Valeria A. Sleiman
Federico D. Genera
LAP-CEICS
El conflicto policial desató una crisis sin precedentes. El kirchnerismo, la oposición y gran parte de la izquierda dicen que son “extorsionadores”. ¿Cree usted que hay que reprimirlos? ¿Se debe apoyar el levantamiento? ¿Los efectivos policiales son obreros que deben gozar del derecho a agremiación? Si quiere conocer los pormenores del suceso, lea esta nota.
Durante más de una semana, el país se mantuvo en vilo. Las fuerzas policiales iniciaron una serie de medidas de fuerza que se extendió a 23 provincias. Las protestas dieron el marco propicio para una rebelión de la sobrepoblación relativa en forma de saqueos. El resultado fue de 14 muertos, cientos de heridos y un gobierno que comenzó su cuenta regresiva. Mucho se ha dicho sobre este fenómeno, pero poco se lo ha comprendido. A continuación presentamos un pormenorizado análisis del mismo.
Todos juntos
El conjunto de la burguesía salió a repudiar la movilización. Se creó, de hecho, un frente “democrático”. El kirchnerismo afirmó que se trató de “extorsionadores” que atentaban contra la democracia, justo cuando se cumplían 30 años. No faltaron las alusiones a la “narcopolicía”, que se estaría amotinando, cuando se pretendía investigarla. Capitanich, incluso, llegó a decir que se trataba de “grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar [que] están siempre al acecho…”. Toda una definición para un cuadro de la derecha. Sergio Massa también expresó su rechazo a la medida y se reunió con Scioli para abordar una solución en común. Felipe Solá, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y actual diputado por el Frente Renovador, afirmó que los policías no tenían ningún derecho a amotinarse, que sus acciones eran absolutamente ilegales y que ponían en riesgo al Estado. Macri, por su parte, se pronunció contra las huelgas en un sentido muy similar.
Todo este frente tuvo un aliado impensado: una parte de la izquierda. El PTS, por ejemplo, repudió las acciones de la tropa. Según su teoría, no se trataría de un justo reclamo sino de una extorsión que, en el caso de Neuquén, se produce a días de la condena a perpetua de un policía por un caso de gatillo fácil. Es decir, los efectivos se levantaron y se dispusieron a ser exonerados y reprimidos para defender un simple efectivo. Para eso, no habrían dudado en planificar una “pantalla” de reclamo salarial. Para este partido, un policía no es un obrero, sino un “represor”. Una nueva clase social. Una que, casualmente, ostentaría una función muy propia de gran parte del proletariado, como los docentes y todo el personal del Poder Judicial.
Otra de las razones que esgrimen los compañeros es que, según su perspectiva, las manifestaciones tienen como objetivo lograr “impunidad”. ¿La prueba? Observaron, en alguna manifestación, un cartel solidarizándose con las familias de los policías condenados. Eso sí, no leyeron los petitorios. El PTS dice que “estos reclamos policiales [pues] de concretarse significarán el fortalecimiento del aparato represivo y la búsqueda de impunidad para sus miembros” [1]. Además, especificó que con los aumentos, la policía iba a reprimir más. En concreto, llama a acallar el movimiento, al igual que el Gobierno y todo el arco opositor. Su posición es solidaria con el envío de la Gendarmería para reprimir a estos huelguistas y con las detenciones a los cabecillas. Es decir, se alinearon en el campo del frente de defensa de las instituciones, con Macri, Massa y Cristina.
El PO, en cambio, no sabe qué hacer. No tiene idea de lo que sucede ni una caracterización del personal en conflicto. El año pasado, frente al acuartelamiento de la Gendarmería y la Prefectura se acuartelaron en un reclamo salarial, propuso “un sindicato con derecho de huelga y poder de veto sobre las órdenes que impliquen ataques contra la lucha de clases del movimiento obrero y del conjunto de los explotados”[2]. Esta vez, en cambio, denunció que los reclamos de aumentos salariales eran para “seguir cumpliendo con sus actuales funciones represivas”[3], con lo cual, se insinúa, habría que habérselos negado. Pero, más adelante dice que “los garantes de última instancia del ajuste oficial han terminado asestándole un golpe feroz a ese mismo ajuste”. La desorientación llegó a tal punto que terminaron criminalizando los saqueos: “decenas de miles de vecinos se autoorganizaban para defender sus viviendas frente a las bandas organizadas, alentadas o vinculadas con la policía, que aprovechaban las zonas liberadas para realizar acciones de saqueo” y reclama “la necesidad de una investigación independiente de todas las acciones de saqueo y crímenes impunes en la provincia”.[4] Es decir, el saqueador es un “criminal”. Se ve que el Gobierno ya escuchó a Altamira y está realizando una implacable persecución. Ya tiene 1.300 detenidos. El PO puede darse por satisfecho…
Nadie les avisó a los compañeros que esa “autoorganización” consistía en el armamento de los dueños de los supermercados contra los trabajadores más sumergidos. ¿El PO repudia o no el asesinato de estos 14 obreros?
