Tanteando al enemigo. La estrategia del macrismo para el empleo estatal y los desocupados
El gobierno Cambiemos avanza y retrocede, despide a miles de trabajadores del Estado, pero luego los reincorpora, allí donde encuentra resistencia. Sin embargo, nunca vuelve al punto cero. Siempre avanza un escalón, de manera que va incrementando un ajuste gradual.
Sebastián Cominiello
OES-CEICS
El fin del año 2016 y el comienzo de 2017 estuvieron marcados por una serie de hechos relacionados con el futuro de la sobrepoblación relativa argentina, aquella porción de la población a la que el capitalismo argentino no le ofrece más que un subsidio o un puesto en el Estado para sobrevivir. Esto lo vimos, por un lado, en los conflictos del sector público, en particular los despidos en el CONICET y en el Ministerio de Educación; y, por otro, con la sanción de la Ley de Emergencia Social en relación a los desocupados. Estas dos caras plantean el mismo problema para el gobierno de Macri: qué hacer política y socialmente con esta fracción de la clase obrera a la cual la argentina capitalista no tiene mucho que ofrecerle.
El programa económico de Cambiemos ideaba para el 2016 un crecimiento en las inversiones que crearían empleo genuino en el sector privado. Según esta premisa, el Estado dejaría de “aguantar” empleo ocioso. Por su parte, la inserción económica de los desocupados no sería tan irreal en una economía que crece. No obstante, como la primera premisa no se sostuvo en los hechos, las otras tampoco.
Con la llegada de Mauricio a la presidencia, ciertas organizaciones de izquierda y el kirchnerismo creyeron que se venía un revival de los años ´90, es decir, el neoliberalismo que iba a desmantelar al Estado y a incrementar en forma desenfrenada la desocupación. A poco de andar, el panorama parecía mutar en una situación más parecida al kirchnerismo (sin tanta plata) que al menemismo. En este sentido, luego de la primera ola de despidos estatales a principios de 2016, el empleo público no sólo no disminuyó sino que se recompuso llegando a cifras superiores a las del gobierno K. Por ello, la derecha critica al Gobierno por no impulsar el ajuste requerido para ordenar las variables económicas.
Sin embargo, la realidad parece mostrar otra situación: ni el macrismo impulsa un ajuste al estilo de los años ’90, ni comete errores groseros por los cuales aquél no llega nunca. La estrategia de Macri es avanzar mucho y retroceder un poco. En el medio, la clase obrera paga estos embates y el ajuste se va colando sin que se note demasiado.
Avances y retrocesos
El dato que actualmente genera una de las mayores críticas desde la derecha a Mauricio Macri es que, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el número de empleados públicos en todo el país supera los 3 millones.1 El sector público nacional, provincial y municipal finalizó en noviembre de 2016 con 3.136.127 empleados, unos 22.689 trabajadores más en relación a noviembre de 2015. Con lo cual, la primera conclusión que se desprende es que mas allá de los despidos que acontecieron a comienzos del 2016, el empleo estatal no solo se recompuso sino que aumentó a nivel general. Por lo tanto, como ya lo mencionamos en este suplemento, no se puede hablar aquí de un desmantelamiento del Estado.
Sin embargo, entre fines de 2016 y principios de 2017 el macrismo avanzó con el ajuste y la reducción de personal administrativo y despidos de contratados, específicamente en los Ministerios de Ciencia y Técnica (MINCyT) y Educación. Si bien no logró imponer su objetivo de máxima y tuvo que dar marcha atrás por los conflictos iniciados, Macri ya estableció un piso de despidos.
En CONICET, por ejemplo, el ajuste se profundizó. De casi 900 ingresos propuestos inicialmente a la carrera de investigador para el año 2016, el organismo sólo dio de alta a 385. La toma del MINCyT logró frenar parcialmente ese recorte imponiendo la reinserción de 508 investigadores (que luego se redujo a 498), aunque aún se desconoce bajo qué convenio y a qué lugar de trabajo irán a parar.2 Se podría pensar que Macri tuvo que dar marcha atrás con el ajuste en el MINCyT, pero sería pecar de ingenuo. En efecto, ya se dictaminó que la cantidad de investigadores ingresantes para la próxima convocatoria será de unos 450. Se trata de un recorte feroz en un ministerio que ya viene ajustando desde hace varios años, puesto que en todas las convocatorias de becarios e ingresantes a la carrera de investigador quedan miles de trabajadores en la calle.
