativa de trabajo perteneciente al programa “Ingreso Social con Trabajo” y recibiría una asignación total de $2.815, una remuneración por debajo del salario mínimo, vital y móvil.
Otro programa implementado antes de la asunción del gobierno kirchnerista, pero prorrogado numerosas veces bajo su gestión, es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” (PHU), el cual se implementó en el marco de la declaración de la emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria declarada en el año 2002 en uno de los momentos más álgidos de la crisis. Esta política se planteaba como objetivos: “asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social”; “incentivo a la autoproducción de alimentos en las familias y redes prestacionales”; “asistencia a comedores escolares”; “asistencia a huertas y granjas familiares”; “atención a la embarazada y al niño sano”; “fortalecimiento de la gestión descentralizada de fondos” destinos a “familias vulnerables, con atención prioritaria de las necesidades básicas [de] familias con embarazadas, niños menores de catorce años, desnutridos, discapacitados y adultos mayores sin cobertura social”. Una de sus líneas fundamentales fue la implementación de tarjetas magnéticas a las que el Estado transfiere dinero para la compra de alimentos.
La forma de asignación de este programa, de manera individual y directa sin intermediarios, respondía a un objetivo político: contener a los desocupados y desarticular las organizaciones piqueteras. La entrega de forma directa pretendía generar la dependencia personal del beneficiario que recibe esos recursos respecto de quien los provee, es decir, el gobierno. Si tenemos en cuenta el reflujo que se observa por parte del movimiento piquetero desde la asunción del gobierno kirchnerista, podemos considerar la implementación de planes de este tipo como una de las causas del progresivo debilitamiento de este movimiento.
Otro programa rector de la política social del kirchnerismo es el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO). Se constituyó en una de las políticas nacionales más importantes con el objetivo de llevar adelante una propuesta de “economía social” que superaría el asistencialismo. El plan consistió en apoyo financiero a emprendimientos productivos de personas, familias y grupos en situación de pobreza y desocupación que conformen experiencias productivas y comunitarias. Sin embargo, este programa no garantizó mejores condiciones para los microemprendedores, quienes muchas veces llegan a altos niveles de autoexplotación que se manifiestan en intensas y prolongadas jornadas de trabajo. En la rama textil, una de las más desarrolladas en cuanto a microemprendimientos, es bastante frecuente encontrar pequeños talleres con menos de diez trabajadores o, incluso, empresas familiares que actúan como tercerizadas de grandes empresas.
Cooperativización forzosa
La cantidad de cooperativas a nivel nacional aumentó en forma exponencial en el país debido a la implementación de planes como los mencionados anteriormente. El inicio de esta explosión cooperativista coincidió con el comienzo del kirchnerismo. Los programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional que se implementaron a través de cooperativas son el Programa de Integración socio-comunitaria (Ex Programa federal de Emergencia Habitacional), Centros Integradores Comunitarios, Agua Más Trabajo, Manos a la Obra, Programa de Inversión Social; Programa de Ingreso Social con Trabajo, Programa Argentina Trabaja. Así, desde el año 2003 a esta parte, una gran cantidad de entidades se inscribieron en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El éxito de la política dirigida a la creación de cooperativas se evidencia en la evolución de las cifras de registro del INAES. Durante el año 2000, se registraron solamente 78 cooperativas de trabajo a nivel nacional, tendencia que se mantuvo en los siguientes tres años. En el año 2003, se observa una leve tendencia hacia el alza con la conformaron 451 nuevas cooperativas de trabajo. Los dos años siguientes se evidencia un salto: 3.249 cooperativas. Es en estos dos años donde encontramos la mayor cantidad de movilizaciones por parte de movimiento piquetero. El gran aumento en la conformación de cooperativas, entonces, no fue pura casualidad sino que respondió a un objetivo político. A su vez, coincidió con el momento de mayor incorporación de dirigentes barriales a funciones dentro de dependencias del Estado. Entre 2006 y 2008 disminuye la cantidad de nuevas cooperativas, aunque el piso que se mantiene es relativamente elevado. Esta disminución coincide con el aplacamiento de los conflictos y movilizaciones del movimiento piquetero. El objetivo político se concretó: una gran fracción del movimiento piquetero fue incorporado al Estado y fueron desarticulados los movimientos opositores. La crisis de 2008 golpeó económica y políticamente al gobierno, que buscó mayor apoyo en las capas de la sobrepoblación relativa. Así las organizaciones de desocupados se ven beneficiadas: en 2009 la cifra de cooperativas creadas es de 2.741. Este mayor aumento se debió a la creación del programa Ingreso Social con Trabajo, consecuencia de la pérdida de votos del kirchnerismo en las elecciones legislativas del año 2009. Los siguientes años el ritmo de crecimiento se mantuvo estable con un piso aún más elevado respecto a los años anteriores. La última gran explosión de creación de cooperativas sucede en el año 2012, con 5.848 cooperativas nuevas. En un año, se crearon la misma cantidad que en 5 años de ejercicio del poder kirchnerista.
Gráfico 1: Registro de cooperativas de trabajo, 2000-2015
Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos del INAES.
