Al pie del cañón. La lucha contra el clasismo durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)
La burguesía argentina confió que el regreso de Perón lograría contener la agudización de la lucha de clases. Los dirigentes sindicales fueron los encargados de dar la batalla en su campo de acción y para ello se enfrentó a cualquier disidencia gremial. Los ataques a los activistas de izquierda cubrían todos los flancos: a la represión ideológica se sumaba la represión física.
Ianina Harari
Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina-CEICS
El tercer gobierno peronista se inscribe en el ciclo de lucha de clases abierto en mayo de 1969, con el Cordobazo, y clausurado en 1976, con el golpe militar, que estuvo signado por la apertura de un proceso revolucionario. La fuerza social revolucionaria que lo protagonizó contenía a una fracción minoritaria, pero creciente de la clase obrera y la pequeña burguesía. Esta fuerza social se enfrentaba a otras dos fuerzas acaudilladas por diferentes fracciones burguesas: la reformista y la contrarrevolucionaria.
La burguesía argentina confió que el regreso de Perón lograría contener la agudización de la lucha de clases. El crecimiento de Montoneros y la izquierda revolucionaria en el seno de la clase obrera fue la principal preocupación de la burguesía argentina, que buscó en Perón un dique de contención a la creciente conflictividad obrera. El máximo cuadro de la fuerza social reformista, artífice del bonapartismo de 1945, era el encargado de resolver la crisis orgánica en la que se sumergía la Argentina. Pero la clausura de esta situación no podía resolverse como en sus anteriores gobiernos, en los cuales las condiciones económicas daban otro aire a la capacidad estatal de intervención. Perón había venido a cerrar el proceso por derecha. El régimen bonapartista tomó una serie de medidas tendientes a regimentar al movimiento obrero. Sin embargo, aunque inicialmente logró una desmovilización parcial de la clase obrera, no logró clausurar el proceso abierto en 1969 ni resolver la crisis económica, tensando las contradicciones al interior de la fuerza reformista. Es en este punto donde el apoyo del Gobierno en la burocracia sindical cobra importancia. Los dirigentes sindicales fueron los encargados de dar la batalla en su campo de acción.
La retórica peronista
La tarea de “reconstrucción” y “pacificación”, a las que el peronismo decía estar abocado, no solo implicaba la concordancia entre clases sino también librar una batalla al interior de la clase obrera tanto contra las corrientes revolucionarias como contra la izquierda peronista. La CGT se aprestaba a ser uno de los pilares del régimen y a garantizar la implementación de las políticas peronistas, en especial defendiendo el Pacto Social, que se firmó entre el gobierno, la CGT y la CGE, en junio de 1973, y consistió en un acuerdo de congelamiento de precios y salarios por dos años. Esto implicaba la suspensión de las negociaciones colectivas previstas por la ley 14.250, ley por cuya vigencia los sindicatos peronistas batallaron durante la Revolución Argentina. Ahora, en cambio, defendían la interrupción de paritarias en pos de la unidad nacional y la pacificación social.
El sindicalismo peronista es el encargado de regimentar a la clase en el ámbito laboral para que acepte las políticas del Gobierno en cuanto a congelamiento salarial. En ese sentido, el ataque al clasismo resulta crucial para evitar las “malas influencias”. En los documentos, solicitadas y periódicos de los sindicatos peronistas aparecían cientos de referencias a las corrientes combativas, a las que tildaban de “antipatria”, “enemigos de la nación” y otros adjetivos similares. La conducción sindical peronista se presentaba como custodio de los intereses nacionales y de la conciliación de clases frente al clasismo:
“Nuestra C.G.T., identificada plenamente con la idiosincrasia de los trabajadores argentinos, ha rechazado en forma permanente todos los intentos que, bajo pretextos sectariamente clasistas, intentaron aislarla de quienes, sin ser específicamente trabajadores, confluían hacia objetivos similares de carácter nacional”.1
Por momentos, el ataque al clasismo asumía la forma de un discurso paternalista hacia la juventud, que sería manipulada por intereses foráneos y no comprendería la lucha que los dirigentes sindicales habrían librado en los dieciocho años de proscripción peronista.
