Por Héctor E. Löbbe – A 30 años del inicio del Proceso, resulta conveniente debatir sobre la etapa política inmediatamente previa, no sólo en términos historiográficos sino sobre todo políticos. Sobre todo hoy, cuando el kirchnerismo intenta reescribir esa historia, reivindicando el último gobierno peronista desde un discurso “progresista”. La intelectualidad K retomó la teoría de los “dos demonios” elaborada por el alfonsinismo, profundizándola, al considerar únicamente a los detenidos-desaparecidos como militantes democráticos idealistas, victimizados por la Dictadura. Así como Alfonsín omitía la responsabilidad de su correligionario Balbín al denunciar la “subversión fabril” en 1975, Kirchner “olvida” que fue el gobierno “nacional y popular” de la dupla Perón-Perón, el que inició el ciclo represivo perfeccionado luego por la Dictadura Militar. Esta operación, coherente con los intereses que defiende, elude la discusión acerca del proceso económico y social de la Argentina en los ’70 y, aun más, el rol histórico del peronismo en la lucha de clases argentina.
Yunque y martillo
Si bien durante los últimos 8 meses del gobierno peronista se agudizó la represión contra el activismo obrero de izquierda, tal estrategia reconoce antecedentes desde septiembre de 19731, al amparo de una situación legislativa y política que facilitaba ese accionar represivo: Ley de Asociaciones Profesionales que permitía la persecución de las direcciones fabriles y sindicales combativas y antiburocráticas; reforma del Código Penal, endureciendo penas por delitos políticos (a los que se asimilaban los conflictos de fábrica, previamente ilegalizados); Estado de Sitio y Ley de Seguridad 20.840 o Antisubversiva. Este marco le permitía al gobierno peronista disponer de un arsenal legal para perseguir al activismo de izquierda (tanto peronista como marxista), con fuerte presencia dentro del movimiento obrero. Ese arsenal se complementaba mortalmente con la acción de las bandas de sicarios sostenidos y protegidos por el Estado y la burocracia sindical, cuyo referente más conocido fue la Alianza Anticomunista Argentina (“Triple A”). A nivel nacional, fue sin duda el operativo represivo combinado sobre Villa Constitución de marzo de 1975 el ensayo general de lo que sería aplicado luego en todo el país. Meses más tarde, el ciclo de la huelga general de Junio-Julio del ’75 y el papel desempeñado en dichas jornadas por el activismo político-sindical de izquierda (en particular el surgimiento de las Coordinadoras Interfabriles), demostraron a la burguesía que era necesario utilizar todos los instrumentos disciplinadores, aun los más extremos.
El accionar represivo implementado puede ser caracterizado como de “yunque y martillo”: la prensa de la burguesía (con la complicidad de prominentes dirigentes “opositores”, como Balbín) denunciaba la presencia de la “subversión fabril”, concepto que se extendía a cualquier conflicto obrero por fuera de los canales legales reconocidos, estos últimos a su turno, cada vez más limitados. La burocracia sindical amplificaba estas denuncias, acompañadas por igual actitud de importantes funcionarios gubernamentales, como el Ministro de Trabajo, Ruckauf2. Sobre este “yunque” que predisponía a la opinión pública, se colocaba al activismo de izquierda que luego sería golpeado por el “martillo” de los distintos Escuadrones de la Muerte (de la burocracia sindical, parapoliciales y, cerca de 1976, de las mismas Fuerzas Armadas).
Los “desaparecidos” de Isabel
En agosto de 1975, en nuestra zona de estudio, la escalada represiva se inició con un atentado con explosivos contra el local del combativo Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, enfrentado con la conducción burocrática nacional. Al mes siguiente, fuerzas policiales de civil realizaron allanamientos a los domicilios de delegados de la antiburocrática Comisión Interna de la metalúrgica Santini de Vicente López. A comienzos de octubre, las persecuciones adquieren la forma de secuestros, revertidos por el paro y movilización de los trabajadores de esa fábrica, obligando a la policía bonaerense a “blanquear” a los secuestrados.