El tardío comunicado del FIT, por su parte, tampoco llama a apoyar a las huelgas policiales, ¿está de acuerdo con su represión? ¿Está de acuerdo con que se le aumente a los policías? Nada se dice…
La burocracia sindical estuvo por delante de todas estas cavilaciones pequeñoburguesas que afectan a la izquierda foucaultiana. Las tres vertientes de la CGT coincidieron en apoyar la protesta salarial de los policías a nivel nacional. Hugo Moyano, quien apadrina al Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope), ya el año pasado frente al conflicto con la Gendarmería –de similares características al actual- ordenó a Facundo Moyano y a Omar Plaini que avanzaran en un proyecto de ley para sindicalizar las fuerzas de todo el país. La iniciativa se concretó pero el expediente no tiene movimiento desde entonces. La CTA, con más astucia todavía, reclamó un aumento para todos los estatales y convocó a un paro nacional. Todo esto mientras el FIT los acusaba, una semana después, de “inmovilismo”….
Los levantamientos
El conflicto comenzó el 3 de diciembre de 2013, en la provincia de Córdoba, con el acuartelamiento de un sector de la policía por un reclamo salarial y mejoras en las condiciones laborales. Luego se procedió a una concentración en la capital provincial. En ese proceso, se fueron sumando policías de otras localidades del interior de Córdoba y se llegó a los 3 mil efectivos acuartelados. Los manifestantes pertenecían a los Comandos de Acción Preventiva (CAP), División Combustibles, Guardia de Infantería, Servicio Penitenciario, Cabildo, Protección de Personas, Bomberos, Caminera, Intendencia, entre otras divisiones de la policía provincial. Mientras tanto -y cerca del lugar en que se manifestaban los policías-, comenzaron los saqueos a distintos comercios. Los efectivos expresaron que no levantarían la huelga hasta tanto se les concediera el aumento de salario que reclamaban y se les asegurara que no serían sancionados por su participación en la protesta.
Al día siguiente y viendo que la situación se agravaba, el Poder Ejecutivo de la provincia solicitó ayuda al Gobierno Nacional para que enviase la Gendarmería para cubrir las tareas de seguridad. El pedido fue respondido 24 hs después, por lo que De la Sota responsabilizó a la Nación por las consecuencias de la demora. Rápidamente, Berni anunció el envío de dos mil gendarmes a la provincia.
El conflicto mermó en Córdoba con un primer acuerdo de aumento salarial. No obstante, se produjo un efecto contagio: el resto de los efectivos comenzó a exigir aumentos similares con idénticos métodos. La duración promedio de los conflictos fue de entre 2 y 3 jornadas de huelga en cada lugar. El resultado fue un aumento ante la pérdida del control social o el temor a que ello se produzca. En 16 de las 23 provincias, los efectivos se autoacuartelaron y se movilizaron, mientras que en restantes, los efectivos decidieron garantizar parcialmente el cumplimiento de sus tareas, pero movilizándose de todas maneras.
En La Rioja, la policía provincial se reunió en asamblea para decidir qué medidas tomar en reclamo de mejoras salariales y se desplazaron hacia la plaza principal de la capital, para manifestarse. En Catamarca, la policía fue reprimida por la Gendarmería -enviada por el Gobierno Nacional, a pedido del Ejecutivo provincial- y levantó la protesta que había iniciado. El conflicto comenzó cuando un grupo de uniformados entregó un petitorio al Jefe de Policía, Julio César Gutiérrez, en reclamo de incremento de sueldos. La protesta se trasladó al interior de la casa de gobierno, que fue tomada, con la consiguiente represión de la Gendarmería. La situación se calmó con la firma del acuerdo con el aumento salarial.
