Perspectivas de la economía argentina 2014 – 2015
El agotamiento del ciclo kirchnerista plantea, según nuestro colaborador, un escenario complejo también para el próximo gobierno. En esta nota, analiza el poco margen actual y las perspectivas de ajuste como única alternativa de los economistas de la oposición.
Por Osvaldo Regina (Colaborador)
El modelo económico K está en crisis. Ésta consiste en: (a) el tarifazo K administrado por etapas; (b) la profundización de la recesión; (c) despidos y suspensiones a granel; (d) alta inflación sostenida a pesar de la recesión; (e) huida de los ahorros hacia el dólar; (f) escasez de reservas de oro y divisas del Banco Central; (g) necesidad de nueva deuda externa y (h) restricción al uso de las herramientas de política económica contracíclica. Dicho de otra manera, con recesión e inflación, el sostenimiento de las tasas de interés por debajo de la inflación sumado al creciente déficit presupuestario sin acceso al crédito privado sólo puede financiarse con emisión monetaria ilimitada. Esta situación realimenta en las empresas y ahorristas mayores expectativas de inflación, devaluación y profundización de la crisis productiva, en los tres casos con carácter de profecías autocumplidas: el que no se apura para bajar la producción, despedir, huir del Peso y subir sus precios, pierde. Los senderos “técnicos” específicos para salir de esta encrucijada dependen del grado en que los distintos sectores políticos y sociales logren imponer sus intereses.
La economía de Cristina en retirada
Sepultada la economía kirchneriana de las “tasas chinas”, la política económica de Cristina y Axel tiene como objetivo preservar la base de apoyo popular para esa fracción política en retirada y, lo primordial, prevenir un estallido de la situación social antes de las elecciones de 2015. Pero son muchos los meses que quedan hasta el final del mandato y, sin política, actúa la policía.
La inflación esteriliza la acción de las herramientas expansivas tradicionales de política económica para influir en el mercado. Para combatir la inflación y frenar el aumento del desempleo, el gobierno pergeñó un esquema contracíclico de emergencia no fundado en la teoría keynesiana sino en un recurso burocrático: modificar de la ley de abastecimiento y crear un nuevo fuero para la defensa del consumidor. La aprobación parlamentaria de esas leyes aumentaría la capacidad de multar, intervenir o cerrar a las empresas que reduzcan la producción o suban los precios por encima de cierto objetivo oficial de inflación, entre otros controles.
La fijación de precios máximos es una herramienta legal conveniente en previsión de futuros shocks devaluatorios, de manera que el efecto deseado al subir el tipo de cambio no se vea neutralizado por una respuesta inflacionaria. Agotadas las políticas monetarias y fiscales, queda la devaluación como último recurso frenando las importaciones y rescatando, al menos en parte, la menguada competitividad de las exportaciones manufactureras.
El modelo económico K consideraba contrarrestar las tendencias del mercado a la concentración de ingresos y al desempleo arbitrando la redistribución compensatoria mediante un abanico de subsidios de una parte del crecimiento logrado por el boom exportador. El consiguiente respaldo en votos se utilizó para debilitar el rol del Congreso y concentrar todo el poder en la presidencia. Así, las decisiones políticas sin filtro de los cenáculos K sumadas a su voracidad de poder y dinero cristalizaron enemistades poderosas. Primero fue el giro opositor de Moyano, acentuado desde fines de 2012 y expresado este año en una intensificación de los paros cegetistas. En medio de luchas obreras defensivas lideradas por la izquierda contra la oleada de despidos fabriles, las CGTs de Moyano y Barrionuevo decidieron retomar en agosto su programa de paros generales con un paro el 28 de ese mes contra la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
Discretamente, durante las últimas etapas del juicio de los “buitres”, el gobierno de Obama tomó distancia del gobierno argentino usando sus influencias formales e informales en contra de la posición argentina, lo que se tradujo en un virulento fallo del juez Griesa a mediados de junio.
Finalmente, durante agosto, las entidades empresarias más representativas unificaron posición abiertamente opositora al gobierno a partir del rechazo al envío de los proyectos de defensa del consumidor y abastecimiento, llegando incluso a eludir negociación con los funcionarios 1
A poco más de un año de terminar su mandato y abandonada por la burguesía, por el Hermano Grande y por la burocracia sindical, la debilitada Cristina podría intentar llenar el creciente vacío de poder con un último y riesgoso manotazo bonapartista enfrentando a los paros fabriles, las movilizaciones y tomas de empresa y, simultáneamente, mandar inspectores y policías a las empresas por desabastecimiento y conductas inflacionarias. Sin fuerzas ya para una re-re-elección, el previsible fracaso de cualquiera de ambos intentos desataría un estallido popular, habilitando la polarización electoral y fortaleciendo a la izquierda.
