¿Qué nos dejó el paro del 28A?
La crisis económica aceleró la ruptura de una fracción de la clase obrera con el kirchnerismo y una crisis dentro del aparato sindical oficialista y opositor. En este contexto, la izquierda viene ganando posiciones. Sin embargo, esta oportunidad corre el riesgo de ser desechada.
Por Ianina Harari (TES-CEICS)
El 28 de agosto tuvo lugar el tercer paro general al Gobierno de Cristina, convocado por las centrales sindicales opositoras y los partidos de izquierda. Como ocurrió en la huelga de abril, los debates sobre los métodos, las alianzas y el apoyo obrero a la medida no estuvieron ausentes. Más allá de lo que se dijo, esta medida permitió medir las fuerzas de uno y otro lado.
Mediciones cruzadas
Desde las primeras horas del paro, comenzaron a cruzarse estimaciones de la adhesión. El Gobierno y todos los medios oficialistas se esforzaron por deslegitimar la medida y presentaron números que les resultaban favorables. Capitanich se animó a calcular que el 75% de los trabajadores no adhirieron, sobre la base de la cantidad de afiliados de los gremios que no pararon. Con ello pretendía mostrar el desacuerdo de la gran mayoría de los trabajadores con la medida. El Jefe de Gabinete parece olvidar que menos del 40% de los trabajadores en blanco se encuentran sindicalizados y que más de un tercio de los asalariados está en negro. Es decir, ese cálculo se realiza, a lo sumo, sobre un 24% de los trabajadores ocupados. Quienes están en negro o no sindicalizados, por no tener representación gremial en sus lugares de trabajo, están igualmente afectados por la crisis, pero con menor capacidad de manifestar su descontento. Por otro lado, Capitanich supone que la decisión de no adherir fue avalada por las bases. Pero como dijo sin tapujos Pignanelli: “si yo no iba a parar, ¿para qué voy a hacer una asamblea?”.
Por su parte, Moyano estimó un 80% de adhesión. Lo que no sabemos es si su cálculo se basa en el conjunto de los ocupados o sólo en los gremios que convocaron al paro. Al cruce de esta cifra salió el propio Michelli, quien aseguró que se trata de un guarismo demasiado exitista. El líder de la CTA opositora aseguró que la medida tuvo menor éxito que el paro de abril por las demoras del camionero, quien apostaba por retener el apoyo de la UTA. Sin embargo, el gremio de choferes apostaba a un arreglo con el Gobierno, que finalmente consiguió: subsidios a las empresas de colectivos y un predio en Once. Cristina sabía que la posición de la UTA era definitoria.
El kirchnerismo supuso que ganando el apoyo de la UTA el paro tendría una contunendencia menor que en abril. Es probable que ello haya determinado un menor ausentismo en los lugares de trabajo. Pero la adhesión de La Fraternidad hizo que los trenes pararan. Además, dentro de la UTA, ciertas líneas opositoras decidieron parar y otras pararon de hecho por miedo a hechos de inseguridad. En Capital, la dirección kirchnerista del subte no consiguió que las formaciones funcionaran normalmente. No obstante, el tránsito de colectivos vacíos –algo en lo que coincidían todas las crónicas- puso de manifiesto que el ausentismo no se debió necesariamente a dificultades para movilizarse. Los colectiveros, en especial en el Gran Buenos Aires, señalaban que estaban viajando menos del 5% de los pasajeros que lo hacen habitualmente. Es decir, a pesar de la falta de adhesión de un gremio estratégico como la UTA, el paro se sintió. Así lo tuvo que aceptar Pignanelli, nuevamente sincericida: afirmó que el paro fue del 60%.
