Empleo estatal, precariedad y conflictividad obrera
En las provincias y municipios es donde se pagan los peores salarios y se registran las mayores movilizaciones. La crisis fiscal y los límites para endeudarse amenazan al Estado y muestran que no sólo los obreros de overol saldrán a la calle.
Por Nicolás Villanova y Sebastián Cominiello (OME-CEICS)
Los piquetes en la Panamericana y la campaña macartista de los burócratas sindicales ante el crecimiento de la izquierda ponen el foco de atención en la caída del empleo en el sector industrial. Esto no debe llevar a perder de vista el potencial conflicto laboral en el Estado. Gran parte de la creación de empleo durante el kircherismo se hizo en el sector público, que alcanzó el récord del 16% del total y supera a la industria. La crisis actual no es sólo del sector privado como lo muestra el creciente déficit fiscal y la desesperación por endeudarse. Tarde o temprano, la expansión del gasto vía emisión se corta y los trabajadores estatales cargan con el peso de los recortes salariales, la pérdida del poder adquisitivo, el retraso en los pagos y el fin de los contratos. Fundamentalmente, el peso del empleo estatal se encuentra en las administraciones provinciales, allí donde estallan las grandes convulsiones sociales cuando la crisis se traslada al Estado, como ocurrió en Santiago del Estero en 1993, y donde en la actualidad se concentra el mayor número de conflictos gremiales de empleados públicos. Un anticipo de que no será fácil hacer pasar el ajuste.
La Muni, antes que nada
El incremento del empleo estatal es una de las tantas formas por las cuales el Estado absorbe la crisis y el desempleo. No solo se trata de los beneficiarios de planes sociales, también del personal administrativo, legislativo, judicial, de seguridad y de servicios (docentes, médicos, vial). La tendencia al incremento del empleo estatal es histórica y se remonta por lo menos a la década de 1950. Entre 1950 y 1973, el promedio porcentual de empleados públicos sobre el total de la economía fue de un 11%. Durante el menemismo (1989-1999), el promedio de la década fue del 14%. Pero durante la era K, el porcentaje de empleo público sobre el total de ocupados aumentó al 16%, alcanzando su récord. Este crecimiento expresa que la recomposición del empleo en esta década se explica por el incremento de los puestos en el sector público más que por la generación de trabajo en la industria.
Este abrupto crecimiento es sostenido mayormente por las administraciones dependientes de las provincias y los municipios, en detrimento del Estado Nacional. En 1950, la Nación ocupaba más de la mitad de los empleados públicos. Ahora, la mayoría está en las administraciones provinciales y municipales.1 En dichos distritos, los salarios son menores que en la administración nacional, merced a los contratos precarios. De esta forma los procesos de descentralización de los servicios públicos (educación y salud, entre otros), iniciados en las décadas de 1950 y 1960 y profundizados en los ’70 y ’90, actúan como un mecanismo para abaratar el empleo público.
Por otra parte, en los últimos diez años, la ocupación estatal en el conjunto de las provincias creció en promedio un 43%. Las administraciones de Tierra del Fuego, Catamarca, Neuquén, La Rioja, Jujuy y Santa Cruz empleaban, en el año 2011, entre 84 y 131 empleados públicos por cada mil habitantes. En cambio, las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires ocupaban entre 35 y 46 estatales cada mil habitantes. Esto podría estar mostrando que las provincias con mayor empleo público son aquellas que presentan un menor desempeño económico. Finalmente, un síntoma del crecimiento del empleo precario es el incremento de los contratados en el Poder Ejecutivo Nacional.2
Prefectos, policías, docentes, todos obreros baratos
Como decíamos, la descentralización de los servicios es un mecanismo que utiliza el Estado para abaratar la fuerza de trabajo. De los estatales, los empleados dependientes de la administración nacional son quienes perciben en promedio los salarios más elevados. Incluso, reciben sueldos que se encuentran por encima del sector privado registrado industrial. Sin embargo, se trata de un porcentaje minoritario respecto del conjunto de los trabajadores del Estado. Por otra parte, en el seno del Estado Nacional existen diferentes niveles salariales, según los cuales los contratados y el personal de planta transitoria son los peores pagos. De los cargos ocupados en planta permanente, el 34% percibía entre 1.000 y 8.200 pesos mensuales en octubre de 2013. Esa misma escala salarial era percibida por el 45% de los empleados de planta transitoria y por el 56% de los contratados. Sólo existe un 9,5% (sobre un total de 371 mil cargos en el Estado Nacional) que cobra en promedio más de 37 mil pesos mensuales. Esta exigua cifra, muestra que los ingresos del personal político no explica por sí mismo el problema del déficit fiscal, como sugiere una visión liberal del fenómeno.
