Las perspectivas del PT frente a la crisis
La magnitud de la crisis brasileña parecería no tener precedentes, y tampoco parece tener un límite en lo inmediato. Todo parece indicar un oscuro porvenir del capitalismo brasilero. El círculo del ajuste brasilero, solo puede ser roto por el levantamiento general y la unidad de la clase obrara ocupada y desocupada.
Por Nicolás Grimaldi (Grupo de Análisis Internacional-CEICS)
La crisis brasilera parecería no tener fin. A las sospechas de corrupción y crisis económica, se le han sumado fracturas oficiales hacia el interior de la alianza del PT. Mientras tanto, las calles se siguen caldeando y es difícil pensar, no solo si el PT podrá seguir luego de 2018, sino incluso si llegará a esa fecha.
Numerología
La situación actual de Brasil está muy lejos de ser la ideal. Hasta octubre, la inflación de los últimos 12 meses fue de 9,77%, siendo la tasa más alta desde 2003.[1] El índice de desempleo también es una de las estadísticas que acecha los mejores sueños de Dilma. Según datos oficiales, el desempleo trepó a 7,6% en septiembre, ubicándose 2,7 puntos por encima del mismo mes en 2014, y no muy lejos del pico del 8% de 2009. El salario, por la inflación, también cayó 0,8% respecto a agosto, y un 4,3% respecto a la medición interanual. A esto debe sumársele una devaluación de casi el 70% en los últimos 12 meses. En cuanto al crecimiento del PBI, el gobierno pronostica una contracción de 2,7% que se suma a una expansión de 0,1% del año pasado.[2] A mitad de año, el gobierno ya había reducido su meta de superávit del 1,1% de su PBI, al 0,15%. En concreto, esto significó pasar de un saldo positivo esperado de 66.300 millones de reales a 8.747 millones.[3] El año pasado, Brasil acumuló un déficit de 32.536 millones de reales, siendo el primer saldo negativo en 13 años. Como vemos, la magnitud de la crisis brasileña parecería no tener precedentes, y tampoco parece tener un límite en lo inmediato. Todo parece indicar un oscuro porvenir del capitalismo brasilero. Basta con señalar que el gobierno decidió cerrar y fusionar varias secretarias y ministerios, pasando de 39 carteras a 31. También debió reducir los sueldos de funcionarios en octubre. Con estas medidas, el gobierno busca ahorrar cerca de 50 millones de dólares, una gota de agua en el desierto.
La implosión
A mediados de julio, Eduardo Cunha (PMDB), jefe de la Cámara de Diputados, se declaró opositor a Dilma. Si bien su ruptura la hizo en forma “individual”, aseguró que va a pedir en el Congreso del PMDB, que el partido rompa también. El anuncio colocó a Rousseff en una situación de riesgo. Como presidente de la Cámara de Diputados y referente del PMDB, Cunha es una ficha importante para el control del Congreso. Desde que se declaró opositor, Cunha se propuso crear una suerte de “pautas bombas” para complicar la vida de Dilma. Creó una comisión especial para investigar las decisiones del Bandes, con el fin de descubrir si el ex presidente Lula realizó tráfico de influencias a favor de grandes compañías. También apuró la demorada aprobación de las cuentas públicas de los tres gobiernos anteriores para que la Cámara revise con atención la contabilidad del primer mandato de Rousseff. Sin embargo, Cunha recibió su primer revés, cuando el juez Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, decidió que las cuentas públicas deberán ser juzgadas por el pleno del Congreso, en reunión conjunta de diputados y senadores. Respecto al “petrolao”, la Comisión Parlamentaria que investigaba la vinculación de Dilma, no encontró pruebas al respecto. Por este motivo, la oposición presentó un nuevo pedido de juicio por manipulación de los gastos del Estado entre 2014 y 2015. Por su parte, el PMDB comunicó que cualquier resolución partidaria será anunciada durante el congreso del PMDB. Sin embargo, el PMDB de Santa Catarina ya decidió romper su relación con el gobierno. El PDT y el PTB también anunciaron su ruptura con el PT.
El vicepresidente Temer parecería mantenerse al lado de Dilma, ya que repudió la táctica de “pautas bombas” por parte de Cunha, y sostuvo que es necesaria la unidad. Asimismo es quien que está comandando la interlocución entre la presidencia y el Congreso.[4] La última jugada de Dilma fue aumentar la cantidad de Ministerios controlados por el PMDB, que pasó de 6 a 7, incluyendo el de Salud, que posee el mayor presupuesto de todos. De esta manera, el PT quedó controlando 9 carteras. Con esta reforma, también se eliminaron 30 secretarías y 3.000 cargos nombrados directamente por los directores. Otra salida importante fue la de Aloizio Mercadante, jefe de Gabinete y uno de los asesores de confianza de Dilma, reemplazado por Jacques Wagner, hombre de Lula. De esta manera, Dilma está cediendo terreno, a cambio de lograr contener al PMDB.
