Los tiempos post Chávez están caracterizados por la inestabilidad y la crisis. La oposición avanza. Sin embargo, Maduro no va a irse sin pelear. Todo indica que se aproximan tiempos violentos en Venezuela.
Nicolás Grimaldi (Laboratorio de Análisis Político-CEICS)
El mes de febrero encontró a Venezuela sumida en un nuevo ciclo de movilizaciones. En ese marco, el oficialismo anunció la rápida desactivación de un supuesto golpe de Estado pergeñado por la oposición. Las sanciones impuestas por Estados Unidos días después, parecieron confirmar el escenario de una intervención imperialista en el país. Sin embargo, un examen más detallado de la coyuntura política pone en evidencia un panorama diferente.
La batalla de Jericó
Hacia mediados de febrero, Maduro denunció que se estaba perpetrando un golpe de Estado en su contra. Acusaba de ello a la oposición venezolana encabezada por la referente de Vente Venezuela, María Corina Machado, el diputado por Primero Justicia, Julio Borges, el alcalde metropolitano de Caracas y líder de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, y el ex embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria. Todos ellos, con la venia de EE.UU. El llamado “Plan Jericó”, denominado de ese modo por el oficialismo, sería llevado adelante por la Fuerza Aérea entre el 11 y 13 de febrero. Sin embargo, el gobierno lo habría desactivado rápidamente gracias a la acción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que logró detener a 7 oficiales de la Fuerza Aérea.
Maduro aseguró que uno de los detenidos confesó el modus operandi del magnicidio: del exterior llegaría un avión Tucano, especialmente artillado, que atacaría el Palacio de Miraflores o, en su defecto, algún sitio abierto donde estuviera el presidente. Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el general Oswaldo Hernández -uno de los detenidos por el intento de golpe de Estado del año pasado- le habría confesado la participación de civiles y militares activos en el presunto golpe.
A principios de marzo, y en el marco de estos sucesos, Obama anunció que EE.UU. consideraba a Venezuela una amenaza para el país, toda vez que preocupa
“la erosión de las garantías de los derechos humanos; la persecución de los opositores políticos; la reducción de la libertad de prensa; el uso de la violencia y violaciones de derechos humanos y abuso en respuesta a protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbante de corrupción en ese país”.1
De este modo, el país ingresaría en la misma lista que Ucrania, Rusia, Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen y República Centroafricana, todos considerados una “amenaza a la seguridad nacional”. En concreto, se acusó a seis miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, tanto del SEBIN, como de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Ejército y la Policía, por violación a los derechos humanos en las manifestaciones del año pasado; y a la fiscal Haringhton Padrón, de utilizar pruebas falsas contra Machado y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular. Esta acusación implica ciertas sanciones que el gobierno estadounidense impone para los implicados: el bloqueo de activos y bienes en territorio estadounidense, la deportación de los EE.UU. y revocación de visas. Luego de esta situación, González López, uno de los sancionados, fue nombrado Ministro de Interior, Justicia y Paz, mientras que la que ocupaba este cargo, Carmen Meléndez, pasó a dirigir el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
Esta acción se dio luego de que Maduro solicitara a EE.UU. la reducción del personal de su embajada, que superaba los 100 funcionarios, a un máximo de 17, al mismo tiempo que iba a comenzar a exigir visas para los norteamericanos que ingresen al país. Se trataba de una medida vinculada a que las fuerzas de seguridad venezolanas habían atrapado a estadounidenses realizando actividades de espionaje, aunque no se precisaron ni identidades ni tareas realizadas por los espías.
Así las cosas, el panorama presentado por el oficialismo parece avalar la idea de un golpe de Estado impulsado por el imperialismo yanqui con base en la oposición local y su influencia en sectores de las fuerzas armadas. Sin embargo, un análisis de la situación interna en Venezuela parece mostrar otro escenario.
El escenario local
La maniobra golpista denunciada por Maduro se dio en el marco de un nuevo ciclo de movilizaciones en el país. En el mes de febrero tuvieron lugar diversas marchas, tanto oficialistas como opositoras.
El chavismo volvió a concentrar su fuerza en Caracas, el 12 de febrero, en coincidencia con el aniversario de la Batalla de la Victoria y con la fecha de comienzo de las marchas opositoras del año pasado. La movilización se desplegó por el centro de Caracas, integrada por estudiantes, simpatizantes chavistas y miembros del gobierno.