Si analizamos la distribución geográfica de las cooperativas encontramos que la mayoría se crearon en las provincias más pobres y en donde el movimiento piquetero había tenido mayor fuerza durante los años anteriores. Esto se evidencia al poner en relación la cantidad de cooperativas y la cantidad de habitantes de cada provincia y los datos de pobreza y desempleo. En las provincias del norte es en donde mayor cantidad de votos obtuvo históricamente el kirchnerismo. Es también en donde más creció el empleo público y las cooperativas de trabajo. El promedio de cooperativas radicadas en el conjunto de las provincias del norte es de una cada 627 habitantes, mientras que en la región centro (excluyendo la provincia de Buenos Aires), es de una cada 2.735 habitantes. Veamos cómo se reparte la caja en las principales provincias cooperativas.
En primer lugar está Jujuy, la cuna de la organización Túpac Amaru, con 1.198 cooperativas, lo que representa una cooperativa cada 562 habitantes. La provincia tenía para 2001 el 26,1% de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El cuarto más alto del país. Para el año 2003, el porcentaje de desempleo en el conglomerado San Salvador de Jujuy-Palpalá era de 39,3% mientras que la pobreza en el año 2003 era de 69,5%. Con este panorama, el paliativo de las cooperativas era fundamental para mantener la gobernabilidad.3
Tabla 1: Cantidad de cooperativas de trabajo. Total país, año 2015
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del INAES.
Chaco es una de las provincias más pobres del país y una de las que más cooperativas tiene radicadas en su territorio. Actualmente se encuentran activas 1.716 cooperativas, una cada 615 habitantes. Para el año 2003, en el Gran Resistencia había un porcentaje de desempleo de 40,5% y una pobreza de 67,4%. La provincia que sigue en cantidad de cooperativas radicadas por habitante es Tucumán, con un promedio de una cooperativa cada 690 habitantes. Para el 2003, año en que comienzan a crecer, el porcentaje de desempleo y pobreza era de 39,6% y 64,4% respectivamente para el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo. En Santa Cruz, cuna del movimiento piquetero, se encuentran radicadas 331 cooperativas de trabajo, es decir, una cada 718 habitantes, lo que la convierte en la cuarta del ranking nacional.
Si tenemos en cuenta el total de cooperativas radicadas, el 26,4% se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Para el año 2008, en esta provincia existían 3.367 cooperativas con un total de 3.180.100 asociados. Es decir, el 20% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires integraba una cooperativa. Para el año 2016, la cantidad de cooperativas de trabajo sólo en la provincia de Buenos Aires ascendió a 11.449. En un lapso de 6 años de gobierno kirchnerista aumentaron un 340%. Igualmente, si tenemos en cuenta la cantidad de cooperativas por habitante, la provincia tiene una cada 1.364 habitantes, lo que la ubica por debajo de las provincias más pobres del país.
Gráfico 2: Cantidad de habitantes por cooperativa. Provincias seleccionadas, año 2015
Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del INAES.
Las condiciones laborales de los cooperativistas
Los apologistas de las cooperativas suelen señalar como ventaja de participar de este tipo de entidades, que las decisiones se toman entre todos los integrantes mediante asambleas. Pero, en el mejor de los casos, en estas cooperativas promovidas por el Estado lo que se decide por asamblea refiere a “si era necesario pedir un aumento del monto para poder repartir más excedente, bueno, se decidía qué acciones llevar adelante para con el Ministerio. Si había que llevar alguna acción de movilización, etc.”4, como señala un ex dirigente de la organización política Barrios de Pie. Es decir, los cooperativistas debían enfrentarse a las mismas situaciones que cualquier trabajador que se encuentre en relación de dependencia, en blanco, y buscar las mismas soluciones colectivas que un obrero organizado gremialmente frente a su patronal. Solo que en este caso, la patronal es el Estado y las condiciones contractuales son peores. En aquellas cooperativas armadas por parte de punteros políticos, ni siquiera se realizan asambleas y el excedente lo reparte el intermediario entre el Estado y los trabajadores según su propio criterio.
“En las cooperativas de capital no hay ningún piso salarial. Un tipo puede ser más bueno o más malo y pagar más o pagar menos. Eso abre una cantidad de negocios infinitos. Esto sucede mucho: un tipo agarra una cooperativa, hace un convenio con el Estado con nombres inventados, le da el dinero que corresponde al convenio para hacer 100 metros de vereda. El tipo no agarra esas 10 personas para hacer esos 100 metros, sino que contrata un obrero a 200 pesos el metro y se queda con la diferencia. Es un fraude laboral a todo terreno.” 5
En la provincia de Buenos Aires están radicadas la mayor cantidad de cooperativas que surgieron como consecuencia de la implementación de los planes mencionados anteriormente. La mayor cantidad de cooperativas conformadas en la provincia de Buenos Aires se encuentran insertas dentro del Plan Argentina Trabaja (PAT).
