Mi vecino, el asesino. El debate sobre las cámaras filmadoras en las escuelas porteñas

Cuidar el perímetro de las escuelas, prevenir el delito y, en el caso de que éste ocurriera, contribuir a encontrar a sus responsables. Esas tres son las ventajas enumeradas y la defensa realizada por el Ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, al respecto de la instalación de cámaras filmadoras en las escuelas porteñas. El proceso fue colocado en suspenso por la actuación de oficio de la jueza Elena Liberatorio quien dio lugar a un recurso de amparo argumentando que la medida era contraria a derecho al violar la privacidad de los alumnos. Como era de esperar, la medida generó (falsos) cruces de un lado y de otro. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sindicato que presentó una medida cautelar, a través de Eduardo López, acusó al macrismo de utilizar las cámaras como “herramienta de control”. En el mismo sentido, la jueza Liberatori, consideró que se violaba el derecho a la intimidad de los alumnos. Desde el macrismo, acusaron al gremialista de “generar un sentimiento de miedo” en las comunidades educativas y del uso político de la iniciativa a la jueza. El gobierno nacional, intentó llevar agua para su molino. Así, en un primer momento, Sileoni declaró que para “supervisar las acciones de los chicos están los docentes”. Aunque destacó que el sistema de cámaras se encuentra extendido a hospitales y oficinas públicas, por lo que descartó la intencionalidad de perseguir políticamente a los alumnos. Mario Oporto, Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, intentó deslindarse en forma más radical y declaró: “nosotros nunca pensamos en un proyecto similar porque la iniciativa es susceptible de vulnerar la intimidad de los alumnos”. Como veremos, si las palabras del ministro bonaerense son ciertas debe de ser porque la ciudad de La Plata ya no forma parte de la provincia de Buenos Aires. Esta farsa de acusaciones en el marco de la pequeña política encubre un problema mayor: la concepción de la escuela como un atalaya policial.

The Truman Show

Un primer punto a destacar es que la iniciativa porteña dista de ser novedosa. Solo en el restringido ámbito educativo se cuentan por lo menos otras tres provincias que avanzan, en forma tenue, en la colocación de cámaras filmadoras en los establecimientos escolares. En junio de este año, el municipio de La Plata, a raíz de un enfrentamiento en las inmediaciones del normal nº 3 decidió colocar cámaras filmadoras en las inmediaciones de dos escuelas consideradas conflictivas¹  y nada hace prever que la iniciativa no se extienda. Por su parte, la provincia de Córdoba hizo lo suyo en más de 20 ciudades de la provincia y en la capital. Aquí, mientras la ciudad porteña promete que funcionen en horario extra áulico, las cámaras “antivandálicas” operan las 24hs. No obstante, las declaraciones del Ministro de Educación cordobés se colocan en sintonía con lo formulado por Bullrich. En efecto, el ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, consideró que “las cámaras tienen un efecto disuasivo para proteger al entorno escolar. Los saqueos, robos y vandalismo son temas que preocupan y duelen a toda la comunidad educativa”.²  A diferencia de lo que ocurre en Capital, en “la docta” la medida cuenta con el consenso de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). El titular del gremio, Juan Montserrat, consideró que “es una estrategia de seguridad, no está mal”. En la ciudad de Rosario, se planeaba la colocación de cámaras en colegios, boliches bailables y otros “puntos conflictivos” neurálgicos para fin de año.³ De generalizarse la propuesta, sólo en esas cuatro jurisdicciones, se afectaría al 60% de la matrícula escolar.

Tampoco se trata de una iniciativa exclusiva del ámbito educativo local. Ya sea por la vía pública estatal o desde gestiones privadas, el sistema de filmación digital de escuelas prolifera por el mundo. En todos ellos, la defensa de la seguridad y la prevención del delito se encuentran a la orden del día. EE.UU., México, Colombia, Perú, Chile y Brasil son algunos de los países que han avanzado en esa dirección. No obstante, para dar un ejemplo reciente, la “masacre” protagonizada por “Wellington” en Río de Janeiro resulta ilustrativa de cómo el circuito de video preventivo no impidió el ingreso de un extraño armado a un establecimiento público.

En realidad, lo que hoy día el macrismo pretende implementar es una política que se encuentra ampliamente extendida en el conjunto del territorio para el espacio público: la instalación de cámaras de video para prevenir el delito. Tucumán, Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Córdoba, Ushuaia son algunas de las provincias que avanzaron en la colocación de circuitos de video por monitoreo central. Y la lista podría extenderse a todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el partido de Tigre, administrado por Sergio Massa, resulta uno de los casos más resonantes. Junto a él, se ubicó en la vanguardia la ciudad de La Plata. Hacia 2010 más de 132 municipios bonaerenses habían adherido al sistema.⁴ En la ciudad de Buenos Aires, la práctica también se ha generalizado a buena parte de los barrios porteños.

