Custodios orientales. Policías en los Centros Educativos uruguayos

Desde hace ya varios años, numerosas escuelas uruguayas han incorporado efectivos policiales como respuesta a las situaciones de violencia vividas en los establecimientos y sus alrededores. Sin embargo, no se trata de un servicio a disposición de todos los centros educativos. Cada una de las escuelas debe contratarlo en forma individual. En las escuelas públicas, muchas veces esa presencia es garantizada luego de años de reclamos, peticiones formales, paros y movilizaciones.

Como suele ocurrir frente a este tipo de hechos, algunos intelectuales sostienen que se trata de una salida represiva a un problema que, en realidad, sólo existe en el imaginario: la denominada “sensación de inseguridad”. Mientas los especialistas, aquí y allá, nos hablan de “impresiones”, un informe de la UNESCO¹ publicado este año resulta elocuente: Argentina se ubica en el primer puesto de un ranking, realizado entre 16 países, sobre niveles de violencia en las escuelas. Nuestro país lidera todos los rubros: violencia física, verbal y robos. Por su parte, Uruguay se posiciona en cuarto lugar. Veamos cuál es la situación que atraviesan las escuelas uruguayas y cómo la intervención policial se gesta y desarrolla.

Tres patitos

En el año 1964 fueron sancionadas dos leyes que habilitaron al personal policial uruguayo a realizar tareas de vigilancia en forma adicional. Por un lado, el artículo nº 222 de la Ley 13.318 autorizó a la Jefatura de Policía de Montevideo y a la Prefectura General Marítima a prestar servicios suplementarios. Asimismo, la Ley 13.319 del mismo año extendió aquella autorización a todas las jefaturas policiales del país.² El comúnmente denominado “servicio 222” puede ser solicitado por entes autónomos, servicios descentralizados, intendencias municipales y cualquier otro organismo del Estado, empresas privadas o particulares. Ese marco general permite que los centros educativos contraten personal policial.

En términos generales, los policías realizan el servicio 222 durante su “tiempo libre”, de manera optativa, como una estrategia para compensar sus salarios. Cabe destacar que dicha elección se encuentra ampliamente extendida. Según el Censo Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior realizado en 2007, un 50,4% del total de efectivos policiales cumplía el Servicio 222. En promedio, cada policía realizaba 3 horas y media adicionales por día de trabajo ordinario. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Ley de Presupuesto Nacional Período 2010-2014 contrajo la cantidad de horas que cada efectivo puede realizar en concepto del “222”: de un tope de 200 horas mensuales se pasó a 150. La ley prevé sucesivas reducciones: 120 horas en 2012, 100 en 2013, 80 en 2014 y 50 en 2015. Según el Director General de Secretaría del Ministerio, Charles Carrera, muchos policías trabajaban hasta 16 horas por día, lo que minaba su rendimiento.³ Por otra parte, existían numerosas denuncias por corrupción avaladas, incluso, por el propio Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El funcionario señaló como ejemplo la designación de diez policías para realizar un trabajo en los talleres del Complejo Carcelario de Montevideo, cumplida sólo por tres de ellos ya que los restantes habían ido a realizar tareas de “222”. No obstante, los diez habían cobrado el trabajo.⁴

¿Prevención o estrategia de supervivencia?

Hasta aquí, el “222” podría ser visto como un servicio similar a los “adicionales” que efectúa la policía en Argentina. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que esa tarea sea realizada dentro de las escuelas. También que forme parte de las demandas sostenidas por los gremios docentes. En efecto, la presencia policial en el espacio escolar es vista como una herramienta para prevenir y dar respuesta a las frecuentes situaciones de violencia que se viven en los establecimientos educativos uruguayos y en sus inmediaciones. En ese marco, durante todo el año, distintas escuelas secundarias realizaron movilizaciones y paros exigiendo la contratación de porteros y del servicio policial. Muchas de ellas cuentan con miles de alumnos y muy poco personal, en particular, no docente. En algunos casos, escuelas con hasta 4 mil alumnos no cuentan con un auxiliar o portero encargados, entre otras cosas, de identificar quién entra y quién sale de la escuela. Es por ello que, desde el año pasado, la dirección de Secundaria promueve el uso de algún tipo de uniforme en cada uno de los Liceos para lograr distinguir rápidamente a los alumnos pertenecientes a la escuela de los visitantes foraños. Ya había intentado implementarse tal medida en 2009 pero fue resistida por algunas comunidades educativas. Sin embargo, frente a los numerosos casos de violencia entre alumnos y no alumnos, la mayor parte de los liceos generó estrategias en ese sentido.⁵ Otro ejemplo de la situación que atraviesan las escuelas uruguayas es el Liceo “Bauzá”, al que concurren 3 mil alumnos. En octubre, cerró sus puertas durante tres días por las reiteradas situaciones de violencia (fundamentalmente, golpes y robos) ocurridas dentro y fuera del establecimiento. El conflicto se destrabó cuando el Ministerio del Interior dispuso la presencia de un policía en la puerta del liceo de lunes a viernes desde las 7.30 hasta las 23 hs.