Las asignaciones del PAT, constan de un salario a cada cooperativista. En 2015, este salario se encuentra en $2.600, muy por debajo del mínimo vital y móvil, de $6.050. Los municipios que tienen mayor número de cooperativas son José C. Paz y La Matanza, representando un 7,02% y un 10,41% del total de cooperativas de trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estos municipios, por un lado, son aquellos con mayor cantidad de población y elevadas cifras de pobreza y desocupación. Se trata de distritos que albergan un porcentaje importante de sobrepoblación relativa y, por lo tanto, están entre los que más necesitan de un paliativo económico para contenerla. El partido de La Matanza concentra una cooperativa cada 1.504 habitantes, mientras que José C. Paz, una cada 334 habitantes. Es decir, una incidencia superior a la existente en Jujuy, Chaco o Tucumán. Por otra parte, contaban con intendentes kirchneristas, lo que facilitaba la posibilidad de que se destinen mayores montos para la conformación de esas cooperativas. La asignación de recursos mediante el PAT se realiza directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social. El municipio es solo un intermediario que toma asistencia y realiza tareas administrativas, pero es el Estado Nacional quien cuenta con la posibilidad de otorgar o no el monto por presentismo y productividad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también fomentó la conformación de cooperativas. En Capital Federal, la cantidad de cooperativas aumentó conforme lo hicieron a nivel nacional. Para el año 2008, se habían empadronado 1.849 cooperativas, con un total de 1.634.085 asociados. A nivel nacional, representa un porcentaje de 15,9% del total de cooperativas, y un 17,4% del total de asociados, por debajo de la Provincia de Buenos Aires. Estas cooperativas son contratadas por diferentes carteras públicas, entre ellas las de Educación, Espacio Público y principalmente la UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Social). La UGIS tendría como objetivo la contención y asistencia de las necesidades básicas en materia de prestación de servicios públicos. Para realizar las tareas, firman convenios con cooperativas de trabajo, dentro del marco del Acuerdo de Asistencia y Cooperación con el Ministerio de Desarrollo Económico mediante el plan Basura Cero. Los cooperativistas tienen que encargarse desde la desratización, desinsectación y desinfección hasta el servicio diario de recolección de residuos domiciliarios y limpieza de pasillos donde no accede el servicio de recolección pública como las villas. Un cooperativista entrevistado afirmaba que:
“Dentro la cooperativa, el objeto es fundamental porque eso es el alcance que pueda tener la cooperativa. Mientras más amplio sea el objeto, más posibilidades tenés de intervenir. Dentro de nuestro objeto está el desmalezamiento, la limpieza de espacios públicos, albañilería. Con ese objeto le podemos arrancar al Estado obras, puestos de trabajos para mejorar las condiciones de los barrios”.6
La asignación de tareas a cooperativistas opositores mediante el plan “Basura Cero” empezó a tener vigencia a partir de junio de 2014, luego de una movilización y acampe de las organizaciones barriales que fue conocido como la “Carpa Villera”, realizada por la Corriente Villera Independiente. Estos convenios se firman anualmente, aunque hasta hace unos años, tenían un plazo mínimo de cuatro meses. Los convenios son firmados de forma particular entre cada cooperativa y la dependencia pública, pero son similares entre sí. Dentro del acuerdo se contempla el otorgamiento de ropa, herramientas y un monto total para que los cooperativistas repartan entre los asociados. El monto asignado a cada cooperativa varía según los términos del acuerdo político expresados en el convenio, pero las cooperativas estiman los gastos de operación y el excedente a ser repartido en partes iguales entre los cooperativistas. Los asociados recibirían, en promedio, un salario entre $3.800 y $4.500 por cuatro horas de trabajo, aunque estas cifras pueden variar. Por ejemplo, para fines de 2014, los cooperativistas nucleados en la organización Movimiento Popular La Dignidad habrían recibido un salario de $3.580, lo que representa un 34% más que el percibido mediante el Plan Argentina Trabaja. En muchos casos, los cooperativistas concentran sus tareas en los días sábado y domingo, cumpliendo con la carga horaria semanal, y los días restantes se las rebuscan con otro empleo. Un dirigente barrial, comparaba la forma de asignación de aumentos de las cooperativas dependientes de la Ciudad de Buenos Aires con las dependientes del Gobierno Nacional:
“Había un reconocimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad, de que había una determinada inflación y que era necesario un ajuste en ese sentido. No tuvimos un congelamiento como sí tuvimos en el Plan Argentina Trabaja en dónde hubo un congelamiento por dos años con una inflación de 25%.”7
Los cooperativistas manifiestan que en general no le faltan insumos para trabajar, pero que tampoco necesitan gran cantidad de herramientas para las tareas que realizan. Aunque se han realizado denuncias por cooperativistas que se encuentran trabajando en el Riachuelo, sin ningún tipo de indumentaria, en un terreno en dónde predomina el asbesto, una sustancia altamente contaminante.8
Luego de transcurrido el año de vigencia del convenio, la dependencia decide si sigue utilizando los servicios de la cooperativa. En general, estos convenios se actualizan por tres razones. Por un lado, son verdaderamente ventajosos para el Estado ya que todas las tareas que tendría que realizar un empleado público de planta permanente, la realizan los cooperativistas enmarcados en un convenio precario, pagando un Monotributo Social y sin aguinaldo. Por otro lado, el estado contiene a esta masa de desocupados latentes que se nuclean en organizaciones barriales y devienen en cooperativistas.