En noviembre, en Tigre, secuestran por casi un día al Secretario General de la Comisión Interna del astillero Astarsa y dos delegados del personal de ese establecimiento (pertenecientes a la Juventud Trabajadora Peronista). El grupo de civil que los secuestró procedió a torturarlos con golpes y picana eléctrica. Ante la declaración de un paro inmediato en todos los astilleros de Zona Norte, los delegados fueron liberados. Dos días más tarde se repitió la acción intimidatoria con el secuestro de un delegado del vecino astillero Acquamarine, igualmente liberado luego de ser torturado. Posteriormente se produjo el masivo secuestro de una delegada de Fate Electrónica, un ex delegado paritario de ese mismo establecimiento y tres activistas de las metalúrgicas Eveready, Fitam y Cormasa, vistiendo los secuestradores ropas de fajina de las Fuerzas Armadas. Cuando se reclamó ante el Ejército, se confirmó extra-oficialmente que esa fuerza estaba participando de operativos similares, versión ratificada en dependencias policiales. El personal decidió un paro total de actividades hasta que aparecieran con vida sus compañeros, contando con la solidaridad de otros contingentes obreros de la zona (con el aval de los núcleos de activistas de la Coordinadora Interfabril Norte). Logró su objetivo parcialmente: luego de 5 días, dos de los secuestrados aparecieron con vida pero brutalmente torturados. Según el semanario de Política Obrera, el Ejército había reconocido que los dos delegados estaban detenidos en el Regimiento 1º (Patricios), a disposición del PEN, confirmándose así que dicha institución había pasado al frente en la represión de la vanguardia obrera, tomando como centro de acción la Zona Norte del Gran Bs. As. y operando con los métodos de la Triple A. A fines de noviembre, un grupo de civil no identificado secuestró a dos delegados y a un operario sin militancia sindical de la fábrica de cosméticos Avon (Vicente López). En forma simultánea, los trabajadores de la metalúrgica Tensa denunciaron el secuestro de dos delegados del establecimiento. El 12 de diciembre raptan, junto a su esposo, a la Secretaria General de la Comisión Interna de la fábrica textil Productex, de San Isidro. El 15, un delegado metalúrgico de la firma Bendix, también de San Isidro, fue igualmente secuestrado. El 20 de enero le toca a Carlos Álvarez, militante de la JTP en el astillero Astarsa, apareciendo asesinado días más tarde. El 23, los trabajadores de la Editorial Abril realizaron un paro de 24 horas en repudio a las amenazas de muerte que recibieron 4 delegados del personal, cuya Comisión Interna era orientada por Política Obrera.
El 4 de febrero los diarios informaban sobre la denuncia del secuestro de dos delegados navales, Oscar Echeverría y Luis Cabrera, (quien había sobrevivido a un secuestro anterior en noviembre de 1975). Con ellos se llevaron también a la mujer de Cabrera, maestra y delegada del sindicato docente. El domingo 8, los tres aparecieron asesinados. El 13 de febrero asesinaron en San Fernando al sacerdote del Tercer Mundo Francisco Soares, (“Pancho”, como lo conocían en la comunidad), quien tenía un fuerte compromiso con las barriadas empobrecidas y había rezado el responso por los tres delegados. Ese mismo día se informaba de la aparición del cadáver de Juan Pablo Lobos, delegado clasista de la fábrica de cerámicas Lozadur. A su lado y torturado, pero con vida, apareció también otro delegado de la misma empresa secuestrado junto a Lobos. El día 24 se confirmaba la aparición de dos cadáveres en un descampado de Tigre. Una de las víctimas, salvajemente torturada, era el activista César Montiel, de destacada actuación en el conflicto en Matarazzo.
La noche del 12 de marzo, el “terror blanco” asesinó al delegado del laboratorio Squibb de San Isidro, Aníbal Espino, delante de toda su familia. Espino militaba en el Movimiento Socialista Revolucionario (MSR), frente legal de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Su entierro, en el cementerio de Villa Adelina, se convirtió (como antes había ocurrido con los delegados navales) en un verdadero acto político, al ser acompañado su cuerpo por una multitud formada por sus compañeros de trabajo y militancia. El 16 de marzo se produjo un nuevo secuestro, el de la esposa de un delegado de los obreros navales del astillero Mestrina. Seis días más tarde, en las vísperas del golpe, cae el Secretario General del Sindicato de Obreros de Aserraderos y Anexos, alineado con sectores combativos, quien aparecerá asesinado al día siguiente. Estos son los dos últimos episodios de terrorismo selectivo que hemos podido registrar antes de la irrupción militar.