En el Ministerio de Educación ocurre algo parecido. En diciembre de 2016 finalizó el contrato de 2.600 tutores virtuales del programa de formación docente a distancia y de cerca de 400 trabajadores administrativos contratados y de planta transitoria, por lo tanto, quedaban en la calle cerca de 3.000 personas. Los sindicatos docentes negociaron la recontratación de los tutores por un año. Por su parte, de los 400 administrativos unos 100 fueron despedidos. El resto logró renovar sus contratos por dos, cuatro y en algunos casos por doce meses. Es decir que, tanto en CONICET como en Educación, el macrismo dio marcha atrás pero sin llegar al momento inicial del conflicto, o sea, gradualmente, va echando gente. Incluso, en la órbita dirigida por Esteban Bullrich cientos de trabajadores volverán a enfrentarse con el problema de los despidos por la rescisión de sus contratos en breve.
La estrategia de los despidos graduales es acompañada por el freno a los ingresos en la administración pública. Por ello, el 11 de enero, Macri dispuso “que es oportuno establecer que las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016, para lo cual las citadas jurisdicciones y entidades deberán informar su nómina de contratos al Ministerio de Modernización”. Es decir, la Administración Nacional (con 381.142 empleados) no tomará más trabajadores que los que tiene. El propósito del macrismo es generar presión a los gobernadores para que hagan lo mismo en relación a sus plantas provinciales y municipales.
Por último, el Gobierno apela a sostener una caída salarial en el empleo público. Según ATE3 el gobierno propondrá un incremento de un 17% para este año, que sería desglosado en los meses de julio (9%) y septiembre (8%). Si la inflación que estiman la mayoría de los analistas supera ese porcentaje y ronda el 23 ó 25%, la rebaja del poder adquisitivo en el empleo público sería del orden del 6 al 8%.
¿Más gasto asistencial?
En buena medida, si creemos a las promesas del macrismo, los programas sociales más importantes que dependen del presupuesto nacional se van a mantener vigentes. Sin embargo, ya se vislumbra en base al presupuesto 2017 una quita en los subsidios a las tarifas de energía y combustibles, a salud y educación; mientras que prevalece un aumento relativo para la asistencia social y, sobre todo, para el rubro de vivienda y urbanismo.
En efecto, se proyecta un aumento del gasto público social (GPS) a nivel de la administración nacional que pasará de representar de un 14,85% del PBI en 2016, a 15,51% en 2017. Respecto del total del gasto público nacional, el GPS representará un 64%. Esta cifra constituye el valor más elevado de los últimos diez años en los cuales el GPS se ubicó en torno a un promedio del 58%. Sin embargo, este aumento general del GPS tiene como contrapartida un achicamiento del 4,1% del presupuesto destinado a Servicios Económicos y, más específicamente, un recorte del gasto en Combustibles y Energía de 3,9%. Es decir, la quita de subsidios a los servicios públicos continúa a la orden del día.
En el seno del gasto social hay rubros que sufrirán importantes rebajas, mientras que otros obtendrán un incremento. El presupuesto en “salud” y “educación y cultura” disminuirán un 2,6% y un 2,5% respectivamente en términos reales respecto de 2016.4 La función “trabajo” es la finalidad que sufre una mayor caída con un 11%, aunque cabe destacar que su gasto ocupa sólo un 0,5% del total del GPS. Una situación similar ocurre para las partidas de “agua potable y alcantarillado” con una disminución del 10%.
