Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.
Respuesta al artículo “La vida rota”, de Nicolás Villanova Debate 1
Aclaración preliminar
La expresión “gatillo fácil”, tan gráfica para referir fusilamientos enmascarados como enfrentamientos, sólo define con cierta precisión una de las tantas modalidades de que se vale el estado para ejecutar su política represiva. No siempre tuvo un significado unívoco. La traducción literal del “trigger happy” sajón era aplicada, en la Cuba de los ’40, a las organizaciones estudiantiles radicalizadas. En nuestro país, la primera en el actual sentido aparece en el artículo “La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza”, publicado en 1969 por Rodolfo Walsh, que recorre casi todo el menú de herramientas represivas: la tortura, las detenciones arbitrarias, las muertes en cárceles e institutos de menores, y, por supuesto, los fusilamientos de “gatillo alegre”, acompañados siempre por el encubrimiento. Walsh no deja de incursionar en los hechos derivados de conflictos personales y pequeños incidentes cotidianos que los policías suelen resolver por la vía del arma reglamentaria (lo que en nuestro archivo llamamos casos “intrafuerza” o “intrafamiliares”), ni soslaya la represión a militantes sindicales y políticos. El cierre del artículo explica que: “… la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata” y promete “esto será motivo de otra nota, siempre que no tropecemos en el camino con algún disparo de ‘prevención’”. Nunca pudo cumplir esa promesa. Ocho años después, tropezó, no con un “disparo de prevención” como los que describe en el artículo, sino con un grupo de tareas enviado para matarlo por su condición de militante revolucionario.
Sostiene CORREPI
CORREPI no se define como una organización “contra el gatillo fácil”, ni es esa modalidad nuestro único ámbito de militancia, aunque sea abrumadoramente cotidiana, y la que más visibilidad tiene para los medios. Somos, como dice nuestra Declaración de Principios, “una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado”. La idea central que nos orienta es que “todo estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas, deberá ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso”. Nuestro objetivo es “caracterizar, denunciar y combatir esas políticas represivas, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista”. Diferenciamos cuidadosamente las nociones de “estado” y “gobierno”, entendiendo al primero como “producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”, como “un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza esta opresión”.2 Los gobiernos, en cambio, son los eventuales gerentes de ese aparato de dominación, “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.3 En cuanto al sistema normativo, “el derecho burgués [..] sólo existe para las clases poseedoras y para regular las relaciones de estas clases con los proletarios”.4 Desde ese punto de vista, concluimos que el sistema de detenciones arbitrarias (contravenciones y averiguación de antecedentes, razzias y similares); los fusilamientos de “gatillo fácil”; el uso sistemático de torturas en cárceles y comisarías; la muertes en lugares de detención, resultado de torturas o inverosímiles “suicidios”, etc., son diferentes modalidades de una única política de estado que encuentra su origen en la necesidad del estado burgués -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social. Esta forma represiva se caracteriza por estar dirigida, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los más pobres, y entre ellos, a los más jóvenes, que son, además, su mayoría. Ese criterio de selección es analógico a la selectividad del sistema penal en su conjunto, también dirigido a disciplinar, preventivamente, a quienes objetivamente (que significa exactamente lo contrario que “subjetivamente”) están interesados en cambiar el estado de cosas, y por lo tanto potencialmente (que tampoco significa “inexorablemente”) representan un riesgo objetivo para el sistema. Más del 90% de los muertos en cárceles y comisarías, de las víctimas de la tortura o del gatillo fácil, son jóvenes pobres, los hijos de la clase obrera. Es cierto que, de vez en cuando, esas formas represivas alcanzan al hijo de alguna familia de clase media, que en casi la totalidad de los casos estaba en el lugar “equivocado” con la “pinta” o la actitud “equivocada”. Sólo es cuestión de recorrer nuestro archivo para distinguir esos casos excepcionales. No es casual que esos hechos sean los que más visibilidad y repudio público generan, a diferencia de la general apatía frente a la enorme mayoría que no son “pibes bien”. Es claro, la