En Santa Fe, el conflicto fue iniciado por la Agrupación Profesional de Santa Fe (APROPOL). Bonfatti la denunció por supuesta “instigación a la sublevación”. Berni le envió 2.500 efectivos, entre gendarmes y prefectos, aunque no pudieron detener los saqueos. En Río Negro, el reclamo de la policía fue acompañado por ATE y la CTA, sin llegar al acuartelamiento. En Chubut, el año pasado la policía llevó a cabo una protesta de 19 días. Este año, 2.000 agentes participaron del reclamo y convocaron a un paro con el apoyo del Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh). En Tierra del fuego, la policía comenzó sus reclamos en septiembre de 2013 y, aunque no se acuartelaron, se sumaron al reclamo actual de sus compañeros de otras provincias.
Las provincias en las que el reclamo se desarrolló con mayor intensidad fueron Salta, Tucumán, Catamarca, Chubut y Córdoba, donde se inició el conflicto. Tanto Neuquén, Chubut como Río Negro son provincias que tuvieron experiencias conjuntas de reclamos salariales con la adopción de importantes medidas de fuerza en años anteriores. Lo mismo sucedió en San Luis.
Scioli se jactó haber evitado el reclamo policial. Sin embargo, el 8 de diciembre, un departamento de la Infantería de La Plata realizó una medida de fuerza, con acuartelamiento incluido. El reclamo, entre otras cuestiones, exigía cobrar lo mismo que sus pares de la policía Metropolitana. La protesta fue acompañada por la Asociación Comisario Meritorio “Juan Vucetich” y por el Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA). El foco de protesta se extendió también a Mar del Plata. Frente a este panorama, Scioli coordinó con Sergio Berni y con Alejandro Granados la conformación de un equipo que trabajará sobre cualquier desmán que ponga en riesgo la seguridad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, denominado “Comando Operativo de Acciones” a los fines de coordinar acciones entre la policía provincial y las fuerzas federales frente a los saqueos. Finalmente, estableció el aumento “por decreto”. Según el Gobernador, no se trató de una negociación, sino de una “decisión unilateral”. Claro, mediada por dos acuartelamientos y la amenaza de extender la protesta…
La única policía que se mantuvo al margen del reclamo fue la Metropolitana, creada por Mauricio Macri. Esto, porque sus condiciones salariales y laborales son superiores a las de cualquier policía provincial. Mientras el básico promedio de la policía provincial está en $3.200, la de la Metropolitana está en $11.000. Incluso, sus condiciones fueron utilizadas como referencia en varios petitorios.
¿Qué se pide?
Es importante distinguir quiénes son los que participan de la huelga y cuáles son los reclamos que se esgrimen para sostenerla. Recordemos que hasta fines del año pasado, y antes de las conquistas que se lograron con estas luchas, en cuatro provincias, los sueldos de un policía con cargo de ayudante o subinspector era de menos de $6.000 y en ocho provincias cobraban entre $6.000 y $8.000 si sumamos los suplementos y las compensaciones. En realidad, los salarios básicos oscilaban entre $3.200 y $3.300. El resto se completaba con sumas en negro (que no se computan para la jubilación) y horas extras (adicionales), manejados discrecionalmente por la cúpula policial, como forma de obligar a la obediencia. La exigencia de cobrar todo en blanco y equiparar el básico con los adicionales tiene una doble función: evitar los “trabajos” por fuera del servicio y debilitar la capacidad de control de la oficialidad.
Esta diferencia entre tropa y oficialidad pudo verse en el desarrollo del conflicto. En Córdoba, se estima que un 85% del personal policial adhirió a la huelga por demandas laborales. Mientras tanto, personal de alto rango en la fuerza continuó custodiando la seguridad pública. En Salta, participaron del acuartelamiento sólo los subalternos y los oficiales mantuvieron sus tareas normalmente, compartiendo la seguridad con los gendarmes que llegaron para reforzar los operativos. Ello demuestra que fueron los altos rangos quienes remplazaron a los subalternos en sus tareas. En San Luis, la custodia y represión estuvo al mando de “obreros puros”: un grupo de afiliados a la UOCRA patrullaron las calles ante la falta de policías, que permanecían en huelga.
