Por Bibiana Tevez – Los datos revelan una realidad alarmante. La muerte, el horror y la negligencia visitan a los geriátricos asiduamente. Los ancianos que residen en estas instituciones garantizan con su cuerpo la rentabilidad. Una mayor renta se obtiene si se reducen costos. Una manera es acortando la cantidad de personal, reduciendo la calidad y cantidad de alimentos y sobrefacturando los servicios brindados. Las causas de los sucesos son múltiples: instalaciones que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad y albergan más ancianos de la capacidad permitida. El resultado es siempre el mismo: la muerte.
Este artículo se concentra en torno a los “casos de accidentes en geriátricos”, de los últimos siete años. El objetivo principal es determinar cuáles son las causas que los producen y quiénes son los responsables directos de los siniestros. Los accidentes no constituyen un hecho aislado, sino un fenómeno recurrente. Entre 2001 y 2008 registramos 30 muertes bajo situaciones similares, que remiten a las falencias en materia de la seguridad edilicia y a la responsabilidad de sus dueños. El análisis de estos elementos y de la situación del resto de los geriátricos en la Ciudad de Buenos Aires, nos lleva a concluir que las causas de los siniestros se encuentran en determinaciones generales, que llevan a que el conjunto de la rama funcione en las mismas condiciones. El análisis de los hechos nos permite demostrar que las causas de este verdadero “gerontocidio” deben buscarse en las condiciones normales del funcionamiento de la sociedad capitalista, es decir, que se trata de otro crimen social.
Condiciones laborales
Es claro que, ante un siniestro los ancianos no pueden evacuar la clínica con rapidez, ya que muchos de ellos se encuentran en sillas de ruedas, tienen problemas motores o directamente están postrados. La cantidad de ancianos que quedan a cargo de una sola persona es la variable que determina las posibilidades que tendrán los habitantes del geriátrico de evacuarse ilesos en caso de un accidente.
Es un reclamo de los trabajadores de sanidad la sobrecarga de tareas que tienen enfermeros y asistentes de geriátricos. Según el convenio colectivo de trabajo n° 122/75, que regula las condiciones laborales de los trabajadores de la Sanidad, mientras que a una enfermera de piso de clínicas, sanatorios y hospitales privados, se le podrán asignar hasta 12 camas en horario diurno y hasta 14 para el horario nocturno, a una asistente de geriátrico se le pueden asignar hasta 24 camas en horarios diurnos y hasta 35 camas en horario nocturno. Es decir, que en un geriátrico el personal de día está a cargo del doble de camas que el personal de una clínica. En el caso del trabajador nocturno de geriátrico es todavía más grave, pues es responsable de atender casi el triple de camas que una enfermera de clínica o sanatorio.
La sobrecarga de tareas es uno de los reclamos más comunes de las enfermeras, tanto por la cantidad de camas que deben atender como por las tareas extras que se les intenta adosar bajo el pretexto de la polifuncionalidad (por ejemplo, tareas propias de los camilleros u otro personal del hospital). El asistente de geriátrico, según el convenio, se desempeña exclusivamente en un alojamiento permanente de ancianos, de cualquier establecimiento asistencial y efectúa la limpieza e higiene de las habitaciones, muebles y demás dependencias; sirve y suministra alimentos, ropa limpia, y está destinado al cuidado de los ancianos, viste e higieniza a los mismos, les suministra medicamentos y efectúa curaciones. Por si todo esto fuera poco, según denuncian trabajadores de sanidad, en el sector hay un nivel muy elevado de empleo en negro: asistentes de geriátricos y enfermeras realizan otras actividades por fuera de lo estipulado en convenio, como cocinar, por ejemplo.
¿Por qué el Estado no controla los geriátricos truchos?
La actividad está reglamentada por el decreto 609, que establece una serie de requisitos precisos para su habilitación y funcionamiento. Y para establecer mayores controles, en julio de 2005 entró en vigencia la ley n° 1003 que establece que los geriátricos deberán inscribirse en un registro especial que manejará la Unidad de Control de Geriátricos creado por el Gobierno porteño. Cada geriátrico deberá contar con un profesional responsable a cargo del establecimiento y su personal estará obligado a capacitarse. Sin embargo, es común que la realidad se aleje de la ficción jurídica. Una investigación llevada a cabo por el diario Clarín sobre la clausura de un geriátrico en la calle Francisco Bilbao al 1700 del barrio de Flores, que no tenía habilitación, ni placa identificatoria, ni faja de clausura, muestra los límites de la “voluntad” de control del Estado. En ese caso, la Agencia Gubernamental de Control Comunal dijo que en los geriátricos no se coloca faja porque se permite que los residentes permanezcan en el lugar. La sanción abarca únicamente la prohibición para nuevos ingresos.
En la ciudad hay habilitados 599 geriátricos, que figuran en una lista oficial que puede consultarse por Internet, en el sitio del Poder Ejecutivo porteño (www.buenosaires. gov.ar). “Se procede a la clausura de los geriátricos cuando no están habilitados o no cumplen con las condiciones mínimas que exige la ley para la seguridad, higiene y salubridad”, explica el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, “o porque se les pidió en una primera inspección que hicieran mejoras y no las realizaron”. De acuerdo al funcionario, hay 63 geriátricos para los cuales se pidió a la Justicia el desalojo porque hay casos extremos, donde los abuelos viven hacinados en lugares donde no se respeta la capacidad que permite la habilitación y no cuentan con la cantidad de personal adecuada para atender a tanta gente. Además, según la Defensoría de la Tercera Edad y la Unión de Geriátricos Privados, funcionarían otros 400 geriátricos ilegales en la ciudad de Buenos Aires. La defensoría estima que en cada geriátrico ilegal viven entre siete y diez personas. O sea, una población total de unos 3.000 adultos mayores habita en residencias exentas de todo control. La Unión Argentina de Prestadores de Gerontológico, que agrupa a más de 200 geriátricos de todo el país, señala que difícilmente la cuota mensual de un geriátrico legal sea inferior a los $1.000, cifra que no todas las familias están en condiciones de pagar, mientras que uno ilegal cobra en promedio unos $300 por mes en los barrios más humildes de la ciudad.1
Familias que en general ya viven en un espacio reducido, no disponen ni de lugar en sus casas ni de tiempo para dedicar al cuidado de los ancianos. Acceder a una plaza cubierta por PAMI es una odisea imposible.2 Por ende la contratación de los servicios de un geriátrico en negro se constituye para muchas familias en la única opción. Como señala una trabajadora social, los ancianos internados en geriátricos clandestinos son los de más bajos ingresos, que “de vivir solos ni siquiera garantizarían una ingesta diaria”. Muchas veces, según esta misma autora, son los mismos servicios sociales de hospitales públicos o de la Curaduría los que derivan a los ancianos a este tipo de albergues, ante la ausencia de lugares públicos y gratuitos y dado el alto costo de las instituciones privadas legales.3 Dicho de otra manera, la clase obrera está condenada a muerte en tugurios infames. Una muerte lenta, silenciosa, que sólo sale a la luz cuando la magnitud del hecho hace imposible mirar para otro lado. Un verdadero crimen social, cuyo único límite es el fin de la sociedad que lo produce.
Notas
1La Nación del 22/8/07.
2El gobierno subcontrata hogares de ancianos privados. Así la nueva política en salud es en realidad una política económica de promoción de los negocios privados en el ámbito de salud y sólo obedece al propósito de construir a este campo en un terreno de acumulación.
3Danel, Paula: “Hacia la comprensión de la existencia de hogares geriátricos clandestinos”, http://www.topia.com. ar/articulos/405-madres-3.htm