Por último, esta política le sirvió al macrismo para construir su aparato clientelar. El Gobierno de la Ciudad otorga a los punteros políticos los montos que desean para poder manejar las cooperativas y de esta forma aumentar su caudal político dentro de las villas. Si vemos la distribución de las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, estas se encuentran generalmente en la zona sur, donde más creció el Macrismo, expresado en cantidad de votantes en las elecciones.
Los vaivenes del movimiento piquetero
Si analizamos los principales reclamos del movimiento piquetero luego de la implementación de estos planes, veremos que no solo no mejoran las condiciones de vida de los desocupados, sino que tampoco se cumple con el teórico objetivo de superar el clientelismo. Es así que para los primeros años de gobierno kirchnerista, los principales reclamos por parte del movimiento piquetero tenían que ver con la necesidad de incorporación a los planes de los desocupados integrantes de organizaciones opositoras al kirchnerismo. Durante los años 2004 y 2005, se produjeron principalmente manifestaciones exigiendo la incorporación de más beneficiarios a los planes sociales. En el año 2004, se realizan 25 acciones directas. Una de las principales movilizaciones fue en reclamo de 26 mil planes sociales dados de baja. Mientras que el gobierno afirmó que hubo un reempadronamiento en función de transparentar los fondos, las agrupaciones sociales nucleadas en el Bloque Piquetero Nacional –conformado por el Polo Obrero, Movimiento Teresa Rodriguez, Frente Único de Trabajadores Desocupados (FUTRADE), Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), Agrupación Tendencia Clasista 29 de Mayo, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, CTD – Coordinadora Aníbal Verón- denunciaron que la mayoría de los planes que fueron dados de baja pertenecían a integrantes de las agrupaciones pertenecientes al bloque.
Al kirchnerismo le llevó un tiempo prolongado lograr la disminución de la conflictividad social. Durante el primer año de gobierno, los cortes de calle, marchas y piquetes en rutas se sucedieron sin que el gobierno interviniera con la fuerza policial. El “diálogo” es lo que imperaba en los intentos gubernamentales de lidiar con las agrupaciones barriales. Si el objetivo era la cooptación, la represión luego del Argentinazo, no era aconsejable. Es así que los movimientos realizaron 52 acciones directas en el lapso de un año y medio hasta que el gobierno comienza su giro represivo.
Hacia mediados de 2005, las organizaciones piqueteras salieron a la calle por el aumento de la remuneración percibida. Fue el año de mayor cantidad de manifestaciones por parte de los piqueteros bajo los gobiernos kirchneristas. En total, se produjeron 38 acciones directas. Entre las organizaciones, se destacó una participación activa del MIJD y del Bloque Piquetero Nacional. A mediados de agosto, se produjo una de las más grandes manifestaciones del año, con una duración de cuatro días en reclamo de un aumento de $150 a $350 en el monto de los planes sociales. Se reunieron unos 20 mil activistas a lo largo de todo el país con marchas desde el Congreso hacia la Casa de Gobierno, con cortes y marchas en Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Córdoba, Neuquén y Río Negro. Diez días después de esta demostración de fuerza, el gobierno impidió por medio de la Gendarmería que los piqueteros accedan al puente Pueyrredón y a la Plaza de Mayo, marcando el inicio del giro represivo por parte del gobierno. En las siguientes seis manifestaciones, la gendarmería y la policía federal se hicieron presentes para desactivar los piquetes.
De a poco se fue cumpliendo con el objetivo político de desarticular las acciones de los desocupados y cooptar a parte del movimiento piquetero. Es así que para el año 2006, disminuyen a menos de la mitad la cantidad de manifestaciones piqueteras. La explicación a este fenómeno la encontramos en la estrategia llevada adelante por el gobierno con el objetivo de la cooptación mediante la implementación de los planes sociales y en el desgaste producido el año anterior de grandes movilizaciones que no encontraron respuestas satisfactorias por parte del gobierno. Es así que el MIJD había decidido no realizar más movilizaciones ya que “no encontraba consenso en la sociedad”. Para este año, había once municipios que tenían en sus administraciones a dirigentes barriales, quienes se suman a los anteriormente cooptados como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Luis D’ Elía, de la Federación Tierra y Vivienda, y Jorge Ceballos, del Movimiento Barrios de Pie.9 En 2004 estos habían creado un frente de piqueteros kirchneristas, con el objetivo de “darle base social al proyecto” en disputa con el PJ. Cerca de 50 piqueteros se convirtieron en funcionarios de diferentes dependencias estatales nacionales, porteñas y bonaerenses. Entre ellos figuran Néstor Piccone, miembro fundador de Federación Tierra y Vivienda (FTV), quien se suma a las filas de la gerencia periodística de Radio Nacional; Edgardo Depetri, diputado del Frente Nacional Transversal y Popular; Carlos López (FTV), Néstor Moccia (Barrios de Pie) y Santiago Martorelli (Movimiento Evita) quienes trabajaron en ese entonces con Parrilli, en la Secretaría de la Presidencia; Isaac “Yuyo” Rudnik (Barrios de Pie), trabajaba en Cancillería; Roberto Baigorria (Barrios de Pie) y Nelson González (Frente Nacional Transversal y Popular) tenían a los suyos trabajando para el Programa Promotores; Luis Bordón (Barrios de