Alternativas económicas del gobierno que suceda a Cristina
Las recientes expresiones económicas del establishment de los partidos opositores peronistas y no peronistas no parecen definitorias de un programa sino más bien subordinadas al afán propagandístico de mostrar a través de los medios que todas y cada una de las acciones del gobierno están mal, sea por sus objetivos o bien por impericia. En este sentido, los economistas opositores están lejos de exteriorizar un análisis serio de la realidad y mucho menos aún dar pistas de lo qué harían desde el gobierno. Queda en limpio solamente un discurso de crítica pro mercado puramente ideológico, abstracto y machacón ante cada nueva decisión oficial y ante cada nuevo informe con estadísticas sombrías. En varios casos, sus perfiles como ex funcionarios distan en mucho de practicar un enfoque liberal y, por otra parte, casi nadie cree en una salida liberal a la herencia K.
Sin embargo, el eje conceptual de esa propaganda económica opositora difícilmente seduzca al electorado del siglo XXI: la búsqueda de un mayor bienestar económico o el temor a su menoscabo son un motivo central para la definición del voto popular. Tanto Menem como el kirchnerismo hicieron lo posible por sostener la ilusión popular de conseguir beneficios económicos populares en sus gobiernos, logrando a cambio respaldo en las urnas. Fueron el “voto-cuota” en la reelección de Menem por disolver con la convertibilidad las bases de la hiperinflación heredada de Alfonsín. Y fue el “voto-empleo” al kirchnerismo en la elección que ganó Cristina por haber reducido sustancialmente el desempleo heredado de la Convertibilidad y del devastador shock contractivo aplicado en 2002 por Remes Lenicov y Roberto Lavagna. En síntesis, la oposición económica no ofrece públicamente, al menos por ahora, nada que atraiga el voto de los trabajadores.
A falta de consensos de largo plazo entre los partidos políticos argentinos, las políticas económicas específicas que implemente el próximo gobierno a partir de 2016 tendrán en buena parte una respuesta ad hoc según la situación política y la coyuntura económica vigente en su momento, hoy impredecible. Sin embargo, algunas líneas de acción pueden inferirse a partir de los conflictos sociales reales del presente.
Si por entonces el ajuste K desató el repudio masivo de una población en resistencia activa, quien sea que gane las elecciones deberá dar continuidad a numerosos aspectos de la política de subsidios y controles sobre los precios, con ajustes moderados del salario real vía inflación, tarifas, dólar y tasas. La disponibilidad de crédito externo por el nuevo gobierno daría tiempo para la preparación de un ajuste de cuentas en el terreno político general.
Si, por el contrario, a pesar del tarifazo, Cristina lograra imponer relativa calma hacia fines de 2015 con un horizonte manejable, el ajuste durante un próximo gobierno será profundizado sin tregua mediante políticas de shock en tarifas y subsidios, devaluación con explosión de precios y desempleo a fin de reconstituir las condiciones de rentabilidad de las empresas como condición de una posterior estabilidad de precios. Todo ello con la cobertura habitual de que la culpa es del que estuvo antes.
Sin margen para una limosna para todos
De todas formas, el escenario post-Cristina tiene poco espacio para el populismo económico, sea kirchnerista, neo-kirchnerista o de la oposición tradicional. En las palabras del economista Juan Carlos de Pablo: “Si este gobierno dilapidó y se llevó los fondos, los que vengan tienen que saber que vienen a poner”, aclarando luego que el próximo gobierno “no podrá satisfacer a todos los sectores (…) Si atendemos a los sindicatos, que quieren que se elimine Ganancias, a los exportadores, que quieren que se eliminen retenciones, a la educación y a la seguridad social tendríamos que tener como tres presupuestos”2.
