La justicia (burguesa) al banquillo
Germán Suárez
Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina – CEICS
Presentaremos aquí un conjunto de artículos y entrevistas que tienen como fin discutir el papel que juega el aparato judicial en la Argentina. El dossier se abre con una entrevista a los abogados que están dando un combate por llevar a la cárcel a los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón.
A comienzos de este año, el Tribunal Oral n°7, de Lomas de Zamora, dictó sentencia definitiva en el juicio oral por la masacre llevada a cabo en el Puente Pueyrredón, el 26 de Junio de 2002. Ese día, un conjunto de organizaciones piqueteras y diferentes fuerzas sociales cortó doce puentes y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de lo votado pocos días antes en una Asamblea Nacional de Trabajadores. La consigna era la protesta contra la política de hambre del entonces Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. En cumplimiento de lo advertido por los principales funcionarios del Gobierno, las fuerzas policiales lanzaron una brutal represión sobre el Puente Pueyrredón y los diferentes lugares de protesta, con munición de guerra incluida.
El resultado material consistió en la muerte de dos militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (Maximiliano Kosteky y Darío Santillán) y gran cantidad de heridos. El gobierno comenzó imputando la sangre a una reyerta entre piqueteros, de lo cual debió retractarse ante la contundencia de las imágenes fotográficas en las que Kosteky y Santillán eran asesinados por policías. La responsabilidad del personal político en los hechos también empezó a plantearse. Era el comienzo del fin del Gobierno de Duhalde, quien debió anticipar el llamado a elecciones ante el fracaso en su intento de desmovilizar a la sociedad, que el mismo 26 de Junio llenó la Plaza de Mayo en repudio a la masacre y exigiendo la renuncia del presidente.
En el juicio llevado a cabo en el Tribunal de Lomas, sólo se condenó a los responsables materiales, excluyéndose del debate a los responsables intelectuales y políticos. Participaron como querellantes los familiares de los asesinados y varios de los heridos y reprimidos. Tras ocho meses de debate oral, el ex comisario Alfredo Franchiotti y su chofer, el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por los homicidios de Santillán y
Kosteky y siete tentativas de homicidio contra distintos manifestantes. También fueron castigados otros seis ex policías, con penas que van de los diez meses a los cuatro años, por haber sido hallados culpables de los delitos de encubrimiento agravado y usurpación de títulos y honores. Entre éstos, se encuentra Félix Vega (por entonces, jefe de la Departamental de Lomas de Zamora). El Tribunal también ordenó que se abra una investigación sobre las denuncias de vejámenes acaecidas aquel 26 de Junio dentro de la Comisaría 1° de Avellaneda. Asimismo, mandó a investigar la posible incursión de Jorge Vanossi y Carlos Soria (ambos funcionarios de Duhalde) en el tipo de falso testimonio. En el resultado, mucho tuvo que ver la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los responsables, integrada por los familiares de los asesinados, sobrevivientes de la masacre y organizaciones políticas y de derechos humanos. Kichner intentó tentarla con la conformación de una Comisión Mixta, pero fracasó. Si bien se obtuvo la condena de los ejecutores materiales, resta el juicio y castigo a los autores intelectuales y responsables políticos.
En tal sentido, el Tribunal ordenó remitir las declaraciones de Vanossi, Soria, Horacio Jaunarena, Aníbal Fernández y Oscar Rodríguez (integrantes del gobierno) al Juzgado Federal n° 4, en donde se investigan las responsabilidades políticas de Duhalde y sus funcionarios. Resulta difícil imaginar que la justicia burguesa condene al personal político de su propia clase, en su rol de juez y parte. De más está decir que la lucha continuará hasta el final, como señaló a El Aromo el padre de Darío, en octubre de 2004, y como manifiestan los abogados entrevistados en las notas que siguen. Acompaña este dossier sobre la justicia burguesa, una entrevista a Roberto Gargarella quien, sin salirse de ese marco, defiende el derecho “a la protesta” y cuestiona a quienes la criminalizan.
Sus textos conforman una aguda y fundada crítica al poder judicial, en donde pueden apreciarse las contradicciones existentes en los fallos de la Corte Suprema de Justicia y su compromiso con los gobernantes de turno. Por otra parte, también ha sabido plantear los fundamentos del derecho de resistir a la opresión por parte de aquellos que son sistemáticamente perjudicados por el Estado. Su programa está lejos de ser revolucionario, en tanto, tras describir realidades vinculadas a las diferencias de clase que operan a nivel estructural, no postula expresamente la necesidad de transformar el sistema social. En cambio, enfatiza la importancia de ampliar los espacios de discusión sobre el gobierno, la protección especial de lo que denomina “grupos desaventajados”, y ciertas reformas institucionales, particularmente en la estructura judicial y en los controles endógenos y exógenos entre los denominados “poderes constituidos” (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo). Gargarella afirma, al respecto: “Para aquellos que defendemos versiones de la democracia más robustas -más vinculadas, por ejemplo con lo que se ha dado en llamar la democracia deliberativa- las exigencias que impone el texto constitucional son mucho más fuertes. Éste puede requerir, por ejemplo, impulsar acciones afirmativas a favor de los más desaventajados, la creación de foros públicos, el reforzamiento político tanto como judicial de los llamados ‘prerrequisitos’ económicos-sociales del debate público, la tacha de inconstitucionalidad de situaciones con las que hoy convivimos con normalidad (situaciones en donde algunos grupos sufren sistemáticas desventajas para expresar sus reclamos en público podrían verse como violatorias de la Constitución).”1Al igual que cualquier posición reformista, supone que es posible revertir estas “situaciones desventajosas” a través de reformas parciales, conciliando las diferencias de clase mediante el reforzamiento de procedimientos democráticos y el cumplimiento de la Constitución. Al no asumir las realidades de clase sobre las que descansa la democracia burguesa, su postura resulta idealista. El problema no es el régimen político, sino las relaciones de producción y la lógica del desarrollo capitalista. Salvadas estas diferencias, su obra nos permite dar cuenta, no sólo de las características del derecho burgués, sino de su propio carácter contradictorio. Lo que Gargarella no llega a percibir, es que esta contradicción (igualdad en el plano formal, desigualdad en el plano material) es insuperable sin una transformación radical del modo de producción que le da origen: el capitalismo. Este problema sobrevuela, también, las dificultades y contradicciones con las que debieron enfrentarse los abogados querellantes en las causas de Puente Pueyrredón. Cierra el dossier un artículo de Gonzalo Sanz Cerbino, que demuestra que en el caso Cromañón también se cuecen habas.
Notas
1Gargarella, Roberto: El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 62.
