El caso Blumberg: ecos de un ciclo que no se cerró.

Fabián Harari.
Por estos días, la prensa burguesa da cuenta del potencial explosivo de la crisis desatada por el asesinato de Axel Blumberg. Ganar la calle da resultados, dice La Nación (23/04). Clarín, va más allá: se trata de “un síntoma más profundo … una vulnerabilidad que se instaló en el 2001 entre cacerolazos y reclamos de “Que se vayan todos””(19/04/04). Consciente de ese peligro, Blumberg defendió al sistema democrático de los abucheos explicando: “están porque los votamos. Si no nos gusta, votemos a otros”. En la marcha siguiente recomendó: “Ahora, en orden, vuelvan a sus casas, no vayan a otro lado”, en obvia referencia a la movilización piquetera hacia Plaza de Mayo. La concentración del 1 de abril encontró a fracciones de burguesía, pequeña burguesía y proletariado cuestionando al régimen político. El reclamo parece unánime: mayor seguridad y castigo a la delincuencia. Sin embargo, detrás del mismo reclamo se esconden salidas distintas. Seguridad, clase, estado. Para analizar este problema, hay que preguntarse a quienes se encarcela y por qué se los encarcela. Algunos datos: entre los que sólo han completado sus estudios primarios y los que ni siquiera eso suman el 80% de la población carcelaria. El 46% se hallaba desocupado al momento de la detención y el 38% subocupado1. Entre los menores de 18 años sólo el 3% había recurrido a un abogado particular, al resto se le asignó un defensor público (La Nación, 25/04). La principal víctima del accionar estatal es, entonces, la clase obrera, en particular, sus fracciones más débiles, arrastradas a sobrevivir de cualquier manera. No en vano se subraya que, en los barrios más carenciados, es el movimiento piquetero la única alternativa a la delincuencia. Una de las razones que se esgrimen para reclamar mano dura es que los detenidos son liberados rápidamente. Esto puede ser cierto para los que comparten el botín con las fuerzas de seguridad a cambio de protección, pero no para la mayoría de los apresados. En la provincia de Buenos Aires, para el 2002, el 90% de los detenidos (21.449 personas) se encuentra procesada y sin sentencia. En las cárceles federales la situación es más pareja: los procesados ascienden al 55% (4.785 personas). La clase obrera ni siquiera tiene derecho a la presunción de inocencia. En cuanto a la causa de la condena, según las estimaciones del Servicio Penitenciario Federal, un 40% “atentó” contra la propiedad, cifra que podría ampliarse si se contabilizara mejor el contenido de figuras como “contra la libertad” o “contra las personas”. En el caso de los menores no hay dudas: el 71% de los delitos tienen a la propiedad como motor (robos, hurtos y secuestros). Por otra parte, el Código Penal prevee un máximo de 20 años para un robo en el cual no se haya disparado un sólo tiro, muchos más que por violación (15 años), vender un fallo judicial (12 años), malversación de caudales públicos (2 años) o abuso de autoridad (1 año). En síntesis, el Estado juzga a la clase obrera para defender, en la mayoría de los casos, la propiedad burguesa y al régimen político. No escatima para ello 1Informe preliminar del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Agradecemos el dato al CELS.