Una respuesta técnica para un problema social

La propuesta de instalar filmadoras en las escuelas porteñas ha sido bien acogida por padres, directivos y docentes. De hecho, el gobierno sostiene que las cámaras fueron “a pedido” de directivos de escuelas problemáticas. Es evidente que una cámara en la entrada o en algún pasillo puede disuadir a más de uno y es lógico que docentes y padres pidan ser protegidos. Por lo tanto, en principio, la medida no está mal en sí misma, siempre que la cámara no llegue al aula o a sala de profesores. Es decir, que no se utilice con fines de espionaje.

Ahora bien, corresponde preguntarse si el costoso sistema que pretende instalarse ha reducido el delito. En el ámbito educativo si tomamos el ejemplo de Río de Janeiro no pareciera impedir hechos de violencia. En un plano más general, los datos tampoco parecen ser halagüeños. En San Isidro, provincia de Buenos Aires, la Procuración de la Provincia dio a conocer que en el mes de mayo de 2010, el sistema de monitoreo permitió la detención de 22 sospechosos sobre un total promedio de más de 6 mil casos radicados en el distrito. En 2009, un informe interno de Scotland Yard, que trascendió a la prensa a través del Diario The Independent, argumentó que el sistema de monitoreo no producía resultados acordes al gasto fiscal que ocasionaba: sobre mil cámaras instaladas se había resuelto apenas un solo caso en Londres.⁵ Se estima que el promedio de cámaras por habitantes en el territorio británico es de 1 cada 14.

Buena parte de la iniciativa presupone que un instrumento técnico -las cámaras y el sistema de monitoreo- permitirán solucionar lo que es un problema social: el delito y la “inseguridad”. En el mejor de los casos, paliarán alguno de sus síntomas, lo que puede ser una protección momentánea para el docente.

Buena parte del debate dista sobre las características que debe asumir la escuela como atalaya policial. Sólo al reducirla a un espacio de observación policíaca se comprende la discusión actual en torno a si las cámaras se ubican en los perímetros de la escuela, en los laterales, al ingreso, acompañadas de sistema de alarmas y de detectores de metales, enfocando espacios comunes en donde nadie puede sentirse observado especialmente, apuntando o no a patios y aulas, etc. Entroncando en un clima de época “pro-seguridad” es que se comprende que el mismo Eduardo López de UTE haya exclamado en conferencia de prensa “queremos cámaras pero no dentro de las escuelas”. También la iniciativa vigilante unifica a kirchneristas y macristas porque en definitiva unos y otros por más que digan lo que digan, hacen lo que hacen. Únicamente la reducción de la escuela a un espacio de vigilancia permite comprender la “racionalidad” de erogar una inversión de más de 500 millones de pesos en la instalación de un sistema de seguridad. La cifra no resulta despreciable: equivale a la totalidad del pago anual de becas escolares y quintuplica el presupuesto destinado a las cooperadoras escolares en la Capital.

De relaciones trastocadas

Siendo obligación de los docentes “el velar por la conservación y el uso debido de los bienes a su disposición” (Estatuto Artículo 6º inciso g) no extraña que los directivos, en particular, y los docentes hayan defendido la propuesta. Seguramente, resolverá algunos de los problemas de su vida laboral cotidiana. Sin embargo, cabe reflexionar sobre un punto mayor. ¿Qué es lo que implica que una escuela sea objeto de la “delincuencia”? El problema detrás de la seguridad en la escuela es qué tipo de relación ella construye con su “ambiente” o contexto inmediato. Si la escuela no tiene ningún tipo de relación con la sociedad circundante no extraña que esa ausencia de vínculo sea devuelta bajo la forma de desprecio colectivo y la torne un ámbito más vulnerable a la “delincuencia” externa. Queda en claro la propuesta de escuela-fortín por parte de oficialistas y opositores. Una fortaleza que, de continuar la miseria y la descomposición social, no tardará en ser vulnerada. Incluso por aquellos mismos que deberían defenderla (léase mafia policial). Desde el campo revolucionario, debemos organizarnos para construir en ese mismo espacio una escuela al servicio de aquellos que pueden rescatarla del lugar de miseria social al que la burguesía la ha reducido.

Notas

¹ La Nación, 17/6/2011.
² Véase www.cadena3.com/contenido/2011/07/14/80559.asp, consultado el 22/8/2011.
³ Véase www.bientemprano.com/?noticia=pondrian-camaras-de-seguridad-en-la-puerta-de-escuelas-y-boliches-bailables, consultado el 22/8/2011.
⁴ Véase www.noticiasjudiciales.info, consultado el 22/8/2011.
⁵ Véase www.independent.co.uk/news/uk/crime/cctv-in-the-spotlight-one-crime-solved-for-every-1000-cameras-1776774.html