“Una sentencia histórica”. Entrevista a Claudia Bracamonte (APEL)
El Aromo entrevistó a Claudia Bracamonte, abogada que representa las querellas de Kosteky y Paniagua en la causa sobre la masacre de Puente Pueyrredón, en el primer caso por asesinato y en el segundo por tentativa de homicidio. Claudia es integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), en el Polo Obrero.
Germán Suárez
Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina – CEICS
¿Cuál es el balance del juicio?
El juicio fue bastante difícil, porque fue muy largo. Se tenían muchas expectativas respecto de lo que fue la formación de la Comisión Independiente del Juicio, que fue llevada adelante por los familiares de las víctimas y por las organizaciones piqueteras, como el Frente Darío Santillán y el Polo Obrero. Como balance del juicio, hay que decir que obtuvimos una sentencia histórica, que es producto de la intervención de todas estas organizaciones de lucha detrás. Si no hubiesen intervenido todas estas organizaciones, la sentencia hubiese sido bastante diferente. Más que nada porque ya vemos cómo vienen los jueces sentenciando en favor de la policía, especialmente, la bonaerense. Fue una sentencia buena, en ese aspecto. Por otro lado, hay que destacar que la investigación y la instrucción de esta causa no avanzaron con las responsabilidades de los funcionarios políticos. A todo el mundo le cerraba que hubo una decisión política, pero nadie se animó a ir más allá. Por lo tanto, en lo que corresponde al juicio, fue técnicamente prolijo, pero políticamente desmoralizador, porque no hubo respuesta para los familiares que buscaban una responsabilidad política en el marco de esta causa. Entonces, quedó inconcluso.
¿Esperaban, realmente, que la justicia burguesa se pronunciara sobre las responsabilidades políticas?
No. Uno no lo tenía como una expectativa, pero sí como un trabajo a desarrollar. Se trabajó en forma permanente. Desde que formulamos los lineamientos de la acusación, trabajamos en función de eso. Por eso no nos dejaron hablar. Si uno perdiera la esperanza desde que empieza, no se abordaría nada. Se luchó para ver qué se podía conseguir y se obtuvo esto. Ahora, estamos por la otra causa, que es la querella federal, que es la que había iniciado Mabel Ruiz en el Juzgado Federal número n° 4, a los pocos días del asesinato de Kosteky y Santillán. En lo que fueron los alegatos finales, se solicitó la copia de las declaraciones testimoniales de varios funcionarios, incluidos aquellos como Vanossi que no fueron a declarar al juicio sino por escrito, para ser adjuntadas a las querellas y desenvolver la participación que cada uno de estos funcionarios tuvo en la preparación de los hechos del 26 de Junio.
Más allá del pronunciamiento judicial, ¿lograron probar en el juicio la existencia de responsabilidades políticas?
En el juicio se logró acreditar que la causa del complot que había iniciado Vanossi, en realidad, fue una causa del complot del Estado contra las organizaciones piqueteras. Ellos agitaron, durante el período que va desde el 20 de Junio hasta el 1 de Julio, con el fantasma de que había una causa para derrocar a Duhalde en manos de las organizaciones piqueteras. Nosotros comprobamos, en la causa del Puente Pueyrredón, que no era así y que el complot era estatal. Tenía una pata íntimamente vinculada a los archivos de la SIDE y que provenía de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que trató de armar mediante varias escuchas, lo que fue casi un espionaje en la Asamblea Nacional Piquetera. Se acercó un cassette, que fue desgrabado después en la SIDE, de la Asamblea Nacional Piquetera y nadie tenía registro de eso. Y esto fue confesado por Soria en la causa principal del Puente Pueyrredón, por lo cual estamos hablando de un espionaje a las organizaciones piqueteras, algo vedado por la Ley de Inteligencia. Hemos podido comprobar esas cosas. En el marco de esas situaciones delictivas que fuimos acreditando, se pidió extracción de copias para investigar acerca de la confección de los archivos de la SIDE, la legalidad o no de dichos archivos, quién los ordenó y sumar el resto de las declaraciones a la causa de la querella federal.
¿Cómo tomaron que no se citara a declarar a Duhalde como testigo?
