Disputando la miseria. El estado de la negociación salarial docente
Las irrisorias propuestas salariales movilizaron incluso a la Celeste. Los sectores opositores parecen más enfrascados en discutir el plan de lucha que el contenido de ese plan. Ganada la disposición a la lucha, hay que conducirla en la dirección correcta.
Romina De Luca
GES-CEICS
La negociación de la paritaria docente se dirige a un punto muerto. El Gobierno Nacional suprimió la paritaria a su cargo. Argumenta que, en primer lugar, ya en febrero de 2016 se acordó con CTERA, SADOP, UDA, AMET y CEA que, el salario inicial futuro de los maestros fuera un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM). En segundo lugar, que la paritaria nacional nunca tuvo lógica: el sistema educativo descentralizado exige que la negociación salarial esté a cargo de los ministros de economía provinciales y cada uno se las arregle. Si bien es técnicamente correcto, Bullrich y Macri esconden un dato clave, a saber: ¿De dónde viene la plata? La vida entera de las provincias depende de la coparticipación federal, es decir, de los fondos que Nación les gira para pagar salarios. No menos importante es su rol directo en el pago de parte de los salarios docentes. Desde fines de los ’90, buena parte de la recomposición salarial descansa en los fondos que Nación aporta para el pago del FONID, los fondos compensatorios y el artículo 9º, entre otras yerbas. Lo que está detrás de este viraje es un problema de orden político: la Nación y las provincias pujan por ver quién aparecerá como el culpable del ajuste en un año electoral. Libradas a su suerte, cada provincia empezó a negociar por separado. Vidal picó en punta y ofreció un 18% de aumento en cuatro cuotas que se estiran hasta el mes de octubre; valor que sirvió de referencia para CABA, Mendoza, Entre Ríos, entre otras. Misiones cerró con UDPM por un 13% (que se transforma en un 8% para casi todas las categorías). San Luis pareciera haber pateado el tablero con una recomposición del 40%. Pero el año pasado el mismo aumento ubicó al salario en un umbral tan bajo como en el resto del país, en una provincia donde, además, el segundo cargo se paga a penas un 20%.
Llegado a este punto, conviene preguntarse cuál es el horizonte de la negociación, cómo se están posicionando los sindicatos y el Gobierno y cuál debería ser nuestra propuesta.
Los sindicatos se preparan
Las irrisorias propuestas salariales movilizaron incluso a la Celeste. El pasado 23 de febrero, CTERA convocó a un paro nacional docente para el 6 y 7 de marzo con marcha nacional. En algunas provincias, la medida alcanzó las 72hs convergiendo con el paro de mujeres previsto para el 8 de marzo (8M). Mientras la profesión docente sigue siendo mayoritariamente femenina, CTERA solo brindó un “adhesión” al paro. Deben suponer que las docentes no forman parte el grupo de mujeres que están siendo asesinadas. El gremio nacional también dejó en suspenso 48hs más de inactividad si el Gobierno insistía con el techo salarial. Dicen ver con preocupación el desfinanciamiento del sistema educativo, la eliminación de la paritaria nacional y el freno a negociar unas paritarias libres.
CTERA tiene corta memoria. Solo por dar un ejemplo, en las paritarias de 2015, la conducción Celeste de ese gremio y de SUTEBA exigió equiparar el salario testigo con el mínimo, vital y móvil. Como Macri les cumplió el “sueño” que hoy parece pesadilla, ahora exigen ahora que se cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nº 26.075) subrayando los logros de la “década ganada”. Esto es, un salario de pobreza que no alcanza para vivir. Ahora se acuerdan que hay desfinanciamiento en materia de infraestructura escolar. Las escuelas quincho y rancho del NEA y NOA llegan vivitas y coleando desde, por lo menos, los ’90, escuelas en Salta se derrumban y producen muertos, como en CABA no hay aulas se propuso reemplazarlas por escuelas container, en la provincia de Buenos Aires defendieron a capa y espada el Plan Fines 2 aquel que, en palabras de Mary Sánchez, permitió equiparar árboles con escuelas al igual que garajes, casas de familia, templos, unidades básicas, etc. Quienes fueron cómplices ayer se pretenden inocentes hoy. Por las dudas, Baradel ya se prepara para saltar el charco. Ya avisó que, si en provincia de Buenos Aires ofrecen 28%, arregla. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de un 35% a un 28%. Así defienden nuestro salario….
Por su parte, los sectores opositores parecen hoy más enfrascados en discutir el plan de lucha que su contenido. Primero exigieron que la burocracia llamara al no inicio. Luego, la cantidad de días de huelga. En los sindicatos opositores, se resolvió 48hs de paro, con asambleas el martes 7 para decidir la continuidad del plan de lucha y 24hs más en el marco del paro internacional de mujeres. En algunas provincias, valga el caso de Misiones, las asambleas de Ciudad Jardín discutieron primero el plan de lucha para dejar en cuarto intermedio el valor del salario a reclamar. Algunos piden básico unificado nacional de $15.000, blanqueo de todas las sumas en negro, salario igual a la canasta básica familiar y aumento por arriba del 40% para todas las categorías. El SUTEBA-Matanza, dada la concentración del 30% de los agremiados, exige además sumarse a la mesa de paritarias.
Ahora bien, no explican cuál es el valor salarial final y si las sumas no remunerativas se agregarían a ese básico. En efecto, la traducción de la consigna arroja una dispersión salarial que mantiene la fragmentación: algunas provincias quedarán más pobres que las otras.