“La juventud, […] fue elegida como conejo de indias para este nuevo y desgraciado experimento […] Caer en el infantilismo revolucionario, incurriendo en el peor de los pecados, la soberbia, es una manera de entorpecer el cambio. […] ¿Por qué ese afán de señalar a los dirigentes obreros como expresiones de una burocracia sindical? Los sostenedores de ese ‘slogan’ no han advertido que aun a pesar de sus defectos, quienes detentaron la conducción de las organizaciones gremiales, constituyeron el más sólido bastión contra el avance de ideas disociadoras del ser nacional, alzando las banderas de un nacionalismo popular, ante el cual fracasaron los imperialismos económicos e ideológicos.”2
Además de tildar al marxismo y al socialismo como ideologías extrañas a la clase obrera y a la Nación, es muy usual encontrar otro recurso retórico: la apelación al cristianismo del pueblo argentino. El peronismo se ha identificado siempre con la ideología cristiana, cuya prédica sobre la armonía social resulta un instrumento ideológico poderoso para aplacar la lucha de clases y promover la conciliación.
“No necesitamos apelar a concepciones extrañas, ni corrientes filosóficas que repugnan nuestra tradición cristiana, para concretar la revolución anhelada, de esencia, raigambre, estilo nacional. No vamos a instituir la lucha de clases como fin, sino suprimir el enfrentamiento sectorial, para crear las condiciones económicas que permitan una distribución equitativa de las riquezas y bienes producidos […] Cristo redimió a la criatura humana y le señaló el camino de su igualdad y dignidad predicando el amor entre hermanos. Así debe ser nuestra revolución Justicialista”.3
La virulencia discursiva se va a exacerbar tras los ajusticiamientos de algunas organizaciones peronistas de izquierda contra dirigentes sindicales. Durante 1973, se dieron dos de estos hechos contra dirigentes sindicales: Dirck Kloosterman, Secretario General de SMATA, y José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT. Ante este hecho, el Consejo Superior Peronista decide declarar el estado de guerra contra las organizaciones de izquierda, explicando que los ataques que sufre el peronismo son de diversa índole:
“El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes. Esta guerra se ha manifestado de diversas maneras;
a Campaña de desprestigio de los dirigentes del Movimiento buscando ridiculizarlos mediante slogans, estribillos o insultos, atribuyéndoles defectos personales e imputándoles ‘traición’ al general Perón o a la doctrina.”4
El CSP impartió una serie de directivas para enfrentar los ataques, no solo con acciones defensivas, sino también ofensivas:
“Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes.”5
Entre esas directivas se indicaba que debía iniciarse una campaña de propaganda de la doctrina peronista, delimitándola del marxismo con el cuidado de no incluir ninguna referencia textual de este ni siquiera como forma de polémica:
“2. Reafirmación doctrinaria: Debe realizarse una intensa campaña para difundir y reafirmar los principios doctrinarios del Movimiento, esclareciendo sus diferencias fundamentalmente con el marxismo. En esta campaña no se admitirá intromisión alguna de elementos promarxistas, con pretexto de polémica u otro similar, y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de difusión del Movimiento.” 6
Por otro lado, se exigía de todos los sectores una pronunciación pública contra los grupos de izquierda y su participación activa en todas las acciones que se llevaran adelante:
“4. Definiciones: Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Asimismo, deberán acatar estas directivas.”7
Es en este marco que debe entenderse la agudización de los ataques a la izquierda desde las publicaciones de la burocracia peronista. Por ejemplo, el SMATA atacaba furiosamente a las organizaciones de izquierda, pero sin mencionarlas.