Pero hay otras variables que prometen un aumento en términos reales y constituyen el gran caballito de batalla del macrismo. Se trata de las funciones “vivienda y urbanismo” (33,7%), “promoción y asistencia social” (14,8%) y “seguridad social” (10,7%). Este último, es uno de los componentes del GPS más significativos, ya que contiene las Prestaciones Previsionales y las Asignaciones Familiares. La prioridad en la política de Seguridad Social en el presupuesto 2017 se vincula con el impacto de la aplicación del coeficiente de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de la cual ya tuvo que disculparse Macri por pasar de una “suba” del 12,96% al 12,65%.
Dentro de las asignaciones familiares, se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos cupos aumentaron durante el año 2016, debido a su universalización e incorporación de personas adheridas al Monotributo. La AUH también se extendió a trabajadores temporarios y discontinuos, que perdían ese beneficio en los meses de inactividad. Si bien aumentó su cupo en cantidad de beneficiarios, dicho incremento no fue acompañado por una suba en el monto de la asignación, el cual vio cercenado en términos reales un 12% durante el año 2016.
En el mismo sentido, para este año se plantea darle continuidad al Seguro de Capacitación y Empleo, a los planes REPRO (Programas de Reproducción Productiva) y al de Apoyo a los Trabajadores de Empresas Recuperadas (PNUD), además de financiar el Programa de Inserción Laboral y los Programas Nacionales de Empleo (Programa de Trabajo Autogestionado, Programa de Recuperación Productiva, Programa de Empleo Comunitario, Programa de Apoyo a los Trabajadores de Talleres Protegidos de Producción, Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad, Programa de Empleo Independiente), etc.
En síntesis, la fórmula para contener el aumento del desempleo más agudo y los estallidos sociales es conocida y la hemos repetido varias veces en estas páginas. Por un lado, el mayor alcance de la cobertura de las asignaciones convive con una tendencia al deterioro del ingreso transferido. Por otro, y siempre con el mismo fin, mantener los programas de empleo, incluso incrementándolos, pero con salarios paupérrimos. Probablemente, se avizore aquí una estrategia de más largo plazo en un intento por expulsar mano de obra de la administración pública (echando gente o frenando su absorción), cuyo costo laboral es más elevado respecto de un beneficiario de un plan, e incrementar los programas de empleo de miseria. Una forma de evitar el aumento abrupto del desempleo, achatando los costos laborales.
Pacificación en oferta
La sanción de la Ley de Emergencia Social y los acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social muestran el camino de lo que el macrismo está dispuesto a ofrecer y, a la vez, de lo que algunas de las organizaciones de desocupados pretenden aceptar. Básicamente, la ley promulga la continuidad de la emergencia hasta diciembre de 2019, la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social (CEPSS), una suerte de mesa de negociación para avanzar en la reglamentación de la Ley, la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATREP), y un presupuesto de 25 mil millones de pesos, contemplando el uso de un plus de otros 5 mil millones. A cambio de esta negociación, las organizaciones de desocupados pactaron un cese en las medidas de lucha.5
Aunque hasta el 24 de febrero la ley no estaba aún reglamentada, situación que ha dado lugar a cortes y piquetes de las organizaciones que componen el Consejo, una de las ideas esgrimidas en el proyecto inicial enviado al Senado fue la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en cooperativas, bajo el denominado Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
Sin embargo, esto fue inmediatamente desestimado cuando la propuesta pasó del Senado a la Cámara de Diputados. Justamente, los 25 mil millones que estipula la ley no alcanzan para crear el millón de puestos. De sostenerse un ingreso por 4.000 pesos durante los tres años (algo que equivaldría a no aumentar el monto de los subsidios), que es lo que perciben los actuales cooperativistas de los programas de empleo, se podrían crear 500 mil puestos de trabajo en cooperativas. En este sentido, el oficialismo pactó con las organizaciones sociales CTEP, Barrios de Pie y CCC una reducción a la mitad de lo que inicialmente se proponía.