reacción de la “opinión pública(da)” frente al asesinato de Cabezas no fue la misma que ante la muerte, en circunstancias casi idénticas, del “Chavo” Campos, que no era fotógrafo de la revista Noticias, sino un “fierita” de 16 años de una barriada marplatense.5 Junto a esta vertiente represiva que caracterizamos como “preventiva”, en el mismo sentido que lo insinuaba Walsh, distinguimos la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado. La represión directa en movilizaciones (que nos ha costado más de 50 compañeros caídos desde 1995); las tareas de inteligencia; la promoción de causas judiciales sobre militantes y su consecuencia más grave, los presos políticos, constituyen esa otra cara de las políticas represivas del estado, que se manifiesta con mayor intensidad en la medida que avanzan la conflictividad social y la organización popular 6 , y que es percibida como “política de estado” con mucha mayor facilidad que la que se descarga sobre los pobres no organizados al amparo de la naturalización y el silenciamiento.7
La “omnisciencia” del estado y la “conciencia” de los gobernantes
El Aromo afirma que “definir al gatillo fácil como parte de una política preventiva implica adjudicar al estado un carácter omnisciente y omnipresente” e interpreta que “CORREPI supone que el estado tiene plena conciencia de los actos cometidos por la policía” adjudicándonos la pueril idea de que “todos los asesinatos son digitados por el poder político”, confundiendo así el concepto de estado con el de “poder político”, léase gobierno. Como si dijéramos que Kirchner ordena uno a uno cada hecho de tortura. Tampoco decimos que Menem haya mandado expresamente a matar a Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón o Barrios y Santillán, ni que De la Rúa ordenara puntualmente el fusilamiento de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente Gral. Belgrano. Ni siquiera que el mismo De La Rua redactara una lista con los 37 nombres de quienes serían asesinados 19 y 20 de diciembre, ni que Duhalde mandara al comisario Fanchiotti al Puente Pueyrredón con la directiva explícita de matar a Maximiliano y Darío, o que Kirchner y Sobisch enviaran al policía Poblete a impactar su granada de gas en la nuca de Fuentealba. Lo que todos ellos hicieron fue mandar sus fuerzas represivas a dispersar manifestaciones, a despejar rutas o puentes, a impedir saqueos, en fin, a hacer, como le dijo Yrigoyen al coronel Varela en 1921, “lo que tenían que hacer”. Con el mismo espíritu, el estado burgués equipa, entrena, forma y envía a las fuerzas de seguridad a los barrios pobres para mantener el necesario control y disciplinamiento social. Que el gatillo -u otras formas de represión- sea parte de una política de estado, no implica, como lo podría sugerir un análisis superficial, que todos y cada uno de esos hechos sean uno a uno decididos y planificados por el presidente, gobernador o intendente de turno. No es lo mismo afirmar que el gatillo fácil o la tortura son parte de la política represiva del estado, que decir que “los asesinatos son digitados por el poder político”. Pretender que son conceptos equivalentes, es, cuando menos, un simplismo extremo. La política en general -y la del estado en particular- puede determinarse objetivamente, fundamentalmente por su lógica, sin caer en el problema metodológico de poner el acento en la subjetividad de los gobernantes.
La “autonomía relativa”
El Aromo señala que CORREPI “no ve ninguna contradicción entre estos aparatos y la propia burguesía”. Nos parece reconocer aquí lo esencial de lo que llamamos “teoría de la burocracia autónoma”. Hay una miríada de “tesis” empleadas desde el poder para relativizar la responsabilidad institucional en los hechos de represión policial. Algunas de ellas niegan la existencia de la represión policial; otras sostienen que los crímenes policiales son producto de “loquitos sueltos” o “manzanas podridas”, y proponen purgas, reestructuraciones, reformas de los planes de estudio, tests psicofísicos y, por supuesto, aumento de presupuesto. Otra línea agrupa los “bolsones de autoritarismo”, el “fantasma de la derecha” o los “resabios de la dictadura”, propone, ya que el problema sería la subsistencia y reproducción de cuadros o de una ideología “antÍdemocrática”, el “desmantelamiento del aparato represivo”, o su “disolución”, reemplazándolo por nuevos cuerpos purgados de todo represor; dirigidos y controlados, según el caso, por los “vecinos”, los “trabajadores”, etc., todo regado con abundantes cursos de libertades democráticas y derechos humanos. Hace unos años apareció una línea que sostiene la idea de que las agencias desarrollan “racionalidades