“Agentes miserables de los intereses antinacionales, no pudieron perdonarle al pueblo argentino el haber votado por la liberación y contra la dependencia. Mercenarios sin patria y sin doctrina, fronterizos de la más baja ralea criminal, no pudieron perdonarle el haber contribuido con su lucha apasionada al retorno del General Perón y al triunfo definitivo de los ideales justicialistas”8
Como vemos, la burocracia no ahorraba descalificativos hacia las organizaciones a las que atacaba, buscando desprestigiarlas. Esto acompañaba la campaña ideológica en defensa del peronismo. La burocracia se presentaba como gendarmes de la nación, del movimiento peronista y de la clase obrera, contra aquellos que atentaban contra sus intereses. Todo ello fue parte de una batalla ideológica que los sindicatos peronistas desplegaron contra las corrientes marxistas y peronistas de izquierda en el seno de la clase obrera, en la que no ahorraron tinta ni argumentos para ganar la conciencia de las bases y mantenerlas en el redil peronista. Por supuesto, todo ello iba de la mano de la represión física y la eliminación de la disidencia sindical.
La regimentación sindical y los ataques al clasismo
El regreso de Perón a la Argentina, el 20 de junio de 1973, con la masacre de Ezeiza, marcó el inicio de los ataques de la derecha peronista, entre la que se incluía la burocracia sindical, hacia la izquierda del movimiento, y al clasismo en general. Al interior de los sindicatos, las organizaciones peronistas y no peronistas fueron ganando influencia. Por este motivo, en los informes de congresos de delegados pueden encontrarse menciones a activistas opositores, a quienes se ataca por atentar contra la “unidad del gremio”. Un ejemplo puede encontrarse en las resoluciones de la Junta de mayo de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE).
“3º Denunciar como improcedente y anárquica, la actitud asumida por grupos de afiliados que, desconociendo la legitimidad del mandato de quienes ejercen la conducción en los diversos planos jerárquicos de la organización, y en abierta rebeldía contra normas legales y estatutarias, procuran dividir al gremio en mérito a inconfesables apetencias de tipo personal y maniobras políticas divorciadas del sentimiento de la mayoría de los Petroleros del Estado.”9
El sindicato ferroviario también debió llamar la atención frente a la conflictividad creciente en el gremio, ante la cual advierten que desautorizan las medidas de fuerza.
“La Comisión Directiva UNIÓN FERROVIARIA desautoriza todo movimiento de fuerza inconsulto, atentatorio contra la tranquilidad y seguridad del gobierno del pueblo. Imponerse las instrucciones impartidas por el Superior Gobierno sobre drásticas medidas a adoptar frente a toda tentativa subversión.”10
La aniquilación de la oposición de izquierda en los sindicatos preocupaba al sindicalismo peronista. Luego de la aprobación de la reforma de la ley 14.455, que regulaba las Asociaciones Profesionales, en noviembre de 1973, los sindicatos contaron con la potestad de intervenir seccionales o filiales, o interrumpir los mandatos de comisiones internas. Todo ello fortalecía el poder de las conducciones sindicales sobre el conjunto del gremio y le otorgaba herramientas para aplacar los focos de conflicto y “depurar” los sindicatos.
Estas herramientas legales le fueron de gran utilidad a la burocracia, en especial en aquellos gremios donde la izquierda había ganado mayor peso. En Luz y Fuerza, se arremetió contra la filial cordobesa encabezada por Agustín Tosco. En la reunión de Secretarios Generales del gremio, en noviembre, se discutió sobre la negativa de la filial cordobesa a acatar las resoluciones del congreso del sindicato. Por lo tanto, se decidió finalmente desafiliarla, como puede leerse en las resoluciones:
“3º Rechazar los agravios innecesarios y negativos contenidos en la mencionada nota del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, por no ser ese el lenguaje que enriqueció una trayectoria y una historia sindical de nuestro gremio que es motivo de legítimo orgullo y fuente de prestigio que nuestra organización posee en el concierto sindical nacional e internacional.
