¿Clarín miente, Perón comunica? Torturas, masacres y control de la prensa bajo el peronismo
Para acallar el malestar generado por las denuncias de torturas que se hicieron públicas en 1949, el Parlamento creó una comisión para estudiarlas. Pero esta se dedicó a barrer el problema bajo la alfombra, clausurando los organismos de derechos humanos y los diarios que habían denunciado la represión en primer lugar.
Marina Kabat
Grupo de Investigación sobre el Peronismo-CEICS
Desde el inicio de la presidencia de Perón, hubo un control creciente sobre los medios. Por una parte, se estableció el monopolio estatal de las radios, por lo que, hasta el discurso de Frondizi en 1955, no se escuchó una voz opositora en la éter. Por otro lado, se avanzó sobre los medios gráficos. Los mecanismos empleados en principio fueron tres: la compra de los periódicos, el manejo de las existencias de papel prensa y el cierre por el momento excepcional de algún medio, como La Vanguardia, clausurado por “ruidos molestos”. Por medio de la reducción de cuota de papel a diarios opositores e independientes se logró reducir su tiraje y número de páginas. En 1949, las ediciones de La Prensa y La Nación tenían solo 12 hojas. También se impidió el uso del correo para el envío de suscripciones a diarios que no fueran oficialistas.1
Sin embargo, junto a estos enflaquecidos diarios de tirada nacional, subsistían en el interior decenas de periódicos no peronistas, algunos con importante influencia. Por ejemplo, en 1949 los diarios más leídos en Santa Fe pertenecen a la prensa opositora.2
De tal modo, pese al creciente control estatal sobre los medios, algunos sucesos que el gobierno hubiera preferido mantener ocultos fueron noticia en los diarios provinciales. En 1949, la tortura seguida de muerte del obrero tucumano Carlos Aguirre, así como el encubrimiento posterior por parte del gobierno tuvo cierta cobertura en los medios locales y fue comentado también en La Prensa. El mismo año, El Tiempo transcribió la denuncia parlamentaria de la tortura a obreras telefónicas, mientras que el Diario del Pueblo informaba “Tres telefonistas detenidas denuncian malos tratos.” E incluía detalle del parte médico de la revisasión médica de las denunciantes.3 Para investigar estas denuncias que llegaron al parlamento y que, debido a su trascendencia pública no podían ser ignoradas se crea una comisión bicameral dirigida por los diputados peronistas José Emilio Visca y Rodolfo Decker.
Ojos que no ven…
La comisión tuvo una intensa actuación, pero se dedicó a la tarea contraria de aquella para la cual había sido creada: en vez de investigar a los responsables de las torturas, se ocupó de acallar los periódicos e instituciones jurídicas y sociales que las habían denunciado. Se clausuraron diarios y entidades destinadas a recopilar información de la violación de derechos humanos y asistir a las víctimas. Se cierra La Liga Argentina por los Derechos del Hombre.4 En Tucumán se clausuró el colegio de abogados.
¿Cómo se pasó de un objetivo a otro? El mismo Visca lo responde. Interrogado por la Comisión de investigación creada por el gobierno de facto de 1955, Visca explicaba lo sucedido: la comisión Bicameral se había originado en el proyecto del ex diputado por Santa Fe, Romeo Bonazzola (perteneciente a la UCR), para designar una comisión especial que investigara las torturas denunciadas ante la misma Cámara. A posterior de ello, en una reunión de gabinete que se realizó en carácter extraoficial, se habló del Comité para la defensa política del continente, que funcionaba en Montevideo, que tendría planes para “matar al presidente”. A raíz de ello, se decidió anexar a la comisión especial propuesta por el Diputado Bonazzola la investigación de estas “actividades antiargentinas”. Quienes más hablaron en la reunión fueron el Ministro de Relaciones exteriores, Bramuglia, el General Sosa Molina (jefe de “Control del Estado”), el General Uriondo (jefe de la CIDE). Según Visca, “el mencionado complot no había existido y era solo una excusa para tomar medidas contra la oposición”.5
La comisión Visca clausuró 70 diarios en todo el país. Las excusas eran ridículas, desde la no inclusión en las publicaciones de la leyenda “1950, año del Libertador José de San Martin” hasta problemas de higiene en los locales. El director de El Intransigente de Salta, de origen radical, fue detenido y su diario clausurado. Según un miembro de la cúpula de la CIDE, Subiza, le habría encargado en especial esta tarea a Visca:
“Subiza odiaba terriblemente a los salteños, a raíz de la campaña en contra que efectuó el diario El Intransigente […]. Ello fue motivo para que Subiza no omitiera esfuerzo y recurriera a todo medio lícito o ilegítimo, noble o ruin, para lograr lo que se consiguió, la clausura de ‘El Intransigente’, mediante un pedido especial que formuló Subiza al ex diputado Visca, presidente de la comisión bicameral, de ‘buscarle la vuelta’ a toda costa” .6