Es cierto que sectores que en abril habían parado, esta vez desistieron. No sólo la UTA, sino seccionales de la UOM, como Córdoba y Tierra del Fuego, no adhirieron. Sin embargo, es llamativo el silencio al que se llamó Caló frente a la medida. El dirigente de la CGT oficialista ya venía manifestando sus quejas por los despidos y suspensiones en el sector, así como por el tope de ganancias. De hecho, este último punto fue un reclamo presente en todas las reuniones que los gordos K mantuvieron con representantes del Gobierno. Como respuesta a los reclamos gremiales, la Casa Rosada concedió la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil –que fijó un aumento del 31% escalonado- y el incremento en el presupuesto para la asistencia a las obras sociales sindicales. Sobre el reclamo por Ganancias, el Gobierno se mantiene inmutable. Necesita recaudar y no está dispuesto a volver a tocar el piso. Otro gesto que apunta al problema del nivel de empleo fue, por un lado, el anuncio de la creación del Observatorio del Empleo –medida pensada en función del incremento de la desocupación anunciado por el INDEC- y, por otro, el lanzamiento de los planes ProEmplear. Este programa sería una extensión del Progresar para que los jóvenes tengan la “oportunidad” de trabajar en empresas durante seis meses por $2.000. Toda una ganga para el capitalista. Los obreros con familia, desocupados u ocupados (que serán reemplazados con maniobras legales), agradecen. Si la empresa decide contratar a esta mano de obra “china”, podrá pagarle al nuevo empleado el sueldo mínimo que rige por convenio, para lo cual Estado aportará $2700. Toda una muestra de que la única solución que puede ofrecer es repartir miseria.
¿Piquetazos?
Al igual que el paro pasado, los piquetes organizados por la izquierda fueron eje del debate. Si la vez pasada Moyano los condenó, esta vez fue mucho más tolerante, por haber perdido a la UTA como aliado. Incluso en algunas provincias, los camiones organizaron cortes o manifestaciones a la vera de las rutas. Como ya mencionamos en el paro pasado, los piquetes no garantizan el éxito del paro, aunque presta una excusa válida a quien quiere adherir pero teme sufrir represalias.
A pesar de apostar a la gendarmería frente a los piquetes, el Gobierno no reprimió como suele hacerlo, por ejemplo, con los cortes de Panamericana que se organizaron durante el conflicto en Lear. Los únicos inconvenientes se registraron en el corte de Callao y Corrientes y en el de Puente Pueyrredon, donde se pudo cortar recién a las 9.30. En el fondo, lo que expresa esta situación es que no fueron los piquetes los que aseguraron el paro, sino que la huelga garantizó los piquetes. Cualquier otro día, Berni se sentiría con el respaldo suficiente para desalojarlos sin más. El 28, en cambio, los piquetes pudieron tener lugar, lo que expresa la fuerza social que sostiene el paro. Sin embargo, es necesario notar que los piquetes no fueron numerosos ni crecieron en relación al paro de abril, a pesar del aumento de la conflictividad a manos de la izquierda.
Direcciones en pugna
La crisis económica aceleró la ruptura de una fracción de la clase obrera con el kirchnerismo y una crisis dentro del aparato sindical peronista oficialista y opositor. De allí la extrema fragmentación del sindicalismo y la imposibilidad tanto de los oficialistas como de los opositores de cerrar filas y disciplinar al conjunto de la tropa. Los oficialistas comparten los reclamos, pero apuestan a sostener al Gobierno. Los opositores, por su parte, no parecen encontrar aún su caudillo político. A pesar del acercamiento de Moyano y de Michelli a Massa, éste último no prestó apoyo explícito a la medida. En parte, el político, que busca ser la figura de recambio desde el peronismo, sabe que recibirá una situación delicada que no le permitirá prometer demasiado a los obreros ocupados.