Los petitorios que se realizaron en cada provincia demuestran el carácter obrero de la protesta, en tanto se dirigen al mejoramiento de las condiciones laborales del personal policial. Se solicitaban aumentos de los sueldos básicos, con conceptos remunerativos, lo que implicaba que deberían ser computables al momento del retiro. Se pedía por la recategorización y por derecho a huelga (lo que incluía la no aplicación de sanciones administrativas por participar de las protestas), seguro de vida obligatorio, asistencia médica especializada, así como también la proveeduría de elementos adecuados (chalecos, uniformes, etc.).
No es cierto, como dice el PTS o CORREPI, que se reclame “impunidad” para el “gatillo fácil”. En ningún petitorio aparece nada que remita a ese reclamo. Sólo encontramos un solo punto en uno de los petitorios de la policía de Misiones, que solicita mayor poder para la policía en los procedimientos que llevan a cabo. En todo caso, se debatirá el apoyo al reclamo en esa provincia. Pero estamos hablando de un levantamiento nacional. Hay otros 22 pliegos.
Las protestas de las fuerzas de seguridad dispararon en otros gremios negociaciones paritarias que tendrán como piso promedio el aumento del 30%. En paralelo a las medidas policiales, médicos y profesionales de la salud pública en once provincias realizaron paros, tomas de hospitales y asambleas en reclamo de aumentos salariales. La nómina de provincias coinciden con las que padecieron los conflictos más álgidos, a saber: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Catamarca, San Juan, La Rioja, Chaco, Salta, Jujuy, Santa Fe y Formosa. Los gremios que adhirieron fueron: Sindicato de Empleados Públicos (SEP), La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPros) entre otras.
Los empleados judiciales de Córdoba también se sumaron a los reclamos. Rechazaron la oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y tomaron el edificio de Tribunales. Además, anunciaron un paro de 24 horas. El TSJ les ofreció un 15% de aumento a partir del 1° de enero y el incremento fue concedido a cuenta de futuras recomposiciones. Los maestros también salieron a reclamar. CTERA dejó planteada en una reunión con Capitanich la reapertura de la paritaria nacional en diciembre (todos los años se reabre en febrero). La CGT opositora, en este contexto, exigió un bono de fin de año y anunció que no iba a negociar por debajo de lo que habían conseguido los efectivos policiales. En este contexto, Pablo Micheli, titular de a CTA disidente, fue el primero en anunciar que buscarán sumar a otros sindicatos para convocar a un paro y movilización para el 19 de diciembre.
El Estado tuvo una doble respuesta. Por un lado, aceptó el aumento de los salarios en todas las provincias oscilando entre el 100% hasta el 300% y descabezó a varias cúpulas policiales. Simultáneamente, enfrentó a la Gendarmería y a la Prefectura con los efectivos policiales en huelga y produjo una masiva persecución a los dirigentes, con un saldo de 1.300 detenidos, entre “saqueadores” y huelguistas. Claro, lo que no explicó el Gobierno Nacional es de dónde saldrán los fondos para cubrir estas erogaciones. En muchas provincias, antes de los aumentos, los fondos destinados a los salarios de las fuerzas de seguridad representaban más del 30% del presupuesto.
Es decir, estamos ante un enfrentamiento de una fracción de la clase obrera con el Estado, en defensa del precio de su fuerza de trabajo. Esta movilización encuentra una alianza objetiva, consciente o no, con otras fracciones de estatales y con la sobrepoblación relativa. El acuartelamiento permite a porciones enteras de obreros sumergidos solucionar sus problemas inmediatos. A su vez, los saqueos obligan a las autoridades a negociar aumentos a los huelguistas. La idea de “extorsión” es un argumento histórico de la burguesía para impedir el derecho a huelga y la izquierda haría bien en abandonar ese lenguaje. Los policías, como los médicos o los ferroviarios, ocupan un lugar sumamente sensible en el sistema. Un paro puede parar o incendiar el país. Es lógico que trabajadores que ocupan posiciones estratégicas estén en mejores condiciones para negociar sus salarios. El resto del proletariado, en lugar de despotricar por la suerte que le toca, debería sumarse al reclamo para tomar su fuerza, como efectivamente están haciendo los estatales.