violaciones a las más elementales normas como que nadie puede ser encarcelado sin sentencia previa. La crisis ¿Por qué, entonces, buena parte de la burguesía sale a cuestionar su propio régimen? Porque el personal que debe defender su propiedad y su persona se está dedicando a hostigar a la primera poniendo en peligro la segunda, organizándose en bandas mafiosas surgidas de las fuerzas de seguridad, el mundo judicial y dirigentes políticos burgueses. Los secuestros extorsivos han subido desde 8 en 1999, a 220 en el 2002, para llegar a 390 en el 2003. Sus principales víctimas son la burguesía (como Blumberg y Bogani, empresarios textiles, el “corcho” Rodríguez, e infinidad de famosos) y la gran burguesía (Macri). La pequeña burguesía padece, sobre todo, los secuestros “express”. La principal zona de secuestros es San Isidro. Le siguen Zárate-Campana y Morón. Solamente entre agosto de 2003 y abril de este año se han registrado 107 secuestros, cuyos botines sumados ascienden a $3.183.159(Clarín 21/04). Ahora bien, ¿por qué quienes tienen que defender la propiedad burguesa y a la clase que la ostenta, reniengan de su función histórica? Una de las respuestas alude a “supervivencias autoritarias de la dictadura militar”. Sin embargo, el asunto es al revés: en 1976 la burguesía consigue disciplinar a su propia clase y crear un aparato de choque sólido y conciente de su tarea. En el 2004, por el contrario, la clase dominante no puede poner orden en sus filas, algo que se nota en la ausencia de un mando estable, lo que habilita la existencia de bandas que compiten y se enfrentan entre sí, preocupadas por su propia supervivencia. En 1976, el Estado se recomponía. Lo explosivo de la situación actual es que las fuerzas de seguridad no operan como en 1976 porque el régimen político se halla en descomposición. Y no se trata de falta de efectivos. El país cuenta con una monstruosa estructura de seguridad de 210.000 miembros: unos 5,83 efectivos por cada 100.000 habitantes, contra 2,63 de Gran Bretaña y 2,71 de EE.UU.. Esa estructura necesita mucha plata: unos 880 millones de pesos sólo para la Policía Federal, contabilizando el aumento de un 32% en su presupuesto durante el 2003.2La quiebra parcial de la función del estado se refleja en el aumento exponencial de las agencias de seguridad privada. El Estado es el agente colectivo de defensa de su clase. Al no cumplir esa función, cada burgués contrata su propio personal. El resultado: más de 1.000 empresas con 100.000 agentes de seguridad privados, casi la mitad de los agentes públicos. Cuando los trabajadores empuñan un simple palo, son amenazados por la justicia y denostados por los medios de comunicación. Sin embargo, los números muestran que el problema no es armarse al margen del estado sino quién se arma y para qué. La debacle económica no ha afectado sólo el presupuesto de seguridad sino también el rendimiento de los negocios ilegales. Ante el achicamiento del “mercado” crece la violencia de las mafias que, desesperadas ante la torta menguante, no dudan en meter mano a la propiedad burguesa. Como cualquier individuo, el “agente del orden” no tiene una conciencia de clase abstracta, no puede ser un agente de la burguesía por encima de las circunstancias concretas que determinan su reproducción. La descomposición de los 2 Fuentes: CELS en base a datos de la Superintendencia de Asesoría Institucional de la Policía Federal y de la Policía de la Pcia. de Bs. As. y Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía. www. sg.mecon.ar
órganos policiales es producto de la descomposición del estado, cuya base es la crisis económica, esto es, de las relaciones sociales que le dan origen. La salida Blumberg. Con diferencia de matices, Blumberg y el gobierno coinciden en la salida burguesa al problema: reconstruir el Estado. Por eso el “Plan Estratégico de Seguridad” está a tono con los reclamos del empresario textil. Bajar la edad de la imputabilidad es un ataque a los hijos de los trabajadores. El proyecto fue impulsado por Pierri en 1998 pero no obtuvo apoyo en su propia bancada. Ahora los “progresistas” le dan salida. Y una salida generosa: 1.000 millones para pertrechos, 400 para cárceles y 600 para fuerzas de seguridad. Ni Menem pidió tanto. ¿De dónde saldrá el dinero?. Economía no sabe nada (La Nación25/04) y los gobernadores exigen que no se toque la coparticipación federal. Otra crisis política en ciernes. La Agencia Federal, viejo proyecto menemista, tendría capacidad para actuar en todo el país con la sola autorización del Poder Ejecutivo, que podría intervenir las policías provinciales y hasta las provincias mismas sin voto del Congreso. Posibilidades que Kirchner busca para poner disciplina en las filas políticas, aunque ello le valga el enfrentamiento con Duhalde. Los juicios por jurados, el control de la “productividad” de