Argentina modelo La Salada.
Por Julia Egan
El fenómeno de las ferias y la venta ambulante se expandió con la devaluación de 2002 y tomó nuevo impulso con el proceso inflacionario de los últimos años. Las disputas periódicas por la más importante de ellas, La Salada, que involucra a barrabravas y patota vinculados con corrientes políticas variopintas, da cuenta de la importancia del negocio puesto en juego. La venta ilegal de mercancías, producidas en condiciones igual de ilegales, implica en su mayoría el comercio de ropa. Para entender su expansión, debemos explicar primero el funcionamiento de la industria de confección de indumentaria en nuestro país.
La industria de la confección argentina es una rama que presenta un mayor atraso en relación con el resto de la economía por su baja mecanización, un problema que arrastra históricamente. Esto implica que se trata de una rama que utiliza proporcionalmente más trabajo humano. De allí que, para poder garantizar su ganancia, los empresarios de la actividad deben recurrir a la degradación de las condiciones de trabajo a partir de una explotación intensiva de los trabajadores. Debido a la baja mecanización, el capital necesario para entrar en producción es pequeño, de ahí la proliferación de los talleres de costura, que son una forma de tercerizar la producción.
En el caso de los costureros de los talleres ilegales (los mal llamados “esclavos”), esto se expresa en jornadas de trabajo que superan las 12 horas diarias, magros salarios y condiciones de trabajo y de vida insalubres. Al percibir salarios muy bajos, trabajar muchas horas y, en muchos casos, provenir de otros países, los trabajadores deben acceder a vivir en los talleres. Allí conviven en las peores condiciones de seguridad e higiene y reciben una mala alimentación que los condena a males como anemias crónicas y tuberculosis, enfermedad que había sido erradicada pero que resurgió en los últimos años al calor del crecimiento de la actividad. Pero también los obreros registrados la sufren: no solo por el incumplimiento de la normativa laboral, sino porque en la actualidad su salario de convenio apenas alcanza los $3000 para un medio oficial, no tan lejos del percibido por el supuesto “esclavo”. En todo el país, los trabajadores de la actividad se enfrentan a la liquidación irregular o falta de pago de los salarios, falta de cobertura de las ART y, en los casos más extremos, perdida de los puestos de trabajo por las sistemáticas quiebras en el sector. Lejos de tratarse de relaciones sociales de producción de tipo esclavista, se trata de las condiciones normales en que los capitalistas de la rama explotan a sus trabajadores, ya que de otra forma no podrían sobrevivir en el mercado. Este esquema se reproduce, salvo en contadas excepciones, al nivel de la actividad (recordemos todas las denuncias a marcas reconocidas por “trabajo esclavo”).
Este tipo de talleres son los que proveen la ropa que se vende en las ferias, aunque también trabajan para empresas en condiciones de legalidad, que también buscan salir airosas de la competencia. Es por eso que el propio Estado debe garantizar su reproducción. Por un lado, desentendiéndose de las políticas de inspección ya sea a partir de la corrupción policial, reduciendo el número de inspecciones o desmantelando las oficinas dedicadas a tal fin. Por ejemplo, la Secretaría de Empleo del GCBA tiene una oficina dedicada al Registro de Trabajo a domicilio, que se ocupa del registro legal de empresarios, talleristas, intermediarios y obreros. En 2014, solo registró 196 talleristas habilitados, 2 intermediarios y 54 obreros, cuando organizaciones como La Alameda denuncian la existencia de al menos miles de talleres y obreros en condiciones ilegales. Por su parte el Estado Nacional tampoco hace demasiado por controlar estos talleres. Basta con señalar la existencia de un mínimo de 46 mil puestos de ventas en el país que se dedican a la venta de indumentaria en un 80%, según denuncia la CAME. ¿Quién los provee? Esto sucede a la vista de todos, mientras el Estado permite que haya todo un conjunto de trabajadores que sufren condiciones laborales y de vida degradantes, en lugar de velar por sus derechos y sancionar a los capitalistas que no cumplen con sus obligaciones. Y cuando el Estado realiza allanamientos y clausura talleres clandestinos tampoco ofrece una alternativa a los trabajadores que quedan desempleados. El Estado debería hacerse cargo de emplear a esos trabajadores, estatizando los talleres, poniendo a los trabajadores en regla y permitiendo que ellos gestionen la producción. De esta forma, combatiría realmente las paupérrimas condiciones a las que están sometidos y evitaría que estas sean su única alternativa frente a la posibilidad del desempleo, garantizándoles un trabajo y una vida digna. Algo de lo que hasta ahora se ha desentendido.