4º […] la reunión de Secretarios Generales resuelve determinar el estricto cumplimiento de la mencionada resolución, lo que significa de hecho la suspensión de la afiliación del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.”11
En SMATA, las acciones contra la disidencia fueron moneda corriente en los años siguientes. Por ejemplo, se sancionó a varios delegados de fábricas de Buenos Aires y a la seccional Córdoba por no haber respetado el paro que se realizó en homenaje a Kloosterman y por agraviar su memoria. También se sancionaba activistas por “inconducta gremial”.12 Las sanciones habilitaban a la expulsión del gremio, con lo cual perdían su inmunidad gremial y las empresas quedaban habilitadas para despedirlos. El sindicato se disponía a realizar una purga en el movimiento obrero con vías de recuperar la plena hegemonía y disciplinar a los trabajadores.
El principal blanco de ataque de la conducción nacional del gremio de mecánicos fue la seccional Córdoba, que había sido ganada por la lista marrón en 1972. Salamanca, quien encabezaba esta lista, era militante del Partido Comunista Revolucionario. La central del gremio realizaba una fuerte campaña contra Salamanca, en especial por su llamado a votar en blanco y no haber apoyado al peronismo en las elecciones13. Las acusaciones a esta seccional, y a la persona de Salamanca en particular, consistían haber hecho campaña en contra de las candidaturas de Cámpora y Perón en las dos elecciones de 1973, de no adherir a las medidas de homenaje a Kloosterman, y de “difamar” a dirigentes del gremio, entre otras cuestiones. Estas acusaciones tenían como objetivo la clausura de cualquier debate político democrático y la censura a la izquierda revolucionaria.
El gobierno de Isabel
Tras la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, asume su mujer, Isabel. Para ese momento, la represión a la fuerza social revolucionaria había escalado con la actuación de la Triple A, comandada por López Rega. Frente a la asunción de Isabelita, el sindicalismo peronista cierra filas en torno al gobierno, defiende a la Presidente como líder y llama a respetar el verticalismo peronista.
Las 62 Organizaciones emiten un comunicado en donde manifiestan su apoyo a Isabel y denostan a quienes se enfrentan al gobierno:
“El triunfo del pueblo, logrado con una profunda vocación nacional en las urnas, pretende ser desvirtuado por los personeros de filosofías que nos repugnan.
Son los infiltrados que el Teniente General Perón marcó a fuego en históricas jornadas, identificándolos como mercenarios al servicio de intereses foráneos. Nuestro líder alabó nuestra prudencia. Destacó nuestro anhelo de paz que hizo que evitáramos hacer tronar el escarmiento.”14
Uno de los puntos sensibles que generaba descontento en las bases era la vigencia del Pacto Social. La CGT comenzaba a sentir la presión del reclamo por el aumento salarial.
“Tanto la Confederación General del Trabajo, como su Comité Central Confederal y las 62 Organizaciones han dado reiteradas pruebas de ese propósito de permanente servicio al interés supremo de la Nación. Lo concretamos en el Pacto Social, la máxima expresión de entendimiento entre las fuerzas que hacen a la vida misma del país.
Ese Pacto Social fue la coincidencia plena de trabajadores, empresarios y Estado en la búsqueda de un objetivo común: el de la reconstrucción nacional. Justamente por eso no aceptamos que ninguno de los firmantes desvirtúe su esencia como así tampoco que haya quienes, usando inconsistentes reivindicaciones, pretendan sabotear el sacrificio de millones de argentinos.”15
La conflictividad obrera y la influencia de la izquierda en el seno de la clase iban en aumento, lo que suscitaba una respuesta en directa proporción. La burocracia no escatimaba palabras para atacar al clasismo, apelando a la figura del infiltrado y anunciando su voluntad de eliminarlos de sus filas.