los jueces y la obligación de dictar fallo en un plazo no mayor a cinco días en casos de delitos in fraganti (hurtos menores, razzias policiales) buscan producir sentencias rápidas sobre población que no tiene recursos para presentar apelaciones y recusaciones. Lo más novedoso es la propuesta del trabajo forzado: “Solá me dijo que los presos comenzarán a estudiar, pero antes tienen que trabajar ocho horas, como lo hice yo”, decía Juan Carlos Blumberg (La Nación 16/04). El gobierno ya anunció futuros convenios con empresas privadas, el sueño de todo capitalista: trabajo gratuito. Volvemos así a comienzos del siglo XIX (ver en RyR n° 10 los artículos de Pascucci y Bil sobre la explotación del trabajo en las cárceles y en las entidades de caridad). Reconstruir el Estado implica, entonces, disciplina al interior de la clase dominante (Duhalde y las mafias) y obediencia en la clase explotada (el movimiento piquetero). Pero ninguna de estas tareas aseguran el cierre del ciclo si no se consigue relanzar la acumulación de capital. El estado sólo puede restituirse a costa de una mayor expoliación a la clase obrera, de la pequeña burguesía y de una parte de la burguesía, que son las que van a tener que pagar el nuevo plan de seguridad. Congreso, Morón, Tribunales, ¿Plaza de Mayo? En este mes se han movilizado contra el régimen político parte de la burguesía, la pequeño burguesía y fracciones clase obrera. Dos alternativas confluían tras el reclamo de seguridad: el armamento estatal (Blumberg) y el ataque a las fuerzas policiales (los familiares de víctimas del gatillo fácil). Los medios remarcaron el carácter pacífico y espontáneo de las marchas, en comparación con el estilo violento y organizado del movimiento piquetero. Sin embargo, la movilización al Congreso no fue pacífica: ocupó un espacio público por la fuerza, impidió la circulación y colocó 150.000 personas ante los legisladores para reclamar a insulto limpio: coacción por acción directa. Tampoco fue espontánea: la preceden más de 15 años de luchas por crímenes impunes. También hubo una disputa por la conducción: los medios llamaron a movilizarse por leyes más duras, el gobierno prestó auto y locutor a Blumberg para garantizar que fuera el único orador y familiar de víctima en el palco. La
madre de Sergio Schiavini denunció que los familiares de las víctimas del gatillo fácil quisieron acercarse al palco para acompañar al empresario, pero no los dejaron. Las fuerzas de izquierda estuvieron pero no atinaron realizar una intervención más organizada. Muchos fueron, por su cuenta, hacia Plaza de Mayo. Si bien la dirección quedó en manos de la derecha y su furiosa campaña, sin explicar el contenido del petitorio, ya ha conseguido los dos millones de firmas, aún no está dicha la última palabra. En Morón, la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno organizó una marcha por la muerte del empresario textil Daniel Bogani. Pero las 8.000 personas se dirigieron directamente a la Comisaría 1° de Morón, donde dejaron las velas y alzaron pancartas con los nombres de los asesinados por la fuerza. Blumberg ocupó solo el palco y fue el único orador, pero ya se escuchan públicamente voces disidentes: “no querían que los vecinos hablaran porque sabían que íbamos a culpar a la justicia y a la policía” dijo Omar Coitiño, tío de Juan José Oliva, en cuyo crimen están involucrados políticos de la zona (La Naciónel 16/04). Blumberg y la cámara empresaria no pudieron controlar por completo el reclamo. En Tribunales, Blumberg no estuvo solo: la nota la dio la intervención del Bloque Piquetero Nacional, cumpliendo lo votado en la última ANT. RyR marchó allí también con su bandera. Al llegar las columnas, los compañeros fueron recibidos con aplausos. Un cronista de La Nación se sorprende: “…los piqueteros fueron despojándose de lo que los identificaba, aunque nunca negociaron bajar la bandera que portaban y que decía: “Juicio y castigo, desmantelamiento del aparato represivo””. Es decir, la solución no está en salvar al estado capitalista, sino en destruirlo. Luego marchó a Plaza de Mayo, expresando los aspiraciones de muchos que también fueron a allí el 1 de abril. El Bloque Piquetero Nacional ha tomado la tarea de darle una dirección obrera a la impugnación al régimen y el recurso a la acción directa que ha vuelto a tomar la pequeño burguesía. Blumberg ha recibido fuertes presiones para organizar una marcha a Plaza de Mayo. Por ahora no se ha pronunciado. La alternativa de la dirección que encarna es difícil: si convoca puede estar impulsando un movimiento cuyos alcances son difíciles de dirigir. Si no convoca, puede perder la dirección del movimiento. Es que como dice Joaquín Morales Solá: “Ese mensaje (por el “Que se vayan todos”) pareció volver el jueves, porque estaba solo latente y escondido”(La Nación 03/04). Somos de igual opinión