La patronal también
El Gobierno sumó dos medidas de extorsión para romper la huelga. Por un lado, amenaza con cerrar las paritarias por decreto y, de hacerlo, eliminaría la cláusula gatillo. Buenos Aires y Mendoza ya lo avisaron. En segundo lugar, prometen usar carneros para reemplazar a los docentes. Ya el año pasado, en el largo conflicto docente en Tierra del Fuego, padres “auto-convocados” (muchos militantes del Frente para la Victoria) se ofrecieron para garantizar el dictado “normal” de las clases y la gobernadora Bertone amenazó con el uso de “docentes auxiliares” para romper la huelga. En la versión 2017, arrobando a María Eugenia Vidal, supuestos docentes jubilados y profesionales no docentes se estarían ofreciendo a dar clases gratis. Una campaña que circuló por las redes bajo el hashtag #VoluntarioDocenteNoalParo. Algunos señalan que, el primer voluntario, el Teniente Coronel retirado Mariano Bronenberg, habría integrado el Batallón 601 de espionaje tanto bajo gobiernos democráticos como militares. Es dudoso también si los “voluntarios” no son más que máquinas automáticas que replican el mensaje para instalar un sentimiento “rompe-huelga” engordando la campaña de desprestigio hacia los docentes. Si bien, algunos miembros del gobierno salieron a aclarar que les parecía “no conducente” el uso de voluntarios, como factor de presión les resulta más que conveniente.
Está claro que la medida busca aleccionar a los maestros. Es también ilegal porque el Estatuto del Docente establece los requisitos para el ingreso a la docencia y exige formación pedagógica general, fundamentos psico-pedagógicos para la función y dominios técnicos específicos y viola los mecanismos para cubrir las horas docentes. El Gobierno se llena la boca hablando de jerarquización docente, pero pretende ahora reemplazarlos por ignotos. La propuesta es grave y pone en peligro la salud física y psicológica de nuestros hijos, ya que se pretende exponerlos a perfectos desconocidos cuyas habilidades técnicas y condiciones morales no conoce nadie y nadie controlará. Como si fuera poco, también está en juego la defensa del derecho a huelga.
Mientras tanto, el macrismo acusa a los docentes de “irracionales”, de usar a los niños de rehenes, de estar movidos por intereses políticos y de desestabilizadores. Los argumentos no son nuevos. Frente a los bajos salarios de los ’90, Decibe pidió poner el hombro, De La Rúa inventó para la Ciudad de Buenos Aires un plus salarial estímulo, acusando a los docentes de ‘ausentistas’ crónicos y Cristina, desde 2008 hasta el fin de su gestión, acusó a los maestros de desagradecidos y de “huelguistas crónicos”.
Plan de lucha busca contenido
Ganada la disposición a la lucha, hay que conducirla en la dirección correcta. La base material del conflicto es un salario de pobreza. Toda la discusión gira en torno a cuán menos pobres vamos a ser. Hoy, en la mayor parte del país, el salario del docente que recién inicia cubre poco más de la mitad de la Canasta Básica Total real. Es decir, la mitad de la cantidad de bienes mínimos (alimento, vestimenta, servicios elementales, pagar un valor mínimo de alquiler) de los pobres. Entonces la consigna que reclama por un salario igual a la Canasta tiene límites. Claro, si no llegamos aún a ese nivel, la consigna puede parecer progresiva. Pero no lo es por dos motivos. Por un lado, la historia muestra que estamos discutiendo sobre la base de un salario que se derrumbó en las últimas décadas. Una serie con la evolución de los salarios docentes de la Ciudad de Buenos Aires desde 1906 muestra que el maestro del cargo testigo (sin antigüedad) hace 100 años ganaba el doble que el actual; hace 80 años, el triple. A pesos de hoy, en 1934, el maestro que recién se iniciaba cobraba un monto equivalente a casi $31.000 de hoy, $268 de la época, obtenidos en un contexto de desorganización sindical y de expansión estatal de la escuela primaria. El peronismo va a coincidir con una caída del salario docente. Desde la década del ’50, el salario del que recién se iniciaba se desplomó y llegó a su mínimo histórico bajo el menemismo. Producto de las sumas en negro que recompusieron el salario desde fines de los ’90, hoy, además, la escala salarial del conjunto está completamente achatada: luego de diez años trabajando se cobra casi lo mismo que al inicio de la profesión.
En segundo lugar, todo el mundo (incluso la burocracia) pide un salario igual a la canasta básica total. A propósito de las sumas ofrecidas por el Gobierno, miles de docentes comentaban “eso lo gastaré en tizas y fotocopias”, “alcanza para medio libro”. Ahí está la punta del iceberg. Nuestro propio trabajo presupone la adquisición de bienes culturales propios para nuestra tarea: hacer cursos, comprar libros y revistas, materiales didácticos, fotocopias. Eso no está incluido en ninguna canasta básica total. Es el componente cultural propio de nuestra función. Por eso, es correcto, debemos levantar la consigna de la unificación nacional del salario docente (básico, antigüedad y cargo), y dejar solo librado a particularidades las variables correspondientes a zonas desfavorables por geografía. Pero debemos pedir otra cosa: todos los docentes debemos tener un salario inicial igual a dos canastas básicas totales y el básico (sobre el que se calcula antigüedad, presentismo, e impacta en las jubilaciones) debe ser expresión de ese esquema en una suma única. Debemos luchar por un salario para el que recién inicia que cubra sus necesidades vitales y culturales. Esa y no otra es la batalla que tenemos que dar de forma unificada.