Pie) coordinaba el Programa Antiimpunidad en el Ministerio de Justicia; Juan José Cantielo (FTV) diputado provincial para el Frente para la Victoria en Buenos Aires; Laura Velasco (Barrios de Pie) ejercía como coordinadora del Programa de Alfabetización y Voluntad Universitaria. Como vicejefe de gabinete del entonces gobernador Felipe Solá, Pérsico logró dar unas cuantas funciones a su gente: Lorena Riego era directora provincial del Programa de Derechos Humanos, Eduardo Ancona era director provincial de Coordinación de Política Regional, Pablo Ovey era director provincial de Desarrollo Humano y Gildo Onorato, director provincial de la Juventud. En Quilmes, Hugo Colaone y Fabio González, ambos del Movimiento Evita, ocupaban los cargos de director de Derechos Humanos y Subsecretario de inclusión social, respectivamente.10 Se estableció así una nueva relación de fuerza entre el gobierno y el movimiento piquetero. La estrategia de sistematización de los planes sociales surtió efecto: se contuvo a la sobrepoblación relativa mediante asignaciones y remuneraciones que estaban por debajo del salario mínimo vital y móvil, y que por tanto no mejoraban en forma radical las condiciones de vida de los trabajadores, se desarticuló a los principales movimientos y partidos políticos que militaban en los barrios en disputa con el kirchnerismo mediante las asignaciones directas e individuales del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” y se siguió con las prácticas clientelares que sus programas venían supuestamente a combatir.
Los siguientes años inauguran un período de reflujo de esta fracción de la clase obrera. En el año 2007 se sigue en la tendencia a la baja de las acciones de los piqueteros. Contabilizamos solo tres, el punto más bajo de la década kirchnerista. Las convocatorias las realizaron la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, MTL, MTD Aníbal Verón y el Polo Obrero. Mantenían los reclamos de trabajo genuino, aumento de los planes sociales, bono de fin de año y pase a planta permanente. La novedad de este período fue la ruptura de la agrupación Barrios de Pie con el gobierno y el comienzo de sus acciones exigiendo el aumento del monto de las asignaciones percibidas. Esta agrupación barrial modificó su relación con el gobierno, según ellos, por la decisión del kircherismo de dejar de ser un frente transversal para entrar en las filas del Partido Justicialista.11
En un contexto de crisis mundial y caída de puestos de trabajo, el kirchnerismo perdió las elecciones legislativas del año 2009. La creación del Plan Argentina Trabaja (PAT), fue consecuencia de este proceso. Anunciado a mediados de agosto del año 2009, el PAT es presentado por el gobierno como un progresivo reemplazo de los subsidios de $150 por “puestos de trabajo genuino”, con ingresos que se aproximan a los $1.200 por mes. El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales, a excepción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acordó con los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones y/o mutuales), a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la formación y capacitación de cooperativas compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra intensiva. Para ese entonces, el monto percibido por formar parte del Plan Argentina Trabaja, representaba un 85% del salario mínimo, vital y móvil.
A partir de su creación, comenzaron los reclamos de las agrupaciones sociales. En los primeros dos años del PAT, estos apuntaban contra el clientelismo y pedían la inclusión de grupos no incorporados. Una de las manifestaciones más importante en relación al PAT, fue el acampe en Avenida de Mayo a mediados diciembre del 2009 con una duración de tres días, en donde participaron el Bloque Piquetero Nacional junto con Barrios de Pie en demanda de ser efectivamente incorporados al plan luego del acuerdo de principios de mes. Manifestaron que habían sido inscriptos solo 1.200 desocupados, la mitad de lo acordado semanas atrás. A su vez, afirmaron que a los inscriptos no se les otorgaba capacitación correspondiente y por lo tanto, no podían comenzar a trabajar. A principios de noviembre de 2009, piqueteros oficialistas pertenecientes a la Central de Movimientos Populares (CMP) –entre ellos Movimiento Octubres, 8 de Octubre, 26 de Julio y Zona Norte- cortaron la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de mayor acceso al plan oficial de cooperativas y reconocieron dificultades en la negociación con los intendentes del conurbano.
Con la implementación de este nuevo plan, las denuncias sobre clientelismo fueron una constante en las acciones de los piqueteros. Es que el gobierno utilizaba la caja destinada a planes sociales como un mecanismo de regimentación, no solo de las agrupaciones sociales opositoras y propias, sino también de los mismos intendentes. El hecho de pertenecer o no al kirchnerismo, definía el acceso a recursos para planes y, con ello, la disminución de la conflictividad social al interior de los municipios.
A principios del año 2010, quince agrupaciones cortaron Avenida 9 de Julio. Pedían que el Plan se empezara a aplicar cuanto antes para que pudieran trabajar y cobrar para el mes de febrero. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fé empezó a reclamar al Gobierno Nacional la implementación del Plan en esa provincia. Hasta ese momento solo se había implementado en Tucumán y GBA.12 La nacionalización del plan, también era una preocupación de las agrupaciones piqueteras, quienes la exigieron en todas las manifestaciones de este período.