Las marchas opositoras comenzaron antes. El 24 de enero se produjo la “marcha de las ollas vacías” protestando contra la escasez de bienes. El 12 de febrero, en conmemoración por las movilizaciones del año pasado, estudiantes opositores se manifestaron en Caracas y otras ciudades del país. En el centro de la capital, los manifestantes marcharon desde la plaza Las Tres Gracias hasta la iglesia San Pedro, ambos puntos adyacentes a la Universidad Central de Venezuela, pero fuerzas antimotines impidieron que llegaran al destino previsto, por lo que se concentraron en el campus. En San Cristóbal (al oeste de Táchira), cuna de las protestas de hace un año, otra manifestación de estudiantes se dirigió hacia la sede de la Defensoría del Pueblo y terminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Según las autoridades, los disturbios dejaron un herido leve a raíz de una pedrada en la cabeza, pero la prensa local reportó varios heridos y detenidos.
Una nueva marcha opositora tuvo lugar el 18 de febrero, a un año del arresto de Leopoldo López, uno de los dirigentes de las movilizaciones del año pasado. Al día siguiente se produjo el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, a través del accionar del SEBIN. En rechazo a esta detención, se produjeron nuevas movilizaciones, que culminan con la muerte de Kluiverth Roa, de 14 años, en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira (UCAT). El disparo provino de parte de la policía, y a diferencia del año pasado, donde Maduro responsabilizó a la oposición de generar desmanes, reconoció el hecho e inmediatamente fue arrestado el supuesto implicado, Javier Mora Ortiz.
Esta muerte, se produjo luego de la sanción de la resolución nº 008610 titulada “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, la cual indica que “es competencia de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] restituir el orden público cuando la fuerza civil (policía nacional, policía municipal, entre otros) ha sido superada por la magnitud de la manifestación”.2 Una ley que, aunque presentada como mecanismo de defensa de las manifestaciones pacíficas (frente a las cuales no se podrán usar armas de fuego, según el artículo 15.9), establece, en el artículo 22.7, que ante una situación de “riesgo mortal”, se “aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal”. El gobierno parece estar preparándose de cara a una agudización de los enfrentamientos.
Finalmente, el 27 de febrero, en el aniversario número 26 del Caracazo, volvieron a producirse movilizaciones en ambos bandos. De todo este ciclo, ninguna marcha alcanzó la radicalidad y masividad de las acontecidas el año pasado.
La estrategia de la oposición
Atento a este escenario, surge la pregunta acerca de qué es efectivamente lo que se está cocinando en Venezuela. ¿Estamos ante la posibilidad de una invasión yanqui? ¿La oposición avanza hacia un golpe de Estado?
La teoría de una invasión norteamericana fue rápidamente desestimada incluso por el chavismo. Modesto Guerrero, por ejemplo, sostuvo que los yanquis son “malos, no pelotudos”, ya que una intervención pondría en riesgo su búsqueda de una Alianza del Pacífico.3 En el mismo sentido se expresó Luis Bilbao, otro intelectual chavista. Lo cierto es que la relación económica entre ambos países, si bien ha sufrido modificaciones, sigue manteniendo a Venezuela como el tercer socio comercial de EE.UU. de la región. En el año 2014, Venezuela exportó US$30.219 millones en bienes a Estados Unidos, e importó US$11.339 millones. En el año 2013, Venezuela le había vendido US$31.997 millones. Y en 2012 la cifra alcanzaba los US$38.722 millones. En cambio, a Colombia, principal socio político de EE.UU. en la región, le compró US$18.000 millones en bienes en 2014.
Más aún, en la última Cumbre de las Américas, Maduro y Obama mantuvieron un encuentro privado, y si bien no hubo un documento pidiendo la marcha atrás de la sanción contra los funcionarios venezolanos por parte de la Cumbre, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, sostuvo que esta se limita solo a siete personas (que, además no poseen visa ni bienes en EE.UU), en un claro gesto por bajar el tono al asunto.
Respecto a un nuevo intento golpista, debe contemplarse las diferencias en el interior de la oposición, las cuales quedaron plasmadas en las movilizaciones del año pasado y en el rechazo por parte de Capriles al plan “La salida” impulsado por Leopoldo López. Esta diferencia está marcada por el sector comandado por López, Ledezma y Machado, que proponen una salida inmediata de Maduro. Por su parte, Capriles es uno de los impulsores de una transición por las urnas, de modo que Maduro pague los platos rotos de la situación actual de Venezuela y se desgaste.
