Nadie debería estar en contra de un sistema eficiente que solucionara los problemas del conjunto de la docencia. Menos tratándose de trámites. No obstante, no es lo que sucede con un gobierno que hace 10 años machaca con este concepto en la ciudad. En diciembre pasado, una resolución del Ministerio de Educación -cuya titular es Soledad Acuña- en conjunto con la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (CoREAP)- organismo que vino a desplazar a las viejas juntas de clasificación docente- determinó que el proceso de unificación de varias juntas de clasificación (juntas I, II, y III, escuelas de educación media y técnica; liceos y bachilleratos; y escuelas comerciales, respectivamente) finalizara con la clasificación de los últimos años (2013/14/15/16) en forma unificada. Entonces, dispuso la exhibición de los listados provisorios para cubrir interinatos y suplencias en la ciudad durante 2017. Cabe destacar que en la ciudad de Buenos Aires las horas se concursan con los listados de las respectivas inscripciones a interinatos. Hasta hoy, esas juntas funcionan con los listados de 2012; es decir, todo aquel que obtuvo el título después es un NN para el sistema. Por su parte, los docentes que figuran en el listado compiten en magras condiciones ya que no se consideran esos cuatro años de antecedentes. Un docente puede estar capacitado y eso no se refleja en su puntaje.
Durante la exhibición aparecieron numerosos “errores” en los listados respecto a qué cargos o materias se podía acceder a partir de la incumbencia de los títulos docentes. Incluso se suscitaron graves modificaciones en los puntajes. Muchos docentes constataron que su título valía menos que antes; hasta se dieron casos de personas que con títulos docentes no estaban habilitados a tomar horas de su especialidad (por ejemplo, profesores de Física no clasificados para dar Física). En el mes de diciembre, en el Centro de Atención al Docente (CAD), hubo alrededor de 4.500 reclamos (todo un récord). A mediados de marzo de 2017, se realizó la exhibición definitiva de los listados. Si los reclamos involucran materias, existe mayor corrección (aunque no se alteran las incumbencias prefijadas), pero si se trata de revisar otros rubros (cursos de capacitación, antecedentes culturales, u otros títulos) las respuestas son casi nulas. Una nueva jornada de trámites interminables y con resultados poco claros.
Además, a todo esto se suma que la mayoría de los listados tienen varios años de atraso en la ciudad, por ejemplo, CENS y escuelas artísticas, manejan todavía los listados de personas que se anotaron en 2012. Entonces, la historia vuelve a repetirse: puntajes arbitrarios, materias cuya incumbencia se modifica, reclamos y tiempo perdido en el CAD. Miles de profesores que ingresan al sistema educativo se enteran, de golpe, que la oferta laboral es todavía más estrecha debido a las nuevas incumbencias.
¿Y los sindicatos?
Los sindicatos afines al kirchnerismo cogobernaron en la ciudad y acordaron la nueva clasificación con el gobierno a cambio de prebendas (post-títulos, cursos de capacitación, etc.). ¿Pero qué puede esperarse del Frente Para La Victoria, una fuerza política que claramente defiende intereses opuestos a los intereses de los trabajadores? Absolutamente nada. Sin embargo, desde Ademys, el gremio docente que nuclea a buena parte de la militancia de izquierda, no hubo una respuesta acorde con las circunstancias frente a esta problemática de la unificación de los listados. Su actuación se limitó simplemente a “guiar” a los docentes frente a los “trámites” que debían realizarse en el CAD, sin ofrecer ninguna acción concreta como sindicato. Sólo colocaron una mesa del gremio en dicho lugar en el mes de marzo. Se sumaron a lo que todo el mundo daba por hecho desde muy temprano: para saber qué materias o cargos se podrían tomar a partir de 2017, los docentes tendrían que llevar a cabo un trámite personal frente a la comisión de títulos. O sea, lo mismo que los vocales de junta le hacían saber a cada interesado que se acercaba al CAD. En esto no fueron muy diferentes a UTE, más allá de cierta “dureza” en el discurso.
Por si fuera poco, este 2017 promete más exhibiciones: se vienen los listados de CENS, Normales y Artísticas. Por ende, se puede repetir el mismo escenario de desorganización asistida si no se proyectan acciones colectivas por parte del conjunto de la docencia. Es que la “eficiencia” del sistema puede volver a clasificar las incumbencias mayores o menores para el mismo título sólo si encuentra la “resolución” en la carga de datos. La Comisión de Títulos revisa cada año las incumbencias y cambia las materias habilitantes de forma tabicada: si otorga incumbencias a nuevos títulos, recorta las incumbencias de títulos anteriores. El rubro “otros títulos” es un completo descalabro: un profesor que hizo un postgrado universitario tiene un título de menor puntaje que otro que hizo un post-título en un sindicato a distancia. Los antecedentes culturales de un docente que se forma e investiga no valen nada para la Junta. Las reformas del estatuto docente y los puntajes se aplican retrospectivamente, debido a lo cual, año tras año, se pierde puntaje. Los docentes con título universitario parecen ser los más perjudicados, lo que demuestra qué poco le interesa al gobierno la calificación docente. Invitamos a todos los docentes a organizarnos para reclamar por los criterios de clasificación en educación media.