En marzo de 2011, Barrios de Pie realizó un corte en puente Pueyrredón, se llevó a cabo un piquete en Mar del Plata y apareció en escena el Frente de Lucha por Cooperativas sin Punteros,13 integrado por el MTD Aníbal Verón NF, MTDs y agrupaciones territoriales del Frente Popular Darío Santillán, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Organización Popular Fogoneros, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resist. Popular, CPS 29, MTR Santucho, MDVG, OLP, FUBADEyO), Mov. Unidad y Lucha, MTL Rebelde, MTR por la Democracia Directa, Agrupación María Claudia Falcone, MoTOR y Agupación Territorial Víctor Choque. A medida que las agrupaciones iban creciendo en fuerza y movilización, reclamaban mejores condiciones salariales. Para 2011 las principales reivindicaciones de los piqueteros tenían que ver con un aumento del mísero ingreso que percibían por formar parte de una cooperativa.
A mediados de marzo del año 2011 se produjo una acción directa en respuesta a uno de los primeros ajustes dentro del Plan Argentina Trabaja. Las organizaciones denunciaron miles de bajas y descuentos de hasta 50% en lo cobrado el mes de marzo. Apareció en escena la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados (AGTCAP), un gremio no oficial, conformado por Movimiento de Trabajadores desocupados Anibal Verón Nueva Fuerza, Organización Popular y Rebelde Villa Hidalgo, Frente de Organizaciones en Lucha, Agrupación Barrial Víctor Choque, Movimiento Teresa Rodríguez por Democracia Directa, Movimiento 8 de abril, Tierra y Libertad, Frente Popular Darío Santillán y Fogoneros. Entre sus reivindicaciones principales se encontraban el fin de la tercerización del empleo público y de la precarización de las condiciones de trabajo, aumento del salario que paga el Estado para Obra Pública a través de planes de empleo o contratación de Cooperativas, ampliación y nacionalización de los planes de obra pública, subsidios a la producción de empresas recuperadas y emprendimientos autogestivos, obra social con cobertura para el/la trabajador/a de cooperativa y su familia, aguinaldo y vacaciones pagas, extensión de la Asignación Universal a los hijos de los trabajadores precarizados, de empresas recuperadas y proyectos autogestivos.
En julio se desarrolló una movilización en CABA y el conurbano. A los reclamos de los meses anteriores se les sumó un pedido por aguinaldo y reconocimiento de las entidades gremiales de base. En tanto, en Rosario, la C.C.C mantuvo una protesta durante 50 días en Plaza Pringles. El pedido era ser incluidos en el Plan. Unos días después se llevó a cabo una jornada nacional de protesta en las ciudades de Mar del Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Tucumán, San Salvador de Jujuy y Gualeguaychú. Las siguientes movilizaciones de fines de noviembre y mediados de diciembre daban cuenta de que no se había avanzado sobre dos temas centrales: nacionalización y aumento que iguale el salario mínimo, vital y móvil.
El 26 de febrero de 2012, Cristina Fernández, anunció dos incentivos para los cooperativistas: $300 por productividad y $250 por presentismo. Ello llevaría el monto total a $1.750 y parecía traducirse en un aumento de $550. Pero no era así: quienes recibieron estos incentivos fueron 30 mil cooperativistas que ya venían trabajando en el conurbano bonaerense. Estos incentivos tampoco fueron necesariamente un aumento ya que, como afirma AGTCAP, no quedaba claro quién determina la posibilidad de realizar obras para alcanzar ese plus. Esto se suma a las innumerables denuncias de manejo discrecional y clientelar de los recursos por parte de los municipios y del mismo control de asistencia y producción –factor clave en la real implementación del aumento. De todas formas, suponiendo que el aumento se hubiera hecho efectivo, solo implicaba un incremento nominal del 40% que no alcanzaba la inflación acumulada.
Ese año, se llevaron a cabo solo siete acciones directas. La primera de ellas, el 28 de febrero, la realizaron el Polo Obrero, el MST y Barrios de Pie. Los reclamos estaban en relación con los anuncios de la presidenta. Las organizaciones afirmaban que ese “aumento” mantenía en la precarización extrema a los trabajadores y generaba un escenario de discrecionalidad política. Las siguientes movilizaciones denunciaron exclusión del PAT y quita de subsidios por parte del gobierno.
El año 2013 es similar a los anteriores en lo que respecta a cantidad de movilizaciones. Si bien en abril de este año, el PAT aumentó de $1.750 a $2.000, el incremento real –es decir, si se descuenta lo perdido por la inflación- fue del 12%. De todas formas, este aumento no revirtió la tendencia a la caída del poder adquisitivo del monto del PAT, que a esta altura se había reducido un 26% respecto al monto original de 2009. En ese contexto, se produjeron siete acciones directas. Los reclamos tenían que ver con el aumento de fondos a planes sociales, la pérdida de trabajo en cooperativas del Plan Argentina Trabaja y denuncias de amenazas. Para fin de año, se realizaron movilizaciones exigiendo aguinaldo para los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja.