La estrategia golpista tiene una base material real: existen lazos entre la oposición y un sector de las fuerzas armadas. Sin embargo, debe contemplarse que la oposición viene del desarme de dos intentos golpistas, con el consecuente arresto de dirigentes y militares implicados, por lo que esta acción aparece descartada en el corto plazo. En la tentativa del año pasado, fueron arrestados 30 militares, la mayoría de la Fuerza Aérea, aunque había también miembros de otras fuerzas. Eleazar Díaz Rangel, director del periódico Últimas Noticias, sostuvo que se comprobó que los militares implicados tenían contacto con al menos un dirigente opositor. En ese marco, el mismo portal de noticias, denunció la existencia de una conversación, donde un político opositor (no trascendió su nombre) sentenciaba que había una denuncia en su contra y también en contra del coronel Rivero Lago. El político le habría cometado: “Tengo dos años trabajando con todo ese grupo, de los cuatro componentes (en relación a las cuatro fuerzas de las FANB)”; que, de ser ciertos esos rumores, “toda la red que hemos armado en dos años, con la Guardia de Honor, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, la habrían destruido hace tiempo”, y que “el riesgo lo corremos todos, ellos y nosotros; me he reunido con decenas de militares en todo el país, a escondidas, por supuesto, corriendo riesgos, como es lógico, y todo se puede venir abajo”. Luego, fueron arrestados otros 30 militares, de los cuales los de principal mando eran el coronel Rivero Lago y su hermano, dos oficiales de la Guardia Nacional, dos de la Armada y uno del Ejército, aunque se marcaba que la mayoría de los involucrados eran miembros de la Fuerza Aérea. En el último intento, los primeros arrestados fueron Luís Hernando Lugo Calderón, Maximiliano Hernández y Ricardo Antich Zapata, todos ellos de la Fuerza Aérea.
De este modo, la estrategia golpista se encuentra debilitada y se abre una coyuntura favorable para herir al gobierno a través de las elecciones. Esta vía, que ha sido esquiva a la oposición desde siempre, comienza a tomar ahora cierta viabilidad, cuando las encuestas son muy prometedoras de cara a las elecciones legislativas de este año. Según el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) el bloque político opositor aglutina a 52,5% de los ciudadanos y el bloque chavista congrega a 33% de los electores. Por otra parte, la consultora Datanálisis reporta que por primera vez en 11 años quienes se autodefinen como opositores representan al 38% de la población, mientras que quienes se identifican como chavistas aglutinan al 28,9% de los electores. Otra encuesta realizada por Consultores 21, indica que el 48% de los ciudadanos dice que podría votar por los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática y el 33% asegura que lo hará por los aspirantes del PSUV. El trasfondo de la caída de la popularidad de Maduro, puede explicarse por el progresivo deterioro de la situación económica venezolana, con una inflación por encima del 60%, sumado al creciente desabastecimiento, que obligó al presidente a subir el precio interno de la gasolina.
La tendencia a la imposición de la estrategia electoral de la oposición se observa en la firma del llamado “Acuerdo nacional para la transición”. Básicamente, el documento pide la salida de Maduro del gobierno, acusa al chavismo de todos los males de Venezuela, propone un llamado a elecciones, y plantea tres ejes. El primero de ellos es el político-institucional, donde se propone “reconstruir el Estado de Derecho”. En concreto, exige la liberación de los presos políticos y pide por el cambio del personal en las instituciones del Estado. El segundo punto es el de “emergencia social”, en el que se señala la necesidad de acabar con el desabastecimiento de alimentos y salud, aunque no se especifica cómo. Por último, el punto económico: dar marcha atrás con las nacionalizaciones de empresas no petroleras y definir la forma de propiedad a establecer, dotar de autonomía al Banco Central, cambiar la dirigencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y elevar su producción, modificar la política cambiaria y acudir a créditos internacionales. En suma, un frente único opositor dotado de un programa político que se lanza a derrotar electoralmente al gobierno, condicionarlo y forzarlo a una capitulación anticipada.
Blindaje
Sobre este escenario de descontento social y unidad en la oposición, puede comprenderse la denuncia de un presunto golpe de Estado. Haya sido real o no la amenaza, lo cierto es que contribuye a la estrategia de Maduro de blindarse y dotarse de fuerza suficiente como para mantenerse en el poder. Ya ha conseguido algunos resultados: la amenaza norteamericana le garantizó la sanción de una Ley Habilitante que le permite gobernar por decreto hasta diciembre, lo que posibilita legislar contra todo intento de agresión externa o interna. Y aún no ha fijado fecha para las elecciones. Todo indica que, de continuar con esta estrategia, requerirá de una fuerza propia, para enfrentar un nuevo intento de golpe por parte de la oposición, si es que efectivamente continúa sin fijar fecha de elecciones y se agota de ese modo la posibilidad de una transición por las urnas.