Todos esos episodios forman parte de un cuadro más general. Ya en 2007, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria -ADES- denunciaba que cada dos días, aproximadamente, recibía noticias de un nuevo hecho de violencia y, en ese marco, reclamaba la presencia del servicio 222 en los establecimientos.⁶

Escuelas y Policías

A partir del 2008, la “seguridad” en las escuelas secundarias uruguayas comenzó a reformularse con la creación del programa “Construyendo una Comunidad Educativa más Segura”, dependiente del Consejo de Educación Secundaria y el Ministerio del Interior. En teoría, el programa apunta a fortalecer la seguridad en los centros educativos y su entorno a través del entrenamiento y capacitación de funcionarios policiales “especializados”. En noviembre del mismo año, el Ministerio del Interior presentó un plan que supondría un modelo de abordaje especial para las escuelas. El nuevo servicio, gerenciado por la Oficina de Programas Especiales del ministerio, brindaría respuesta frente a situaciones problemáticas, garantizaría el patrullaje, diagnóstico y asesoramiento en la prevención de delitos. A su vez, buscaría acentuar el “perfil humano” del personal asignado, su aptitud psico-profesional y su adecuación a las características de los liceos en los que les compete intervenir.

De acuerdo a un informe publicado por el Ministerio del Interior, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de este año -es decir, en sólo tres meses- el programa intervino en 1.516 infracciones.⁷ En 2010, durante el mismo período, se habían registrado 2.701 casos. En ese marco, la reducción del “222” se presenta como un problema para las comunidades educativas. Si antes de la entrada en vigencia de la ley de presupuesto existía un déficit de cobertura que rondaba las 2 mil horas mensuales, durante los últimos meses éste se elevó a 9 mil. Según el Director del programa Comunidad Educativa más Segura, Carlos Vázquez, dicho déficit tendría dos explicaciones adicionales. Por un lado, otros contratistas, como el sector bancario, pagarían mucho más por el servicio. Por otra parte, llamativamente, los policías no querrían trabajar en las escuelas secundarias ya que se trataría de espacios mucho más conflictivos y hostiles.⁸ Que la policía no se atreva a reprimir en las escuelas resulta todo un síntoma de la realidad a la que deben enfrentarse día a día alumnos y docentes.

Nunca es triste la verdad

Uruguay, con aproximadamente 3,5 millones de habitantes, presenta anualmente alrededor de 180 mil denuncias por delitos.⁹ Para comprender la demanda de policías en las escuelas, a esos índices de violencia deben adicionarse las condiciones particulares en las que debe funcionar el sistema educativo. En este sentido, si tomamos en consideración la existencia de escuelas con miles de alumnos y muy poco personal -docente y no docente-, resulta evidente que la presencia policial se ha convertido en una estrategia de supervivencia frente a un contexto social sumamente violento. Está claro que esa presencia representa un problema grave. Las fuerzas policiales son una fracción del brazo armado del Estado burgués que legitima todo tipo de atrocidades bajo el imperio de la ley. Como si ello fuera poco, durante décadas ha dado cuenta de su elevado grado de descomposición: miles de casos de gatillo fácil, corrupción, trata de personas, tráfico de armas y drogas, etc. Sin embargo, ese hecho no puede llevarnos a desconocer la realidad que transitan cotidianamente las escuelas, atravesadas por múltiples situaciones de violencia. Por ello, no debe sorprendernos que la vigilancia policial sea un reclamo compartido, incluso por los gremios docentes. En todo caso, esa triste realidad nos obliga a replantearnos dónde se ubican las bases de tal situación. Elevados índices de desocupación entre los jóvenes,¹⁰ niveles altísimos de emigración, inexistencia de un futuro próspero y la consecuente pérdida de horizontes sociales, dan cuenta de la descomposición de la sociedad (capitalista) uruguaya. Por su parte, la educación no puede dejar de dar muestras de ese cuadro más general que la atraviesa. Todo ello pone en cuestión la pervivencia de un sistema social que condena a la escuela, una de las creaciones más maravillosas de la humanidad, a parecerse cada día más a una prisión.