Otro de los acuerdos pautados para reglamentar es el pago complementario de 4.000 pesos para los beneficiarios que sean incorporados en el RENATREP. Se trata de un plus para asegurarle a los desocupados un ingreso equivalente al salario mínimo, vital y móvil, hoy valuado en 8.060 pesos. A esto debe sumarse unos 2.060 pesos de aguinaldo para los meses de diciembre. Cabe destacar que el monto del salario mínimo apenas constituye hoy un 60% de la canasta básica total medida oficialmente para el Gran Buenos Aires.
Con la conformación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario los dirigentes de estas organizaciones sociales se convierten en un nuevo dique de contención de los desocupados. Estas organizaciones firmaron un pacto social con el gobierno y volvieron a ser garantes de la miseria de millones de trabajadores, como lo fue el kirchnerismo. Por su parte, la otra cara de la moneda es el sistema de pauperización y precarización que se construye con fuerza de trabajo superexplotada y barata. Para un cartonero que trabaja extensas horas y camina unas cuantas cuadras para obtener productos reciclables, el complemento salarial puede ser una pequeña mejora, pero ello no implica que este programa no prolongue su situación de miseria. También se pone en evidencia que la estructura cooperativa no puede más que ofrecer pobreza. Por esa razón, el Gobierno las mantiene, las fomenta y las subsidia.
Una espiral
La crisis se encuentra a la orden del día. La burguesía requiere de un ajuste feroz para ordenar la economía a su favor, a costa de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Y Macri lo viene llevando adelante, de manera no tan abrupta como supone la izquierda, pero tampoco tan leve como le achaca la derecha. El gobierno Cambiemos avanza y retrocede, despide a miles de trabajadores del Estado, pero luego los reincorpora, allí donde encuentra resistencia. Sin embargo, nunca vuelve al punto inicial. Siempre avanza un escalón. El caso de los trabajadores de la administración pública nacional, ya sea bajo la forma de becarios del CONICET como los contratados del Ministerio de Educación, son un ejemplo muy sintomático en este sentido. Algo parecido sucede con la quita de subsidios en los servicios públicos: por ejemplo, el retroceso del aumento del gas durante el año 2016 fue relativo, puesto que se puso un tope del 400%. Este año ya se avanza nuevamente en otro incremento tarifario. En el medio, el macrismo avanzó varios escalones incrementando los precios y no hubo un repudio generalizado en las calles. Lentamente, el ajuste pasa.
Visto desde una perspectiva más general, y en un momento de estancamiento del sector privado de la economía y caída del empleo, es probable que el macrismo intente contener mayores niveles de desempleo abierto achatando la disparidad salarial existente en el seno de la población sobrante para el capital. Es decir, echando gente allí donde es más caro sostenerla e incrementando los puestos de trabajo allí donde el costo laboral es más bajo. Nótese que un investigador que recién ingresa a la carrera del CONICET tiene un salario de bolsillo que equivale a tres salarios mínimos, mientras que el ingreso de un empleado público de la administración nacional equivale a dos. Si por cada investigador que queda afuera del organismo de ciencia y técnica se crean puestos de trabajo para tres personas con salarios de miseria, para la burguesía y el régimen político es un buen negocio. Es importante empezar a tomar conciencia de que la profundización del ajuste, que lleva varios años, nos está avasallando y dividiendo. Es imperioso reagrupar las fuerzas y pasar a la ofensiva.
Notas
1Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: “Situación y evolución del total de trabajadores registrados”, anexo estadístico. Disponible en: https://goo.gl/2JU0E2.
2Puede verse una caracterización del conflicto en Comunicado de Razón y Revolución: “Conicet: sin respuestas, con nuevas provocaciones”. Disponible en: https://goo.gl/sA2VXQ.
3ATE-CTA: “Análisis del Presupuesto 2017 de la administración pública nacional”. Disponible en: https://goo.gl/pS5jxL.
4Esta disminución porcentual se estimó suponiendo una inflación del orden del 19% para el año 2017, es decir, dentro de un escenario relativamente positivo si se compara con los aumentos calculados por algunas consultoras privadas.
5Ver Audisio, Nahuel: “Entregados”, en El Aromo, n°94. Disponible en: https://goo.gl/jgD1zM.