En efecto, frente a una notable influencia de la oposición en las FANB, el sucesor de Chávez apunta a apoyarse en nuevas formaciones: las Milicias Bolivarianas y las Milicias Obreras. El mes pasado, se realizó un ejercicio militar llamado “Escudo Bolivariano” con 80 mil soldados y milicianos, a los que se sumó la participación de 20 mil civiles. Del ejercicio, participaron soldados y buques rusos. Las Milicias Bolivarianas se crearon en el año 2008 como apoyo al resto de las FANB, y dependen del Presidente en sus aspectos operacionales y del Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en el aspecto administrativo. Según diferentes fuentes, hay más de 100 mil milicianos en todo el país y según Maduro, el número asciende a 400 mil.
En relación a las Milicias Obreras, estas fueron creadas en el 2013. En un principio, el fin era participar en la lucha no armada para “ayudar” en casos de guerra o desastre natural con el problema del abastecimiento y atención a damnificados. Sin embargo, Maduro mandató al Mayor General Gustavo González, comandante de las Milicias, al Almirante en Jefe Diego Molero, ministro de la Defensa y al Mayor General Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, (en ese entonces, miembros del alto mando militar) a “avanzar, lo más rápido posible, en el establecimiento y organización de las Milicias Obreras, como parte de la Milicia Nacional Bolivariana”.4 Sostiene que los “obreros milicianos” poseen armas para uso “excepcional” y se espera alcanzar el número de 1.5 millones. El año pasado, Maduro también anunció que su deseo era alcanzar los 500 mil miembros de la Milicia Nacional Bolivariana. Estas últimas, ya habían tenido un rol importante en el 2013, saliendo a controlar los precios en la llamada “guerra económica” que los empresarios estaban teniendo contra el gobierno.
Pero no solamente hubo una fractura en las FANB, sino que también se produjo un quiebre en el propio PSUV. El año pasado, el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, cuestionó la administración de las empresas nacionalizadas. Luego de estas declaraciones, Giordani dejó su cargo y acusó a Maduro de “no transmitir liderazgo, dar sensación de vacío de poder y tomar decisiones equivocadas en materia económica”.5 Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio, fueron dos funcionarios chavistas que respaldaron sus dichos. Navarro, ex ministro de Educación, terminó siendo suspendido de su rol dentro de la dirección nacional del PSUV. El diputado Freddy Bernal sostuvo que ninguno de ellos es un traidor, además de considerar importante que el Gobierno recurra a asesores económicos, “no solo chavistas”, para poder hacer frente a la crisis que vive Venezuela. Rafael Isea, ex ministro de finanzas y ex gobernador de Aragua, también se sumó a las críticas. El frente político interno muestra así un creciente agrietamiento.
El origen del final
Los tiempos post Chávez están caracterizados por la inestabilidad y la crisis en Venezuela. En ese marco, y ante el empeoramiento de sus condiciones de vida, la clase obrera parece dispuesta acercarse a la oposición. Las críticas, incluso, comienzan a escucharse en el interior del PSUV de la mano de dirigentes y funcionarios. La oposición avanza en un frente único, dispuesta a golpear electoralmente al gobierno y condicionar su futuro.
Sin embargo, Maduro no va a irse sin pelear. Por eso, no estipuló aún las fechas de las próximas elecciones, se blindó con superpoderes y se garantiza una fuerza armada disciplinada (las milicias). Además, no está solo: Venezuela está alineada con el eje imperialista de Rusia-China. En particular, con Rusia realizó actividades militares conjuntas. Más aún, Venezuela es vital para la estrategia rusa, junto con Cuba y Nicaragua, son los únicos tres puntos existentes para que sus aviones recarguen combustible, además de poseer intercambios militares.
Todo indica que se aproximan tiempos violentos en Venezuela. La coyuntura impone que los trabajadores no ingresen en el debate simplón de “Maduro o la derecha”, ya que independientemente de uno u otro, la tendencia es hacia el desmantelamiento por derecha del bonapartismo. La izquierda que ha caído en ese falso dilema, y por lo tanto sucumbido ante el chavismo, ha dejado a las masas sin demasiada opción. En estos años no se ha constituido en Venezuela una alternativa revolucionaria que permita oponerse a la salida por derecha que preparan tanto el gobierno como la oposición.
Notas
1http://goo.gl/V830Uh
2http://goo.gl/0uxTfU
3Rebelión 11/03/2015 http://goo.gl/GQ3BUf
4http://goo.gl/IGmsdC
5http://goo.gl/D1XMQt