Las denuncias sobre clientelismo se sucedían. Para el año 2013, la cooperativa que más contratos recibió era Malar, con 9,6 millones de pesos entre 2012 y 2013. Se dedica a brindar “servicios generales”. Su presidente, Adolfo Cayetano Deffina, era dirigente kirchnerista del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y mano derecha de Luis Vivona, subsecretario de Gestión Deportiva del Ministerio de Desarrollo Social. La cooperativa La Patria Grande, en La Plata, en un año y medio cobró 4,5 millones por contrataciones directas con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta cooperativa pertenece al Movimiento Patria Grande, afín al kirchnerismo. También se verificaron varios contratos duplicados que benefician a una única cooperativa. Por ejemplo, bajo el contrato número 372/2012, la cooperativa de trabajo Guazuncho Ltda. recibió, en el mes de febrero de 2013, 114.000 pesos para la provisión de “indumentaria”; cinco meses antes había cobrado otros 570.000 pesos con ese mismo contrato.14
El repunte
En el año 2014, se elevó exponencialmente la cantidad de acciones por parte de las agrupaciones barriales y movimientos relacionados con las cooperativas y planes sociales. Contabilizamos un total de 19 manifestaciones. Si tenemos en cuenta los diez años de gobierno kirchnerista, este es el tercero en importancia en cantidad de movilizaciones. Asistimos a un resurgimiento de la movilización piquetera en Argentina en un contexto de crisis. Los reclamos fueron, principalmente, el aumento en el Plan Argentina Trabaja y demás planes sociales. En noviembre, como medida para evitar el estallido clásico de fin de año, Cristina elevó el monto del PAT de $2.000 a $2.600, un aumento nominal de un 28%, que no llegaba a compensar el efecto de la inflación. De todas formas, hacia fin de año se incrementaron las movilizaciones. Es que el aumento no alcanzaba, dado que el poder adquisitivo del monto básico del PAT disminuyó progresivamente por efecto de la inflación. En diciembre de 2014, el montó real del PAT había disminuido un 43% respecto al inicio del programa (agosto de 2009).
Las organizaciones también realizaron una movilización a la Cámara Argentina de Supermercados exigiendo bolsones de comida, una movilización característica de tiempos de crisis. A once años de la implementación del Programa Hambre más Urgente, estas movilizaciones son indicadores de que no se modificaron las condiciones de vida de gran parte de la sobrepoblación estancada. Lo cual se verifica al ver que a fines del mandato de Cristina, la tarjeta se acreditaba con un monto total de $195 cuando la canasta alimentaria para una familia tipo se encontraba en $2.855. En este contexto empezaron a cobrar protagonismo nuevamente el Polo Obrero y otras organizaciones ligadas programáticamente con la izquierda. Marchan conjuntamente con Barrios de Pie, uno de los protagonistas principales de las movilizaciones de desocupados del último año.
Gráfico 3: Acciones de protestas de los movimientos de desocupados, 2004-2014
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y partidarios.
Gráfico 4: Porcentaje de cobertura del monto del PAT en relación al Salario Mínimo, Vital y Móvil
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 5: Evolución del monto básico del PAT en pesos de diciembre de 2014 (deflactado con IPC San Luis)
Fuente: Elaboración propia.
Tipos de reclamos
En estos diez años las formas de protestas se mantuvieron constantes encabezadas siempre por la manifestación frente a una dependencia pública. En segundo lugar, se encuentran los cortes de rutas y accesos a ciudades. La gran mayoría de las acciones se realizaron en Capital y Gran Buenos Aires.
Los reclamos dan cuenta del momento defensivo u ofensivo de la relación. Caracterizamos a las acciones de tipo defensivo como aquellas que no exigen una conquista que mejore las condiciones previas, sino que buscan evitar perder lo logrado hasta el momento. En cambio, una acción de tipo ofensiva es aquella que mejora las condiciones materiales: pase a planta permanente, disminución de la jornada laboral, aumento del salario percibido en una proporción mayor a la inflación, etc.
En el primer período de confrontación directa, entre los años 2004 y 2005, principalmente se exigió al gobierno el aumento y la universalización de los planes sociales de empleo. El 2004, primer año de este período, la exigencia principal es la de ingreso a los subsidios y planes laborales, seguida del reclamo contra el recorte sistemático de diferentes tipos de subsidios. Aunque el período lo caracterizamos como de confrontación directa, las reivindicaciones son de tipo defensivo. El siguiente período de reflujo del movimiento piquetero, estuvo caracterizado por la baja de las acciones directas y la incorporación de un reclamo novedoso: el aguinaldo social.