En este contexto, la izquierda viene ganando posiciones. El protagonismo que ganó al liderar los principales conflictos y que tuvo que otorgarle Moyano alentando los piquetes como forma de compensar la falta de apoyo de la UTA, muestran que es un elemento activo en la disputa por la dirección del movimiento. Sin embargo, esta oportunidad corre el riesgo de ser desechada. Por un lado, los partidos del FIT –en especial PO y PTS- continúan con sus disputas faccionales: el Encuentro Sindical Combativo vs. la Corriente Sindical Clasista. El PO convocó a un congreso para noviembre. El PTS, en tanto, promovió un encuentro convocado por Lear y Donelley. Cada uno parece más preocupado por juntar porotos que por construir una dirección revolucionaria. No aparece ninguna propuesta que tienda a la unificación de la vanguardia de los obreros ocupados. Y menos aún aparece el problema de unificación del movimiento ocupado y desocupado, en un contexto donde los desocupados se han venido movilizando, en especial los nucleados en las cooperativas del Plan Argentina Trabaja –algunos incluso organizados por el Polo Obrero-. Según la consultora Diagnóstico Político, en agosto, el 28% de los piquetes en Capital Federal fueron realizados por desocupados y piqueteros. Sin embargo, la convocatoria a una Asamblea Nacional de Obreros Ocupados y Desocupados brilla por su ausencia. Esta instancia organizativa que mostró ser una herramienta fundamental en la crisis de 2001 parece totalmente descartada.
Ciertamente el crecimiento dentro de los obreros ocupados resulta relevante, pero no se puede caer en la trampa del discurso kirchnerista sobre la recuperación de trabajos genuinos y perder de vista que se trata de una recuperación efímera que está mostrando su límite. El avance de la crisis deja al descubierto que gran parte del empleo creado no tiene mucho futuro y que, más tarde o más temprano, aquellos obreros que aparecen como el ejército en activo del capital pasarán a ser sobrantes de manera abierta (¿qué son sino los trabajadores de Donelley?). Esta falta de perspectiva se evidencia en las consignas: el problema del impuesto a las ganancias y las suspensiones cobra mayor relevancia que la del reparto de las horas de trabajo. Esta última consigna es la que aúna a ocupados y desocupados y resulta superadora de la prohibición de suspensiones que promueven el FIT y Massa con sendos proyectos. No sorprende el desprecio de estos planteamientos por parte del PTS, pero el PO parece haber modificado su posición respecto a su intervención en 2001.
El problema organizativo se monta sobre otro déficit: el programático. Pareciera que nuevamente los partidos de izquierda le creen al Gobierno que no hay crisis y que se trata de un problema de empresarios especuladores, extranjeros y buitres. Así, el PTS hizo énfasis en que Donelley y Lear no estaban en crisis, sino que buscaban deshacerse de los delegados de izquierda, en un acto de automacartismo insólito. En ambas empresas existen delegados de izquierda hace años. Si ahora molestan, es porque la crisis hace que las empresas no puedan realizar más concesiones y necesiten aumentar la tasa de explotación o cerrar sus puertas. El hecho de que Lear busque desviar su producción a países como Honduras, donde los obreros usan pañales para no perder tiempo en ir al baño, muestra esto. Lo que había que dejar claro es que el problema no es que los delegados sean de izquierda, sino que los obreros argentinos no quieren usar pañales y por eso eligen delegados que se oponen a ello. Lo que era necesario explicar al resto de los trabajadores es que en manos de esta burocracia y este Gobierno les espera, en el mejor de los casos, el futuro de los trabajadores hondureños y, en el peor, la desocupación lisa y llana. No es un problema de tal o cual capital o de su nacionalidad, sino de los límites del capitalismo. Al negarse a explicar esto, se abre la puerta al nacionalismo y al reformismo: si tuviéramos empresarios nacionales no especuladores, no nos pasaría esto. De esta forma, delimitarse del peronismo resulta difícil. ¿De qué valen las luchas sindicales si no hacen avanzar la conciencia de los trabajadores?
La izquierda ha ganado un terreno muy valioso y ha iniciado un camino de ascenso en medio de la crisis en la que está sumida la dirigencia burguesa. Sin embargo, todavía nos queda un largo trecho por recorrer. Este recorrido sólo puede culminar victoriosamente si se emprende con toda la fuerza necesaria: una organización centralizada y un programa revolucionario claro. La dispersión no hace más que minar las posibilidades de éxito.