propias”. Ciertos intelectuales muestran una insistente preocupación por analizar las “tensiones y contradicciones”, lo micro, hacia el interior del estado, al que conceptualizan como “no ideológico”. Así, dicen que “… muchas de las aporías que han caracterizado aquellas cuestiones que se debaten bajo la etiqueta de una ‘teoría del estado’, se podrían abordar mejor si se las considerara como acciones organizadas y restringidas por parte de individuos y no como efectuadas por un superindividuo, el estado”8 , o que “…burocracias y linajes son autónomos respecto al poder político, éste transcurre, pasa, ocupa y abandona oficinas, en cambio los linajes quedan, se expanden según la capacidad para defender intereses estamentarios”.9 Por el camino de la “autonomía relativa” de las agencias respecto del estado y los gobiernos, o de “sectores” al interior de cada agencia, o de individuos en cada sector, desaparecerían, por inútiles, los conceptos de estado o de burguesía. Extremar la lógica de una “relativa autonomía” de cada agencia, dependencia o persona del aparato estatal impediría hablar del estado como sujeto, adjudicarle carácter o “política” alguna. La policía, como estructura burocrática, funcionaría como una tribu autónoma, y no como perro guardián de los poderosos, al que el pueblo debe tener terror. Afirmar que esos “fines propios” de las burocracias son independientes de los intereses de la burguesía, cuyo rasgo característico es la interdependencia, sería como decir que un grupo de empresarios corruptos tiene una contradicción tan central con otros empresarios menos corruptos, que tornaría secundario lo que los define como una unidad conceptual que denominamos “clase”, categoría histórica, social, que tiene entidad a pesar de sus contradicciones internas. El énfasis en la “relativa autonomía de las burocracias” sirve para legitimar al estado democrático, para construir la “propuesta” de “la unidad de acción” entre los “buenos funcionarios” con “la gente”, para luchar juntos contra los “grupos de interés”. En definitiva, el programa del CELS, que nos convoca a “fortalecer las instituciones”. Tal ingeniería ha sido estratégica en la tarea de reconstrucción de la legitimidad del estado que llevó adelante el gobierno de Kirchner. Claro que existen contradicciones y hasta fracciones enfrentadas al interior de la clase dominante, pero eso no anula su unánime carácter de clase explotadora y criminal. La “relativa autonomía” de la burocracia estatal no excluye la lógica de hierro de la dictadura de clase, que funda su poder, no sólo en la fuerza, sino en su invisibilidad y naturalización. CORREPI nace y se desarrolla al calor de la lucha antirrepresiva en las calles, los tribunales, las comisarías, con el objetivo de desnudar el verdadero y oculto carácter de la represión, que busca legitimarse al amparo de la democracia burguesa. Luchamos también contra esa legitimidad, que se asienta en la naturalización de la violencia del estado, lo que implica desnaturalizar al estado mismo, poniendo en evidencia su carácter de clase.
Notas
1 En El Aromo, nº 39, noviembre/diciembre de 2007.
2 Lenin, Vladimir Illich: El estado y la revolución [1917], Anteo, Buenos Aires, 1974.
3 Marx, Karl y Engels, Friederich: El Manifiesto Comunista [1848], ediciones varias.
4 Engels, Friederich: El origen de la familia, la propiedad privada y el estado [1883], Sarpe, Madrid, 1983.
5 Es una obviedad que las víctimas de secuestros extorsivos sean “grandes burgueses” como Macri o el hijo de Blumberg, precisamente quienes pueden pagar rescates millonarios. El crimen organizado es gerenciado y ejecutado por los integrantes del aparato represivo del estado, que emplean en su beneficio los recursos de logística estatal, del mismo modo que los usan para “resolver” las situaciones de carácter “intrafuerza” o “intrafamiliar”.
6 Bru y Bulacio participan de caracteres comunes, mientras que Puente Pueyrredón es ejemplo de la vertiente selectiva sobre el activo organizado. Pero ni Bru ni Bulacio son casos de gatillo fácil, sino de muerte en la tortura, subsiguiente a una detención arbitraria.
7 Frente al fusilamiento, en un típico “gatillo fácil”, de la militante socialista Sonia Colman, algunas organizaciones de izquierda se movilizaron como nunca lo hicieron por casos similares de “no militantes”, y alguno hasta llegó a la errónea conclusión de que era un hecho diferente por la calidad de activista de la compañera.
8 Melosi, Darío: El estado de control social, Siglo XXI, México, 1992.
9 Tiscornia, Sofía: Burocracias y violencias. Estudios de antropología jurídica, Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2004.