En sintonía con De Pablo, el periodista Alcadio Oña de Clarín recogió en su columna la angustia de un ex funcionario de economía: “…si mi jefe gana, yo preferiría no entrar en el primer turno y que antes otros hagan el trabajo sucio”, refiriéndose a que cree necesario implementar un shock de medidas impopulares iniciales. Sigue esa misma nota resumiendo los planes en vista hoy de los economistas opositores: “Todos coinciden en al menos tres tratamientos urgentes: inflación, retraso cambiario y tarifas insostenibles”. Combatir la inflación tomaría 3 o 4 años, “quizá sea inevitable devaluar” y “será necesario tocar las tarifas, tampoco de un golpe sino progresivamente”3.
Por su lado, el economista, ex ministro de educación y ex viceministro de economía, Juan José Llach, proponía a principios de agosto “conseguir acuerdos partidarios y sociales imprescindibles para un plan de estabilización, productividad y desarrollo”4. Cuando un economista habla de estabilización, se refiere antes que nada a la inflación. Cuando habla de productividad, se refiere a inversión y a generar las condiciones para ello. Pero cuando habla de desarrollo no hay que preocuparse porque se está refiriendo a un futuro que él cree siempre más allá del horizonte.
A fines de 2010, el mismo Llach había presentado un esbozo de plan integral en vistas a las elecciones de 20115. Resumidamente, el programa económico propuesto entonces incluía un dólar bien alto, eliminación de las retenciones a la exportación, reducción de subsidios a las tarifas, inflación sí, pero a tasas más bajas e indexación del crédito, intensificación del trabajo y contención salarial, subsidios al capital, más deuda externa con captación de capitales golondrina y nuevas privatizaciones6.
El economista Andrés Chambouleyron, antiguamente vinculado con la Fundación Mediterránea y actualmente consultor privado en temas de servicios públicos, planteó en agosto que si se quitaran los aportes directos e indirectos a la electricidad, el gas natural, el agua y el transporte, cada uno debería abonar unos $2.000 mensuales adicionales al gasto mensual. La conclusión de Chambouleyron es que con esa cifra “sería políticamente inviable una medida drástica de supresión”.
Javier González Fraga, otro economista opositor, vinculado al radicalismo y ex presidente del BCRA, alertaba en junio pasado sobre el atraso cambiario y el riesgo de que el futuro gobierno decidiera “hacer una fiesta de consumo con la plata que vendrá desde 2016”. En cambio, enfatizó en una salida “estimulando la inversión. Hoy lo que frena la inversión es el cepo cambiario. Cómo voy a traer dólares a 8 si para girar divisas lo tengo que comprar a 11.50. Y en las actividades donde podría haber, las inversiones se frenan por las trabas a las exportaciones”. De donde se infiere la expectativa de nuevo acceso al endeudamiento externo y una orientación a una mayor participación del ahorro en los ingresos en detrimento del consumo a fin de financiar un aumento de la inversión productiva, ello sumado a la desregulación del mercado cambiario y exportador.
Dante Sica, ex secretario de Industria bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, considera que los principales problemas económicos son “la alta inflación, la distorsión de precios relativos (principalmente tipo de cambio real y precio de la energía) y el déficit fiscal. Y habrá que atacar otras cuestiones de suma relevancia como el déficit en materia de infraestructura –no sólo energética, sino también en relación con el transporte y las comunicaciones-, el escaso desarrollo del mercado de capitales, la baja formación de capital humano, y la ineficiencia de la tributación y el gasto público”. Al respecto, propone “la instalación de metas graduales posibles, acuerdos generales entre todos los sectores y actores de la economía”.
Notas
1 En el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 20 de agosto pasado, la Presidenta hizo pública la reciente negativa de las organizaciones empresarias a dialogar con el gobierno: “digan cuáles son los artículos y las normas (que critican) para poder cambiarlas (…) decir que todo está mal, nos lleva a una falta de discusión que no es buena”. http://goo.gl/yTci8F
2 La Nación, 9/8/ 2014.
3 Clarín, 15/6/2014.
4 La Nación, 1/8/2014.
5Llach, J.: Los desafíos productivos de la Argentina: ¿cuál es y cuál debería ser nuestro lugar en el nuevo mundo?, Boletín Informativo Techint, N° 333, Setiembre-Diciembre de 2010, http://goo.gl/l0EbGe
6Ver Regina, O.: “El Plan Llach, la receta económica del establishment para después de octubre: peores salarios, inflación, paritarias acotadas, más deuda externa e indexación”, en El Aromo, nº 61, Julio-Agosto de 2011.
