Bruno Magro
OME-CEICS
Si usted piensa que la “profundización del modelo” y la “sintonía fina” son solo patrimonio del relato kirchnerista, entonces lo invitamos a leer como los funcionarios del Partido Comunista Chino defienden sus intereses económicos, al tiempo que acuerdan un fenomenal ajuste sobre la clase obrera, para hacerle pagar los costos de la crisis mundial.
El estallido del 2008 desnudó las contradicciones de la inserción de China en la economía mundial. Ese país está en crisis debido a la caída de la tasa de ganancia, producto del aumento de la composición orgánica del capital,[1] que redundó en un aumento de los costos laborales (22% entre 2010 y 2012)[2] y una revaluación del yuan. Por este motivo, el Gobierno central busca desesperadamente elevar el ritmo de crecimiento, que ahora se ubica en torno al 7,6%, cuando antes de la crisis estaba en 11%. Su industria perdió competitividad y los capitales comenzaron a migrar a otros países, con costos laborales más bajos, como India, Tailandia, Vietnam. Incluso, se revalorizaron viejos reductos del capital, como México.[3]
Estos enfrentamientos entre países, y la agudización de la competencia capitalista, son expresión de los problemas de sobreproducción que arrastra el mundo capitalista desde mediados de 1970, que se vienen pateando por ciclos. A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2008, cuando Hu Jintao postergó el proceso de depuración del capital sobrante apelando al crédito blando y a una nueva ola de inversiones, el gobierno chino se prepara para avanzar sobre la clase obrera con el propósito de recuperar la competitividad de una industria exportadora. Veamos cómo los principales representantes del Partido Comunista Chino (PCCh) planean una serie de concesiones al capital extranjero: la reducción de salarios y la expulsión de mano de obra del campo y de las empresas públicas.
Va a estar bueno…
El economista Li Yining, profesor del flamante premier chino Li Keqiang, fue designado por el 18° Congreso del PCCh para liderar la vuelta hacia el camino de reformas iniciado por Deng Xiaoping en 1978. En efecto, las tendencias a la privatización y desregulación de la economía han determinado la vida de la economía china en los últimos 30 años. La excepción a la regla se dio entre 2003 y 2013, bajo la presidencia de Hu Jintao. Es que la expansión de las exportaciones chinas hacia occidente imprimió una dinámica económica con tasas de crecimiento superiores al 10%. Bajo su presidencia, China se convirtió en el taller del mundo, en la segunda economía del planeta y principal acreedor de EE.UU. Semejantes guarismos permitieron a Hu Jintao relajar la ofensiva a favor del mercado. Las empresas estatales chinas se transformaron en uno de los negocios más rentables del mundo debido a su lugar privilegiado y protegido, como es el caso de las ramas de energía y la banca. El capital extranjero, al obtener cuantiosas ganancias, relajó sus presiones para la profundización de las reformas.
Sin embargo, la agudización de la crisis del 2008, que significó el comienzo del fin de la relación económica y financiera con EE.UU., terminaría por disolver este impasse. Li Yining es alumno de economistas ortodoxos. En los ‘90 fue coautor del libro The Strategic Choice To Prosperity, en el cual fijaba la agenda para la transformación de las empresas estatales en Compañías de Joint-Ventures por acciones. A su vez, es impulsor del Proyecto 383, basado en un informe del Banco Mundial,[4] en el cual se contempla reducir el rol del Estado en la banca de crédito, la producción industrial y el uso de la tierra. Con estas medidas el PCCh busca, por un lado, otorgar mayores beneficios al capital. Por otro, aumentar las filas de la población sobrante, por la vía de expulsar mano de obra de las zonas rurales y empresas públicas, para que redunde en una disminución del salario y una mejora de la competitividad.
En cuanto a los incentivos al capital, se busca desregular la rama de energía y telecomunicaciones y abrir las empresas estatales a la inversión extranjera. El objetivo es atraer “inversionistas a fin de estimular la competencia doméstica”. Las empresas estatales serán divididas en pequeñas compañías para que compitan entre sí. Las importaciones de petróleo y gas también serán desreguladas. El Gobierno va a dejar de fijar el precio del combustible. En su lugar, se va a dividir a las grandes empresas estatales de energía y se va a privatizar la administración de los oleoductos. Los grandes clientes comerciales van a poder comprar directamente la provisión de energía a precios fijados por el mercado, erosionando la posición de las compañías de energía que sigan en manos del Estado. En cuanto al sector financiero, la participación estatal será gradualmente reducida y la propiedad de las acciones públicas quedará atada a la aceptación internacional. Con esta medida, junto a la creación de un sistema de seguro de depósito, se busca reducir la arbitrariedad gubernamental en materia monetaria para generar “confianza” a fin de posicionar al yuan como divisa en algunas regiones, y como reserva de valor internacional dentro de una década.