El Intransigente fue el único diario argentino que, en octubre de 1947, denunció el genocidio de centenares de Pilagá en Formosa y la destrucción de la evidencia por medio de la incineración de los cuerpos. La prensa oficial dijo que era una “fábula tramada por la imaginación de los radicales”. Hoy, que equipos de arqueólogos han descubierto las fosas comunes, se comprende mejor el apuro en acallar al diario que denunció la masacre.7
La comisión Visca llega a Tucumán a fines de diciembre de 1949, a pocos días de que se encontrara el cuerpo de Aguirre, obrero muerto tras las torturas recibidas en medio de la huelga de los obreros del azúcar. La comisión allanó el diario La Gaceta, el Jockey Club, el Colegio de Abogados y el PC, al que clausuraron. Celestino Gelsi, abogado de la viuda de Aguirre, se quejó de que la comisión Visca fuera custodiada por el subjefe de policía Alfredo Martínez, en cuyo despacho se habrían producido la tortura y muerte de Aguirre y a quien su viuda responsabilizaba del asesinato.8
El malo de la película
En esta etapa también se clausuró o se forzó la venta de periódicos dirigidos por peronistas, por ejemplo La Época de Eduardo Colom, el único diario que había apoyado a Perón en el 45. Por eso, incluso dentro del peronismo Visca estaba mal visto. En la declaración de Visca se advirtió el tono de un hombre amargado, consciente de haber sido usado para realizar el trabajo sucio y abandonado después. Por eso, destaca que en los procedimientos contó con el auxilio de la fuerza pública, lo que muestra la conformidad en todo del poder ejecutivo. Asegura haber recibido directivas categóricas, que él ejecutó con la más absoluta colaboración de todas las dependencias gubernamentales. En particular, Visca señala el apoyo oficial a sus actos más controvertidos. A Salta –donde clausura El Intransigente, fue transportado en un avión del ejército y acompañado por una comitiva de periodistas. Se queja de que, al terminar su mandato, Perón lo saludó y le prometió ayuda como a todos los diputados que cesaban en sus cargos, pero nadie lo ayudó porque hubo una orden de Perón de no hacerlo. Esto sería lógico, el ostracismo del responsable formal de la clausura de 70 diarios y numerosas organizaciones civiles permitiría, al gobierno diluir su responsabilidad en el asunto.
La prensa en la era bonapartista
Este avasallamiento de la libertad de prensa afectaba a la burguesía. Las distintas instituciones de la vida republicana constituyeron canales a través de los cuales las fracciones de la burguesía presionaban para hacer valer sus intereses. Cuando Perón cercenó gran parte de estas instituciones la burguesía se alarmó, porque ve coartados sus mecanismos naturales de hacer política y se sintió indefensa ante el mismo Estado que había creado. Por eso, en cuanto la clase obrera fue controlada por Perón y este dejó de ser necesario para esta tarea, la burguesía se alzó contra él. Pero, la ausencia de libertad de prensa no fue algo que afectase solo a la burguesía. Un buen manejo de la prensa fue clave para el éxito de los reclamos gremiales. Pero, en los últimos años de Perón, los trabajadores ni siquiera podían dar a conocer sus conflictos. Las huelgas no eran registradas en los diarios, lo que aislaba a los obreros. Esto los volvía aún más vulnerables ante el despliegue de la represión estatal, que tampoco podían denunciar. La burguesía siempre posee otros canales de expresión. Los obreros no. Por ello, son los máximos perjudicados de esta censura que se ejercía supuestamente en su beneficio.
Notas
1 Luna, Félix: Perón y su tiempo, Sudamericana, Buenos Aires, 2013, t. 1, p. 99.
2 AGN, Archivo Intermedio, Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial (FNRP), com 21, caja 41, expte 102975 primer cuerpo Santa Fe, informe de Guillermo Abregu, delegado de Santa Fe, 21/12/1949, fs. 61.
3 El tiempo, 8/5/1949 y Diario del Pueblo, 9/4/1949, ambos citados en Luna, Marcial: Telefonistas las obreras torturadas bajo la presidencia de Perón, en prensa.
4 Reboursin, Olivier. “Derribando algunos mitos: acerca de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el nacimiento y desarrollo del “movimiento de Derechos Humanos””. La revista del CCC, mayo/agosto 2008, n° 3.
5 Testimonio de José Emilio Visca, preso en Ushuaia, 23/1/1956, AGN AI, FNRP, com. 47, caja 3, n° de archivo 19, fs. 238.
6 Testimonio de Walter Mario Pereyra, 23/12/55, AGN, AI, FNRP, com. 47, caja 3, n. de archivo 39, expte. 22057, fs. 17. Subiza como ministro de Asuntos políticos había fiscalizado la intervención a Salta y en los años anteriores a la formación de la comisión Visca controlaba la prensa opositora.
7 Mapelman, Valeria: Octubre Pilagá Memoria y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos aires, Tren en movimiento, 2015, pp. 200-201.
8 La Prensa, 24/12/1949, citado en: Piliponsky, Esteban: “¿Quién mató a Aguirre? Acerca de la represión peronista durante la huelga azucarera de 1949” en: Contenciosa, año 3, 2° semestre de 2015.