Golpe y continuidad
Los hechos narrados se enmarcan todos en un patrón común: los militantes político-sindicales de izquierda (tanto peronistas como marxistas) perseguidos y asesinados, eran destacados activistas y delegados, reconocidos por sus compañeros. Su militancia se daba en fábricas en las que se producían importantes conflictos laborales, en donde los empresarios pretendían erradicar a toda costa esa presencia “molesta” a sus intereses. En ese sentido, contaban con la complicidad de la burocracia sindical, que a su vez veía amenazada su posición en tanto valla de contención de los reclamos obreros. Ni el gobierno “popular” peronista ni la “oposición democrática” salieron a denunciar la violencia protegida desde el Estado contra los militantes obreros. Antes bien, con su silencio cómplice o con sus denuncias contra la “subversión fabril” facilitaron la acción de los Escuadrones de la Muerte.
La represión perseguía dos objetivos: eliminar a la vanguardia obrera y el activismo revolucionario, descabezando la incipiente conducción combativa dentro de la clase y al mismo tiempo aterrorizar a los trabajadores con secuestros y asesinatos, para sumir al proletariado en la parálisis, provocando un reflujo de sus luchas. Hacia marzo de 1976, el mecanismo estaba probado. A pesar de la violencia estatal y paraestatal, el conflicto no cedía. La “democracia” no alcanzaba, era necesario un “remedio” más enérgico. Las fuerzas de seguridad y militares habían acopiado suficiente información (provista por los propios organismos del Estado, sectores empresarios y la burocracia sindical). Los blancos estaban identificados. Sólo faltaba pasar de una acción selectiva al ataque masivo y final. Recordar hoy los prolegómenos del Golpe es también empezar a entenderlo como continuidad del proceso de dominación burguesa que enmascaró el gobierno peronista. Recordar cómo ese gobierno reprimió a la vanguardia obrera para sofocar la movilización social, nos permitirá combatir las ilusiones sobre la capacidad transformadora del peronismo de ayer y de hoy. Recordar a los militantes político- sindicales de izquierda y los obreros revolucionarios perseguidos y asesinados debe servirnos, también, para recuperar críticamente el proyecto socialista que guiaba su lucha.
Notas
1 Durante el período en que fue presidente Juan Domingo Perón, contabilizamos en nuestra zona de estudio, 5 militantes político-sindicales asesinados (4 de ellos, pertenecientes al Partido Socialista de los Trabajadores, PST); 1 detención ilegal de un delegado de Editorial Abril (militante de Política Obrera); varios ataques físicos contra distintos activistas obreros de izquierda y, por lo menos, la destrucción con explosivos de 3 locales de fuerzas políticas de izquierda. Durante el período de su sucesora, María Estela Martínez de Perón y hasta julio de 1975: 7 asesinatos de activistas de izquierda (1 del PST y 3 de PO, entre los identificados fehacientemente); 1 secuestro ilegal e innumerables agresiones físicas contra militantes y locales de izquierda. Para esta reconstrucción nos hemos basado en los periódicos comerciales y en la prensa política del período. Para mayor información sobre este punto y la del acápite siguiente, véase Löbbe, Héctor: Lucha obrera y nuevo activismo político-sindical. La Coordinadora Interfabril de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Ediciones ryr, (en prensa). Cabe aclarar que esta reconstrucción es de carácter provisional: la censura aplicada por la prensa burguesa y la política de semi-clandestinidad que aplicaban algunas organizaciones, nos impiden conocer en toda su magnitud la acción represiva.
2 Ver Löbbe, Hector: “Las desmemorias de José Rodríguez” en El Aromo, n° 15 (octubre 2004) y 17 (diciembre 2004).