Nosotros lo citamos. Es más, yo diligencié la notificación personalmente. El día anterior al que Duhalde tenía que concurrir a declarar, la fiscalía sacó de la manga la carta de que ya estaba imputado en la causa federal, por lo que no podía concurrir a declarar como testigo. Dentro de la legalidad burguesa es cierto: nadie está obligado a declarar contra sí mismo, también resultan aplicables el principio de inocencia y la legalidad del debido proceso. Lo cierto es que nosotros, en estas instancias, si ya no lo íbamos a tener como imputado, lo queríamos como testigo. Queríamos desarrollar la responsabilidad en el marco de la causa principal del Puente Pueyrredón, en donde se investigaban los asesinatos, no en donde sólo se va a investigar la responsabilidad del funcionario público. De esta forma, le sacaron a la causa federal los muertos de encima, lo cual tiene otro peso y valor político. Por eso, nuestra lucha era para que se citaran igual: que sintieran el peso de la ley y de todas las organizaciones y abogados que estábamos detrás de ellos.
Pero si los citaban como testigos los perdían como imputados…
Es una de las variantes que manejamos con la querella de Santillán, pero no nos cupo a nosotros desistirlos, sino que fue la fiscalía la que vino a hacerlo. Nuestro llamado a que vengan a declarar como testigos fue obstaculizado por la misma fiscalía, que en ese momento impidió que vinieran a declarar. Igualmente, hubo otros imputados, como el acusado por la causa del allanamiento ilegal del local del Partido Comunista, que declararon con la salvedad de que no podían hacerlo respecto de determinados hechos. Duhalde podría haber sido citado como testigo y que el Tribunal le indique sobre qué hechos podía declarar y sobre cuáles no. El tema es que no se lo quiso llevar al banquillo como testigo.
Algo que queda totalmente desvirtuado en la sentencia es la denominada “teoría del loco” (la idea de que la masacre fue producto del accionar individual de dos agentes enfurecidos). Ello es otro indicio hacia las responsabilidades políticas…
Eso tiene varios vericuetos. La sentencia, en realidad, primero plantea que hubo una teoría del dominio común del hecho, tanto de Franchiotti como de Acosta, pero sin un dominio que se podría denominar “bipersonal”, es decir, de ellos dos. Pero no del todo, por que sino tendrían que haber ahondado mucho más. No fueron más allá, establecieron la teoría del dominio común del hecho y los colocaron a los dos como coautores. Hace alguna consideración, respecto de la situación política que se estaba viviendo, y pone un poco en la cabeza de los funcionarios de turno la responsabilidad de que ellos podrían haber evitado lo que pasó con otra política social, pero no profundiza. En realidad, dentro de lo que se esperaba, es una sentencia prolija. En cierto punto, nos conceden la posibilidad de que sumemos todas las declaraciones que queríamos a la causa. No nos cierran las puertas definitivamente, algo que podrían haber hecho.
¿Lograron demostrar la responsabilidad de algún funcionario de este gobierno?
Tenemos claro desde el comienzo del juicio la responsabilidad de Aníbal Fernández en todo esto. Él fue a declarar. Resultó bastante difícil hacerlo concurrir y sostener las mismas declaraciones suyas, porque la Presidente me apuraba a cada rato (“¿Doctora, terminó?”, recitaba). Lo que quedó claro es que se sabía que algo iba a pasar y que Aníbal Fernández no lo desconocía. Le cabe una responsabilidad: era el Secretario de la Presidencia. Todo el mundo, él y Soria sabían de la causa del complot, de la Asamblea Nacional de piqueteros, delmovimiento. Hay que destacar que, ese 26 de Junio, toda la dirección piquetera estaba en el Puente Pueyrredón. La declaración de Acosta habla de que hubo un agente de la SIDE reunido con Franchiotti. Los archivos de la SIDE son realmente una monografía de estudiante de secundario, porque son recortes periodísticos. Quizá lo único que podemos rescatar de ahí es que hay una conclusión política: había que dar una conducta ejemplificadora respecto de la autoridad estatal. Cosa que no les resultó porque, después de esto, Duhalde se tuvo que ir.
¿Qué expectativas tienen respecto de la querella federal?
No, no hay expectativa personal ni profesional. Lo que está claro es que la instrucción va a estar a cargo de las querellas. No creo que el fiscal esté con buena predisposición para llevar adelante una causa de este tenor, con responsabilidad hacia funcionarios aún en ejercicio.
Trabajaremos con la querella de Kosteky, que es la única presentada en esta causa. Tenemos una fuerte responsabilidad en llevar adelante la instrucción y todo lo que tiene que ver con el pase a la fiscalía. En esta causa tenemos aún más trabajo para hacer.