Calles calientes
En este marco, se produjeron protestas tanto opositoras como a favor del gobierno. La primera, tuvo lugar el 16 de agosto y se trató de la tercera movilización que se produce contra el gobierno. Se calcula que asistieron entre 500 y 800 mil personas, en alrededor de 150 ciudades. El lema fue muy claro, “Fuera Dilma. Fuera PT”. Uno de los oradores fue el opositor Aécio Neves, y también participaron dirigentes opositores como José Serra, Bolsonaro y Jarbas Vasconcelos, del PMDB del noreste de Brasil. El propio PSTU reconoció que a la marcha asistió una fracción importante de trabajadores y desempleados, que ven erosionadas sus condiciones de vida.[5] Es decir, se movilizó un sector que es potencialmente ganable para la izquierda.
Al igual que en marzo, hubo una contramarcha a favor del gobierno de Dilma, el 20 de agosto. La movilización fue convocada por unas 15 organizaciones, siendo las principales el MST, MTST, CUT, y los estudiantes de la UNE. La manifestación se extendió por cerca de 25 Estados, y contó con el apoyo del PCB y el PSOL, que argumentó que se debía agrupar a una serie de organizaciones para crear una agenda de defensa contra el ajuste. La movilización fue menor que la opositora, y rechazaba lo que consideran una intentona golpista por parte de la oposición, pero también el ajuste impulsado por Levy.
El PSTU y Conlutas, desde su “Espacio de Unidad de Acción”, convocaron a una marcha propia el 18 de septiembre. La protesta reunió a 15 mil personas, en Sao Paulo. De la misma, participaron sectores del PCB, PSOL, 40 sectores gremiales como correo, metalúrgicos, construcción, rurales, movimientos de mujeres, de estudiantes, y “sin techo”. El dirigente del PSTU, Ze María, sostuvo que es errada la posición de sectores de izquierda que hablan de defender al gobierno frente a un supuesto golpe de la derecha, porque ambos representan la misma política, y que debía construirse una alternativa independiente de los trabajadores. Por su parte, llamó a la CUT y al resto de las centrales sindicales a convocar a una huelga general contra el ajuste fiscal y los ataques del gobierno.
Reestructuración
Si bien la federación de industriales de San Pablo (FIESP) y de Río de Janeiro (FIRJAN), ambos miembros y con cargos ejecutivos en la CNI (Confederación Nacional de la Industria, principal organización empresarial del país), emitieron un comunicado respaldando el llamado a la unidad hecho por Temer, abrieron un frente con el aumento de impuestos que busca impulsar el gobierno. El reclamo es claro, evitar la suba del PIS-Pasep (tributo pagado por las empresas para costear el Seguro de Desempleo) y el Cofins (impuesto a las empresas destinado a financiar la seguridad social), el impuesto al cheque y la reinstauración de la Contribución Provisional sobre el Movimiento Financiero (CMPF). A principios de octubre, la FIESP puso un pato inflable gigante frente al Congreso con el lema “No voy a pagar el pato”. A estas medidas también se sumaría FIRJA, y realizarían actos en Sao Paulo, Brasilia y Río, con el fin de conseguir 1 millón de firmas, para presentar un manifiesto contra las medidas en el Congreso. De estas acciones, surgió el Frente Nacional contra el Aumento de Impuestos. Es decir, la burguesía brasileña está pidiendo a Dilma que rompa con la población sobrante.
Otro punto en conflicto se da a partir de la búsqueda por salir del MERCOSUR. Uno de los problemas para las exportaciones brasileras, es la necesidad de firmar acuerdos de libre comercio con distintos bloques económicos, entre ellos la UE, como forma de recuperar mercados. Eso quedó de manifiesto en la gira realizada por Dilma, Katia Abreu y representantes de la CNI y CNA (Confederación Nacional Agraria), por Bruselas. El problema de la integración económica, se vio agravado por la creación del acuerdo TransPacífico en octubre de este año. Compuesto por 12 países, representa al 40% de la economía mundial y más de 800 millones de habitantes. De esta manera, la firma de acuerdos comerciales es una necesidad imperiosa para la burguesía agraria, aunque también es un reclamo de la FIESP y de la CNI. En ese sentido, el MERCOSUR es una traba, ya que Argentina y Venezuela se oponen a dichos acuerdos. Dilma, por su parte, venía sosteniendo la necesidad de firmar un acuerdo entre el MERCOSUR y la UE, aunque confiaba en poder convencer a Argentina y Venezuela de aceptarlo. Renan Calheiros recogió el guante de este reclamos y elaboró una “Agenda Brasil” que plantea la ruptura del MERCOSUR, dando un golpe contra Dilma, que debió aceptarlo, a cambio de que mantener el apoyo del PMDB. En la mencionada agenda, también aparecen cuestiones relacionadas con ampliar la tercerización y elevar la edad jubilatoria.
Conclusión
Como podemos observar, la burguesía, dirigida por la fracción agraria, pide un ajuste. Al mismo tiempo, pide fracturar la alianza con la población sobrante y romper el MERCOSUR. Pero el ajuste no parece quedar ahí. Para competir con el acuerdo Transpacífico, la burguesía deberá equiparar los costos laborales de países como México, Vietnam o Malasia, que están dentro del pacto. El círculo del ajuste brasilero, solo puede ser roto por el levantamiento general y la unidad de la clase obrera ocupada (en blanco y tercerizados) y desocupada. La fracción ocupada ya comienza a demostrar su descontento, aunque la sobrepoblación relativa se mantiene expectante o a favor del gobierno. Unificar a ambas fracciones, es una de las principales tareas de la izquierda revolucionaria.
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