En el 2008 y 2009 aumentaron relativamente las reivindicaciones respecto al año anterior, pero se mantuvo el período de reflujo. Las principales reivindicaciones fueron de tipo inclusivo. Aquellas organizaciones que quedaron por fuera del reparto de planes del gobierno nacional, exigían ser incorporadas. En el 2009, con la creación del Plan Argentina Trabaja crecieron las reivindicaciones exigiendo que se terminara con el clientelismo en el ingreso a las cooperativas. En el año 2010, se mantuvo esta tendencia al reflujo y el tipo de reivindicación defensiva. Las agrupaciones exigen la inclusión en las cooperativas y en menor medida, el aumento de esos planes. El año 2011 no se destacó por la cantidad de acciones y estas fueron de tipo defensivo: en forma predominante exigían la reincorporación de la bajas del programa y el aumento del subsidio, pero el incremento reclamado es menor que la inflación. Los años 2012 y 2013 mantuvieron una estabilidad en la cantidad de reclamos, la novedad fue que en una de las manifestaciones se exige el pase a planta permanente de los cooperativistas que trabajan para el estado y se mantiene el reclamo por el aguinaldo social. Podemos caracterizar este reclamo de tipo ofensivo: el pase a planta permanente es un avance implica tener las mismas condiciones de trabajo que los empleados estatales mejores pagos y con mayor estabilidad y no seguir formando parte de cooperativas que los mantienen precarizados. Igualmente, este reclamo apareció en solo una de las manifestaciones.
El año 2014 lo caracterizamos como un claro repunte dada la cantidad de acciones que se realizaron en relación a los años anteriores. Se exigió el aumento y la universalización de las cooperativas y planes sociales. A su vez, también se reclamó el pago del aguinaldo social. Igualmente, son reivindicaciones de tipo defensivo ya que el aumento pedido no modifica sustancialmente las condiciones de vida de estos trabajadores. La inflación del período es mayor al salario que querían negociar los piqueteros.
Gráfico 6: Cantidad de acciones por tipo, 2004-2014
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de periódicos nacionales y partidarios.
Gráfico 7: Tipo de reclamos en las acciones, 2004-2014
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de periódicos nacionales y partidarios.
Conclusiones
En doce años de bonapartismo kirchnerista los piqueteros tuvieron diferentes momentos en la relación de fuerza establecida con el gobierno y este tejió diferentes estrategias para hacerles frente. El primer momento, entre los años 2004 y 2005, es de confrontación directa, en donde las movilizaciones y la fuerza de las agrupaciones se mantiene viva desde el Argentinazo. La regimentación del movimiento no se ha cumplido todavía y la cantidad de movilizaciones es la más alta de todo el período.
En este período se empiezan a crear los principales planes sociales rectores del kirchnerismo. Uno de los objetivos de la implementación de estos planes es la contención de esta fracción de la clase obrera en los límites impuestos por el estado, sin mejorar sus condiciones de vida. Otro de los objetivos es la desarticulación de las agrupaciones piqueteras opositoras. Esto sucedió mediante dos mecanismos que operan conjuntamente. Por un lado, se individualizó la asignación de los recursos. Así desarticularon la posibilidad de las agrupaciones del movimiento piquetero de organizar a los desocupados, no solo para obtener un plan, sino en pos del objetivo más amplio de tratar de disputarle al partido gobernante la representación política de los desocupados. Por otro lado, se mantienen las redes clientelares. Se asignaron mayores recursos a cooperativas que estaban conformadas por agrupaciones que tenían afinidad política con el gobierno. Así, se comenzó a armar un gran número de cooperativas de trabajo. Fenómeno que no estaba presente en período anterior al año 2003.
En todo el período estudiado, el movimiento piquetero ha realizado principalmente manifestaciones en dependencias públicas exigiéndole al Gobierno Nacional la inclusión en los programas de empleo y en las cooperativas, el aumento y la universalización de esos subsidios percibidos, denunciando el recorte de subsidios. Caracterizamos este tipo de reclamos como defensivo ya que no mejora sustancialmente las condiciones de vida de los piqueteros sino que buscan evitar que empeoren.
En doce años, el régimen bonapartista dirigido por el kirchnerismo logró desactivar y cooptar parte de lo que fue la vanguardia del Argentinazo, mediante la estatización del movimiento piquetero. Sin embargo, no pudo imponerle una derrota completa y, con ello, una mayor desmovilización y la erradicación total de las fuerzas de izquierda. La reactivación de la movilización de los desocupados devenidos en cooperativistas es una muestra de ello.
Notas
1 Alonso, Guillermo y Valeria Di Costa: “Cambios y continuidades en la política social argentina, 2003-2010”, en VI Congreso Argentino de Administración Pública, Resistencia, Chaco, 2011.
2 Oviedo, Luis: Una historia del movimiento piquetero. De las primeras Coordinadoras al Argentinazo, Buenos Aires, Ediciones Rumbos, 2004, p. 33.
3 Estimación propia en base a datos del IPC San Luis.
4 Entrevista realizada a Matías Sucari, Ex Dirigente de Barrios de Pie Capital.
5 Entrevista a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.
6 Entrevista a Sebastián, cooperativista perteneciente al Movimiento Popular La Dignidad Katari.
7 Entrevista realizada a Matías Sucari, Ex Dirigente de Barrios de Pie Capital.
8 “Argentina trabaja, enferma, contamina y mata”, Prensa Obrera, nº 1176, 12/5/2011, http://goo.gl/VKyw1D.
9 La Nación, 14/09/2006.
10 La Nación, 11/06/2006.
11 Página 12, 13/10/2008.
12 Página 12, 8/1/2010.
13 http://www.anred.org/article.php3?id_article=4032.
14 La Nación, 12/04/2013.