Sin embargo, estas medidas no alcanzan para recuperar la competitividad de la economía china y relanzar la acumulación a través de las exportaciones. Por la imposibilidad de devaluar, debido al costo económico y político de entrar en una guerra cambiaria con EE.UU., Japón y Corea del Sur, el Gobierno debe buscar abaratar la fuerza de trabajo por otra vía.[5] Por este motivo el PCCh, a diferencia de lo ocurrido durante la presidencia de Hu Jintao, deberá ir a un enfrentamiento abierto con la clase obrera china, cuya movilización viene en ascenso desde inicios de la crisis.
Después de la década ganada
En relación al ajuste sobre la clase obrera china, el gobierno busca transformar al impuesto al consumo como su principal fuente de ingresos. Esta medida facilitará a las empresas trasladar la carga impositiva sobre los trabajadores y reducir la distorsión y los costos directos sobre la producción. Sin embargo, el grueso del ataque a la clase obrera apunta a bajar salarios por la vía de estimular la competencia entre obreros. Es por ello que el acento está puesto sobre el aumento de la desocupación que va generar la expulsión de población del ámbito rural, por la sanción de la Reforma Agraria y de la privatización de empresas públicas.
Para engrosar la oferta de mano de obra, al mismo tiempo que se privatiza a las empresas públicas y se expulsa a sus obreros, se propone una Reforma Agraria que busca profundizar las relaciones capitalistas en el campo. Para ello, el Estado concede a los agricultores el derecho a vender el uso de las tierras de propiedad colectiva. Esto último, junto con la flexibilización del hukou (una especie de sistema de registro de residencia), los cientos de millones de trabajadores migrantes internos quedarán listos para ser asimilados a la fuerza laboral urbana. Hasta el momento, su registro domiciliario y los servicios sociales asociados se encontraban atados a sus villas o ciudades de origen, en lugar de estar definido en por el lugar de trabajo. Para garantizar su reproducción en el tiempo, en noviembre de este año se introdujeron cambios en la ley del hijo único, permitiendo tener hasta 2 hijos por pareja bajo ciertas condiciones, un hecho histórico. [6]
El conjunto de estas medidas preanuncian grandes convulsiones. Por un lado, la reforma agraria y la privatización de las empresas estatales elevarán la desocupación profundizando la tendencia creciente de los conflictos.[7] Además, permitirán la creación de un mercado de salud y de jubilación administrado por las entidades financieras. De esta manera, los trabajadores se harían cargo de pagar sus propios seguros médicos, lo cual agregaría más leña al fuego. Aun así, la clase obrera no será la única protagonista de las tensiones sociales y políticas, debido a que las “reformas pro-mercado” toca los intereses de fracciones de la burocracia estatal y los gobiernos locales.
Las tensiones también se desparraman al interior del PCCh, entre aquellas fracciones de la burocracia vinculadas a las empresas estatales y esta “nueva fracción” que intenta seducir al capital extranjero. Por último, el gobierno central quitará margen de maniobra a los gobiernos locales. En este sentido, una de las aristas de la reforma agraria es la centralización del control de la venta de tierras por medio de una compañía de activos de tierras estatales. Con ello se busca el manejo directo de los ingresos de esas ventas por el Gobierno central.
Estas tensiones no son otra cosa que la forma de manifestarse que adopta, en el ámbito nacional chino, el estancamiento de la tasa de ganancia y la sobreproducción que aquejan al mercado mundial desde mediados de 1970. Es en esta clave que debemos interpretar las reformas planteadas en el Proyecto 383. El nuevo giro “pro-mercado” no es otra cosa que un eufemismo para la implementación del proceso de depuración del capital sobrante acumulado al calor de una demanda mundial, alimentada por la creación de capital ficticio, y devolver al capitalismo chino las condiciones de rentabilidad suficientes para relanzar su acumulación. En esta disputa, ambas fracciones de la burocracia china acuerdan en algo: que la crisis la paguen los trabajadores.
1Mylène Gualard: “Los problemas de la sobreacumulación en China”, Revista de Economía Crítica, 2012.
2China Labour Bulletin, http://goo.gl/I8B3Bm
3The Economist, 10/03/2013.
4“China´s Third Plenum may be more than just talk”, US-China Economic and Security Review Commission. http://goo.gl/FvMo0Q
5Lewinger, Straffela e Ianuzzi: “Guerra cambiaria: ¿Falla de coordinación o forma concreta de una crisis de sobreproducción general capitalista?”, en Razón y Revolución nº 23, 2012.
6Clarín, 16/11/2013
7Idem