“Y están también los que se visten de peronistas […] que al grito de “¡Viva Perón!” están destruyendo nuestras propias organizaciones sindicales. […] Ustedes tengan la absoluta seguridad que toda esta conducción va a cuidar celosamente que dentro de nuestras filas puedan existir infiltrados. Si los detectamos y los comprobamos, los aplastaremos todas las veces que sea necesario”. 16
El auge de la conflictividad obrera, en 1975, convenció a la burguesía de organizar el golpe militar contrarrevolucionario que será ejecutado el 24 de marzo de 1976. El ataque al clasismo por parte del sindicalismo peronista va a continuar y finalmente va a ser coronado con la confección de listas negras que varios sindicalistas entregaban a las empresas y a la dictadura militar.
Una burocracia que se perpetúa
La dirigencia sindical defendió acérrimamente las políticas del gobierno y para ello se enfrentó a cualquier disidencia gremial. Los ataques a los activistas de izquierda cubrían todos los flancos. A la represión ideológica se sumaba la represión física. La tarea de los sindicalistas era la desterrar la oposición por izquierda en los gremios. Para ello, apelaron a diferentes medidas, en especial sanciones disciplinares, algunas por motivos absurdos, pero otras son abiertamente por oponerse a directivas políticas del sindicato o criticar a su dirección. Todos estos mecanismos continuaron y continúan hasta el día de hoy siendo utilizados por la burocracia peronista como forma de perpetuarse en las direcciones del sindicato, con mayor o menor virulencia según la fuerza que se le oponga.
Es evidente que esto no explica por sí solo su continuidad al mando de las organizaciones gremiales, pero sí son prácticas que colaboran en especial cuando la conciencia de los trabajadores comienza a alejarse del programa de sus dirigentes. Los dirigentes sindicales, en tanto peronistas, defienden un programa de conciliación de clases. Estén más a la derecha (CGT) o más a la izquierda (CTA), en última instancia velan por el sostenimiento de las relaciones capitalistas y, por ello, aunque defiendan más o menos algún interés económico obrero, resguardan los intereses de la burguesía. En la medida en que ello coincida con la conciencia que la clase tenga, habrá mayor identificación. Pero en cuanto la clase empieza a superar su conciencia reformista, aparecen los problemas y la burocracia apelará a todos los mecanismos posibles para evitar el pasaje de la clase a un programa revolucionario. Y ello incluye tanto la violencia física como ideológica. Es decir, la burocracia no se niega a emprender la lucha ideológica por las conciencias. Cuando la izquierda lo hace, y solo se limita a criticar los porcentajes de paritarias, a pedir huelgas, o incluso a enfrentarse físicamente con la burocracia, le está regalando al peronismo todo un campo de batalla: el ideológico. Más allá de la lucha económica inmediata, la tarea de explicarles a los obreros que detrás de todo el burocratismo, que detrás de todas las entregas a la patronal, hay un programa político que debe ser combatido: el peronismo en todas sus variantes. Y que la única solución real a todos los problemas obreros es la revolución socialista.
NOTAS
1Confederación General del Trabajo: Argentina Liberada, 1973.
2Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado; Petróleo Argentino, nº 74, agosto-septiembre 1973.
3Ídem.
4Consejo Superior Peronista: Documento reservado, 1 de octubre de 1973; citado en: La opinión, 02/10/73.
5Ídem
6Ibídem.
7Ibídem.
8Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor: Avance, nº 21, septiembre de 1973.
9Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado, op. cit.
10Unión Ferroviaria: El obrero ferroviario, nº 839, octubre de 1973.
11Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza: Contacto, nº 95, octubre-noviembre de 1973.
12Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor: Avance, nº 23, noviembre de 1973.
13Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor: Memoria y Balance, 1973.
14Unión Ferroviaria: El obrero ferroviario, nº 843, agosto de 1974.
15Ídem.
16Unión Ferroviaria: El obrero ferroviario, nº 845, enero-febrero de 1975.