En cambio, los trabajadores dependientes de las administraciones provinciales y municipales perciben salarios que no llegan ni a la mitad de lo que se obtiene en el empleo nacional.3A su vez, dentro del empleo provincial existen diferencias en cuanto al costo laboral, donde quienes menos ingresos y aportes obtienen son los docentes, los médicos y el personal de seguridad. Por su parte, los legislativos, los judiciales y las autoridades superiores son quienes mayores salarios y aportes reciben (ver gráfico).
Finalmente, los trabajadores del Estado, en sus tres niveles, han perdido capacidad adquisitiva desde el año 2009. Incluso, en el primer cuatrimestre de 2014, su salario disminuyó entre un 13 y 15% respecto del promedio salarial del año 2013. Por esta razón, los estatales incrementaron sus manifestaciones en los últimos años, en particular, los docentes, médicos y administrativos dependientes de los estados provinciales. El mismo fenómeno explica las huelgas de la Prefectura en 2012 y de las policías provinciales en diciembre de 2013. En este sentido, el Ministerio de Trabajo contabilizó entre los años 2006 y 2012 un promedio de 700 conflictos anuales de estatales, de los cuales la mayor cantidad fueron protagonizados por administrativos (44%), médicos (24%) y docentes (16%). Por su parte, el Observatorio del Derecho Social de la CTA señala que, entre los años 2011 y 2014, más de la mitad de los conflictos en el sector público fueron realizados por estatales de las administraciones provinciales.4 Estos últimos vienen radicalizando sus protestas año a año, siendo uno de los sectores más movilizados en el seno del empleo estatal. Ello se relaciona con el peso que tiene el empleo público provincial, frente al municipal y nacional, y con la precariedad en la que se encuentra el sector.
Por el eslabón más débil
Como hemos visto, el Estado a través de diversos mecanismos contiene mayores niveles de desempleo, por la vía de contratos precarios y bajos salarios. A su vez, los procesos de descentralización de servicios a cargo de las provincias tienden a abaratar la fuerza de trabajo. Esa es la razón por la cual los docentes, los médicos y administrativos, municipales y provinciales, no sólo perciben salarios de miseria, también pierden capacidad de compra por la vía de la inflación. El creciente déficit fiscal en las provincias avizora una potencial crisis en el Estado. Probablemente, esta última no asuma la forma de despidos masivos (aunque el crecimiento de trabajadores contratados habilita a su cesantía), sino que se expresará por la vía de recortes salariales o atrasos en los pagos de sueldos y aguinaldos. Algo que ya se viene manifestando en forma aislada, sobre todo en las provincias del sur del país. Las primeras manifestaciones de la crisis cobrarán mayor fuerza en las provincias marginales, aquellas en las cuales el empleo público contiene a enormes reservorios de población sobrante. La creciente movilización de los obreros industriales no tiene que hacer perder de vista el peso del empleo público. Con un agravante: en este caso, el patrón es el mismo centro del poder político. Por lo tanto, la distancia entre el horizonte corporativo y la impugnación al régimen político es relativamente más corta y se recorre más aceleradamente. No hay que olvidar que los estatales fueron parte constitutiva de la vanguardia de la clase obrera argentina de los últimos años: el Movimiento Piquetero.
Notas
1 En 1950, el Estado Nacional ocupaba el 63% del conjunto de los empleados estatales, las administraciones provinciales, el 26% y los municipios, el 11%. En el año 2009, esta composición fue revertida constituyendo un 12, 70 y 19%, respectivamente. De 215 mil, los estados provinciales pasaron a emplear a 1,8 millones de personas.
2 En octubre de 2001, los contratados dependientes del PEN constituían un 6%. Doce años después, en 2013, ese porcentaje se incrementó a un 18%. De 16.700 pasaron a 61.200 contratados, es decir, un crecimiento del 255%. Para más detalle, ver: Rodríguez Cybulski, Viviana: “Hambre para mañana. Los límites del empleo público”, en El Aromo, n°66, mayo/junio de 2012. http://goo.gl/1u13gE.
3 Los trabajadores dependientes de municipios y provincias reciben, en promedio, entre 4.900 y 5.400 pesos mensuales, cifras que constituyen el 45 y 49% de un sueldo promedio de un empleado del estado nacional (datos del primer cuatrimestre de 2014, a pesos reales de 2013).
4 Informe de coyuntura del Observatorio del Derecho Social, CTA, 2° trimestre 2014.