La organización
A pesar de la polémica generada en torno a la sindicalización de las fuerzas, lo cierto es que esa experiencia no es novedosa. El personal de las fuerzas represivas comenzó a organizarse en el 2001. El 3 de diciembre de ese año se creó la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASSIP). La FASSIP está conformada por 23 sindicatos, con asiento principal en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. No es extraño que las huelgas se hayan producido en varias de ellas.
La FASIPP también forma parte de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica y apoyó los reclamos provinciales de los efectivos como también tiene una fuerte presencia en la lucha por la sindicalización. Es decir, no es cierto que los efectivos no estén organizados como cualquier obrero. Lo están, solo que la burguesía se niega a reconocerlo. Es cierto que ya hay varios proyectos del oficialismo y la oposición para levantar un sindicato. Justamente, se trata de reconocer un estado de cosas y tratar de intervenir en él colocando dirigente adictos. Mientras el Estado se haga el desentendido, florecerán dirigentes opositores. Estar en contra de la sindicalización es pedir que se restablezcan los “mandos naturales”, es decir, que la tropa obedezca sin chistar. ¿Y a quién obedece? A la burguesía, claro.
Para un balance
Asistimos entonces a lo que podemos denominar una huelga nacional con enfrentamientos -en algunos casos- de una fracción de la clase obrera con funciones centrales, apoyada por determinados sectores estatales, y acompañada por la rebelión de la sobrepoblación relativa. Todo esto, sin mayor coordinación ni conciencia de la unidad. Las huelgas policiales, si bien tuvieron el apoyo del moyanismo, no tuvieron una dirección clara.
No es la primera vez que se presenta esta escena en nuestro país. En 1989 y tras un fuerte proceso inflacionario, la sobrepoblación relativa provocó un levantamiento que fue enfrentado por la burguesía, en alianza con la pequeño burguesía y gran parte de la clase obrera ocupada que permaneció a favor de una alianza burguesa dispuesta a tomar el poder (PJ).
En el 2001, la sobrepoblación relativa se levantó en alianza con la pequeña burguesía. Una parte lo hizo de modo desorganizado (a partir de los saqueos) y otra parte de manera organizada (lucha de los piqueteros). Aquí, sin embargo, hubo una dirección en funciones. Una parte minoritaria de la clase obrera ocupada (estatales) apoyaba el movimiento, pero iba detrás de los acontecimientos. La mayor parte de la fracción ocupada permaneció al margen de los sucesos y luego se sumó a la represión (Rodríguez Saá, Duhalde).
En diciembre de 2013, podemos afirmar que estuvimos frente a una incipiente rebelión de la sobrepoblación relativa en alianza con una fracción que representaba lo más atrasado –en términos de organización y conciencia- de la clase obrera ocupada (trabajadores de las fuerzas represivas). Estas últimas, con ayuda de las primeras, detonaron el levantamiento del resto de la clase obrera, en particular, los estatales. Frente a ellos, se estableció un amplio frente burgués, muy proclive a cooptar a la pequeño burguesía pauperizada (caceroleros). El proceso sigue abierto, pero es lógico que los trabajadores policiales se retiren al haber conseguido importantes aumentos. Eso no tiene que ver con que no son “obreros”. Normalmente, y en ausencia de una dirección clasista, un gremio que consigue satisfacer sus demandas abandona la lucha, e incluso puede convertirse en fuerza de choque de la patronal.
A diferencia de lo que sucedió doce años atrás, la izquierda no se preparó para este combate. No intentó acercarse a los trabajadores policiales ni continuó el gran trabajo hecho en la década del ’90 en la población sobrante. ¿Por qué? Porque abandonó el estudio de la realidad por fórmulas religiosas: el agente que trabaja 14hs. por día por un sueldo miserable es un “cosaco” y el obrero desocupado, un “lumpen”. Y porque no puede salir de su cómoda posición minoritaria. Tiene miedo de ser barrida en los grandes eventos. Conclusión: la mayor crisis nacional de los últimos diez años encontró a los principales partidos sin rumbo. Con todo, la oportunidad no se ha perdido. Es cuestión de elaborar un balance, abandonar la adolescencia política y levantar la apuesta. Podemos quedarnos realmente con todo.
1http://goo.gl/lk6c4A.
2http://goo.gl/KXTFdh.
3http://goo.gl/BHu3qC.
4http://goo.gl/lykBUF.
